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En el cementerio de Turbo, en el Urabá antioqueño, hay un número inusual de jóvenes que fueron enterrados antes de cumplir los 20 años. Hay una pared entera en cuyos nichos se ven los retratos de quienes han sido asesinados en el último par de años y que apenas habían nacido en los años 1999, 2000 o 2001. Según los habitantes de este municipio del Eje Bananero, al cementerio no paran de llegar, mes tras mes, los cuerpos de muchachos que han perdido la vida en medio de un enfrentamiento que viene cobrando víctimas en los barrios de la periferia de este municipio a orillas del río Atrato.
El 28 de febrero de 2018 circuló por una de las páginas de Internet más visitadas de esta zona del país un video del entierro masivo de un joven que había sido asesinado. Se llamaba Jean Carlos. “A mí me da berraquera que cada vez que vengamos al cementerio, vengamos a enterrar a un joven. Yo sé que no hay empleo en Turbo, yo sé que no hay estudio muchachos, pero el cuchillo, la pistola, el vicio no pueden ser la alternativa. La violencia no es el mejor camino”, reclamaba un líder en medio de la multitud. “Y le mandó un mensaje al señor alcalde Alejandro Abuchar: a esto hay que prestarle atención. Todos los días un muerto y el pueblo va quedando vacío”. En la grabación, el hombre exhortaba a los muchachos a salirse de lo que se había llevado a Jean Carlos: el enfrentamiento entre pandillas.
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En este municipio, ubicado al borde del Golfo de Urabá, tras la violencia que genera el control del narcotráfico por parte de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia -AGC- (grupo heredero del paramilitarismo, que se lleva las alertas tempranas y buena parte de los homicidios), está la que viene consumiendo a los más jóvenes entre las calles de lodo de los barrios como el Manuela Beltrán, Hoover Quintero, El Bosque, Santa Fe-La Playa o Brisas del Mar. En todo el Urabá antioqueño no hay un municipio con mayores índices de violencia que Turbo, que en 2018 doblegó en homicidios a sus vecinos Apartadó, Carepa o Chigorodó, alcanzando los 104 casos. Tampoco en ninguno de esos fueron asesinados tantos menores de edad: trece el año pasado. Más de uno por mes.
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En una esquina del barrio Manuela Beltrán hay una decena de muchachos que integran la “pandilla” del barrio. Ninguno tiene más de 22 años y dicen que el menor de ellos tiene dieciséis. Pero que, en otros barrios, el menor puede tener doce. Ninguno de ellos está estudiando. Uno solo cursó hasta primaria, otros fueron dejando las aulas durante el bachillerato. Los que rodean los veinte son los más curtidos y detallan cómo se enfrentan a machete de cuando en cuando con los de otras pandillas. Uno de ellos tiene las cicatrices que le dejaron tres disparos de arma de fuego hace dos años, y una que va desde la palma de la mano hasta parte de su antebrazo, que le dejó un ataque a machete a principios de este año. A otro, la pierna izquierda le acaba en la rodilla, porque un disparo que terminó en infección hizo que tuvieran que amputarle el resto.
“La mayoría de los que están allá acostados (en el cementerio) son de acá”, dice uno de ellos, que ha perdido a más de un amigo a manos de otros jóvenes que, como los de acá, no han tenido otra opción que la pandilla. El último de ellos murió en mayo de este año, cuando se rompió un “proceso de paz” que habían consolidado entre varios de estos grupos.
Aunque la sensación en Turbo es que el fenómeno entre los jóvenes está desbordado, para el alcalde, Alejandro Abuchar, la situación es de menores dimensiones. Consultado por Colombia2020, y en un escueto mensaje, aseguró que “en Turbo no hay pandillas. Aquí solo pelean dos grupitos de jóvenes en calidad de desplazados que tenemos detectados, pero el término pandillas es muy grande para ellos”.
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El Instituto Municipal para la Protección de la Niñez y la Juventud (Imupronj), la entidad de la Alcaldía que le hace seguimiento al tema, no niega que existan pandillas en el municipio, pero asegura que el fenómeno ha disminuido en relación con años anteriores. Según dijo su directora, Silvia Chaverra, para 2017 en el municipio había alrededor de 17 pandillas activas, mientras que en la actualidad tienen registro de no más de cinco. Dice que cerca del 90 % de quienes integran esos grupos no está escolarizado.
El profesor Marcos Valencia lleva más de dos décadas impartiendo clases en las aulas de algunos de los barrios más marginados de Turbo. Actualmente es el coordinador de convivencia de la Institución Educativa Santa Fe, en el barrio del mismo nombre. Es un convencido de que a esa guerra absurda se le pueden ir quitando jóvenes, si tienen un lugar en el aula para ofrecerles. “Para que estos jóvenes vayan a clase se necesita que cuando salgan del estudio, tengan siquiera qué comer en la casa. Porque los jóvenes llegan a los colegios muchas veces sin desayunar. A uno le da tristeza que a veces son las tres de la tarde y dicen ‘no, es que yo no he comido’. Y son niños de nueve, diez años”.
Valencia asegura que, en un municipio como Turbo, su función como docente se ha trasladado de las aulas a las calles, para tratar de devolver a los muchachos a la escuela. Aunque lo ha logrado con muchos, sabe que esfuerzos como ese son insuficientes. “Nosotros les podemos ofrecer el estudio, pero salen de los colegios y ¿qué van a comer?”, insiste.
Incluso para quienes llegan a culminar el bachillerato el panorama no es mejor. “Si quieren estudiar una carrera buena, tienen que salir a Apartadó”, que es donde hay mayor oferta universitaria, explica Valencia. Pero para la mayoría, hasta ahí llegará su formación educativa. Lo que viene, dicen, es coger una moto y trabajar en mototaxismo o rebuscarse en otros oficios.
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Según la directora de Imupronj, el fenómeno en buena medida obedece a que Turbo ha sido un municipio receptor de población desplazada por la violencia que salió del Chocó y de Córdoba, y que terminó asentándose en la periferia de este municipio. “Con el pasar del tiempo esas familias no pudieron retornar y se quedaron acá. Muchos de quienes hoy integran las pandillas son hijos de esas familias. Cuando uno les pregunta a los chicos por su condición social, lo primero que dicen es ‘sí, yo soy desplazado’”.
En lo corrido de 2019, siete menores de edad han sido asesinados en este municipio del Urabá. Sin embargo, según la Policía del Distrito, muchos de los homicidios que se registran están más relacionados con la otra amenaza que se cierne sobre estos jóvenes. El accionar de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia. Por la posición geoestratégica que tiene el municipio por estar cerca de la frontera hacia Panamá, que interconecta con el Pacífico al pasar el Golfo de Urabá, la zona es de tránsito obligado y un área de interés para el control de las AGC.
La Defensoría del Pueblo ya ha advertido sobre el riesgo de reclutamiento de los adolescentes por parte de las AGC, o de la utilización de los menores en sus actividades ilegales.
En el centro de esa ola violenta en pleno centro del Urabá antioqueño, hay un grito de los jóvenes por oportunidades que los saquen de ese ciclo. Los jóvenes del Manuela Beltrán tienen sueños. “Yo quisiera ser profesor de artística, me gusta mucho el dibujo”, dice uno de ellos, que ya tiene más de 20 años. Otro dice que le gustaría ser profesor de matemáticas, “yo soy bueno pa’ eso”. Uno de ellos solo quiere que le arreglen la mano (herida por un machetazo) para seguir trabajando en construcción. En el fondo, en la pandilla no quiere estar ninguno.