'Gobierno traicionó a los campesinos que dejaron sus cultivos de coca': líder campesino

Indignación y rechazo generaron entre las comunidades campesinas las declaraciones del director del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos (PNIS), Hernando Londoño, quien, en entrevista con Colombia2020, sostuvo que líderes de sustitución de cultivos no han sido asesinados. Igualmente, el funcionario aseguró en esa entrevista que el Gobierno ha cumplido con el programa, pero que son los campesinos que tienen cultivos de coca quienes no han seguido sus compromisos.

Contexto: “Líderes de sustitución de cultivos no han sido asesinados”: Director del programa de sustitución

Ante esas afirmaciones, desde la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (Coccam), plataforma que agrupa diversas organizaciones campesinas en todo el país, emitieron una declaración pública en la que rechazaron lo dicho por Hernando Londoño y exigieron su salida de la dirección del programa.

En diálogo con este diario, Arnobis Zapata, vocero nacional de la Coccam y presidente de la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina (Anzorc), reiteró que en dichas organizaciones han documentado al menos 56 casos de líderes de sustitución asesinados y explicó por qué para ellos es evidente que el Gobierno, contrario a lo dicho por Londoño, no tiene voluntad con el PNIS.

¿Cuál es la percepción que desde la Coccam tienen sobre la implementación del PNIS durante el gobierno Duque?

Este Gobierno vino a acabar con el programa de sustitución. Lo decimos por varias razones: la primera, porque desde que llegó no ha convocado las instancias nacionales que el programa establece para su seguimiento. Que nosotros tengamos conocimiento solamente convocó una vez a la junta de direccionamiento estratégico y no ha convocado al consejo permanente de dirección. Lo segundo es que solo se han dedicado a girar recursos por asistencia alimentaria a las familias y a contratar la asistencia técnica, pero en este momento no hay en el país un proyecto productivo después de tres años de haber empezado el programa. Todavía los campesinos que erradicaron su coca voluntariamente no tienen el primer proyecto productivo en su territorio, que era lo que iba a cambiar su actividad económica. Y lo tercero es que el Gobierno desde que llegó dijo que solo iba a atender a las familias que tenían acuerdos individuales y que en adelante no iba a hacer más inscripciones.

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El director afirmó que en los pagos a las familias van en el 89%. ¿Cuáles son sus registros sobre eso?

Efectivamente en algunos territorios sí se ha cumplido incluso el 100% de los pagos, solo que esos pagos eran para un año y en el transcurso de ese año se tendría que haber implementado un proyecto de seguridad alimentaria y un proyecto de $19 millones. El Gobierno lo que ha hecho es girar los pagos, pero no se ha avanzado en los proyectos productivos. Ellos pueden haber girado los $12 millones durante el primer año, pero tienen dos años aguantando hambre a los campesinos que quitaron el cultivo de coca.

¿Ese atraso en los proyectos productivos ha hecho que algunos de los campesinos que se inscribieron al PNIS hayan vuelto a sembrar coca?

Nosotros lo que tenemos ahora es una presión grande por parte de los campesinos para que el Gobierno cumpla con el programa de sustitución, o ellos van a buscar qué hacer. Pero hasta el momento, según el último informe de Naciones Unidas sobre el PNIS, la resiembra de los campesinos que están en el programa de sustitución está en el 0,4%. Eso quiere decir que los campesinos nuestros no han vuelto a sembrar coca. 

El director negó que estuvieran asesinando líderes del programa de sustitución de cultivos. Ustedes han hablado de 56 asesinatos. ¿Esos casos hacen referencia a afiliados a la Coccam o líderes que en sus territorios promovían la sustitución de cultivos?

