Vivir de milagro, la denuncia de excocaleros sin trabajo ni alimentos en Guaviare
Campesinos de 34 veredas de ese departamento interpusieron una tutela ante el Consejo de Estado para denunciar que además de violar su derecho al mínimo vital y a la vida digna, la Agencia de Renovación del Territorio les están cambiando las condiciones para cumplir el Programa de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito.
Natalia Romero Peñuela
El Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), creado por el Acuerdo de paz con las Farc, prometía que a los campesinos que arrancaran voluntariamente sus matas de coca se les daría un proyecto productivo legal que les permitiera obtener un sustento e ingreso mínimo. Pero eso no ha ocurrido en varias zonas del país, una de ellas Miraflores, Guaviare.
Fidel Rojas, campesino y presidente de la Asociación de Juntas de Acción Comunal de Miraflores, Guaviare, lo resume así: “la coca era la única economía que había en esta región en medio de la selva. El 90 % de los campesinos arrancamos las matas porque creímos en el Gobierno, que nos prometió un proyecto legal. Con las matas, arrancamos la panela, el arroz y el estudio de nuestros hijos. El Gobierno no nos cumplió y ahora nos está cambiando las condiciones”.
Le puede interesar: (En cifras) El problema de los cultivos de uso ilícito tras cinco años del Acuerdo
Estas y otras denuncias llegaron este viernes al Consejo de Estado por medio de una tutela presentada por los campesinos de 34 veredas de Miraflores -representados por el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar)-, contra la Presidencia, la Agencia de Renovación del Territorio y la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos. Según el documento, con los incumplimientos del programa, las entidades estarían violando los derechos fundamentales al debido proceso, la vida en condiciones dignas, la participación y el mínimo vital y principios constitucionales asociados a confianza legítima y principio de buena fe. Derechos que quería proteger el Acuerdo de paz.
De hecho, la tutela pone de presente que, desde que se planteó, el PNIS reconoció que la persistencia de cultivos ilícitos estaba ligada, además de organizaciones dedicadas al narcotráfico, “a la existencia de condiciones de pobreza, marginalidad, débil presencia institucional” en el campo. En efecto, el Decreto Ley 896 de 2017, con el que se creó el programa de sustitución, dice que este era necesario y urgente por “el grado de afectación derivado del conflicto, la debilidad de la institucionalidad administrativa y de la capacidad de gestión” y que “claramente, la situación de estos territorios implicaba la constante violación de derechos fundamentales de los ciudadanos”.
Incluso dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible la erradicación del hambre y la garantía de la seguridad alimentaria es uno de las metas a buscar para cumplir el derecho universal a no padecer de hambre. Y a la luz de lo que pasa con el PNIS, esa garantía aún no se le ha dado a muchos campesinos.
Precisamente por eso, el Acuerdo de paz no consideró el programa de sustitución únicamente como parte de un plan antidrogas, sino como un esfuerzo institucional para reducir las condiciones de desigualdad a las que han estado sujetos campesinos, indígenas y afros, “que encontraron en las economías ilícitas una forma de obtener recursos económicos en un contexto fuerte de marginación socioeconómica”.
El programa estaba planeado para 24 meses, que el Gobierno Duque amplió a 29. Pero, a tres días de que se cumplan 55 meses de la firma del Acuerdo Colectivo de Miraflores para la Sustitución Voluntaria, la mayoría de campesinos siguen sin alimento, trabajo o sustento fijo. Según las cifras oficiales del PNIS, 81 % de las 942 familias inscritas en este municipio no tienen aún proyectos legales.
Vivir ‘de milagro’
Si alguien le pregunta a Fidel Rojas de qué viven los campesinos ahora que arrancaron la coca, él automáticamente responde: “esa misma pregunta nos la hacemos todos los días nosotros”. “Y la verdad es que hay gente que vive de milagro. A la mayoría se les acabó lo que les quedaba del pancoger y ya no tienen lo necesario ni para mandar el hijo a la escuela. Y si lo mandan, no tienen qué comer. Estamos a merced del Estado”, añade.
La tutela recoge varias denuncias de afectaciones que ha dejado la falta de implementación del PNIS, incluso desde que se planteó en las regiones. Los campesinos dicen que los funcionarios les planteaban dos opciones: firmar y arrancar las matas o aceptar la erradicación forzada de la coca. Aceptaron firmar. La tutela llama la atención sobre un detalle de ese procedimiento: a ninguno de los campesinos que firmó el formulario de inscripción le entregaron copia de este.
