Advierten “graves irregularidades de contratación” en alcaldías locales de Bogotá

Celebración de contratos sin estudios previos o amañados; suscripción de convenios para eludir licitaciones públicas e incluso, la concesión de millonarios anticipos sin aparente justificación. Con este panorama se encontró la Personería de Bogotá en tres las alcaldías locales de la ciudad –Barrios Unidos, Fontibón y Usaquén– a las que acaba de abrirles seis indagaciones preliminares por “graves irregularidades” en materia de contratación.

Según el ente de control –que adelanta investigaciones por anomalías similares en las alcaldías de Suba, Teusaquillo y Los Mártires– se trata de irregularidades que comprometen recursos por el orden de los $34.450 millones, relacionadas con procesos en los que las administraciones suscribieron contratos directos, por convenio, con anticipos o adiciones millonarias, al parecer, sin sustento.

“Iniciamos investigaciones disciplinarias en contra de los alcaldes locales por posibles irregularidades en la contratación. Hemos verificado contratos en los que detectamos graves irregularidades, en las que –al parecer– incurrieron los mandatarios locales (…) Entre otros, detectamos contrataciones relámpago, obviándose los procesos de selección objetiva y de planeación. Hay contratos que se suscribieron en diciembre del año pasado, a toda marcha y corriendo”, denunció la personera Distrital, Carmen Teresa Castañeda.

Barrios Unidos: aparentes irregularidades con un millonario contrato por más de $14.400 millones

En el caso de la Alcaldía Local de Barrios Unidos, la Personería encontró un millonario contrato por $14.402 millones, el cual se habría adjudicado sin un estudio de mercado que validara su costo. Adicionalmente, se autorizó –sin aparente justificación– un anticipo del 50% de los recursos e incluso, hubo visto bueno de la Administración Local para aumentar en $937 millones su valor inicial.

Se trata de un contrato suscrito el 27 de octubre de 2016 y que tenía como objeto el mejoramiento, mantenimiento y/o reconstrucción de la malla vial y espacio público de la localidad. La ejecución se haría en 12 meses. Sin embargo, el ente de control pudo establecer que el acta de inicio se firmó casi dos meses después de lo acordado (el 21 de diciembre), con el agravante de que a los nueve días fue suspendido y se reinició hasta el 23 de enero de 2017.

“La suspensión del contrato estatal es una medida excepcional por situaciones de fuerza mayor, caso fortuito o de interés público que impiden la ejecución temporal, circunstancias que en este caso no fueron justificadas”, advirtió el organismo.

Por otro lado, aunque se pactó que el pago se realizaría en la medida de los avances en la obra –buscando hacer un seguimiento a su ejecución– la Alcaldía, sin que ni siquiera se hubiera puesto en marcha el proyecto, le autorizó al contratista un anticipo del 50% de los recursos, es decir $7.201 millones.

También se investiga por qué la Administración aceptó una observación del contratista, que pedía aumentar el valor del contrato en $179 millones y que al final, se tasó por $757 millones. Así las cosas, aunque el monto inicial de la licitación era por $13.465 millones, se suscribió un contrato por $14.402 millones.

“Se observó que la licitación tiene dos estudios previos, uno con precios de referencia del IDU y otros tomados de un proceso licitatorio anterior de 2015. Los dos son disímiles. Pero en ninguno es claro cómo la Administración determinó el presupuesto del contrato, vulnerando el principio de planeación, toda vez que un pliego de condiciones no puede elaborarse sin estudio de mercado que determine el valor”, reclamó la Personería.

Sin licitación y en apenas ocho días Usaquén suscribió un convenio por $10.461 millones

Otro proceso que tiene en la mira el organismo es un convenio que, sin licitación y en un tiempo récord de ocho días, realizó la Alcaldía de Usaquén con el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (Fonade) por $10.461 millones. Según la Personería, la Administración prefirió ceder el manejo del erario a un tercero para que este lo administrara, “delegando lo indelegable, incluso la supervisión de los contratos”.

El objeto del convenio era contratar el diagnóstico, estudios, diseños, conservación, mantenimiento, rehabilitación y construcción de la malla vial, incluida la interventoría, supervisión y gerencia de la inversión de los recursos. Tal como quedó acordado, el 10% del contrato –es decir, $1.050 millones– son para esta entidad, dado que hará la gerencia de los recursos. No obstante, se logró establecer que la Alcaldía tenía la capacidad financiera, jurídica y técnica para ejecutar sus proyectos sin delegar a un tercero.

Así las cosas, las Administración Local “desconoció su plan anual de adquisiciones, que contemplaba procesos licitatorios para los contratos de obra y en los que demostraba que tenía capacidad para ejecutar sus proyectos”. A esto se suma que, en apenas ochos días, la Alcaldía emitió los estudios de las obras, contó con la aprobación del Comité de Contratación y suscribió el convenio. Todo esto, entre el 16 y el 23 de diciembre.