Efectivamente no son 'líderes PNIS', porque el programa no tiene líderes, quien lo lidera es el Gobierno. Esas personas eran líderes de sus comunidades que promovían sustitución voluntaria de cultivos. No solamente las personas que están en las instancias son los únicos líderes que promueven sustitución de cultivos en los territorios. El programa estipula que debe ser un líder por núcleo y en esos núcleos hay hasta 10 o 20 veredas. En cada una de esas 20 veredas hay líderes sobresalientes y aquí han matado presidentes de juntas de acción comunal en zonas donde hay cultivos de coca, han matado tesoreros de junta de acción comunal de esas zonas y que están en el programa de sustitución. El programa dice que el Gobierno debe diseñar una política de seguridad para las personas que se vinculen al programa de sustitución, independientemente si son líderes o no. Él no reconoce otros liderazgos por fuera de los que están en las instancias del PNIS. Negar eso es decir que no van a tomar medidas para que los líderes no sigan siendo asesinados y eso es irresponsable por parte de la institucionalidad. 

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Londoño aseguró que campesinos que se inscribieron al PNIS reportaron media hectárea de coca, pero que "detrás de la montaña" tienen otras dos sembradas. ¿Ustedes tienen registrados casos como ese?

Eso es totalmente falso. Lo que quiere el director Londoño es beneficiar la política de erradicación forzosa y la de fumigación con glifosato. El director sigue esa vía porque su trabajo ahí no es sostener el programa de sustitución, sino acabarlo. Eso es falso porque Naciones Unidas ha certificado que no ha habido resiembra. La ONU está en los territorios verificando eso. Londoño no ha salido de su escritorio y detrás de un escritorio no se puede dirigir un programa de sustitución que es en territorio donde se tiene que ejecutar. 

El funcionario también aseguró que el PNIS se convierte en un incentivo para que los campesinos siembren coca dado que a quien siembre coca le dan $36 millones. ¿Cómo reciben esa afirmación?

Eso solo se puede entender desde el punto de vista de una política represiva y que sigue viendo a los campesinos como narcotraficantes. Él no lo ve desde una política inclusiva, que permita que el campesino tenga oportunidades para salir de la economía en la que está en el momento. Y esa política represiva ya se ha probado. Todo lo que se han gastado en programas de erradicación forzosa que no han tenido resultados. Nuestra posición es que eso es totalmente contrario a lo que promueve el programa de sustitución porque este lo que pretende es la transformación de los territorios y cambiar la economía. Un campesino que entra a un programa de sustitución bien implementado nunca vuelve a sembrar coca. Pero un campesino que le erradiquen su mata de coca vuelve a sembrarla y siembre el doble.

¿Con lo que ha ocurrido con el PNIS, se ha tergiversado lo que planteaba el punto 4 del Acuerdo de La Habana sobre drogas ilícitas?

Nosotros consideramos que la sustitución voluntaria es la salida para acabar con los cultivos de coca. El PNIS como está diseñado ayudaría para que ese flagelo de los cultivos de coca disminuyera al máximo. Pero bien implementado. Tal y como lo están implementando sí creemos que el Gobierno está traicionando a los campesinos que con confianza se metieron al programa. Este Gobierno ha traicionado a los campesinos que voluntariamente dejaron sus cultivos de coca, al no implementar un programa completo y con garantías, porque no es garantía que a uno le entreguen $12 millones durante un año y lo dejen aguantando hambre dos años. Tal y como están implementando el PNIS, lo que están buscando es que no funcione para tener argumentos para decir que un programa de sustitución no funciona. 

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¿Por qué lo expresado por Hernando Londoño es suficiente para que salga de la dirección del PNIS, como lo pidieron en su declaración pública?

Sus declaraciones y según como está implementando el programa de sustitución evidencian que es una persona que no quiere que el programa continúe, sino que es una persona que el Gobierno puso ahí para que acabe el programa y diga que no va a funcionar. Por eso creemos que no es un interlocutor válido para las comunidades. Una persona que busca que el programa fracase no puede estar al frente del programa. 