“Eso fue una forma de erradicación forzada, nosotros quitamos la coca de nuestras tierras esperando que el Gobierno Nacional cumpliera con su parte, pero no cumplió”
El programa estaba dividido así: durante el primer año, luego de arrancar sus matas de coca, los campesinos recibirían 12 millones de pesos para asistencia alimentaria en seis pagos bimestrales. Además, 1 millón 800 mil pesos, en insumos para una huerta casera de seguridad alimentaria, y un proyecto productivo de “ciclo corto e ingreso rápido” por 9 millones de pesos. Durante el segundo año, recibirían un proyecto productivo de ciclo largo por hasta 10 millones de pesos; y todo el proceso tenía una asistencia técnica de 3 millones 200 mil de pesos.
Pero en Miraflores, el plan no se desarrolló completo ni en los tiempos establecidos. Aunque a 704 de los 708 cultivadores inscritos les pagaron los 12 millones de pesos, según las denuncias recogidas por el Cajar, hubo fallas en la huerta casera: los insumos no se entregaron en el primer año y los valores de estos fueron revisados por terceros, por lo que “los campesinos y campesinas manifiestan que hubo sobrecostos en la entrega” y denuncian que “los animales llegaban enfermos y otros muertos”.
En las imágenes se pueden ver dos de los testimonios.
Además, ninguno inició el proyecto de “ciclo corto e ingreso rápido” por 9 millones en el mismo año. Esto es grave, según el Cajar, porque “el sentido de combinar estas tres etapas en el primer año del programa era precisamente lograr, en un intervalo de tiempo corto, cimentar las primeras bases del reemplazo de la economía de la coca”.“Para el doctor Hernando Londoño (director del PNIS) no hay incumplimiento, sino retraso, porque según él tienen hasta 10 años para cumplirnos”, señaló Fidel Rojas.
Pero los excocaleros tienen otra preocupación: los presupuestos para los proyectos de ciclo corto y largo se planearon en 2016. Más de cinco años después, los precios han subido y los proyectos que imaginaron en esa época tendrían mayores costos ahora. Por esto, además del cumplimiento efectivo del programa y del establecimiento de un mínimo vital extraordinario para las familias en situación de vulnerabilidad afiliadas al PNIS, la tutela pide actualizar los valores de los proyectos al valor de la inflación del año 2022.
Uno de los testimonios recogidos por el Cajar denuncia que lo que hubo no fue un programa de sustitución “porque ningún cultivo sustituyó la coca”. “Eso fue una forma de erradicación forzada. Nosotros quitamos la coca de nuestras tierras esperando que el Gobierno Nacional cumpliera con su parte, pero no cumplió”, expresa.
Colombia+20 ha documentado las mismas denuncias en otros municipios de Guaviare, pero también en Antioquia, Caquetá y Córdoba. El Cajar tiene evidencias de que en Putumayo, Cauca y Nariño está sucediendo lo mismo.
Cambio en las condiciones
Una de las denuncias que más preocupa a los excocaleros del Guaviare es que no solo no les van a alcanzar los 9 millones para el proyecto productivo, sino que la Agencia de Renovación del Territorio (ART) les dijo en una reunión el 6 de agosto de 2021 que 2 millones tendrán que usarse para conseguir los derechos de uso sobre sus tierras por estar en zona de reserva forestal.
(Conozca un caso similar: Campesinos se sienten “tumbados” con contratos del Gobierno para zonas de reserva forestal)
La tutela reclama: “sin haber garantizado los espacios de participación trazados en el Acuerdo de paz, el Acuerdo Municipal y los Formularios de Vinculación, la ART decidió de manera intempestiva, luego de casi cuatro años de incumplimientos, crear nuevas condiciones a los núcleos familiares para acceder a los proyectos a corto y largo plazo”. Asojuntas pidió a la ART que les entreguen copia de las actas de esa reunión para verificar esa información, pero no se las han dado. Sin embargo, los campesinos insisten en que no aceptarán esas condiciones.
La tutela manifiesta una preocupación adicional. Varias de las familias denunciantes han perdido el acceso a subsidios que tenían por su vulnerabilidad porque aparecen como beneficiarios del PNIS. “Los campesinos manifiestan que a muchos les ha subido el puntaje del Sisbén a pesar de que hace tiempo no reciben ni un solo beneficio y en cambio si ven limitado su acceso a derechos sociales que les permiten suplir su alimentación día a día como los subsidios”.