“En la carpeta contractual no se encontró ningún documento en el que indique cómo la Administración Local evaluó propuestas alternas a Fonade, ni se observó ningún estudio de mercado que permitiera el análisis de más de una oferta (…) La Alcaldía Local ni siquiera hizo la consulta y realizó la contratación directa, al parecer, vulnerando los principios de transparencia y selección objetiva”, agrega la Personería.  

En Fontibón, irregularidades en otro convenio con Fonade por $9.500 millones

En la Alcaldía Local de Fontibón, la Personería Distrital también halló presuntas irregularidades en otro convenio suscrito con Fonade. De acuerdo con el organismo, el Fondo de Desarrollo Local realizó un convenio con esta entidad para gerenciar y contratar la intervención de la malla vial de la localidad, así como la interventoría y adquisición del mobiliario de la nueva sede de la Alcaldía.

El contrato asciende a $9.594 millones y se suscribió el 28 de diciembre de 2016, por 10 meses, con acta de inicio del 2 de febrero de 2017. Sin embargo, antes de la suscripción, la Alcaldía realizó una licitación que luego revocó por diferencias entre el pliego de condiciones y el estudio de mercado.

Sin embargo, alerta la Personería, con esos mismos estudios técnicos y de mercado previos sustentó el convenio. “Para completar, a los oferentes que habían participado en la frustrada licitación y que esperaban el nuevo concurso público, nunca les avisaron que habían realizado la contratación directa”.

Así como en Usaquén, la Alcaldía Local “delegó en Fonade lo indelegable”, incluida la adquisición del mobiliario, la interventoría y hasta la supervisión. El ente de control sostiene además que, aunque Fontibón sí solicitó a la Secretaría de Gobierno la revisión de los estudios previos, “no esperó la respuesta y suscribió el convenio”.

Otras irregularidades en Suba, Los Mártires y Teusaquillo

La Personería también indaga por otras irregularidades detectadas otras tres alcaldías locales por resunta vulneración a los principios de contratación, planeación, transparencia y el deber de selección objetiva. (Lea: Los alcaldes de Los Mártires y Teusaquillo presentan su renuncia)

Se trata de Suba (donde se investigan irregularidades en la contratación de combustible y mantenimiento de vehículos); Los Mártires (arrendamiento de sede y adquisición de elementos) y Teusaquillo (construcción de la sede local por $22.000 millones, mantenimiento vial, servicio de vigilancia, entre otros). (Lea: Corrupción en Bogotá: indagan presunto tanqueo de carros fantasma en Alcaldía de Suba)

Celebración de contratos sin estudios previos o amañados; suscripción de convenios para eludir licitaciones públicas e incluso, la concesión de millonarios anticipos sin aparente justificación. Con este panorama se encontró la Personería de Bogotá en tres las alcaldías locales de la ciudad –Barrios Unidos, Fontibón y Usaquén– a las que acaba de abrirles seis indagaciones preliminares por “graves irregularidades” en materia de contratación.

Según el ente de control –que adelanta investigaciones por anomalías similares en las alcaldías de Suba, Teusaquillo y Los Mártires– se trata de irregularidades que comprometen recursos por el orden de los $34.450 millones, relacionadas con procesos en los que las administraciones suscribieron contratos directos, por convenio, con anticipos o adiciones millonarias, al parecer, sin sustento.

“Iniciamos investigaciones disciplinarias en contra de los alcaldes locales por posibles irregularidades en la contratación. Hemos verificado contratos en los que detectamos graves irregularidades, en las que –al parecer– incurrieron los mandatarios locales (…) Entre otros, detectamos contrataciones relámpago, obviándose los procesos de selección objetiva y de planeación. Hay contratos que se suscribieron en diciembre del año pasado, a toda marcha y corriendo”, denunció la personera Distrital, Carmen Teresa Castañeda.

Barrios Unidos: aparentes irregularidades con un millonario contrato por más de $14.400 millones

En el caso de la Alcaldía Local de Barrios Unidos, la Personería encontró un millonario contrato por $14.402 millones, el cual se habría adjudicado sin un estudio de mercado que validara su costo. Adicionalmente, se autorizó –sin aparente justificación– un anticipo del 50% de los recursos e incluso, hubo visto bueno de la Administración Local para aumentar en $937 millones su valor inicial.

Se trata de un contrato suscrito el 27 de octubre de 2016 y que tenía como objeto el mejoramiento, mantenimiento y/o reconstrucción de la malla vial y espacio público de la localidad. La ejecución se haría en 12 meses. Sin embargo, el ente de control pudo establecer que el acta de inicio se firmó casi dos meses después de lo acordado (el 21 de diciembre), con el agravante de que a los nueve días fue suspendido y se reinició hasta el 23 de enero de 2017.

“La suspensión del contrato estatal es una medida excepcional por situaciones de fuerza mayor, caso fortuito o de interés público que impiden la ejecución temporal, circunstancias que en este caso no fueron justificadas”, advirtió el organismo.

