En El Tandil, Tumaco, los profesores los paga la coca

Agarrado a una moto que brincaba más de lo que rodaba le dije al conductor “está dura la carretera”. Me respondió entusiasmado y con tono jocoso: “lo que está es buenísima, a veces se pone peor”. Estamos andando por una trocha que lleva a la vereda El Tandil, en Tumaco (Nariño), cuyo nombre resonó en prensa debido a la masacre perpetrada hace dos años, en la cual fueron asesinados siete campesinos. Acá el abandono estatal da para tanto que, según cuentan los pobladores, ese camino fue construido con las Farc (autoridad en la zona durante muchos años) en 2016, antes de que dejaran las armas: la exguerrilla puso la maquinaria y las comunidades costearon el combustible. Gracias a esa intervención el recorrido en moto dura media hora.

Al llegar a nuestro destino encontramos con una realidad más triste que la de la “carretera”: la escuela. En una estructura construida la mitad de madera y la otra mitad de concreto estudian 25 niños. Esa sede educativa fue levantada por la misma comunidad, lo dicen a la vez con orgullo y como un reclamo porque no tuvieron apoyo estatal. Relata Elier Martínez, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda, que hacia el 2000 llegó una corporación llamada Sueños del Pacífico que empezó a construir el colegio con el compromiso de entregarlo completo, pero sólo dejaron en pie las paredes. “En 2016 la comunidad tomó la determinación de adecuarla, pegarle el techo y hace tres años está en funcionamiento”, cuenta.

En la sede El Tandil, de la Institución Educativa Vallenato, se imparte educación de los grados primero hasta quinto. Al llegar se ve un cartel que dice “Bienbenidos” (sic) y en una silla hay un slogan, que reza: “Tumaco, la más educada del Pacífico”.

Se refería a los profesores. En la vereda hay dos auxiliares administrativos que cumplen la labor de docentes porque el municipio no ha nombrado a nadie en propiedad. Este año la Junta de Acción Comunal ha tenido que pagar los sueldos de esas personas en agosto, entre el 21 de febrero y el 21 de marzo y del 21 de junio al 31 de julio, como consta en los recibos de pago que conserva la organización. “Nuestros niños también son colombianos, también tienen derecho a la educación”, protesta la lideresa.

Ante la falta de docentes nombrados por la Secretaría de Educación de Tumaco, los padres de familia se reúnen para que sus hijos no se queden sin estudiar. “Nos preocupamos, hacemos actividades y nos esforzamos para pagar los profesores de nuestros bolsillos, para que nuestros niños no queden en la mitad del año botados prácticamente”, enfatiza la lideresa. Han hecho rifas, torneos de fútbol, ventas de empanadas, de maní, todo se han inventado. Cada mes que el Estado incumple su obligación de garantizar la contratación de los docentes, la comunidad tiene que reunir 2.800.000 pesos para pagarles a los dos auxiliares administrativos. A veces lo que se recauda en los eventos no alcanza, por lo que las familias que tienen a sus hijos estudiando en la escuela entregan entre 30.000 y 50.000 pesos. Además, en la institución educativa hay cinco niños indígenas subsidiados por los campesinos. “A ellos no se les pide el aporte sino que nosotros nos echamos un poquito más de cuota para cubrir la de esos niños porque sabemos que no tienen la forma de responder”, aseguró la lideresa.

El hecho de que cada familia tenga que dar una cuota significa que parte del sueldo de los profesores se paga con el dinero que deja la coca. Al preguntarle a Martínez cuántos nucleos familiares dependen de esa planta en El Tandil respondió “yo diría que todos”. A lado y lado de la carretera hay plantaciones. Según cuentan los campesinos es el único cultivo que les da para vivir. La cosecha se da cada tres meses, las ganancias que le quedan a una familia son de unos tres millones trimestrales. Según el líder, en esta zona nadie tiene más de cinco hectáreas sembradas.