Luisa Fernanda Cárdenas, concejal del municipio, dice que esto ha afectado en especial a los adultos mayores. “Da mucho dolor verlos. Por hacer parte de PNIS los sacaron de Colombia Mayor, porque se les subió el puntaje Sisbén. Y esa era su fuente de sostenimiento”. Ahora, dice, están sin coca, sin proyectos y sin subsidios para su sostenimiento.
El Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), creado por el Acuerdo de paz con las Farc, prometía que a los campesinos que arrancaran voluntariamente sus matas de coca se les daría un proyecto productivo legal que les permitiera obtener un sustento e ingreso mínimo. Pero eso no ha ocurrido en varias zonas del país, una de ellas Miraflores, Guaviare.
Fidel Rojas, campesino y presidente de la Asociación de Juntas de Acción Comunal de Miraflores, Guaviare, lo resume así: “la coca era la única economía que había en esta región en medio de la selva. El 90 % de los campesinos arrancamos las matas porque creímos en el Gobierno, que nos prometió un proyecto legal. Con las matas, arrancamos la panela, el arroz y el estudio de nuestros hijos. El Gobierno no nos cumplió y ahora nos está cambiando las condiciones”.
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Estas y otras denuncias llegaron este viernes al Consejo de Estado por medio de una tutela presentada por los campesinos de 34 veredas de Miraflores -representados por el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar)-, contra la Presidencia, la Agencia de Renovación del Territorio y la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos. Según el documento, con los incumplimientos del programa, las entidades estarían violando los derechos fundamentales al debido proceso, la vida en condiciones dignas, la participación y el mínimo vital y principios constitucionales asociados a confianza legítima y principio de buena fe. Derechos que quería proteger el Acuerdo de paz.
De hecho, la tutela pone de presente que, desde que se planteó, el PNIS reconoció que la persistencia de cultivos ilícitos estaba ligada, además de organizaciones dedicadas al narcotráfico, “a la existencia de condiciones de pobreza, marginalidad, débil presencia institucional” en el campo. En efecto, el Decreto Ley 896 de 2017, con el que se creó el programa de sustitución, dice que este era necesario y urgente por “el grado de afectación derivado del conflicto, la debilidad de la institucionalidad administrativa y de la capacidad de gestión” y que “claramente, la situación de estos territorios implicaba la constante violación de derechos fundamentales de los ciudadanos”.
Incluso dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible la erradicación del hambre y la garantía de la seguridad alimentaria es uno de las metas a buscar para cumplir el derecho universal a no padecer de hambre. Y a la luz de lo que pasa con el PNIS, esa garantía aún no se le ha dado a muchos campesinos.
Precisamente por eso, el Acuerdo de paz no consideró el programa de sustitución únicamente como parte de un plan antidrogas, sino como un esfuerzo institucional para reducir las condiciones de desigualdad a las que han estado sujetos campesinos, indígenas y afros, “que encontraron en las economías ilícitas una forma de obtener recursos económicos en un contexto fuerte de marginación socioeconómica”.
El programa estaba planeado para 24 meses, que el Gobierno Duque amplió a 29. Pero, a tres días de que se cumplan 55 meses de la firma del Acuerdo Colectivo de Miraflores para la Sustitución Voluntaria, la mayoría de campesinos siguen sin alimento, trabajo o sustento fijo. Según las cifras oficiales del PNIS, 81 % de las 942 familias inscritas en este municipio no tienen aún proyectos legales.
Vivir ‘de milagro’
Si alguien le pregunta a Fidel Rojas de qué viven los campesinos ahora que arrancaron la coca, él automáticamente responde: “esa misma pregunta nos la hacemos todos los días nosotros”. “Y la verdad es que hay gente que vive de milagro. A la mayoría se les acabó lo que les quedaba del pancoger y ya no tienen lo necesario ni para mandar el hijo a la escuela. Y si lo mandan, no tienen qué comer. Estamos a merced del Estado”, añade.
La tutela recoge varias denuncias de afectaciones que ha dejado la falta de implementación del PNIS, incluso desde que se planteó en las regiones. Los campesinos dicen que los funcionarios les planteaban dos opciones: firmar y arrancar las matas o aceptar la erradicación forzada de la coca. Aceptaron firmar. La tutela llama la atención sobre un detalle de ese procedimiento: a ninguno de los campesinos que firmó el formulario de inscripción le entregaron copia de este.