¿Cómo recibieron en las comunidades el proyecto de decreto que busca reanudar la aspersión con glifosato para los cultivos de uso ilícito, presentado por el Gobierno en los últimos días de 2019?

El anuncio del glifosato es uno de los temas que ha rebozado la copa en las comunidades. Incluso van a fumigar territorios donde el programa de sustitución está a la espera de implementar proyectos productivos. Eso para las comunidades ha sido como un baldado de agua fría, porque creíamos que se iba a buscar la manera. Debido a eso ya se han hecho varias asambleas en los territorios, más que todo en Nariño, Cauca y Catatumbo, que ya están preparándose para unirse al paro nacional. Creemos que en febrero pueden salir a unirse. Estamos haciendo las últimas consultas a ver si las movilizaciones se hacen a nivel regional o si efectivamente vamos a unirnos a las marchas masivas en Bogotá, pero eso está en preparación. Vamos a estar en las reuniones del 30 y 31 de enero del Comité del paro viendo de qué manera nos podemos unir ahí. 

¿Es decir que, frente a la aspersión y la erradicación forzada, la respuesta de las comunidades va a ser la movilización?

Sí, incluso ya hemos estado movilizándonos en los territorios. Por ejemplo, en diciembre, en San José de Uré (Córdoba) intentaron erradicar cultivos de coca y los campesinos sacaron a los erradicadores de los territorios. La Asociación de Campesinos del Sur de Córdoba sacó un comunicado porque el Ejército les disparó a los campesinos que estaban allí.

¿De seguir adelante las jornadas de erradicación forzada, temen que haya más choques entre las comunidades y la Fuerza Pública?

Efectivamente. Nosotros hemos sido claros en que no estamos de acuerdo con la erradicación forzosa. Si hay erradicación forzada en los territorios, las comunidades van a responder con movilización y van a sacar al Ejército de los territorios. Esperamos que el Gobierno llegue con propuestas de sustitución que sean construidas en conjunto con las comunidades, no que salgan de los escritorios en Bogotá. 

Indignación y rechazo generaron entre las comunidades campesinas las declaraciones del director del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos (PNIS), Hernando Londoño, quien, en entrevista con Colombia2020, sostuvo que líderes de sustitución de cultivos no han sido asesinados. Igualmente, el funcionario aseguró en esa entrevista que el Gobierno ha cumplido con el programa, pero que son los campesinos que tienen cultivos de coca quienes no han seguido sus compromisos.

Contexto: “Líderes de sustitución de cultivos no han sido asesinados”: Director del programa de sustitución

Ante esas afirmaciones, desde la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (Coccam), plataforma que agrupa diversas organizaciones campesinas en todo el país, emitieron una declaración pública en la que rechazaron lo dicho por Hernando Londoño y exigieron su salida de la dirección del programa.

En diálogo con este diario, Arnobis Zapata, vocero nacional de la Coccam y presidente de la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina (Anzorc), reiteró que en dichas organizaciones han documentado al menos 56 casos de líderes de sustitución asesinados y explicó por qué para ellos es evidente que el Gobierno, contrario a lo dicho por Londoño, no tiene voluntad con el PNIS.

¿Cuál es la percepción que desde la Coccam tienen sobre la implementación del PNIS durante el gobierno Duque?

Este Gobierno vino a acabar con el programa de sustitución. Lo decimos por varias razones: la primera, porque desde que llegó no ha convocado las instancias nacionales que el programa establece para su seguimiento. Que nosotros tengamos conocimiento solamente convocó una vez a la junta de direccionamiento estratégico y no ha convocado al consejo permanente de dirección. Lo segundo es que solo se han dedicado a girar recursos por asistencia alimentaria a las familias y a contratar la asistencia técnica, pero en este momento no hay en el país un proyecto productivo después de tres años de haber empezado el programa. Todavía los campesinos que erradicaron su coca voluntariamente no tienen el primer proyecto productivo en su territorio, que era lo que iba a cambiar su actividad económica. Y lo tercero es que el Gobierno desde que llegó dijo que solo iba a atender a las familias que tenían acuerdos individuales y que en adelante no iba a hacer más inscripciones.