La lideresa lamenta que su subsistencia dependa de ese cultivo ilegal, pero insiste en que “acá no hay otra alternativa, acá el Estado colombiano nunca ha llegado a decirnos que hay programas de inversión social para que podamos cambiar de cultivo”. Debido a la falta de vías, vivir de otro producto se hace casi imposible. Para comercializar otro tipo de producto, tocaría pagar un carro que lo transporte hasta el río, pagar un transporte que lo movilice por el afluente y un carro más que lo lleve al mercado más cercano en el casco urbano de Tumaco o en el corregimiento de Llorente. “Cuando lo vas a vender te ofrecen menos de lo que tú invertiste para sacarlo, entonces de qué te sirve trabajar un producto legal”, explica ella. Al Tandil no llegó el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito.

Vea también: Escuelas en ruinas y rodeadas de coca, así estudian en la cordillera de Nariño

“Sin los padres de familia allá no habría nada”, exalta Albert Ortiz, rector de la Institución Educativa Vallenato. Cuenta que el año pasado la sede de El Tandil llegó a atender solamente a seis niños luego de que habían tenido 46. Dice que eso se debió a que había una profesora que estaba mucho tiempo enferma (en la vereda no hay un puesto de salud) y muchas veces cancelaba las clases. Eso es un problema en una zona donde el orden público es tan frágil. En esta área hace presencia el frente Oliver Sinisterra, una disidencia de las Farc y ocasionalmente se registran combates con la Fuerza Pública. “El problema es que los docentes no están y quién va a mandar un hijo a una escuela donde no hay un profesor y donde no le garantizan educación ni un cuidado a su hijo. En el camino mientras va y viene por una sola hora de clase cualquier cosa le puede pasar”, ejemplifica la lideresa.

Al preguntarle al Secretario de Educación de Tumaco, Willian Valencia, por qué los padres de familia de El Tandil tienen que costear los profesores, respondió: “hay una problemática por temas de traslados en su mayoría por órdenes judiciales y otros son temas de salud del personal docente". Se refería a que el sistema judicial ha amparado los derechos de los docentes y ha ordenado traslados argumentando que son necesarios por salud o por amenazas que reciben de parte de los grupos armados que operan en la región.

Los campesinos están buscando recursos para pagarles a los profesores los meses de noviembre y los primeros días de diciembre, para los cuales no hay contratos. El 3 de octubre protestaron y lograron que delegados de la Alcaldía y la Secretaría se comprometieran a hacer un otrosí a los contratos para que los docentes puedan estar contratados hasta fin de año. “En la medida en que haya compromiso de todas las partes, claro, yo hago mi parte y el esfuerzo para garantizar la prestación del servicio”, dijo Valencia al preguntarle si podía garantizar que el otro año en El Tandil habrá maestros durante todo el periodo escolar.

A pesar de los esfuerzos de los campesinos hay barreras que sin apoyo son infranqueables. Ningún joven de El Tandil, cuya Junta de Acción Comunal obtuvo personería jurídica en 2003, ha logrado ir a la universidad. La lideresa tiene ese sueño para sus dos hijos, pero lo ve muy lejano.

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Deserción escolar y trabajo infantil

Las cifras de deserción escolar de la Institución Educativa Vallenato son la muestra de una tragedia. En 2016 a las 17 sedes de la escuela asistían 650 estudiantes, en 2019 tan sólo van a clases 288. El Tandil es tan sólo un retrato de lo que se vive en las demás escuelas que pertenecen a dicha institución. El rector Ortíz asegura que a la fecha diez sedes están sin profesores: Montañita, Muguí, Azúcar, El Tandil, Divorcio, Aduana 2, Alcuan, El María, Alto San Lorezo y Las Juntas. Señala que están “desmantelando” al colegio por las decisiones judiciales que ordenan traslados y por acciones “politiqueras” de la administración municipal para trasladar a los profesores a zonas urbanas. También influye la violencia que se vive en la región, en mayo de 2018 se cancelaron las clases debido a combates en las 17 veredas.

La deserción escolar ha llevado a que los niños estén trabajando. Eso lo confirmaron Martínez, la lideresa y Ortíz. “En las zonas donde hay coca (están trabajando) en esos cultivos, donde hay pesca están pescando”, cuenta el rector. Nadie sabe con exactitud cuántos niños trabajan en los cocales, pero se intuye que son decenas . Sobre las consecuencias del abandono de las escuelas en esa zona del país, Ortíz recalca que “si los niños no tienen maestros van a agarrar un rifle, las niñas a los 13 o 14 años se van a ir con un marido o simplemente van a estar raspando coca. Se va a exponer la vida de esos niños y no va a haber un futuro”.