“Eso fue una forma de erradicación forzada, nosotros quitamos la coca de nuestras tierras esperando que el Gobierno Nacional cumpliera con su parte, pero no cumplió”
El programa estaba dividido así: durante el primer año, luego de arrancar sus matas de coca, los campesinos recibirían 12 millones de pesos para asistencia alimentaria en seis pagos bimestrales. Además, 1 millón 800 mil pesos, en insumos para una huerta casera de seguridad alimentaria, y un proyecto productivo de “ciclo corto e ingreso rápido” por 9 millones de pesos. Durante el segundo año, recibirían un proyecto productivo de ciclo largo por hasta 10 millones de pesos; y todo el proceso tenía una asistencia técnica de 3 millones 200 mil de pesos.
Pero en Miraflores, el plan no se desarrolló completo ni en los tiempos establecidos. Aunque a 704 de los 708 cultivadores inscritos les pagaron los 12 millones de pesos, según las denuncias recogidas por el Cajar, hubo fallas en la huerta casera: los insumos no se entregaron en el primer año y los valores de estos fueron revisados por terceros, por lo que “los campesinos y campesinas manifiestan que hubo sobrecostos en la entrega” y denuncian que “los animales llegaban enfermos y otros muertos”.
En las imágenes se pueden ver dos de los testimonios.
Además, ninguno inició el proyecto de “ciclo corto e ingreso rápido” por 9 millones en el mismo año. Esto es grave, según el Cajar, porque “el sentido de combinar estas tres etapas en el primer año del programa era precisamente lograr, en un intervalo de tiempo corto, cimentar las primeras bases del reemplazo de la economía de la coca”.“Para el doctor Hernando Londoño (director del PNIS) no hay incumplimiento, sino retraso, porque según él tienen hasta 10 años para cumplirnos”, señaló Fidel Rojas.
Pero los excocaleros tienen otra preocupación: los presupuestos para los proyectos de ciclo corto y largo se planearon en 2016. Más de cinco años después, los precios han subido y los proyectos que imaginaron en esa época tendrían mayores costos ahora. Por esto, además del cumplimiento efectivo del programa y del establecimiento de un mínimo vital extraordinario para las familias en situación de vulnerabilidad afiliadas al PNIS, la tutela pide actualizar los valores de los proyectos al valor de la inflación del año 2022.
Uno de los testimonios recogidos por el Cajar denuncia que lo que hubo no fue un programa de sustitución “porque ningún cultivo sustituyó la coca”. “Eso fue una forma de erradicación forzada. Nosotros quitamos la coca de nuestras tierras esperando que el Gobierno Nacional cumpliera con su parte, pero no cumplió”, expresa.
Colombia+20 ha documentado las mismas denuncias en otros municipios de Guaviare, pero también en Antioquia, Caquetá y Córdoba. El Cajar tiene evidencias de que en Putumayo, Cauca y Nariño está sucediendo lo mismo.
Cambio en las condiciones
Una de las denuncias que más preocupa a los excocaleros del Guaviare es que no solo no les van a alcanzar los 9 millones para el proyecto productivo, sino que la Agencia de Renovación del Territorio (ART) les dijo en una reunión el 6 de agosto de 2021 que 2 millones tendrán que usarse para conseguir los derechos de uso sobre sus tierras por estar en zona de reserva forestal.
(Conozca un caso similar: Campesinos se sienten “tumbados” con contratos del Gobierno para zonas de reserva forestal)
La tutela reclama: “sin haber garantizado los espacios de participación trazados en el Acuerdo de paz, el Acuerdo Municipal y los Formularios de Vinculación, la ART decidió de manera intempestiva, luego de casi cuatro años de incumplimientos, crear nuevas condiciones a los núcleos familiares para acceder a los proyectos a corto y largo plazo”. Asojuntas pidió a la ART que les entreguen copia de las actas de esa reunión para verificar esa información, pero no se las han dado. Sin embargo, los campesinos insisten en que no aceptarán esas condiciones.
La tutela manifiesta una preocupación adicional. Varias de las familias denunciantes han perdido el acceso a subsidios que tenían por su vulnerabilidad porque aparecen como beneficiarios del PNIS. “Los campesinos manifiestan que a muchos les ha subido el puntaje del Sisbén a pesar de que hace tiempo no reciben ni un solo beneficio y en cambio si ven limitado su acceso a derechos sociales que les permiten suplir su alimentación día a día como los subsidios”.
Luisa Fernanda Cárdenas, concejal del municipio, dice que esto ha afectado en especial a los adultos mayores. “Da mucho dolor verlos. Por hacer parte de PNIS los sacaron de Colombia Mayor, porque se les subió el puntaje Sisbén. Y esa era su fuente de sostenimiento”. Ahora, dice, están sin coca, sin proyectos y sin subsidios para su sostenimiento.