La detención de líderes sociales que llega a las Naciones Unidas

Uno de los puntos que ha discutido el Gobierno colombiano sobre el informe que presentará este miércoles el relator para los defensores de derechos humanos de las Naciones Unidas, Michel Forst, en Ginebra (Suiza), es el que subraya que “la deslegitimación de las personas defensoras se agrava con su criminalización”. Una frase que está conectada con la captura de ocho líderes campesinos de Casanare, el 27 de noviembre de 2018. En el informe se refirió al caso así:

“Durante la visita del Relator Especial, ocho líderes de San Luis de Palenque fueron detenidos y acusados de concierto para delinquir, violencia contra servidor público y obstrucción de la vía pública, y dos de ellos de tentativa de homicidio, en relación con su participación y liderazgo de las protestas sociales durante 2016 y 2018 ante el incumplimiento de la empresa pública canadiense Frontera Energy de sus obligaciones de compensar a las comunidades afectadas por daños medioambientales y de reparar las carreteras dañadas. Hasta la fecha, los defensores siguen privados de su libertad”. El Gobierno colombiano respondió al tema diciendo: “Grave afirmación que contradice el compromiso de las autoridades colombianas en la garantía de la labor de defensa de los derechos humanos”.

Más allá de la controversia, el fondo de esta historia se enmarca en una disputa que traen los campesinos de los municipios de San Luis de Palenque y Trinidad (Casanare) con la empresa petrolera Frontera Energy desde el año 2012 cuando se instalaron en la zona para explotar 30 pozos petroleros, cifra que con los años se convirtió en 106 pozos. Desde entonces, varias protestas se han registrado y desde aquella época se habla de los supuestos “jinetes encapuchados” que retuvieron a miembros de la Fuerza Pública durante una protesta en ese año. El caso de estos ocho líderes empezó en febrero de 2018 cuando la empresa decidió interponer una denuncia penal para que la Fiscalía investigue las protestas en las que un miembro del Esmad fue amarrado a un caballo y arrastrado, mientras la comunidad exigía el cumplimiento de tres puntos.

El primer punto era el pago de la deuda de la empresa con los habitantes de esa población, quienes desde los inicios de la explotación les prestaron los servicios de comedor, hospedaje y transporte (de carga y personal) a través de vehículos particulares. Igualmente, la reparación de la vía destapada, como lo estipula la licencia ambiental, pues los pobladores se estaban quedando sin carretera para sacar el ganado, que es la economía de la región. Principalmente, la construcción del puente que no está en capacidad de soportar 45 toneladas de crudo de 28 carrotanques todos los días dice Yulivel Leal, una de las líderes sociales, detenida en una casa en Yopal. Y, finalmente, la compensación ambiental para reforestar el paisaje, cosa en la que poco se ha avanzado, señala Leal.

Dichas protestas desembocaron en las negociaciones entre voceros de Frontera Energy y la comunidad, la cual delegó a tres líderes: Ferney Salcedo, Yulivel Leal y Jesús Leal, quienes viajaron con viáticos de dicha empresa a la ciudad de Bogotá durante junio y agosto de 2018, como consta en las actas de compromisos que firmaron. A raíz de esto, la empresa pagó $2.600 millones de pesos de la deuda con los miembros de la comunidad que pudieron mostrar su soporte. Sin embargo, los compromisos de reforestación ambiental y la adecuación de la vía aún están a medias y la construcción del puente no se ha cumplido, según la comunidad. Al respecto, la compañía mencionó que ha reforestado 12,4 hectáreas con especies nativa, “empleando para ello mecanismos de participación comunitaria en proyectos de uso sostenible”.

Después de las negociaciones, en las que los tres líderes mencionados participaran representando a las comunidades, el 27 de noviembre de 2018, a las 2:45 de la mañana, un operativo de 200 hombres, entre miembros de la Policía y el Ejército Nacional, que desembarcaron en dos helicópteros, los capturó en San Luis de Palenque. También a Carmen Iraida Salcedo, Miguel Ángel Rincón, Josué Eliecer Rincón, María Teresa Rincón y Salcedo Betancourt. Desde entonces, la Fiscalía los acusó de haber conformado en 2016 el Grupo Delictivo Organizado (GDO) denominados “jinetes con careta”, el cual tiene supuestamente como “fachada la protesta social”.

A su turno, Frontera Energy, en diálogo con este diario, dijo que no fueron consultados por el Relator Especial ni tuvieron la oportunidad de responder, también que “estas personas no fueron detenidas por bloquear el campo Cubiro, ni tuvo que ver con sus protestas en contra de la empresa. Su arresto fue, entre otros, por concierto para delinquir y tentativa de homicidio luego de que enlazaron a un patrullero, arrastrándolo por la vía pedregosa, causándole heridas en el rostro y cuerpo, y golpe contundente en la cabeza. Por este mismo motivo es que aún se encuentra detenido el señor Ferney Salcedo. Para la compañía es importante enfatizar que reconoce la protesta social como un medio legítimo de expresión y aplicó los protocolos establecidos para el relacionamiento con la comunidad”.

