Comunidad de Bojayá denuncia inminente riesgo de otra masacre
Durante los actos de entrega de los cuerpos de sus seres queridos masacrados hace 17 años, voceros de la comunidad reiteran las denuncias sobre las amenazas que se ciernen nuevamente sobre sus pueblos y territorios y piden al presidente Iván Duque actuar para evitar una nueva tragedia.
Colombia en Transición
Este domingo, en el polideportivo de Bojayá (Chocó), cuando las comunidades afros e indígenas de este municipio reciben los restos mortales de sus seres queridos (más de 100) asesinados en la masacre cometida por la guerrilla de las Farc, el 2 de mayo de 2002, y realizan sus rituales para darles una sepultura digna, voceros de la comunidad reiteran las denuncias sobre las amenazas que se ciernen nuevamente sobre sus pueblos y territorios. Desplazamientos, confinamientos, masacres, torturas, desapariciones, reclutamientos, violaciones que creían que podían ser superadas con la firma e implementación del acuerdo de paz. Esto frente al fortalecimiento de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en su territorio, que ocupó los espacios dejados por la guerrilla de las Farc, y la presencia masiva de paramilitares de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC).
Por eso, durante el evento, le pidieron reiteradamente al presidente Iván Duque que, como "máximo jefe de las Fuerzas Militares de Colombia y Presidente de la República, honre el Acuerdo de Paz, implementándolo, de manera oportuna e integral, específicamente en lo relacionado con el capítulo étnico y brinde las garantías constitucionales al pueblo afro e indígena de Bojayá".
También, el líder e integrante del Comité por los Derechos de las Víctimas, Yuber Palacios, leyó unas palabras en esa misma dirección: "Hoy delante de nuestros muertos adultos y niños que nos guiarán desde el cielo, les decimos a los actores armados que no los queremos en el territorio. No los necesitamos para nuestro desarrollo libre y autónomo. Exigimos al Estado que no nos sigan matando. Exigimos verdaderas garantías de no repetición. Exigimos que su presencia no sea solo militar, sino a através de una gran oferta social, con garantías preventivas y reparadoras. Exigimos la interconexión eléctrica para Bojayá, la reactivación de nuestra economía. (...) Exigimos la reubicación de la comunida de pogue y la construcción y adecuación del lugar de memoria como espacio de formación para la paz y la reconciliación".
Aquí la carta completa al Presidente:
Respetado Dr. Iván Duque Márquez:
El 21 de abril del 2004, las organizaciones etnicoterritoriales del departamento del Chocó y la Diócesis de Quibdó, dirigimos al entonces Presidente de la República de Colombia, Dr. Álvaro Uribe Vélez, una carta abierta sobre la crisis de legitimidad en la región del Atrato.
En ella notificamos al gobierno nacional sobre la grave crisis humanitaria y la sistemática violación a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario contra las comunidades afros e indígenas del municipio de Bojayá, perpetrada por actores armados legales e ilegales. Ya han transcurrido 15 años y esta misma situación se repite, con la variante de que, gracias al Acuerdo de Paz, hoy las FARC- EP han salido del territorio, pero ante la falta de implementación del mismo, el ELN ha copado estos espacios, se ha fortalecido militarmente y ha incrementado sus agresiones a la población civil.
De la misma manera, el Gobierno no ha sido efectivo en combatir las nuevas formas de paramilitarismo y bandas criminales, quienes hoy han incrementado su accionar al interior de los territorios étnicos. Lo anterior, señor Presidente, se fundamenta en los siguientes hechos: 1. La Defensoría del Pueblo en el periodo de su gobierno, ha emitido dos Alertas Tempranas y cinco Informes de Consumación de Riesgos, dirigidos a la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (CIPRAT), visibilizando la situación de Bojayá. 2. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ha documentado e informado sobre hechos violatorios a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario en contra de la población étnica, específicamente en el municipio de Bojayá.
3. Las organizaciones afros, indígenas y la Diócesis de Quibdó durante el periodo de su gobierno, han emitido diferentes comunicados y denuncias a la opinión pública, sobre la grave crisis humanitaria que viven los pobladores del municipio de Bojayá. A pesar de lo anterior, el Gobierno Colombiano no ha sido efectivo en garantizar los derechos de esta población. Antes, por el contrario, nuevamente se percibe una actitud omisiva y complaciente con el accionar de los actores armados. De lo contrario, no se entendería cómo en el municipio de Bojayá, el control territorial lo ejercen el ELN y los grupos paramilitares de las AGC en las cuencas de los ríos Opogadó, Napipí y Bojayá.
Es evidente que lo que se pretende con esta sistemática vulneración a los derechos de los pueblos étnicos del Bajo y Medio Atrato es apoderarse de nuestros territorios, con la intención de realizar grandes proyectos económicos, específicamente la explotación de recursos naturales, mineros, energéticos y monocultivos que se encuentran aquí. Además, los cultivos de uso ilícito como la coca, van en aumento y por el control territorial que ejercen en la comunidad hay presión para la siembra de marihuana. El reclutamiento forzado de menores de edad no se detiene, el confinamiento y el desplazamiento de las poblaciones étnicas, los asesinatos, amenazas y señalamientos a líderes, lideresas y autoridades étnicas están a la orden del día.
