“El ELN debe hacer el compromiso público de desinstalar las minas antipersonal”: Miguel Ceballos

El 4 de abril es el Día Internacional para la Sensibilización contra las Minas Antipersonal, conmemoración estipulada por las Naciones Unidas para evidenciar en todo el mundo las consecuencias del uso indiscriminado de estos artefactos explosivos. 

Colombia continúa siendo el segundo país con mayor número de víctimas de minas antipersonal a nivel mundial, solo superado por Afganistán. Desde 1990 hasta el 31 de marzo del 2020, de acuerdo con cifras oficiales, se han registrado 11.841 víctimas. Por eso, en el país hay más de diez organizaciones de carácter civil nacionales e internacionales y una Brigada de Desminado Humanitario del Ejército que se han encargado de despejar territorios con presencia de minas. Sin embargo, el reto es grande. 

Según el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en Colombia hay vigentes cinco conflictos armados con distintos grupos, como el ELN, Clan del Golfo, EPL, disidencias de las Farc y el enfrentamiento entre el EPL y el ELN en la zona del Catatumbo. Además, el jefe de la delegación del CICR en Colombia, Christoph Harnisch, aseguró que hubo casi una víctima al día de artefactos explosivos y minas antipersonal en Colombia en el 2019. En total fueron 352 personas afectadas.

Ante esta problemática Miguel Ceballos, alto comisionado para la Paz y director del Programa de Desminado Humanitario en el país habló con Colombia2020 sobre los esfuerzos del gobierno para evitar más accidentes con minas antipersonal y cómo se está llevando a cabo la atención a las víctimas de este hecho. Ante la declaratoria del cese del fuego por el ELN ante la emergencia del coronavirus, Ceballos aseguró es insuficiente si no viene acompañado de un compromiso público de desinstalar las minas que han sembrado.

En lo que va de 2020, ¿cuántas víctimas de minas antipersonal se han registrado? 

Ya llevamos desafortunadamente 37 víctimas.El año pasado sumamos un total de 111; en 2018, 178, y en el 2017 fueron 57. Vimos que después de la firma del acuerdo de paz hubo un periodo inicial donde el número de accidentes por minas antipersonal bajó, pero tristemente muchos de los espacios que tenían controlados las Farc empezaron a ser cooptados por otros grupos armados que comenzaron a instalar nuevas minas. 

¿Cuál es el trabajo que está realizando el Gobierno Nacional para evitar el aumento de más víctimas?

De las 11.841 víctimas de minas antipersonal en el país, el 61% son personas de la fuerza pública y el 39% son civiles. Un dato que es muy estremecedor es que de estas once mil víctimas 2.305 murieron y de ellas, 255 eran menores de edad. Esto no puede seguir sucediendo, por eso el gobierno colombiano ha intensificado la labor de lucha contra las minas antipersonales desde dos puntos de vista. El primero, a través del fortalecimiento del desminado humanitario con la Brigada de Desminado Humanitario del Ejército, que está desarmada y con unos parámetros distintos a los de la fuerza pública, y con diez organizaciones de carácter civil. Esto ha permitido que por primera vez en la historia de un país un gobierno pueda entregar en menos de 16 meses 113 municipios libres de sospecha de minas antipersonal, entregados por el presidente Iván Duque. Como meta este año queremos entregar otros 36. 

El número de municipios que en total han sido declarados como libres de minas antipersonal asciende a 391. Hay 165 que aún no pueden ser intervenidos por la presencia de grupos armados como el ELN, el Clan del Golfo, las disidencias de las Farc, tanto las de Iván Márquez como las de Gentil Duarte y grupos como Los Pelusos y Los Caparros. 

¿Los municipios declarados libres de minas antipersonal en qué departamentos están?

Los más afectados y donde hemos puesto mayor atención son Caquetá, Nariño, Norte de Santander, Chocó, Cauca, Putumayo y lo que se conoce como el Bajo Cauca Antioqueño. Ahí hemos intensificado las labores de desminado humanitario y nos ha arrojado estos buenos resultados. Quiero aclarar que donde nosotros hemos declarado municipios libres de sospecha de minas no han vuelto a ocurrir accidentes. 

¿Cuántas de las tierras que antes tenían minas han sido devueltas a sus dueños o a las comunidades? 

