Secretaría de Educación reitera que Bogotá es modelo nacional en alimentación escolar

En 2016, la administración del alcalde Enrique Peñalosa cambió el modelo de contratación mediante el cual se brinda alimentación a los niños y adolescentes que se forman en los colegios públicos de la ciudad. Antiguamente se pagaba a las empresas por un solo paquete (compra, empaque y distribución de alimentos), ahora se hace todo por separado con la intención de brindar una mayor transparencia al proceso. 

Dicho esfuerzo significó que, en 2018, el Ministerio de Educación destacara a la ciudad por su “innovación” en el Programa de Alimentación Escolar (PAE). Este reconocimiento hizo parte de los aspectos que más destacaron durante la Segunda Mesa Pública del PAE desarrollada este miércoles por la Secretaría de Educación. 

Otro de los hitos destacados por el despacho es que Bogotá ha sido internacionalmente destacada, en tres ocasiones, por ser “ejemplo de transparencia en el mundo, por organizaciones como ‘Open Contracting Partnership’ ‘Organización de Estados Americanos (OEA), y la ‘Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO)’”.

“El Programa de Alimentación Escolar de Bogotá cambió la forma de ver la compra pública en alimentación, a nivel nacional, y este es un reconocimiento que el Gobierno nacional extiende a viva voz a la Administración distrital”, dijo Andrés Ricardo Mancipe, subdirector de Negocios de Colombia Compra Eficiente.

“La transformación ha sido sustancial, se ha constituido en un modelo contractual para seguir en todo el país, que ha incorporado las mejores prácticas contractuales en términos de selección, concurrencia y calidad”, agregó.

Otra de las que aplaudió los adelantos hechos por la ciudad fue la directora de Cobertura y Equidad del Ministerio de Educación, Sol Indira Quiceno, quien aseguró que los cambios hechos al programa se traducen en transformaciones en materia de contratación, innovación tecnológica, nutrición, pedagogía en pro del bienestar y la permanencia escolar de los estudiantes.

“Esto ha sido posible cambiando el modelo de contratación, que nos ha permitido ser una ciudad ejemplo de transparencia en el uso de los recursos y ejemplo de buen servicio para nuestros estudiantes. La alianza con Colombia Compra Eficiente nos ha permitido tener ahorros del orden de los 62.000 millones de pesos, entre los años 2017 y 2019, lo que demuestra eficiencia en el uso de los recursos públicos”, indicó la secretaria de Educación, Claudia Puentes Riaño.

Sumado a lo anterior, se destacó la puesta en operación de 50 nuevos comedores, ocho cocinas móviles, la incorporación de equipos de alta tecnología para optimizar los tiempos de producción de los alimentos y minimizar el uso de aceites, además del mejoramiento del perfil nutricional de los alimentos, el fortalecimiento de las tiendas escolares y el trabajo pedagógico adelantado con la comunidad académica en torno a la buena alimentación. 

Sin embargo, la celebración de la secretaría parece desconocer las investigaciones adelantadas en torno a presuntos actos de corrupción en el marco de la alimentación escolar en Bogotá. 

Ejemplo de lo anterior es que a mediados del año pasado la Superintendencia de Industria y Comercio formuló pliegos de cargos a distintas empresas acusadas de acordar, ‘por debajo de cuerda’, los precios de los alimentos para así incrementarlos de manera artificial y obtener mayores ganancias en las licitaciones, una actividad que, presuntamente, se venía adelantando por lo menos en los últimos diez años.

En septiembre del mismo año, este medio comunicó que la Secretaría de Educación adjudicó la licitación para la compra de refrigerios escolares por los próximos 18 meses. Dicho concurso se lo ganaron 36 empresas que recibieron $470.000 millones. El problema con este capítulo es que ocho de estas organizaciones estaban siendo investigadas por los presuntos actos de cartelización descritos anteriormente. 

Por ilustrar un caso más, en enero del presente año la SIC resolvió que cinco empresas y otras cinco personas naturales debían pagar multas, que oscilan entre los $1.650 millones y los $82.000 por, presuntamente, ponerse de acuerdo para obligar al Distrito a pagar más por los alimentos del PAE en Bogotá. 

