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El pasado sábado 1 de febrero se conoció la muerte del campesino tumaqueño Segundo Girón tras enfrentamientos con un grupo de erradicación de cultivos de uso ilícito. Los hechos tuvieron lugar en la vereda Santa Rosa que pertenece al Consejo Comunitario Recuerdo de Nuestros Ancestros Río Mejicano (CCRM). La muerte de Segundo Girón no puede entenderse como un simple evento coyuntural o aislado. Todo lo contrario. Este nuevo episodio es resultado de la política del gobierno actual con respecto de la implementación del Programa Nacional Integral de Sustitución de cultivos de uso ilícito (PNIS), y particularmente en relación con las comunidades afrodescendientes del Pacífico Nariñense.
De acuerdo con las versiones de los líderes del CCRM, el Consejo Comunitario firmó un acuerdo colectivo donde el gobierno y las comunidades se comprometían con la sustitución concertada y voluntaria. Sin embargo, durante la firma de los formatos individuales (que son los acuerdos que cada núcleo familiar suscribe con el Estado para dar inicio formal al programa) surgieron múltiples inconvenientes debido a que la entonces Dirección de Sustitución de Cultivos de uso Ilícito (DSCI) realizó esta jornada en el casco urbano de Tumaco y no en el territorio del CCRM aduciendo razones de seguridad. Esto impidió la inscripción de muchas familias al PNIS. Los líderes afirman que el 80% de la población de su territorio quedó por fuera del programa y sin una opción viable para sustituir sus cultivos ilícitos. Justamente estas familias excluidas fueron las que se resistieron el pasado sábado a la fuerza pública.
En Tumaco también hay varios casos donde el programa se comprometió formalmente con la comunidad (de manera colectiva) y aún no ha empezado su implementación. Según algunos líderes del municipio, en catorce consejos comunitarios que tienen acuerdos colectivos y en donde el gobierno socializó y promovió la sustitución, nunca arrancó el programa. Lo mismo pasa con algunos entes territoriales de la Costa Pacífica: la mayoría de sus municipios cuentan con acuerdos colectivos, pero no tienen ninguna familia inscrita. La situación es aún más dramática si se observan las cifras nacionales. Según el tercer informe de la Contraloría General de la Nación sobre la implementación del acuerdo, fueron 215 mil familias las que participaron de estos acuerdos, pero como lo señala la Consejería Presidencial para la Estabilización y Consolidación, solo se encuentran inscritas cerca de 99 mil familias. En otras palabras, más de 100 mil familias quedaron a la espera de la sustitución y otras tantas han tenido como respuesta la erradicación forzada.
El panorama tampoco mejora para las familias inscritas formalmente en el programa. Como lo han mostrado diversos informes y la Encuesta realizada por el equipo de la Universidad Nacional de Colombia, las familias vinculadas al PNIS han enfrentado el incumplimiento en los tiempos de pago, la falta de asistencia técnica y las demoras en los proyectos productivos. Para el caso del CCRM en Tumaco, las pocas familias que pudieron finalizar su inscripción al PNIS han tenido que soportar desde retrasos en sus pagos (después de casi dos años solo han recibido tres desembolsos) hasta ser expulsados del programa por haber participado en anteriores iniciativas de sustitución (como el programa Familias Guardabosques). Asimismo, los líderes del Consejo se han sentido abandonados por el Estado, no solo por el incumplimiento frente al programa sino por no brindar las garantías de seguridad para su implementación. “Nunca antes un programa nos había puesto en riesgo como el PNIS” indica un líder de Río Mejicano.
Estos rasgos e incumplimientos del programa junto a los constantes enfrentamientos con la fuerza pública por las operaciones de erradicación y la emergencia de nuevos grupos armados en el puerto, tal y como se registró con el desplazamiento forzado en Río Chagüí a inicios de este año, muestran que la promesa de paz está lejos de cumplirse en el territorio tumaqueño y que los vientos de guerra se sienten cada vez más fuertes.