La instalación de minas antipersonales copa los territorios étnicos. Los actores armados hacen presencia en los centros poblados de las comunidades imponiendo control social, político, territorial y económico, desconociendo los reglamentos internos, la autonomía y sistemas de gobierno de las comunidades. Especialmente los paramilitares exhiben su poderío militar en armas y hombres, siendo evidente que su abastecimiento lo hacen abiertamente por el río Atrato en embarcaciones tipo botes y pangas, en algunos casos con centenares de combatientes. Todo esto bajo la mirada impávida del control de la Fuerza Pública, en el Bajo y Medio Atrato.
Hoy, cuando las comunidades afros e indígenas en el municipio de Bojayá nos disponemos a recibir los restos mortales de nuestros seres queridos que fueron vilmente masacrados el fatídico Dos de Mayo de 2002 para darles cristiana sepultura, según nuestros ritos, usos y costumbres, se ciernen nuevamente sobre nuestros pueblos y territorios hechos amenazantes de desplazamientos, confinamientos, masacres, torturas, desapariciones, reclutamientos, violaciones que creíamos que podían ser superadas con la firma de un acuerdo de paz y la voluntad política del Gobierno para la construcción de una paz territorial estable y duradera y con garantías de no repetición Señor Presidente, con el fin de que Usted legitime que Colombia es un Estado Social de Derecho, le solicitamos con todo respeto que, como máximo jefe de las Fuerzas Militares de Colombia y Presidente de la República, honre el Acuerdo de Paz, implementándolo, de manera oportuna e integral, específicamente en lo relacionado con el capítulo étnico y brinde las garantías constitucionales al pueblo afro e indígena de Bojayá.
Esta misma situación la padecen numerosas comunidades étnicas y campesinas en muchas regiones del país, especialmente en la Costa Pacífica. Nos solidarizamos con los sufrimientos de todas estas comunidades y le insistimos, señor Presidente, que busque los mecanismos para que estos hechos no se repitan nunca más.
Atentamente,
+ Juan Carlos Barreto Barreto, Diócesis de Quibdó
Abid Manuel Romaña Mena, Foro Interétnico Solidaridad Chocó
Rosendo Blandón Córdoba, COCOMACIA
Pedro Luis Querágama Cheche, FEDEOREWA
Helfer Andrade Casamá, Mesa Indígena del Chocó
Este domingo, en el polideportivo de Bojayá (Chocó), cuando las comunidades afros e indígenas de este municipio reciben los restos mortales de sus seres queridos (más de 100) asesinados en la masacre cometida por la guerrilla de las Farc, el 2 de mayo de 2002, y realizan sus rituales para darles una sepultura digna, voceros de la comunidad reiteran las denuncias sobre las amenazas que se ciernen nuevamente sobre sus pueblos y territorios. Desplazamientos, confinamientos, masacres, torturas, desapariciones, reclutamientos, violaciones que creían que podían ser superadas con la firma e implementación del acuerdo de paz. Esto frente al fortalecimiento de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en su territorio, que ocupó los espacios dejados por la guerrilla de las Farc, y la presencia masiva de paramilitares de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC).
Por eso, durante el evento, le pidieron reiteradamente al presidente Iván Duque que, como "máximo jefe de las Fuerzas Militares de Colombia y Presidente de la República, honre el Acuerdo de Paz, implementándolo, de manera oportuna e integral, específicamente en lo relacionado con el capítulo étnico y brinde las garantías constitucionales al pueblo afro e indígena de Bojayá".
También, el líder e integrante del Comité por los Derechos de las Víctimas, Yuber Palacios, leyó unas palabras en esa misma dirección: "Hoy delante de nuestros muertos adultos y niños que nos guiarán desde el cielo, les decimos a los actores armados que no los queremos en el territorio. No los necesitamos para nuestro desarrollo libre y autónomo. Exigimos al Estado que no nos sigan matando. Exigimos verdaderas garantías de no repetición. Exigimos que su presencia no sea solo militar, sino a através de una gran oferta social, con garantías preventivas y reparadoras. Exigimos la interconexión eléctrica para Bojayá, la reactivación de nuestra economía. (...) Exigimos la reubicación de la comunida de pogue y la construcción y adecuación del lugar de memoria como espacio de formación para la paz y la reconciliación".
Aquí la carta completa al Presidente:
Respetado Dr. Iván Duque Márquez:
El 21 de abril del 2004, las organizaciones etnicoterritoriales del departamento del Chocó y la Diócesis de Quibdó, dirigimos al entonces Presidente de la República de Colombia, Dr. Álvaro Uribe Vélez, una carta abierta sobre la crisis de legitimidad en la región del Atrato.