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El director afirmó que en los pagos a las familias van en el 89%. ¿Cuáles son sus registros sobre eso?

Efectivamente en algunos territorios sí se ha cumplido incluso el 100% de los pagos, solo que esos pagos eran para un año y en el transcurso de ese año se tendría que haber implementado un proyecto de seguridad alimentaria y un proyecto de $19 millones. El Gobierno lo que ha hecho es girar los pagos, pero no se ha avanzado en los proyectos productivos. Ellos pueden haber girado los $12 millones durante el primer año, pero tienen dos años aguantando hambre a los campesinos que quitaron el cultivo de coca.

¿Ese atraso en los proyectos productivos ha hecho que algunos de los campesinos que se inscribieron al PNIS hayan vuelto a sembrar coca?

Nosotros lo que tenemos ahora es una presión grande por parte de los campesinos para que el Gobierno cumpla con el programa de sustitución, o ellos van a buscar qué hacer. Pero hasta el momento, según el último informe de Naciones Unidas sobre el PNIS, la resiembra de los campesinos que están en el programa de sustitución está en el 0,4%. Eso quiere decir que los campesinos nuestros no han vuelto a sembrar coca. 

El director negó que estuvieran asesinando líderes del programa de sustitución de cultivos. Ustedes han hablado de 56 asesinatos. ¿Esos casos hacen referencia a afiliados a la Coccam o líderes que en sus territorios promovían la sustitución de cultivos?

Efectivamente no son 'líderes PNIS', porque el programa no tiene líderes, quien lo lidera es el Gobierno. Esas personas eran líderes de sus comunidades que promovían sustitución voluntaria de cultivos. No solamente las personas que están en las instancias son los únicos líderes que promueven sustitución de cultivos en los territorios. El programa estipula que debe ser un líder por núcleo y en esos núcleos hay hasta 10 o 20 veredas. En cada una de esas 20 veredas hay líderes sobresalientes y aquí han matado presidentes de juntas de acción comunal en zonas donde hay cultivos de coca, han matado tesoreros de junta de acción comunal de esas zonas y que están en el programa de sustitución. El programa dice que el Gobierno debe diseñar una política de seguridad para las personas que se vinculen al programa de sustitución, independientemente si son líderes o no. Él no reconoce otros liderazgos por fuera de los que están en las instancias del PNIS. Negar eso es decir que no van a tomar medidas para que los líderes no sigan siendo asesinados y eso es irresponsable por parte de la institucionalidad. 

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Londoño aseguró que campesinos que se inscribieron al PNIS reportaron media hectárea de coca, pero que "detrás de la montaña" tienen otras dos sembradas. ¿Ustedes tienen registrados casos como ese?

Eso es totalmente falso. Lo que quiere el director Londoño es beneficiar la política de erradicación forzosa y la de fumigación con glifosato. El director sigue esa vía porque su trabajo ahí no es sostener el programa de sustitución, sino acabarlo. Eso es falso porque Naciones Unidas ha certificado que no ha habido resiembra. La ONU está en los territorios verificando eso. Londoño no ha salido de su escritorio y detrás de un escritorio no se puede dirigir un programa de sustitución que es en territorio donde se tiene que ejecutar. 

El funcionario también aseguró que el PNIS se convierte en un incentivo para que los campesinos siembren coca dado que a quien siembre coca le dan $36 millones. ¿Cómo reciben esa afirmación?