Todo el programa de Restitución de Tierras necesita una certificación de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, con Descontamina Colombia, para que esas tierras puedan ser devueltas a sus propietarios. La entrega de los títulos afortunadamente ha venido acelerándose a través de la Agencia Nacional de Tierras en los últimos meses. No tengo la cifra exacta, pero es un número creciente de títulos de propiedad que están siendo entregados principalmente en zonas rurales para permitirle al campesino o al desplazado retornar a sus parcelas para que puedan desarrollar de nuevo sus proyectos de vida. 
Esto también ha implicado el despeje de zonas de resguardos indígenas y de consejos comunitarios de afrodescendientes. 

En 165 municipios no se podido hacer el desminado. ¿Cuáles son?

La razón principal de que no hayan podido descontaminarse estos municipios es por la presencia de actores armados. Hay un factor relacionado también y es la presencia de dos economías ilícitas: los cultivos ilícitos de la coca y la minería de extracción ilícita. Hay una coincidencia histórica en los corredores de movilidad de los grupos armados y los lugares donde todavía existe el desafío de poder hacer desminado humanitario, pero no por eso se deja de hacer el desminado militar, que se hace cuando no hay esas condiciones de seguridad. 

Los departamentos donde están estos municipios son la zona del Catatumbo, el sur de Bolívar, el Bajo Cauca Antioqueño y sur de Córdoba, Chocó, Cauca, Nariño y Putumayo. 

¿Cómo ha sido la articulación con los programas de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito o con la erradicación forzada? 

Hay gran coordinación con la Consejería para la Estabilización y la Consolidación, que es la encargada de la implementación de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (Pdet). En cada uno de los 170 municipios Pdet hay una alta coordinación con la labor del desminado. La otra es con la Agencia Nacional de Tierras ya que, como dije antes, no es posible ningún título de restitución si previamente no se ha verificado que el territorio esté libre de minas antipersonales. 

(Le puede interesar: Cuidar y educar, la historia detrás de la explosión de una mina antipersonal)

En un evento de Colombia2020 aseguró que dentro de la prórroga a la Ley de Víctimas se va a mejorar la atención para las víctimas de minas antipersonal y a sus cuidadores. ¿Cuáles serán estas mejoras? 

Dentro de la filosofía de la prórroga de la ley está hacer mayor énfasis en la necesidad de la atención integral a la familia de una víctima de minas antipersonal. La víctima es quien sufre en carne propia la afectación de la mina, pero también toda la familia en sus hábitos y necesidades económicas y psicosociales, por lo tanto, la filosofía de incluir en esa prórroga de la Ley de Víctimas una atención a los cuidadores y la familia será una prioridad. 

¿Y la atención psicosocial también será una prioridad? 

La atención de las víctimas tiene varias etapas. La primera parte es salvar la vida de la persona y ahí interviene todo el Estado, pero es también responsabilidad del nivel municipal. Después se hace un acompañamiento en el tratamiento, pero insisto en que es corresponsabilidad de las instancias regionales. Posteriormente sigue siendo una prioridad el acompañamiento psicosocial. Este se hace a través de la colaboración de muchas entidades del sector privado y la sociedad civil y el Sistema Nacional de Salud, obviamente con sus retos a nivel regional. 

¿Pero en municipios donde no hay un buen sistema de salud qué pasa? 

En ese caso se recurre a que el Sistema de Salud Departamental atienda a estas personas para que las remita a hospitales de categoría superior. Ahí hay grandes retos, pero se cuenta con una colaboración activa de entidades de la sociedad civil. Hay fundaciones como la Restrepo Barco que han venido especializándose en el acompañamiento a las víctimas y trabajan en conjunto con el gobierno nacional. Con ellos también hacemos algo importantísimo que es la educación en el riesgo de minas. Venimos fortaleciendo a las asociaciones de víctimas de minas antipersonal a través del financiamiento de actividades que también incluyen el componente psicosocial y la educación en el riesgo de minas. Estamos trabajando con 14 organizaciones de la sociedad civil que incluyen organizaciones indígenas y afrodescendientes. 

¿Cómo va la solicitud de prórroga de la Convención de Ottawa?

Este año estamos solicitando una prórroga para que durante un periodo de cinco años, hasta 2025, más Colombia pueda avanzar en la limpieza de esos territorios de minas antipersonal. Se presentará formalmente en junio de esta año, pero ya se envío el documento preliminar el 31 de marzo de acuerdo con los requisitos de la propia convención y fue elaborado de manera conjunta con todos los operadores civiles de desminado en el país y consultado con todos los países donantes que apoyan el desminado en Colombia. Ese documento se convertirá antes de que se acabe este año en un Conpes. 