En ella notificamos al gobierno nacional sobre la grave crisis humanitaria y la sistemática violación a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario contra las comunidades afros e indígenas del municipio de Bojayá, perpetrada por actores armados legales e ilegales. Ya han transcurrido 15 años y esta misma situación se repite, con la variante de que, gracias al Acuerdo de Paz, hoy las FARC- EP han salido del territorio, pero ante la falta de implementación del mismo, el ELN ha copado estos espacios, se ha fortalecido militarmente y ha incrementado sus agresiones a la población civil.
De la misma manera, el Gobierno no ha sido efectivo en combatir las nuevas formas de paramilitarismo y bandas criminales, quienes hoy han incrementado su accionar al interior de los territorios étnicos. Lo anterior, señor Presidente, se fundamenta en los siguientes hechos: 1. La Defensoría del Pueblo en el periodo de su gobierno, ha emitido dos Alertas Tempranas y cinco Informes de Consumación de Riesgos, dirigidos a la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (CIPRAT), visibilizando la situación de Bojayá. 2. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ha documentado e informado sobre hechos violatorios a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario en contra de la población étnica, específicamente en el municipio de Bojayá.
3. Las organizaciones afros, indígenas y la Diócesis de Quibdó durante el periodo de su gobierno, han emitido diferentes comunicados y denuncias a la opinión pública, sobre la grave crisis humanitaria que viven los pobladores del municipio de Bojayá. A pesar de lo anterior, el Gobierno Colombiano no ha sido efectivo en garantizar los derechos de esta población. Antes, por el contrario, nuevamente se percibe una actitud omisiva y complaciente con el accionar de los actores armados. De lo contrario, no se entendería cómo en el municipio de Bojayá, el control territorial lo ejercen el ELN y los grupos paramilitares de las AGC en las cuencas de los ríos Opogadó, Napipí y Bojayá.
Es evidente que lo que se pretende con esta sistemática vulneración a los derechos de los pueblos étnicos del Bajo y Medio Atrato es apoderarse de nuestros territorios, con la intención de realizar grandes proyectos económicos, específicamente la explotación de recursos naturales, mineros, energéticos y monocultivos que se encuentran aquí. Además, los cultivos de uso ilícito como la coca, van en aumento y por el control territorial que ejercen en la comunidad hay presión para la siembra de marihuana. El reclutamiento forzado de menores de edad no se detiene, el confinamiento y el desplazamiento de las poblaciones étnicas, los asesinatos, amenazas y señalamientos a líderes, lideresas y autoridades étnicas están a la orden del día.
La instalación de minas antipersonales copa los territorios étnicos. Los actores armados hacen presencia en los centros poblados de las comunidades imponiendo control social, político, territorial y económico, desconociendo los reglamentos internos, la autonomía y sistemas de gobierno de las comunidades. Especialmente los paramilitares exhiben su poderío militar en armas y hombres, siendo evidente que su abastecimiento lo hacen abiertamente por el río Atrato en embarcaciones tipo botes y pangas, en algunos casos con centenares de combatientes. Todo esto bajo la mirada impávida del control de la Fuerza Pública, en el Bajo y Medio Atrato.
Hoy, cuando las comunidades afros e indígenas en el municipio de Bojayá nos disponemos a recibir los restos mortales de nuestros seres queridos que fueron vilmente masacrados el fatídico Dos de Mayo de 2002 para darles cristiana sepultura, según nuestros ritos, usos y costumbres, se ciernen nuevamente sobre nuestros pueblos y territorios hechos amenazantes de desplazamientos, confinamientos, masacres, torturas, desapariciones, reclutamientos, violaciones que creíamos que podían ser superadas con la firma de un acuerdo de paz y la voluntad política del Gobierno para la construcción de una paz territorial estable y duradera y con garantías de no repetición Señor Presidente, con el fin de que Usted legitime que Colombia es un Estado Social de Derecho, le solicitamos con todo respeto que, como máximo jefe de las Fuerzas Militares de Colombia y Presidente de la República, honre el Acuerdo de Paz, implementándolo, de manera oportuna e integral, específicamente en lo relacionado con el capítulo étnico y brinde las garantías constitucionales al pueblo afro e indígena de Bojayá.
Esta misma situación la padecen numerosas comunidades étnicas y campesinas en muchas regiones del país, especialmente en la Costa Pacífica. Nos solidarizamos con los sufrimientos de todas estas comunidades y le insistimos, señor Presidente, que busque los mecanismos para que estos hechos no se repitan nunca más.
Atentamente,
+ Juan Carlos Barreto Barreto, Diócesis de Quibdó
Abid Manuel Romaña Mena, Foro Interétnico Solidaridad Chocó
Rosendo Blandón Córdoba, COCOMACIA
Pedro Luis Querágama Cheche, FEDEOREWA
Helfer Andrade Casamá, Mesa Indígena del Chocó