Ojo al relevo de poder en las CAR, la cuarta cueva de corrupción de Colombia

En las próximas semanas tendrán lugar en Colombia unas elecciones tan importantes como las de alcaldes, gobernadores y hasta las de Congreso. Sin embargo, para la mayoría de colombianos pasarán desapercibidas. Muchos seguramente leerán los titulares de los resultados con indiferencia, pasarán por encima de nombres de funcionarios que olvidarán al siguiente minuto a pesar de que ahí está en juego una parte importante del destino del país en los próximos cuatro años. Se trata de la elección de 33 directores de las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) y sus consejos directivos que constituyen la primera autoridad ambiental a nivel regional. (Lea La isla del Océano Atlántico que se inundó de botellas plásticas)

El procurador general Fernando Carrillo advirtió en cartas enviadas a todas las corporaciones que las elecciones tendrán que darse en un marco de imparcialidad, respetando los tiempos de ley y con procesos abiertos al escrutinio público. De hecho nombró un equipo especializado y advirtió que ejercerán una vigilancia muy detallada sobre el proceso de elección de los directores. (Lea Una nueva declaratoria para proteger 20 áreas naturales de la Amazonia colombiana)

Las cifras hablan por sí solas. Actualmente la Procuraduría adelanta 396 actuaciones preliminares sobre las CAR por distintos aspectos. De ellas el 61% (244 actuaciones) corresponden a presuntos actos irregulares en el manejo administrativo de las CAR y de contratación de las mismas. Por otro lado hay 184 investigaciones disciplinarias, las cuales 72,28% corresponden a presuntos malos manejos administrativos e irregularidades en la contratación.

Se trata de unas corporaciones cuyos recaudos para 2018 ascendieron a 3,75 billones de pesos, $801.379 millones más que la vigencia anterior (27%). La renta de mayor participación en el incremento corresponde a los recursos de capital con un 84%.

Las señales tampoco son buenas por el lado de la Contraloría General de la República. Allí el Grupo de Vigilancia CAR-Preventivo encontró problemas con el manejo de más de $100 mil millones. Los principales problemas detectados son la falta de planificación en la ejecución de recursos de tasas ambientales, desviación de recursos e inversiones millonarias sin planificación, despilfarro de los recursos, destinación equivocada de dineros y obviamente la poca vigilancia en su principal tarea: afectación de recursos naturales.

El estigma ha perseguido a las Corporaciones Autónomas casi desde su creación en 1993. ¿Son realmente cuevas de corrupción? La investigadora Carolina Montes Cortés, de la U. Externado, y autora del trabajo “La corrupción en el sector ambiental: un detrimento contra el patrimonio natural”, no dudó en responder que sí en un artículo. 

Los casos documentados por la investigadora son patéticos. En el caso del Chocó, por ejemplo, para el año 2013 se pudo determinar que el 64 % de las especies forestales que fueron movilizadas en el departamento se encontraban en el catálogo de especies amenazadas. Es decir que los madereros recibieron salvoconductos para violar la propia ley por la corporación autónoma regional. 

En la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, por ejemplo, la investigadora documentó cómo se pagó un millón de pesos por cada unidad de una pequeña pala que en el mercado puede costar 20 veces menos. Y la misma entidad canceló a $ 1.115.000 la hora de capacitación a sus funcionarios. 

“La degradación de los recursos naturales a causa de un permiso de vertimientos, de emisiones atmosféricas o de aprovechamiento forestal otorgado para favorecer a particulares o industrias, tiene un alto costo económico que la población debe asumir, no solo como una pérdida en el patrimonio natural, sino como consecuencia de las inversiones que luego se deben realizar para recuperarlo. Esto, sin mencionar los costos en los que deberán incurrir tanto el Estado como la población para atender los problemas de salud que se deriven por la mala calidad del ambiente”, reflexionaba la investigadora en su publicación. 

Un análisis de impacto de la corrupción en el sector empresarial elaborado por la ANDI hace apenas dos años mostró un panorama igual de desalentador. Luego de evaluar 24 entidades del sector público, las Corporaciones Autónomas Regionales figuraron en el segundo lugar como las entidades con mayores dificultades para desarrollar algún trámite y en el cuarto lugar con mayor incidencia de insinuaciones de favorecimiento o entrega de dinero después de las aduanas (primer lugar), alcaldías municipales (segundo lugar) y la DIAN (tercer lugar). 

El proceso de elección comenzó oficialmente este martes 1 de octubre con la recepción de hojas de vida de los interesados en participar en el proceso de elección. Hasta mediados de octubre las corporaciones revisarán que se cumplan los requisitos legales. Tras la publicación de los aspirantes, los ciudadanos podrán hacer sus observaciones. A final de mes los consejos directivos deberá votar entre los candidatos. El cargo de director de cada corporación es de cuatro años y en este caso comenzarán a contarse a partir del 1 de enero de 2020.

