La cuota de lideresas sociales agredidas en Colombia

Diez mujeres fueron asesinadas por defender los derechos humanos en el primer semestre de 2019, según el último informe de la organización Somos Defensores. Y aunque la cifra de homicidios de líderes hombres es mayor (con 49 casos), hay que resaltar que las agresiones contra las mujeres aumentaron un 3 % en el primer semestre de 2019, con relación al mismo período del año pasado. En algunos departamentos como el Putumayo, por ejemplo, la Alianza de las Mujeres Tejedoras de Vida tiene trece amenazadas y una desaparecida: Deyanira Guerrero, cuyo paradero se desconoce desde mayo de 2018. El departamento con mayores agresiones es Cauca, con 22 para el período analizado.

De esas diez mujeres asesinadas hay al menos tres casos emblemáticos, por lo que representaban para sus comunidades. Ellas son María del Pilar Hurtado, de 34 años y madre de cuatro hijos, quien ejercía un liderazgo para buscar la legalización de unos predios en un asentamiento del sector Los Robles en Tierralta (Córdoba), de propiedad del padre del alcalde Fabio Leonardo Otero. El 21 de junio pasado, tras ser descrita de forma despectiva en un panfleto de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc), fue asesinada por dos hombres que le dispararon frente a su casa y ante uno de sus hijos.

La otra líder es Maritza Isabel Quiroz, una mujer rural y reclamante de tierras despojadas por el paramilitarismo, de sesenta años, quien por esta lucha recibió amenazas en 2018. La Corte Constitucional había solicitado medidas de protección para su vida y la de otras mujeres víctimas de desplazamiento forzado en Santa Marta (Magdalena). El 5 de enero de este año fue asesinada en su vivienda, ubicada en la vereda de San Isidro de esa municipalidad. Y, finalmente, la médica de 45 años Sonia Rosero González, precandidata a la Alcaldía de Puerto Asís (Putumayo) y líder de una campaña de no violencia contra la mujer en ese departamento. Murió cuando desconocidos le dispararon mientras estaba en la entidad de salud donde trabajaba.

El informe del programa no gubernamental Somos Defensores, que se publica este miércoles y trata sobre la situación de los líderes en el primer semestre del año, llama la atención, más allá de los homicidios, sobre otro tipo de agresiones que están viviendo estos hombres y mujeres que defienden los derechos humanos en sus territorios. Si bien los asesinatos disminuyeron en el primer semestre de 2019, cuando se registraron 59 homicidios contra 77 en el mismo período de 2018, preocupa el incremento de amenazas, atentados, desapariciones, judicializaciones y robo de información, pues se registraron 591 casos en este primer semestre; es decir, 194 más que en el del año pasado.

Así, por ejemplo, las amenazas individuales se incrementaron en un 75 % y fueron el tipo de agresión con mayor número de casos: 477 registros. Siguen los atentados con 27, las detenciones arbitrarias con 22 y el robo de información sensible con seis. “Es muy preocupante ver cómo la intimidación y las amenazas se han configurado como una de las principales formas de obstaculizar o impedir el ejercicio legítimo de liderazgo y defensa de los derechos humanos”, advierte el documento. De esos hechos, amenazaron a 147 mujeres y seis sufrieron algún atentado.

En general, subraya el informe, los mayores responsables de dichas amenazas, entre enero y junio de 2019, fueron las estructuras sucesoras del paramilitarismo (Caparros, Pelusos, Pachencas, Agc y Águilas Negras), con 309 casos; luego sigue una alamarmante cifra por esclarecer de actores desconocidos, con 84 casos, después las disidencias de las Farc, con 52, y, finalmente, el Eln, grupo guerrillero al que se le endilgan 32 de estos hechos. Los departamentos donde más se sufre este flagelo son Cauca (115), Arauca (48), Antioquia (40), Córdoba (34), La Guajira (32), Valle del Cauca (32), Risaralda (25), Santander (23), Bolívar (20) y Chocó (19).

El informe llama la atención sobre el discurso negacionista del actual Gobierno frente a las agresiones contra los líderes sociales. Por eso, dice que “si bien algunos funcionarios del Gobierno afirman que entre agosto de 2018 y mayo de 2019 los homicidios bajaron en un 32 %, haciendo énfasis en que se cometieron en cincuenta municipios del país, el informe contraría dicha afirmación aduciendo que estos homicidios se cometieron en veinte departamentos”. Es decir, mientras el Estado habla de que el 96 % del territorio nacional se encuentra libre de asesinatos contra defensores, el programa Somos Defensores habla del 70 % del territorio nacional afectado por este fenómeno.

Una diferencia interpretativa que, incluso, tuvo un capítulo aparte durante el último período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que se desarrolló a finales de septiembre en Washington y donde ese tribunal internacional le preguntó al Estado colombiano que quiénes erán las Águilas Negras que amenazaban a los líderes sociales. 

Allí, Alberto Brunori, representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, dijo que “la labor de defender los derechos humanos en Colombia es de alto riesgo” e hizo un llamado para reforzar la protección de los líderes. No obstante, Francisco Barbosa, consejero del Gobierno para los Derechos Humanos, dijo que “solo en 66 municipios de los más de mil que tiene el país se han presentado asesinatos de líderes sociales. En Colombia no en todas partes se violan los derechos humanos. Su apreciación es inaceptable”, replicó.