Eso solo se puede entender desde el punto de vista de una política represiva y que sigue viendo a los campesinos como narcotraficantes. Él no lo ve desde una política inclusiva, que permita que el campesino tenga oportunidades para salir de la economía en la que está en el momento. Y esa política represiva ya se ha probado. Todo lo que se han gastado en programas de erradicación forzosa que no han tenido resultados. Nuestra posición es que eso es totalmente contrario a lo que promueve el programa de sustitución porque este lo que pretende es la transformación de los territorios y cambiar la economía. Un campesino que entra a un programa de sustitución bien implementado nunca vuelve a sembrar coca. Pero un campesino que le erradiquen su mata de coca vuelve a sembrarla y siembre el doble.

¿Con lo que ha ocurrido con el PNIS, se ha tergiversado lo que planteaba el punto 4 del Acuerdo de La Habana sobre drogas ilícitas?

Nosotros consideramos que la sustitución voluntaria es la salida para acabar con los cultivos de coca. El PNIS como está diseñado ayudaría para que ese flagelo de los cultivos de coca disminuyera al máximo. Pero bien implementado. Tal y como lo están implementando sí creemos que el Gobierno está traicionando a los campesinos que con confianza se metieron al programa. Este Gobierno ha traicionado a los campesinos que voluntariamente dejaron sus cultivos de coca, al no implementar un programa completo y con garantías, porque no es garantía que a uno le entreguen $12 millones durante un año y lo dejen aguantando hambre dos años. Tal y como están implementando el PNIS, lo que están buscando es que no funcione para tener argumentos para decir que un programa de sustitución no funciona. 

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¿Por qué lo expresado por Hernando Londoño es suficiente para que salga de la dirección del PNIS, como lo pidieron en su declaración pública?

Sus declaraciones y según como está implementando el programa de sustitución evidencian que es una persona que no quiere que el programa continúe, sino que es una persona que el Gobierno puso ahí para que acabe el programa y diga que no va a funcionar. Por eso creemos que no es un interlocutor válido para las comunidades. Una persona que busca que el programa fracase no puede estar al frente del programa. 

¿Cómo recibieron en las comunidades el proyecto de decreto que busca reanudar la aspersión con glifosato para los cultivos de uso ilícito, presentado por el Gobierno en los últimos días de 2019?

El anuncio del glifosato es uno de los temas que ha rebozado la copa en las comunidades. Incluso van a fumigar territorios donde el programa de sustitución está a la espera de implementar proyectos productivos. Eso para las comunidades ha sido como un baldado de agua fría, porque creíamos que se iba a buscar la manera. Debido a eso ya se han hecho varias asambleas en los territorios, más que todo en Nariño, Cauca y Catatumbo, que ya están preparándose para unirse al paro nacional. Creemos que en febrero pueden salir a unirse. Estamos haciendo las últimas consultas a ver si las movilizaciones se hacen a nivel regional o si efectivamente vamos a unirnos a las marchas masivas en Bogotá, pero eso está en preparación. Vamos a estar en las reuniones del 30 y 31 de enero del Comité del paro viendo de qué manera nos podemos unir ahí. 

¿Es decir que, frente a la aspersión y la erradicación forzada, la respuesta de las comunidades va a ser la movilización?

Sí, incluso ya hemos estado movilizándonos en los territorios. Por ejemplo, en diciembre, en San José de Uré (Córdoba) intentaron erradicar cultivos de coca y los campesinos sacaron a los erradicadores de los territorios. La Asociación de Campesinos del Sur de Córdoba sacó un comunicado porque el Ejército les disparó a los campesinos que estaban allí.

¿De seguir adelante las jornadas de erradicación forzada, temen que haya más choques entre las comunidades y la Fuerza Pública?

Efectivamente. Nosotros hemos sido claros en que no estamos de acuerdo con la erradicación forzosa. Si hay erradicación forzada en los territorios, las comunidades van a responder con movilización y van a sacar al Ejército de los territorios. Esperamos que el Gobierno llegue con propuestas de sustitución que sean construidas en conjunto con las comunidades, no que salgan de los escritorios en Bogotá.