En las próximas semanas tendrán lugar en Colombia unas elecciones tan importantes como las de alcaldes, gobernadores y hasta las de Congreso. Sin embargo, para la mayoría de colombianos pasarán desapercibidas. Muchos seguramente leerán los titulares de los resultados con indiferencia, pasarán por encima de nombres de funcionarios que olvidarán al siguiente minuto a pesar de que ahí está en juego una parte importante del destino del país en los próximos cuatro años. Se trata de la elección de 33 directores de las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) y sus consejos directivos que constituyen la primera autoridad ambiental a nivel regional. (Lea La isla del Océano Atlántico que se inundó de botellas plásticas)

El procurador general Fernando Carrillo advirtió en cartas enviadas a todas las corporaciones que las elecciones tendrán que darse en un marco de imparcialidad, respetando los tiempos de ley y con procesos abiertos al escrutinio público. De hecho nombró un equipo especializado y advirtió que ejercerán una vigilancia muy detallada sobre el proceso de elección de los directores. (Lea Una nueva declaratoria para proteger 20 áreas naturales de la Amazonia colombiana)

Las cifras hablan por sí solas. Actualmente la Procuraduría adelanta 396 actuaciones preliminares sobre las CAR por distintos aspectos. De ellas el 61% (244 actuaciones) corresponden a presuntos actos irregulares en el manejo administrativo de las CAR y de contratación de las mismas. Por otro lado hay 184 investigaciones disciplinarias, las cuales 72,28% corresponden a presuntos malos manejos administrativos e irregularidades en la contratación.

Se trata de unas corporaciones cuyos recaudos para 2018 ascendieron a 3,75 billones de pesos, $801.379 millones más que la vigencia anterior (27%). La renta de mayor participación en el incremento corresponde a los recursos de capital con un 84%.

Las señales tampoco son buenas por el lado de la Contraloría General de la República. Allí el Grupo de Vigilancia CAR-Preventivo encontró problemas con el manejo de más de $100 mil millones. Los principales problemas detectados son la falta de planificación en la ejecución de recursos de tasas ambientales, desviación de recursos e inversiones millonarias sin planificación, despilfarro de los recursos, destinación equivocada de dineros y obviamente la poca vigilancia en su principal tarea: afectación de recursos naturales.

El estigma ha perseguido a las Corporaciones Autónomas casi desde su creación en 1993. ¿Son realmente cuevas de corrupción? La investigadora Carolina Montes Cortés, de la U. Externado, y autora del trabajo “La corrupción en el sector ambiental: un detrimento contra el patrimonio natural”, no dudó en responder que sí en un artículo. 

Los casos documentados por la investigadora son patéticos. En el caso del Chocó, por ejemplo, para el año 2013 se pudo determinar que el 64 % de las especies forestales que fueron movilizadas en el departamento se encontraban en el catálogo de especies amenazadas. Es decir que los madereros recibieron salvoconductos para violar la propia ley por la corporación autónoma regional. 

En la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, por ejemplo, la investigadora documentó cómo se pagó un millón de pesos por cada unidad de una pequeña pala que en el mercado puede costar 20 veces menos. Y la misma entidad canceló a $ 1.115.000 la hora de capacitación a sus funcionarios. 

“La degradación de los recursos naturales a causa de un permiso de vertimientos, de emisiones atmosféricas o de aprovechamiento forestal otorgado para favorecer a particulares o industrias, tiene un alto costo económico que la población debe asumir, no solo como una pérdida en el patrimonio natural, sino como consecuencia de las inversiones que luego se deben realizar para recuperarlo. Esto, sin mencionar los costos en los que deberán incurrir tanto el Estado como la población para atender los problemas de salud que se deriven por la mala calidad del ambiente”, reflexionaba la investigadora en su publicación. 

Un análisis de impacto de la corrupción en el sector empresarial elaborado por la ANDI hace apenas dos años mostró un panorama igual de desalentador. Luego de evaluar 24 entidades del sector público, las Corporaciones Autónomas Regionales figuraron en el segundo lugar como las entidades con mayores dificultades para desarrollar algún trámite y en el cuarto lugar con mayor incidencia de insinuaciones de favorecimiento o entrega de dinero después de las aduanas (primer lugar), alcaldías municipales (segundo lugar) y la DIAN (tercer lugar). 

El proceso de elección comenzó oficialmente este martes 1 de octubre con la recepción de hojas de vida de los interesados en participar en el proceso de elección. Hasta mediados de octubre las corporaciones revisarán que se cumplan los requisitos legales. Tras la publicación de los aspirantes, los ciudadanos podrán hacer sus observaciones. A final de mes los consejos directivos deberá votar entre los candidatos. El cargo de director de cada corporación es de cuatro años y en este caso comenzarán a contarse a partir del 1 de enero de 2020.