La “tríada” de proyectos que propone Claudia López al Congreso, ¿en qué consisten?

El objetivo de ambos proyectos es liberar de algunas funciones a los policías en Bogotá para que puedan concentrarse en los casos que generan más impacto en la seguridad ciudadana.

Foto: Secretaría de Seguridad

Con el anuncio de las dos nuevas propuestas que radicará la alcaldesa Claudia López ante el congreso de la República, se completa una “tríada” de proyectos en materia de seguridad, que dejará la mandataria en una de sus últimas movidas como cabeza del Palacio Liévano.

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El pasado 3 de agosto de 2022, la alcaldesa ya había tramitado el proyecto de ley 108 de 2022, que tiene como fin crear un régimen de tratamiento penal alternativo para la seguridad y la convivencia ciudadana. Es decir, este proyecto busca que delitos de menor cuantía también sean penalizados, haciéndole frente al problema de que los delincuentes queden en libertad. Mientras este proyecto ya va en segundo debate, López alista dos más, para completar su “tríada” de propuestas, pero, ¿en qué consisten los nuevos proyectos?

Una Policía Local

En respuesta al déficit de policías, este proyecto de ley, busca crear un cuerpo de agentes locales para las ciudades de más de dos millones de habitantes, adicional a las Fuerzas Militares y a la Policía Nacional, enfocado en la atención de delitos de menor impacto, como la atención a riñas, problemas de convivencia y otras faltas para les que, considera la mandataria, podría hacer uso de este cuerpo local.

“Le hemos hecho al señor ministro la presentación de dos propuestas legislativas: una reforma constitucional que nos permita a las ciudades de más de dos millones de habitantes (Bogotá, Medellín y Cali, puntualmente) tener la posibilidad de una Policía Local, que complemente la labor de la Policía Nacional”, indicó en rueda de prensa Claudia López.

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Esta es, quizá, la propuesta más debatida, ya que algunos expertos problematizan el hecho de la financiación de esta Policía Local y la repartición de funciones y objetivos entre lo local y lo nacional. En cuanto a la financiación, el proyecto contempla que cada alcaldía se encargará de poner el dinero para esta Policía Local.

Para la conformación de este cuerpo de agentes locales se deben modificar los artículos 216 y 218 de la Constitución Política. Según la Alcaldesa, “Sería una policía local entrenada, armada y que forme parte de la fuerza pública, pagada con impuestos locales, con presupuesto ciento por ciento pagado por la Alcaldía Mayor de Bogotá. Sus prioridades, su operación y su comandante en jefe sería el Alcalde Mayor”. López aclaró que el presidente seguirá siendo “el supremo comandante en jefe de toda la Fuerza Pública”.

Equipos Territoriales de Convivencia Ciudadana

Este proyecto también va por la línea de “liberar” a los Policías de funciones que no son determinantes en la lucha contra la delincuencia, como es el imponer comparendos, acción que en este momento requiere de la presencia de la Policía, a pesar de que sean otros funcionarios los que tengan la potestad de imponer los comparendos.

“Este segundo proyecto es justamente para ayudarle a la Policía Nacional, porque cumple labores administrativas de imposición de comparendos, sanciones o sellamiento de locales comerciales, por ejemplo. Pero el Código de Policía nos obliga a que un policía esté imponiendo esa sanción administrativa, cuando podría ponerla otro funcionario”, afirmó la Alcaldesa.

Los equipos podrían imponer comparendos relacionados con los colados, arrojar basuras y faltas por el alto ruido en sitios u horas no permitidas, entre otros. Serían conformados por personal de las diferentes secretarías y entidades que se especifiquen. Cada alcalde distrital o municipal podría decidir si crear o no estos equipos en su territorio, y qué competencias les asignaría.

Este proyecto también faculta a los alcaldes locales la competencia de suspender, preventivamente, las obras que no cuenten con licencia, al igual que suspender aglomeraciones que representen un riesgo para la vida o la integridad física, y suspender las actividades de establecimientos que funcionen en violación de las normas vigentes.

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