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Valencia, el secretario de Educación, dice que “es inadmisible que haya chicos por fuera del sistema educativo. Daremos lo mejor de nosotros para dejar las condiciones para que los maestros estén en el aula”. Al preguntarle sobre las acciones de la administración municipal para garantizar el derecho a la educación afirma que están en "un plan de organización de la plata puesto que por diversos factores se ha visto afectada en el área rural”.

La Institución Educativa tampoco tiene cómo garantizar el bienestar de sus estudiantes. El rector se queja porque para el 2019 le dieron 10 millones de pesos con el fin de transportar a los estudiantes a las 17 sedes educativas. “Solamente para mover a los niños de la sede principal me cobran 4 millones 500 mil pesos al mes”, asegura.

Otra muestra de las pésimas condiciones es que en el aula de sistemas no hay ni un solo computador. En varias veredas de la zona la conexión a internet es nula. La barrera tecnológica ha sido tal que en El Tandil hasta 2016 pudieron conocer los teléfonos inteligentes, antes de ese año las Farc prohibían tener esos dispositivos por "seguridad".

Hay familias que han tenido la oportunidad de sacar a sus niños del territorio para que continúen con sus estudios. Sin embargo, esa opción también trae consecuencias en el seno familiar. “A la final eso lo que hace es fragmentar la familia porque está una parte en un lugar y otra en otro. Se va el papá a cuidarlo o se va la mamá y felices los cinco, se acabó esa familia”, señala Ortíz.

El mismo rector ofrece un diagnóstico de dónde están las fallas: “los padres viven entregados y comprometidos. Los estudiantes son muy respetuosos y muy inteligentes. Los profesores que están allá es porque realmente les gusta y ponen su granito de arena. Lo que no está funcionando en esta situación es la Secretaría de Educación de Tumaco, la alcaldía municipal, es el Estado”. En El Tandil y las otras 16 veredas esperan que el Estado solucione la peor de las violencias con la que han vivido durante décadas: el abandono. Por lo pronto, las manos de los niños en lugar de crear se están volviendo callosas por raspar la coca.

Agarrado a una moto que brincaba más de lo que rodaba le dije al conductor “está dura la carretera”. Me respondió entusiasmado y con tono jocoso: “lo que está es buenísima, a veces se pone peor”. Estamos andando por una trocha que lleva a la vereda El Tandil, en Tumaco (Nariño), cuyo nombre resonó en prensa debido a la masacre perpetrada hace dos años, en la cual fueron asesinados siete campesinos. Acá el abandono estatal da para tanto que, según cuentan los pobladores, ese camino fue construido con las Farc (autoridad en la zona durante muchos años) en 2016, antes de que dejaran las armas: la exguerrilla puso la maquinaria y las comunidades costearon el combustible. Gracias a esa intervención el recorrido en moto dura media hora.

Al llegar a nuestro destino encontramos con una realidad más triste que la de la “carretera”: la escuela. En una estructura construida la mitad de madera y la otra mitad de concreto estudian 25 niños. Esa sede educativa fue levantada por la misma comunidad, lo dicen a la vez con orgullo y como un reclamo porque no tuvieron apoyo estatal. Relata Elier Martínez, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda, que hacia el 2000 llegó una corporación llamada Sueños del Pacífico que empezó a construir el colegio con el compromiso de entregarlo completo, pero sólo dejaron en pie las paredes. “En 2016 la comunidad tomó la determinación de adecuarla, pegarle el techo y hace tres años está en funcionamiento”, cuenta.

En la sede El Tandil, de la Institución Educativa Vallenato, se imparte educación de los grados primero hasta quinto. Al llegar se ve un cartel que dice “Bienbenidos” (sic) y en una silla hay un slogan, que reza: “Tumaco, la más educada del Pacífico”.

Se refería a los profesores. En la vereda hay dos auxiliares administrativos que cumplen la labor de docentes porque el municipio no ha nombrado a nadie en propiedad. Este año la Junta de Acción Comunal ha tenido que pagar los sueldos de esas personas en agosto, entre el 21 de febrero y el 21 de marzo y del 21 de junio al 31 de julio, como consta en los recibos de pago que conserva la organización. “Nuestros niños también son colombianos, también tienen derecho a la educación”, protesta la lideresa.