(Lea: Los desafíos que tiene Colombia para seguir cumpliendo con la Convención de Ottawa)

Como mencionó, el ELN es uno de los actores armados que continúan instalando minas. Dentro de este escenario del cese del fuego y la importancia de que no hayan más víctimas, ¿se podría dialogar con ellos ese compromiso de dejar de usar estos artefactos?

Nosotros hemos dicho que ese cese del fuego será insuficiente si no va acompañado con otros tipo de actos. El ELN en estos momentos de pandemia por el coronavirus no puede seguir instalando minas antipersonal porque eso impide que los campesinos puedan llegar a sus parcelas. En ese contexto no resulta justificable de ninguna manera que se continúen instalando minas, por eso les exigimos un compromiso público de desinstalar las minas especialmente donde hay afectación del agro colombiano. 

También es muy importante que ese cese al fuego implique dos conductas fundamentales: la entrega de los menores de edad reclutados por ellos y la entrega de los secuestrados, de lo contrario sería un cese al fuego solo de palabra. 

Ya se firmó el convenio con Naciones Unidas para que el equipo de desminado de la exguerrila de las Farc, Humanicemos DH, empiece a funcionar. ¿Qué falta para que eso ocurra y usted qué opina de que sean ellos los que se sumen a esta labor humanitaria?

Hemos hecho un gran esfuerzo conjunto con la Unión Europea y Unmas, la unidad de desminado humanitario de las Naciones Unidas, para que sea una realidad este proyecto. Como comisonado de paz y corresponsable de la implementación de los acuerdos veo con gran satisfacción que este es un ejemplo mundial en el cual personas que participaron precisamente en la instalación de las minas ahora sean las encargadas del desminado humanitario. Estamos en la etapa final de la certificación de cada uno de los desminadores, que la hará Unmas en un periodo de tiempo que calculamos no vaya más allá de dos meses, obviamente teniendo en cuenta los retos que tiene el aislamiento obligatorio por el coronavirus. Después vendrá el monitoreo que hará esta entidad dentro de los dos años siguienes. Estamos seguros de que Humanicemos será una estancia supremamente exitosa, no solamente por las labores de desminado que va a realizar sino por la simbología que implica como parte de la implementación del acuerdo de paz. 

El 4 de abril es el Día Internacional para la Sensibilización contra las Minas Antipersonal, conmemoración estipulada por las Naciones Unidas para evidenciar en todo el mundo las consecuencias del uso indiscriminado de estos artefactos explosivos. 

Colombia continúa siendo el segundo país con mayor número de víctimas de minas antipersonal a nivel mundial, solo superado por Afganistán. Desde 1990 hasta el 31 de marzo del 2020, de acuerdo con cifras oficiales, se han registrado 11.841 víctimas. Por eso, en el país hay más de diez organizaciones de carácter civil nacionales e internacionales y una Brigada de Desminado Humanitario del Ejército que se han encargado de despejar territorios con presencia de minas. Sin embargo, el reto es grande. 

Según el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en Colombia hay vigentes cinco conflictos armados con distintos grupos, como el ELN, Clan del Golfo, EPL, disidencias de las Farc y el enfrentamiento entre el EPL y el ELN en la zona del Catatumbo. Además, el jefe de la delegación del CICR en Colombia, Christoph Harnisch, aseguró que hubo casi una víctima al día de artefactos explosivos y minas antipersonal en Colombia en el 2019. En total fueron 352 personas afectadas.

Ante esta problemática Miguel Ceballos, alto comisionado para la Paz y director del Programa de Desminado Humanitario en el país habló con Colombia2020 sobre los esfuerzos del gobierno para evitar más accidentes con minas antipersonal y cómo se está llevando a cabo la atención a las víctimas de este hecho. Ante la declaratoria del cese del fuego por el ELN ante la emergencia del coronavirus, Ceballos aseguró es insuficiente si no viene acompañado de un compromiso público de desinstalar las minas que han sembrado.

En lo que va de 2020, ¿cuántas víctimas de minas antipersonal se han registrado? 

Ya llevamos desafortunadamente 37 víctimas.El año pasado sumamos un total de 111; en 2018, 178, y en el 2017 fueron 57. Vimos que después de la firma del acuerdo de paz hubo un periodo inicial donde el número de accidentes por minas antipersonal bajó, pero tristemente muchos de los espacios que tenían controlados las Farc empezaron a ser cooptados por otros grupos armados que comenzaron a instalar nuevas minas. 