Diez mujeres fueron asesinadas por defender los derechos humanos en el primer semestre de 2019, según el último informe de la organización Somos Defensores. Y aunque la cifra de homicidios de líderes hombres es mayor (con 49 casos), hay que resaltar que las agresiones contra las mujeres aumentaron un 3 % en el primer semestre de 2019, con relación al mismo período del año pasado. En algunos departamentos como el Putumayo, por ejemplo, la Alianza de las Mujeres Tejedoras de Vida tiene trece amenazadas y una desaparecida: Deyanira Guerrero, cuyo paradero se desconoce desde mayo de 2018. El departamento con mayores agresiones es Cauca, con 22 para el período analizado.

De esas diez mujeres asesinadas hay al menos tres casos emblemáticos, por lo que representaban para sus comunidades. Ellas son María del Pilar Hurtado, de 34 años y madre de cuatro hijos, quien ejercía un liderazgo para buscar la legalización de unos predios en un asentamiento del sector Los Robles en Tierralta (Córdoba), de propiedad del padre del alcalde Fabio Leonardo Otero. El 21 de junio pasado, tras ser descrita de forma despectiva en un panfleto de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc), fue asesinada por dos hombres que le dispararon frente a su casa y ante uno de sus hijos.

La otra líder es Maritza Isabel Quiroz, una mujer rural y reclamante de tierras despojadas por el paramilitarismo, de sesenta años, quien por esta lucha recibió amenazas en 2018. La Corte Constitucional había solicitado medidas de protección para su vida y la de otras mujeres víctimas de desplazamiento forzado en Santa Marta (Magdalena). El 5 de enero de este año fue asesinada en su vivienda, ubicada en la vereda de San Isidro de esa municipalidad. Y, finalmente, la médica de 45 años Sonia Rosero González, precandidata a la Alcaldía de Puerto Asís (Putumayo) y líder de una campaña de no violencia contra la mujer en ese departamento. Murió cuando desconocidos le dispararon mientras estaba en la entidad de salud donde trabajaba.

El informe del programa no gubernamental Somos Defensores, que se publica este miércoles y trata sobre la situación de los líderes en el primer semestre del año, llama la atención, más allá de los homicidios, sobre otro tipo de agresiones que están viviendo estos hombres y mujeres que defienden los derechos humanos en sus territorios. Si bien los asesinatos disminuyeron en el primer semestre de 2019, cuando se registraron 59 homicidios contra 77 en el mismo período de 2018, preocupa el incremento de amenazas, atentados, desapariciones, judicializaciones y robo de información, pues se registraron 591 casos en este primer semestre; es decir, 194 más que en el del año pasado.

Así, por ejemplo, las amenazas individuales se incrementaron en un 75 % y fueron el tipo de agresión con mayor número de casos: 477 registros. Siguen los atentados con 27, las detenciones arbitrarias con 22 y el robo de información sensible con seis. “Es muy preocupante ver cómo la intimidación y las amenazas se han configurado como una de las principales formas de obstaculizar o impedir el ejercicio legítimo de liderazgo y defensa de los derechos humanos”, advierte el documento. De esos hechos, amenazaron a 147 mujeres y seis sufrieron algún atentado.

En general, subraya el informe, los mayores responsables de dichas amenazas, entre enero y junio de 2019, fueron las estructuras sucesoras del paramilitarismo (Caparros, Pelusos, Pachencas, Agc y Águilas Negras), con 309 casos; luego sigue una alamarmante cifra por esclarecer de actores desconocidos, con 84 casos, después las disidencias de las Farc, con 52, y, finalmente, el Eln, grupo guerrillero al que se le endilgan 32 de estos hechos. Los departamentos donde más se sufre este flagelo son Cauca (115), Arauca (48), Antioquia (40), Córdoba (34), La Guajira (32), Valle del Cauca (32), Risaralda (25), Santander (23), Bolívar (20) y Chocó (19).

El informe llama la atención sobre el discurso negacionista del actual Gobierno frente a las agresiones contra los líderes sociales. Por eso, dice que “si bien algunos funcionarios del Gobierno afirman que entre agosto de 2018 y mayo de 2019 los homicidios bajaron en un 32 %, haciendo énfasis en que se cometieron en cincuenta municipios del país, el informe contraría dicha afirmación aduciendo que estos homicidios se cometieron en veinte departamentos”. Es decir, mientras el Estado habla de que el 96 % del territorio nacional se encuentra libre de asesinatos contra defensores, el programa Somos Defensores habla del 70 % del territorio nacional afectado por este fenómeno.

Una diferencia interpretativa que, incluso, tuvo un capítulo aparte durante el último período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que se desarrolló a finales de septiembre en Washington y donde ese tribunal internacional le preguntó al Estado colombiano que quiénes erán las Águilas Negras que amenazaban a los líderes sociales. 

Allí, Alberto Brunori, representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, dijo que “la labor de defender los derechos humanos en Colombia es de alto riesgo” e hizo un llamado para reforzar la protección de los líderes. No obstante, Francisco Barbosa, consejero del Gobierno para los Derechos Humanos, dijo que “solo en 66 municipios de los más de mil que tiene el país se han presentado asesinatos de líderes sociales. En Colombia no en todas partes se violan los derechos humanos. Su apreciación es inaceptable”, replicó.