Ante la falta de docentes nombrados por la Secretaría de Educación de Tumaco, los padres de familia se reúnen para que sus hijos no se queden sin estudiar. “Nos preocupamos, hacemos actividades y nos esforzamos para pagar los profesores de nuestros bolsillos, para que nuestros niños no queden en la mitad del año botados prácticamente”, enfatiza la lideresa. Han hecho rifas, torneos de fútbol, ventas de empanadas, de maní, todo se han inventado. Cada mes que el Estado incumple su obligación de garantizar la contratación de los docentes, la comunidad tiene que reunir 2.800.000 pesos para pagarles a los dos auxiliares administrativos. A veces lo que se recauda en los eventos no alcanza, por lo que las familias que tienen a sus hijos estudiando en la escuela entregan entre 30.000 y 50.000 pesos. Además, en la institución educativa hay cinco niños indígenas subsidiados por los campesinos. “A ellos no se les pide el aporte sino que nosotros nos echamos un poquito más de cuota para cubrir la de esos niños porque sabemos que no tienen la forma de responder”, aseguró la lideresa.

El hecho de que cada familia tenga que dar una cuota significa que parte del sueldo de los profesores se paga con el dinero que deja la coca. Al preguntarle a Martínez cuántos nucleos familiares dependen de esa planta en El Tandil respondió “yo diría que todos”. A lado y lado de la carretera hay plantaciones. Según cuentan los campesinos es el único cultivo que les da para vivir. La cosecha se da cada tres meses, las ganancias que le quedan a una familia son de unos tres millones trimestrales. Según el líder, en esta zona nadie tiene más de cinco hectáreas sembradas.

La lideresa lamenta que su subsistencia dependa de ese cultivo ilegal, pero insiste en que “acá no hay otra alternativa, acá el Estado colombiano nunca ha llegado a decirnos que hay programas de inversión social para que podamos cambiar de cultivo”. Debido a la falta de vías, vivir de otro producto se hace casi imposible. Para comercializar otro tipo de producto, tocaría pagar un carro que lo transporte hasta el río, pagar un transporte que lo movilice por el afluente y un carro más que lo lleve al mercado más cercano en el casco urbano de Tumaco o en el corregimiento de Llorente. “Cuando lo vas a vender te ofrecen menos de lo que tú invertiste para sacarlo, entonces de qué te sirve trabajar un producto legal”, explica ella. Al Tandil no llegó el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito.

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“Sin los padres de familia allá no habría nada”, exalta Albert Ortiz, rector de la Institución Educativa Vallenato. Cuenta que el año pasado la sede de El Tandil llegó a atender solamente a seis niños luego de que habían tenido 46. Dice que eso se debió a que había una profesora que estaba mucho tiempo enferma (en la vereda no hay un puesto de salud) y muchas veces cancelaba las clases. Eso es un problema en una zona donde el orden público es tan frágil. En esta área hace presencia el frente Oliver Sinisterra, una disidencia de las Farc y ocasionalmente se registran combates con la Fuerza Pública. “El problema es que los docentes no están y quién va a mandar un hijo a una escuela donde no hay un profesor y donde no le garantizan educación ni un cuidado a su hijo. En el camino mientras va y viene por una sola hora de clase cualquier cosa le puede pasar”, ejemplifica la lideresa.

Al preguntarle al Secretario de Educación de Tumaco, Willian Valencia, por qué los padres de familia de El Tandil tienen que costear los profesores, respondió: “hay una problemática por temas de traslados en su mayoría por órdenes judiciales y otros son temas de salud del personal docente". Se refería a que el sistema judicial ha amparado los derechos de los docentes y ha ordenado traslados argumentando que son necesarios por salud o por amenazas que reciben de parte de los grupos armados que operan en la región.

Los campesinos están buscando recursos para pagarles a los profesores los meses de noviembre y los primeros días de diciembre, para los cuales no hay contratos. El 3 de octubre protestaron y lograron que delegados de la Alcaldía y la Secretaría se comprometieran a hacer un otrosí a los contratos para que los docentes puedan estar contratados hasta fin de año. “En la medida en que haya compromiso de todas las partes, claro, yo hago mi parte y el esfuerzo para garantizar la prestación del servicio”, dijo Valencia al preguntarle si podía garantizar que el otro año en El Tandil habrá maestros durante todo el periodo escolar.