En 2016, la administración del alcalde Enrique Peñalosa cambió el modelo de contratación mediante el cual se brinda alimentación a los niños y adolescentes que se forman en los colegios públicos de la ciudad. Antiguamente se pagaba a las empresas por un solo paquete (compra, empaque y distribución de alimentos), ahora se hace todo por separado con la intención de brindar una mayor transparencia al proceso. 

Dicho esfuerzo significó que, en 2018, el Ministerio de Educación destacara a la ciudad por su “innovación” en el Programa de Alimentación Escolar (PAE). Este reconocimiento hizo parte de los aspectos que más destacaron durante la Segunda Mesa Pública del PAE desarrollada este miércoles por la Secretaría de Educación. 

Otro de los hitos destacados por el despacho es que Bogotá ha sido internacionalmente destacada, en tres ocasiones, por ser “ejemplo de transparencia en el mundo, por organizaciones como ‘Open Contracting Partnership’ ‘Organización de Estados Americanos (OEA), y la ‘Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO)’”.

“El Programa de Alimentación Escolar de Bogotá cambió la forma de ver la compra pública en alimentación, a nivel nacional, y este es un reconocimiento que el Gobierno nacional extiende a viva voz a la Administración distrital”, dijo Andrés Ricardo Mancipe, subdirector de Negocios de Colombia Compra Eficiente.

“La transformación ha sido sustancial, se ha constituido en un modelo contractual para seguir en todo el país, que ha incorporado las mejores prácticas contractuales en términos de selección, concurrencia y calidad”, agregó.

Otra de las que aplaudió los adelantos hechos por la ciudad fue la directora de Cobertura y Equidad del Ministerio de Educación, Sol Indira Quiceno, quien aseguró que los cambios hechos al programa se traducen en transformaciones en materia de contratación, innovación tecnológica, nutrición, pedagogía en pro del bienestar y la permanencia escolar de los estudiantes.

“Esto ha sido posible cambiando el modelo de contratación, que nos ha permitido ser una ciudad ejemplo de transparencia en el uso de los recursos y ejemplo de buen servicio para nuestros estudiantes. La alianza con Colombia Compra Eficiente nos ha permitido tener ahorros del orden de los 62.000 millones de pesos, entre los años 2017 y 2019, lo que demuestra eficiencia en el uso de los recursos públicos”, indicó la secretaria de Educación, Claudia Puentes Riaño.

Sumado a lo anterior, se destacó la puesta en operación de 50 nuevos comedores, ocho cocinas móviles, la incorporación de equipos de alta tecnología para optimizar los tiempos de producción de los alimentos y minimizar el uso de aceites, además del mejoramiento del perfil nutricional de los alimentos, el fortalecimiento de las tiendas escolares y el trabajo pedagógico adelantado con la comunidad académica en torno a la buena alimentación. 

Sin embargo, la celebración de la secretaría parece desconocer las investigaciones adelantadas en torno a presuntos actos de corrupción en el marco de la alimentación escolar en Bogotá. 

Ejemplo de lo anterior es que a mediados del año pasado la Superintendencia de Industria y Comercio formuló pliegos de cargos a distintas empresas acusadas de acordar, ‘por debajo de cuerda’, los precios de los alimentos para así incrementarlos de manera artificial y obtener mayores ganancias en las licitaciones, una actividad que, presuntamente, se venía adelantando por lo menos en los últimos diez años.

En septiembre del mismo año, este medio comunicó que la Secretaría de Educación adjudicó la licitación para la compra de refrigerios escolares por los próximos 18 meses. Dicho concurso se lo ganaron 36 empresas que recibieron $470.000 millones. El problema con este capítulo es que ocho de estas organizaciones estaban siendo investigadas por los presuntos actos de cartelización descritos anteriormente. 

Por ilustrar un caso más, en enero del presente año la SIC resolvió que cinco empresas y otras cinco personas naturales debían pagar multas, que oscilan entre los $1.650 millones y los $82.000 por, presuntamente, ponerse de acuerdo para obligar al Distrito a pagar más por los alimentos del PAE en Bogotá.