No obstante, el juicio aún no ha empezado y estas personas deberán esperar hasta cuatro años, pues así lo estipula la ley 1908 de 2018, la cual permite a la Fiscalía todo este tiempo para llevarlos a juicio. Esta misma es la que le aplican a los llamados GDO, denominación que surgió tras la salida de la guerrilla de las Farc del conflicto armado colombiano. Por lo pronto, tanto Ferney como Yulivel, quienes hablaron con este diario, se declararon inocentes de los hechos que les imputa la Fiscalía, en relación con los ataques contra el Policía.

Hoy, las ocho personas, que durante las negociaciones fueron líderes sociales, están detenidas: dos de ellas en la cárcel de Yopal, la capital; una en La Picota de Bogotá (Ferney Salcedo y quien aparece en la foto acusado de ser el líder de la banda) y cinco tienen prisión domiciliaria como es el caso de Yulivel Leal, quien sigue en casa con un detector electrónico en su pierna izquierda. Por su parte, María Teresa Rincón, quien pidió cumplir su captura en su finca, desde octubre de 2019 viene siendo atemorizada por tres hombres de negro que se acercan y no le dicen nada. Hace 20 días, tres hombres igualmente con prendas negras y encapuchados la agredieron con arma blanca y no le robaron ni una gallina, dice Yulivel. Ella por seguridad también pidió detención domiciliaria en Yopal.

La preocupación por convenios entre la minera y Mindefensa

“Al Relator le preocupa la aparente conexión entre Frontera Energy, la Brigada XVI del Ejército y la Estructura de Apoyo de la Fiscalía (EDA) en esta criminalización, y el posible impacto del Convenio entre ECOPETROL S.A. y la Fiscalía en la misma”, escribió el relator Michel Forst en el informe que recibe la ONU.

Este llamado de atención ha sido expuesto por los ocho campesinos detenidos por protestar contra Energy en Casanare durante 2018. Alegan que dicho convenio se firmó nueve días antes de las capturas. Y, según lo reveló este diario en septiembre de 2019, el citado contrato consistía en prestar “protección especial” a las áreas de interés de la Frontera Energy. “A cambio de dicha labor, la empresa tuvo que pagar $2.340 millones”.

Frente a esta cuestión, Frontera Energy respondió a El Espectador: “Dichos convenios son reconocidos por la Corte Constitucional para dar un apoyo en la seguridad y protección a las actividades privadas, por ser actividades de interés general y de utilidad pública”.

Uno de los puntos que ha discutido el Gobierno colombiano sobre el informe que presentará este miércoles el relator para los defensores de derechos humanos de las Naciones Unidas, Michel Forst, en Ginebra (Suiza), es el que subraya que “la deslegitimación de las personas defensoras se agrava con su criminalización”. Una frase que está conectada con la captura de ocho líderes campesinos de Casanare, el 27 de noviembre de 2018. En el informe se refirió al caso así:

“Durante la visita del Relator Especial, ocho líderes de San Luis de Palenque fueron detenidos y acusados de concierto para delinquir, violencia contra servidor público y obstrucción de la vía pública, y dos de ellos de tentativa de homicidio, en relación con su participación y liderazgo de las protestas sociales durante 2016 y 2018 ante el incumplimiento de la empresa pública canadiense Frontera Energy de sus obligaciones de compensar a las comunidades afectadas por daños medioambientales y de reparar las carreteras dañadas. Hasta la fecha, los defensores siguen privados de su libertad”. El Gobierno colombiano respondió al tema diciendo: “Grave afirmación que contradice el compromiso de las autoridades colombianas en la garantía de la labor de defensa de los derechos humanos”.

Más allá de la controversia, el fondo de esta historia se enmarca en una disputa que traen los campesinos de los municipios de San Luis de Palenque y Trinidad (Casanare) con la empresa petrolera Frontera Energy desde el año 2012 cuando se instalaron en la zona para explotar 30 pozos petroleros, cifra que con los años se convirtió en 106 pozos. Desde entonces, varias protestas se han registrado y desde aquella época se habla de los supuestos “jinetes encapuchados” que retuvieron a miembros de la Fuerza Pública durante una protesta en ese año. El caso de estos ocho líderes empezó en febrero de 2018 cuando la empresa decidió interponer una denuncia penal para que la Fiscalía investigue las protestas en las que un miembro del Esmad fue amarrado a un caballo y arrastrado, mientras la comunidad exigía el cumplimiento de tres puntos.

El primer punto era el pago de la deuda de la empresa con los habitantes de esa población, quienes desde los inicios de la explotación les prestaron los servicios de comedor, hospedaje y transporte (de carga y personal) a través de vehículos particulares. Igualmente, la reparación de la vía destapada, como lo estipula la licencia ambiental, pues los pobladores se estaban quedando sin carretera para sacar el ganado, que es la economía de la región. Principalmente, la construcción del puente que no está en capacidad de soportar 45 toneladas de crudo de 28 carrotanques todos los días dice Yulivel Leal, una de las líderes sociales, detenida en una casa en Yopal. Y, finalmente, la compensación ambiental para reforestar el paisaje, cosa en la que poco se ha avanzado, señala Leal.

