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Una de las más recientes decisiones de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia está repleta de hechos históricos para la jurisprudencia colombiana e internacional. Sus repercusiones son determinantes para la protección del medio ambiente, en la lucha por detener la deforestación y en la protección de niños y jóvenes que saben que son ellos los que realmente viven y vivirán las repercusiones del cambio climático. Precisamente fue un grupo de 25 colombianos, entre los siete y 25 años, los causantes de que en Colombia la región de la Amazonía tenga ahora los mismos derechos de un ciudadano y de que la Presidencia y las autoridades locales y regionales estén obligados a hacer todo lo posible para frenar la deforestación en la selva y frenar los efectos del cambio climático.
(En contexto: La Amazonía colombiana tiene los mismos derechos que una persona)
La Corte Suprema de Justicia fue la encargada de revisar, en última instancia, la tutela que presentaron el grupo de jóvenes colombianos, con la asesoría de la organización Dejusticia. Un hecho histórico desde ese momento pues no es usual que sean las nuevas generaciones las encargadas de presentar este tipo de recursos judiciales. En el documento, los tutelantes le pidieron a la justicia que protegiera sus derechos a la vida, salud, la alimentación y el ambiente sano. Los jóvenes que firmaron el recurso judicial provienen de 17 regiones de las regiones de Colombia con mayor riesgo por los efectos de cambio climático. Según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), las ciudades son: Arauca, Bogotá, Cali, Cartagena, Cubarral, Envigado, Florencia, Floridablanca, Buenaventura, Itagüí, La Calera, Leticia, Manizales, Neiva, Palmira, Quibdó y San Andrés y Providencia.
(Más información: Corte Suprema, al rescate de la Amazonía)
La exigencia de los jóvenes es sencilla: que la Presidencia, los ministerios de Ambiente y Agricultura, Parques Nacionales y las corporaciones autónomas regionales, alcaldías y gobernaciones de la Amazonia emprendan acciones para frenar la tala del bosque amazónico. Las cifras que presentaron en la tutela eran lo suficientemente alarmantes como para que la Corte Suprema se pronunciara y le ordenara al presidente Juan Manuel Santos y a otras entidades oficiales a que cumplan con una serie de órdenes urgentes para salvaguardar la selva y los derechos de los jóvenes que presentaron el recurso judicial. Por mencionar una, y que anotó el alto tribunal en su fallo, es la que muestra que en solo 2016, Colombia perdió 178.597 hectáreas de selva, de las cuales 70.074 se encontraban en el Amazonas.
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El recurso fue revisado en primera instancia por la Sala de Casación Civil especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior de Bogotá. Pero fue negada pues el juez consideró que la tutela no era el mecanismo idóneo para proteger esta clase de derechos colectivos. Sin embargo, para la Corte Suprema de Justicia hay ciertos momentos en los que las reglas judiciales deben ser laxas y velar, sobre todas las cosas, en los derechos de los niños y jóvenes del país y la protección del medio ambiente. Para el alto tribunal, es claro que, en este caso, el peligro de la deforestación está vigente en las zonas donde viven los tutelantes y que su intervención para mermar los riesgos debe ser detenida de inmediato. Por eso, la decisión del alto tribunal es de un mensaje de urgencia para las autoridades.
La Corte Suprema, al estudiar en segunda instancia este expediente, hizo una juiciosa recopilación de los hechos que han puesto al cambio climático en la agenda internacional de políticos, jefes de Estado y del mundo en general. “Los ecosistemas están expuestos a situaciones muy extremas que impiden su subsistencia; ello trae consigo un agotamiento de los recursos naturales, sean o no renovables. Nos enfrentamos a una ascendente dificultad para obtener los medios indispensables de subsistencia para la población mundial y a la contaminación y mutación de nuestro entorno por la colonización irracional de los bosques y ampliación de las fronteras urbanas, agrícolas, industriales y extractivas que aumentan la deforestación”, señaló el alto tribunal en la sentencia.
(En contexto: Un salvavidas para el Atrato)
La humanidad, para la Corte Suprema, es la principal responsable de este escenario. Pero a la vez, cada día es más consciente de que esos efectos deben reducirse como sea. Por eso, explica que desde la justicia se deben aplicar ciertas medidas para que los Estados de derecho protejan los derechos colectivos y dejar de pensar en los intereses propios. “Estamos obligados a considerar cómo nuestras obras y conducta diaria incide también en la sociedad y en la naturaleza”, explicó el alto tribunal, haciendo especial énfasis en el hecho de que es ese comportamiento es el que puede salvaguardar los derechos ambientales de las futuras generaciones.
Como principales causas de la deforestación, explicó la Corte Suprema, están: el acaparamiento ilegal de tierras, entre el 60 y 65%; los cultivos ilícitos, entre el 20 y 22%, la extracción ilegal de yacimientos minerales, entre el 7 y 8%, y los cultivos agroindustriales y la extracción ilegal de madera. "Los reseñados factores generan directamente la deforestación de la Amazonía, provocando a corto, mediano y largo plazo un perjuicio inminente y grave para los niños, adolescentes y adultos que acuden a esta acción", apuntó el alto tribunal en su fallo, que tuvo como ponente al magistrado Luis Armando Tolosa.
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Para la Corte Suprema de Justicia es claro que el Estado colombiano, pese a diferentes compromisos internacionales, no ha hecho lo suficiente para frenar la deforestación y el cambio climático en el país. Lo dijo el alto tribunal de manera directa en su sentencia y sus órdenes urgentes a la Presidencia y diferentes entidades demuestran la importancia de atacar este tema lo más pronto posible. Entre algunas de sus decisiones está la orden a la Presidencia y al Ministerio de Ambiente a que, en un plazo de no más de cuatro meses, formule un plan de acción de corto, mediano y largo plazo para contrarreste la tasa de deforestación en la Amazonía, en donde se haga frente a los efectos del cambio climático.
(Aquí puede revisar el fallo completo y las decisiones que tomó la Corte Suprema de Justicia)
Asimismo, el alto tribunal ordenó a las anteriores autoridades a que dentro de cinco meses formulen un pacto intergeneracional por la vida del amazonas colombiano, en donde se adopten medidas encaminadas a reducir a cero la deforestación y las emisiones de gases efecto invernadero. Como lo fue el caso de la protección del río Atrato, en el que la Corte Constitucional determinó que es sujeto de derecho, el expediente del Amazonas promete ser ejemplo en otros países del mundo del avance jurisprudencial moderno a la hora de proteger el medio ambiente. Un fallo ejemplo internacional para estudio en el que Colombia debe ser además ejemplo a la hora de cumplirse.