A pesar de los esfuerzos de los campesinos hay barreras que sin apoyo son infranqueables. Ningún joven de El Tandil, cuya Junta de Acción Comunal obtuvo personería jurídica en 2003, ha logrado ir a la universidad. La lideresa tiene ese sueño para sus dos hijos, pero lo ve muy lejano.

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Deserción escolar y trabajo infantil

Las cifras de deserción escolar de la Institución Educativa Vallenato son la muestra de una tragedia. En 2016 a las 17 sedes de la escuela asistían 650 estudiantes, en 2019 tan sólo van a clases 288. El Tandil es tan sólo un retrato de lo que se vive en las demás escuelas que pertenecen a dicha institución. El rector Ortíz asegura que a la fecha diez sedes están sin profesores: Montañita, Muguí, Azúcar, El Tandil, Divorcio, Aduana 2, Alcuan, El María, Alto San Lorezo y Las Juntas. Señala que están “desmantelando” al colegio por las decisiones judiciales que ordenan traslados y por acciones “politiqueras” de la administración municipal para trasladar a los profesores a zonas urbanas. También influye la violencia que se vive en la región, en mayo de 2018 se cancelaron las clases debido a combates en las 17 veredas.

La deserción escolar ha llevado a que los niños estén trabajando. Eso lo confirmaron Martínez, la lideresa y Ortíz. “En las zonas donde hay coca (están trabajando) en esos cultivos, donde hay pesca están pescando”, cuenta el rector. Nadie sabe con exactitud cuántos niños trabajan en los cocales, pero se intuye que son decenas . Sobre las consecuencias del abandono de las escuelas en esa zona del país, Ortíz recalca que “si los niños no tienen maestros van a agarrar un rifle, las niñas a los 13 o 14 años se van a ir con un marido o simplemente van a estar raspando coca. Se va a exponer la vida de esos niños y no va a haber un futuro”.

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Valencia, el secretario de Educación, dice que “es inadmisible que haya chicos por fuera del sistema educativo. Daremos lo mejor de nosotros para dejar las condiciones para que los maestros estén en el aula”. Al preguntarle sobre las acciones de la administración municipal para garantizar el derecho a la educación afirma que están en "un plan de organización de la plata puesto que por diversos factores se ha visto afectada en el área rural”.

La Institución Educativa tampoco tiene cómo garantizar el bienestar de sus estudiantes. El rector se queja porque para el 2019 le dieron 10 millones de pesos con el fin de transportar a los estudiantes a las 17 sedes educativas. “Solamente para mover a los niños de la sede principal me cobran 4 millones 500 mil pesos al mes”, asegura.

Otra muestra de las pésimas condiciones es que en el aula de sistemas no hay ni un solo computador. En varias veredas de la zona la conexión a internet es nula. La barrera tecnológica ha sido tal que en El Tandil hasta 2016 pudieron conocer los teléfonos inteligentes, antes de ese año las Farc prohibían tener esos dispositivos por "seguridad".

Hay familias que han tenido la oportunidad de sacar a sus niños del territorio para que continúen con sus estudios. Sin embargo, esa opción también trae consecuencias en el seno familiar. “A la final eso lo que hace es fragmentar la familia porque está una parte en un lugar y otra en otro. Se va el papá a cuidarlo o se va la mamá y felices los cinco, se acabó esa familia”, señala Ortíz.

El mismo rector ofrece un diagnóstico de dónde están las fallas: “los padres viven entregados y comprometidos. Los estudiantes son muy respetuosos y muy inteligentes. Los profesores que están allá es porque realmente les gusta y ponen su granito de arena. Lo que no está funcionando en esta situación es la Secretaría de Educación de Tumaco, la alcaldía municipal, es el Estado”. En El Tandil y las otras 16 veredas esperan que el Estado solucione la peor de las violencias con la que han vivido durante décadas: el abandono. Por lo pronto, las manos de los niños en lugar de crear se están volviendo callosas por raspar la coca.