¿Cuál es el trabajo que está realizando el Gobierno Nacional para evitar el aumento de más víctimas?

De las 11.841 víctimas de minas antipersonal en el país, el 61% son personas de la fuerza pública y el 39% son civiles. Un dato que es muy estremecedor es que de estas once mil víctimas 2.305 murieron y de ellas, 255 eran menores de edad. Esto no puede seguir sucediendo, por eso el gobierno colombiano ha intensificado la labor de lucha contra las minas antipersonales desde dos puntos de vista. El primero, a través del fortalecimiento del desminado humanitario con la Brigada de Desminado Humanitario del Ejército, que está desarmada y con unos parámetros distintos a los de la fuerza pública, y con diez organizaciones de carácter civil. Esto ha permitido que por primera vez en la historia de un país un gobierno pueda entregar en menos de 16 meses 113 municipios libres de sospecha de minas antipersonal, entregados por el presidente Iván Duque. Como meta este año queremos entregar otros 36. 

El número de municipios que en total han sido declarados como libres de minas antipersonal asciende a 391. Hay 165 que aún no pueden ser intervenidos por la presencia de grupos armados como el ELN, el Clan del Golfo, las disidencias de las Farc, tanto las de Iván Márquez como las de Gentil Duarte y grupos como Los Pelusos y Los Caparros. 

¿Los municipios declarados libres de minas antipersonal en qué departamentos están?

Los más afectados y donde hemos puesto mayor atención son Caquetá, Nariño, Norte de Santander, Chocó, Cauca, Putumayo y lo que se conoce como el Bajo Cauca Antioqueño. Ahí hemos intensificado las labores de desminado humanitario y nos ha arrojado estos buenos resultados. Quiero aclarar que donde nosotros hemos declarado municipios libres de sospecha de minas no han vuelto a ocurrir accidentes. 

¿Cuántas de las tierras que antes tenían minas han sido devueltas a sus dueños o a las comunidades? 

Todo el programa de Restitución de Tierras necesita una certificación de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, con Descontamina Colombia, para que esas tierras puedan ser devueltas a sus propietarios. La entrega de los títulos afortunadamente ha venido acelerándose a través de la Agencia Nacional de Tierras en los últimos meses. No tengo la cifra exacta, pero es un número creciente de títulos de propiedad que están siendo entregados principalmente en zonas rurales para permitirle al campesino o al desplazado retornar a sus parcelas para que puedan desarrollar de nuevo sus proyectos de vida. 
Esto también ha implicado el despeje de zonas de resguardos indígenas y de consejos comunitarios de afrodescendientes. 

En 165 municipios no se podido hacer el desminado. ¿Cuáles son?

La razón principal de que no hayan podido descontaminarse estos municipios es por la presencia de actores armados. Hay un factor relacionado también y es la presencia de dos economías ilícitas: los cultivos ilícitos de la coca y la minería de extracción ilícita. Hay una coincidencia histórica en los corredores de movilidad de los grupos armados y los lugares donde todavía existe el desafío de poder hacer desminado humanitario, pero no por eso se deja de hacer el desminado militar, que se hace cuando no hay esas condiciones de seguridad. 

Los departamentos donde están estos municipios son la zona del Catatumbo, el sur de Bolívar, el Bajo Cauca Antioqueño y sur de Córdoba, Chocó, Cauca, Nariño y Putumayo. 

¿Cómo ha sido la articulación con los programas de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito o con la erradicación forzada? 

Hay gran coordinación con la Consejería para la Estabilización y la Consolidación, que es la encargada de la implementación de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (Pdet). En cada uno de los 170 municipios Pdet hay una alta coordinación con la labor del desminado. La otra es con la Agencia Nacional de Tierras ya que, como dije antes, no es posible ningún título de restitución si previamente no se ha verificado que el territorio esté libre de minas antipersonales. 

(Le puede interesar: Cuidar y educar, la historia detrás de la explosión de una mina antipersonal)

En un evento de Colombia2020 aseguró que dentro de la prórroga a la Ley de Víctimas se va a mejorar la atención para las víctimas de minas antipersonal y a sus cuidadores. ¿Cuáles serán estas mejoras? 

Dentro de la filosofía de la prórroga de la ley está hacer mayor énfasis en la necesidad de la atención integral a la familia de una víctima de minas antipersonal. La víctima es quien sufre en carne propia la afectación de la mina, pero también toda la familia en sus hábitos y necesidades económicas y psicosociales, por lo tanto, la filosofía de incluir en esa prórroga de la Ley de Víctimas una atención a los cuidadores y la familia será una prioridad. 