Dichas protestas desembocaron en las negociaciones entre voceros de Frontera Energy y la comunidad, la cual delegó a tres líderes: Ferney Salcedo, Yulivel Leal y Jesús Leal, quienes viajaron con viáticos de dicha empresa a la ciudad de Bogotá durante junio y agosto de 2018, como consta en las actas de compromisos que firmaron. A raíz de esto, la empresa pagó $2.600 millones de pesos de la deuda con los miembros de la comunidad que pudieron mostrar su soporte. Sin embargo, los compromisos de reforestación ambiental y la adecuación de la vía aún están a medias y la construcción del puente no se ha cumplido, según la comunidad. Al respecto, la compañía mencionó que ha reforestado 12,4 hectáreas con especies nativa, “empleando para ello mecanismos de participación comunitaria en proyectos de uso sostenible”.

Después de las negociaciones, en las que los tres líderes mencionados participaran representando a las comunidades, el 27 de noviembre de 2018, a las 2:45 de la mañana, un operativo de 200 hombres, entre miembros de la Policía y el Ejército Nacional, que desembarcaron en dos helicópteros, los capturó en San Luis de Palenque. También a Carmen Iraida Salcedo, Miguel Ángel Rincón, Josué Eliecer Rincón, María Teresa Rincón y Salcedo Betancourt. Desde entonces, la Fiscalía los acusó de haber conformado en 2016 el Grupo Delictivo Organizado (GDO) denominados “jinetes con careta”, el cual tiene supuestamente como “fachada la protesta social”.

A su turno, Frontera Energy, en diálogo con este diario, dijo que no fueron consultados por el Relator Especial ni tuvieron la oportunidad de responder, también que “estas personas no fueron detenidas por bloquear el campo Cubiro, ni tuvo que ver con sus protestas en contra de la empresa. Su arresto fue, entre otros, por concierto para delinquir y tentativa de homicidio luego de que enlazaron a un patrullero, arrastrándolo por la vía pedregosa, causándole heridas en el rostro y cuerpo, y golpe contundente en la cabeza. Por este mismo motivo es que aún se encuentra detenido el señor Ferney Salcedo. Para la compañía es importante enfatizar que reconoce la protesta social como un medio legítimo de expresión y aplicó los protocolos establecidos para el relacionamiento con la comunidad”.

No obstante, el juicio aún no ha empezado y estas personas deberán esperar hasta cuatro años, pues así lo estipula la ley 1908 de 2018, la cual permite a la Fiscalía todo este tiempo para llevarlos a juicio. Esta misma es la que le aplican a los llamados GDO, denominación que surgió tras la salida de la guerrilla de las Farc del conflicto armado colombiano. Por lo pronto, tanto Ferney como Yulivel, quienes hablaron con este diario, se declararon inocentes de los hechos que les imputa la Fiscalía, en relación con los ataques contra el Policía.

Hoy, las ocho personas, que durante las negociaciones fueron líderes sociales, están detenidas: dos de ellas en la cárcel de Yopal, la capital; una en La Picota de Bogotá (Ferney Salcedo y quien aparece en la foto acusado de ser el líder de la banda) y cinco tienen prisión domiciliaria como es el caso de Yulivel Leal, quien sigue en casa con un detector electrónico en su pierna izquierda. Por su parte, María Teresa Rincón, quien pidió cumplir su captura en su finca, desde octubre de 2019 viene siendo atemorizada por tres hombres de negro que se acercan y no le dicen nada. Hace 20 días, tres hombres igualmente con prendas negras y encapuchados la agredieron con arma blanca y no le robaron ni una gallina, dice Yulivel. Ella por seguridad también pidió detención domiciliaria en Yopal.

La preocupación por convenios entre la minera y Mindefensa

“Al Relator le preocupa la aparente conexión entre Frontera Energy, la Brigada XVI del Ejército y la Estructura de Apoyo de la Fiscalía (EDA) en esta criminalización, y el posible impacto del Convenio entre ECOPETROL S.A. y la Fiscalía en la misma”, escribió el relator Michel Forst en el informe que recibe la ONU.

Este llamado de atención ha sido expuesto por los ocho campesinos detenidos por protestar contra Energy en Casanare durante 2018. Alegan que dicho convenio se firmó nueve días antes de las capturas. Y, según lo reveló este diario en septiembre de 2019, el citado contrato consistía en prestar “protección especial” a las áreas de interés de la Frontera Energy. “A cambio de dicha labor, la empresa tuvo que pagar $2.340 millones”.

Frente a esta cuestión, Frontera Energy respondió a El Espectador: “Dichos convenios son reconocidos por la Corte Constitucional para dar un apoyo en la seguridad y protección a las actividades privadas, por ser actividades de interés general y de utilidad pública”.