Por otro lado, aunque se pactó que el pago se realizaría en la medida de los avances en la obra –buscando hacer un seguimiento a su ejecución– la Alcaldía, sin que ni siquiera se hubiera puesto en marcha el proyecto, le autorizó al contratista un anticipo del 50% de los recursos, es decir $7.201 millones.

También se investiga por qué la Administración aceptó una observación del contratista, que pedía aumentar el valor del contrato en $179 millones y que al final, se tasó por $757 millones. Así las cosas, aunque el monto inicial de la licitación era por $13.465 millones, se suscribió un contrato por $14.402 millones.

“Se observó que la licitación tiene dos estudios previos, uno con precios de referencia del IDU y otros tomados de un proceso licitatorio anterior de 2015. Los dos son disímiles. Pero en ninguno es claro cómo la Administración determinó el presupuesto del contrato, vulnerando el principio de planeación, toda vez que un pliego de condiciones no puede elaborarse sin estudio de mercado que determine el valor”, reclamó la Personería.

Sin licitación y en apenas ocho días Usaquén suscribió un convenio por $10.461 millones

Otro proceso que tiene en la mira el organismo es un convenio que, sin licitación y en un tiempo récord de ocho días, realizó la Alcaldía de Usaquén con el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (Fonade) por $10.461 millones. Según la Personería, la Administración prefirió ceder el manejo del erario a un tercero para que este lo administrara, “delegando lo indelegable, incluso la supervisión de los contratos”.

El objeto del convenio era contratar el diagnóstico, estudios, diseños, conservación, mantenimiento, rehabilitación y construcción de la malla vial, incluida la interventoría, supervisión y gerencia de la inversión de los recursos. Tal como quedó acordado, el 10% del contrato –es decir, $1.050 millones– son para esta entidad, dado que hará la gerencia de los recursos. No obstante, se logró establecer que la Alcaldía tenía la capacidad financiera, jurídica y técnica para ejecutar sus proyectos sin delegar a un tercero.

Así las cosas, las Administración Local “desconoció su plan anual de adquisiciones, que contemplaba procesos licitatorios para los contratos de obra y en los que demostraba que tenía capacidad para ejecutar sus proyectos”. A esto se suma que, en apenas ochos días, la Alcaldía emitió los estudios de las obras, contó con la aprobación del Comité de Contratación y suscribió el convenio. Todo esto, entre el 16 y el 23 de diciembre.

“En la carpeta contractual no se encontró ningún documento en el que indique cómo la Administración Local evaluó propuestas alternas a Fonade, ni se observó ningún estudio de mercado que permitiera el análisis de más de una oferta (…) La Alcaldía Local ni siquiera hizo la consulta y realizó la contratación directa, al parecer, vulnerando los principios de transparencia y selección objetiva”, agrega la Personería.  

En Fontibón, irregularidades en otro convenio con Fonade por $9.500 millones

En la Alcaldía Local de Fontibón, la Personería Distrital también halló presuntas irregularidades en otro convenio suscrito con Fonade. De acuerdo con el organismo, el Fondo de Desarrollo Local realizó un convenio con esta entidad para gerenciar y contratar la intervención de la malla vial de la localidad, así como la interventoría y adquisición del mobiliario de la nueva sede de la Alcaldía.

El contrato asciende a $9.594 millones y se suscribió el 28 de diciembre de 2016, por 10 meses, con acta de inicio del 2 de febrero de 2017. Sin embargo, antes de la suscripción, la Alcaldía realizó una licitación que luego revocó por diferencias entre el pliego de condiciones y el estudio de mercado.

Sin embargo, alerta la Personería, con esos mismos estudios técnicos y de mercado previos sustentó el convenio. “Para completar, a los oferentes que habían participado en la frustrada licitación y que esperaban el nuevo concurso público, nunca les avisaron que habían realizado la contratación directa”.

Así como en Usaquén, la Alcaldía Local “delegó en Fonade lo indelegable”, incluida la adquisición del mobiliario, la interventoría y hasta la supervisión. El ente de control sostiene además que, aunque Fontibón sí solicitó a la Secretaría de Gobierno la revisión de los estudios previos, “no esperó la respuesta y suscribió el convenio”.

Otras irregularidades en Suba, Los Mártires y Teusaquillo

La Personería también indaga por otras irregularidades detectadas otras tres alcaldías locales por resunta vulneración a los principios de contratación, planeación, transparencia y el deber de selección objetiva. (Lea: Los alcaldes de Los Mártires y Teusaquillo presentan su renuncia)

Se trata de Suba (donde se investigan irregularidades en la contratación de combustible y mantenimiento de vehículos); Los Mártires (arrendamiento de sede y adquisición de elementos) y Teusaquillo (construcción de la sede local por $22.000 millones, mantenimiento vial, servicio de vigilancia, entre otros). (Lea: Corrupción en Bogotá: indagan presunto tanqueo de carros fantasma en Alcaldía de Suba)