¿Y la atención psicosocial también será una prioridad? 

La atención de las víctimas tiene varias etapas. La primera parte es salvar la vida de la persona y ahí interviene todo el Estado, pero es también responsabilidad del nivel municipal. Después se hace un acompañamiento en el tratamiento, pero insisto en que es corresponsabilidad de las instancias regionales. Posteriormente sigue siendo una prioridad el acompañamiento psicosocial. Este se hace a través de la colaboración de muchas entidades del sector privado y la sociedad civil y el Sistema Nacional de Salud, obviamente con sus retos a nivel regional. 

¿Pero en municipios donde no hay un buen sistema de salud qué pasa? 

En ese caso se recurre a que el Sistema de Salud Departamental atienda a estas personas para que las remita a hospitales de categoría superior. Ahí hay grandes retos, pero se cuenta con una colaboración activa de entidades de la sociedad civil. Hay fundaciones como la Restrepo Barco que han venido especializándose en el acompañamiento a las víctimas y trabajan en conjunto con el gobierno nacional. Con ellos también hacemos algo importantísimo que es la educación en el riesgo de minas. Venimos fortaleciendo a las asociaciones de víctimas de minas antipersonal a través del financiamiento de actividades que también incluyen el componente psicosocial y la educación en el riesgo de minas. Estamos trabajando con 14 organizaciones de la sociedad civil que incluyen organizaciones indígenas y afrodescendientes. 

¿Cómo va la solicitud de prórroga de la Convención de Ottawa?

Este año estamos solicitando una prórroga para que durante un periodo de cinco años, hasta 2025, más Colombia pueda avanzar en la limpieza de esos territorios de minas antipersonal. Se presentará formalmente en junio de esta año, pero ya se envío el documento preliminar el 31 de marzo de acuerdo con los requisitos de la propia convención y fue elaborado de manera conjunta con todos los operadores civiles de desminado en el país y consultado con todos los países donantes que apoyan el desminado en Colombia. Ese documento se convertirá antes de que se acabe este año en un Conpes. 

(Lea: Los desafíos que tiene Colombia para seguir cumpliendo con la Convención de Ottawa)

Como mencionó, el ELN es uno de los actores armados que continúan instalando minas. Dentro de este escenario del cese del fuego y la importancia de que no hayan más víctimas, ¿se podría dialogar con ellos ese compromiso de dejar de usar estos artefactos?

Nosotros hemos dicho que ese cese del fuego será insuficiente si no va acompañado con otros tipo de actos. El ELN en estos momentos de pandemia por el coronavirus no puede seguir instalando minas antipersonal porque eso impide que los campesinos puedan llegar a sus parcelas. En ese contexto no resulta justificable de ninguna manera que se continúen instalando minas, por eso les exigimos un compromiso público de desinstalar las minas especialmente donde hay afectación del agro colombiano. 

También es muy importante que ese cese al fuego implique dos conductas fundamentales: la entrega de los menores de edad reclutados por ellos y la entrega de los secuestrados, de lo contrario sería un cese al fuego solo de palabra. 

Ya se firmó el convenio con Naciones Unidas para que el equipo de desminado de la exguerrila de las Farc, Humanicemos DH, empiece a funcionar. ¿Qué falta para que eso ocurra y usted qué opina de que sean ellos los que se sumen a esta labor humanitaria?

Hemos hecho un gran esfuerzo conjunto con la Unión Europea y Unmas, la unidad de desminado humanitario de las Naciones Unidas, para que sea una realidad este proyecto. Como comisonado de paz y corresponsable de la implementación de los acuerdos veo con gran satisfacción que este es un ejemplo mundial en el cual personas que participaron precisamente en la instalación de las minas ahora sean las encargadas del desminado humanitario. Estamos en la etapa final de la certificación de cada uno de los desminadores, que la hará Unmas en un periodo de tiempo que calculamos no vaya más allá de dos meses, obviamente teniendo en cuenta los retos que tiene el aislamiento obligatorio por el coronavirus. Después vendrá el monitoreo que hará esta entidad dentro de los dos años siguienes. Estamos seguros de que Humanicemos será una estancia supremamente exitosa, no solamente por las labores de desminado que va a realizar sino por la simbología que implica como parte de la implementación del acuerdo de paz.