La guerra en Colombia no se detiene, a pesar del coronavirus

Mientras el país vivía los primeros días de una inédita cuarentena para contener el contagio del coronavirus, en las regiones históricamente golpeadas por la guerra las acciones de los grupos armados ilegales no se detuvieron. En seis de los ocho municipios del norte del Cauca, donde hay comunidades indígenas, se registraron hostigamientos al final de la semana pasada. Las disidencias de las Farc dispararon desde las montañas y la Fuerza Pública respondió desde los centros urbanos. En el departamento del Putumayo, las operaciones de erradicación forzada y de fumigación manual de coca se adelantan en medio de enfrentamientos con campesinos que viven del cultivo de uso ilícito. En Nariño y Chocó hay cientos de familias confinadas por los enfrentamientos entre actores legales e ilegales, y en Catatumbo hay denuncias de una presunta ejecución extrajudicial de un joven durante una jornada de erradicación de coca.

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Por eso, desde que el coronavirus llegó a Colombia, las organizaciones indígenas y de la sociedad civil, la Comisión de la Verdad y hasta el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, han pedido a los grupos armados que, aunque sea por este momento de la historia, hagan un cese al fuego. “No es justo que mientras la gente está concentrada en la defensa de la vida, en los puestos de monitoreos donde están los guardias indígenas intentando detener la expansión del coronavirus, salgan con este tipo de hechos de violencia que llenan más de miedo y zozobra a la gente. No es justo que se adelanten operativos militares en el país, precisamente, cuando la gente está confinada en sus casas. Deténganse, piensen un momentico”, dijo el líder indígena y senador Feliciano Valencia, desde el norte del Cauca.

Cauca: entre hostigamientos y retenes

Días antes de que el Gobierno anunciara la cuarentena nacional, en el norte del Cauca se reunieron las 19 autoridades indígenas de esa región y, en una decisión sin precedentes, anunciaron que el trabajo comunitario se suspendía y que cerca de 115.000 comuneros debían aislarse en sus casas para evitar la propagación del coronavirus. Tras la determinación, las autoridades ancestrales activaron 51 puntos de control territorial, en las entradas y salidas de los resguardos, con 1.200 guardias indígenas que controlan la movilidad dentro de estas comunidades e impiden el ingreso de personas foráneas a sus territorios. Por esto último, han tenido problemas con los actores armados, denuncian desde la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN).

En medio de estos operativos, desde el pasado 26 de marzo se vienen registrando hostigamientos y combates en seis municipios del norte del Cauca: Toribío, Caloto, Corinto, Caldono, Santander de Quilichao y Buenos Aires. En zona rural de este último municipio, en territorio indígena de Pueblo Nuevo, sucedieron las más recientes acciones bélicas “que aumentan la zozobra en los comuneros, que están sufriendo por no poder continuar con sus actividades de trabajo colectivo a raíz de la pandemia”, expresó Edwin Mauricio Capaz, coordinador de derechos humanos de la ACIN.

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Y este fue el pronunciamiento del senador Feliciano Valencia: “Quiero hacer el llamado a estos grupos armados ilegales para que detengan los hostigamientos, para que no traten de sacar provecho militar y político a favor de sus intereses”.

Entre tanto, en Bolívar, municipio del Valle del Cauca, los indígenas emberas viven una tragedia por cuenta de la violencia. El 23 de marzo pasado, en medio de la orden de confinamiento dada por la Gobernación, los hermanos Ómar y Ernesto Guasiruma Nacabera fueron asesinados en la vereda Buenavista de dicha municipalidad. Junto con los dos indígenas emberas, que murieron atacados a bala, también resultaron heridos dos de sus familiares. Los corregimientos más golpeados por la guerra en este municipio han sido La Tulia, Betania y El Naranjal, en este último fueron asesinados dos indígenas que, según la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), eran líderes en esta región limítrofe con el Pacífico.

Por su parte, la Asociación de Cabildos Indígenas del Valle del Cauca denunció que en la comunidad de Valledupar, ubicada en Litoral del San Juan (Chocó), fue hallado el cuerpo sin vida de un afrodescendiente. El cadáver, según un comunicado de esa organización, tenía señales de muerte violenta. El hecho aumentó el miedo de la comunidad, que ve con impotencia cómo mueren sus integrantes por cuenta de enfrentamientos entre las Agc, el Eln y la Fuerza Pública.

Putumayo: líderes y erradicación de coca

La tensión en este departamento del sur del país se centra en las operaciones de erradicación forzada de los cultivos de coca, los cuales se intensificaron desde el pasado 22 de marzo por parte de la Fuerza Pública y por orden del Gobierno Nacional. De acuerdo con la Asociación Campesina del Suroriente del Putumayo (Acsomayo), los hechos se desarrollan en la vereda Nueva Granada, en el corredor Puerto Vega-Teteyé (municipio de Puerto Asís), donde los campesinos se han opuesto a la medida. De hecho, tres días antes de que se reanudara la fumigación manual con glifosato de los cultivos, el dirigente campesino Marco Rivadeneira Zabala, quien impulsaba la sustitución voluntaria de la coca en esa zona, fue secuestrado y luego asesinado por tres hombres que lo sacaron de una reunión, con otros líderes, donde justamente trataba dicha problemática.

Se suman también las amenazas de los grupos armados, como las disidencias de los frentes 1º y 48 de las Farc. “Puerto Vega-Teteyé es zona fronteriza y es un corredor del narcotráfico. Los actores armados toman represalias con las comunidades por la sustitución o erradicación de la coca. Hay miedo, porque la Fuerza Pública está concentrada en el cuidado de la frontera con Ecuador por el coronavirus y no hay la misma protección para la población”, manifestó Éder Sánchez, miembro de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC) en Putumayo.

Además de esto, Acsomayo también denuncia que la extracción petrolera no cesa en esta región de Puerto Vega-Teteyé, a pesar del riesgo que el tránsito de personal y tractomulas conlleva para el medio el ambiente y la salud. El secretario de Salud del departamento, Jorge Molina, informó que las comunidades del municipio de San Miguel están impidiendo el paso de tractomulas por la frontera con el Ecuador, pues temen que se convierta en un foco de contagio, pues en Sucumbíos (Ecuador) ya se confirmó un caso de coronavirus y la incertidumbre crece.

Nariño: entre amenazas y desplazamientos

El 17 de marzo pasado, los líderes de la Asociación de Juntas de Acción Comunal de los ríos Mira, Nulpe y Mataje (Asominuma), en Tumaco, fueron amenazados de muerte. Vía telefónica, una voz desconocida se identificó como miembro del Clan del Golfo (también conocido como Autodefensas Gaitanistas) y declaró objetivo militar a los dirigentes comunitarios del sur de Nariño. Para la asociación, que agrupa unas 7.000 familias del territorio de Alto Mira y Frontera, es extraño que la amenaza provenga de ese grupo neoparamilitar, pues en la zona no tiene una presencia consolidada.

(Lea también: Los homicidios contra líderes sociales ocultos por la peste del coronavirus)

Entre tanto, en dos municipios del Pacífico nariñense ya se registraron emergencias humanitarias en medio de la crisis por el coronavirus. Según el director de la Unidad para las Víctimas, Ramón Rodríguez, en el municipio de Roberto Payán se presentaron dos desplazamientos masivos en los últimos quince días, que generaron la salida forzada de casi 250 personas desde la zona rural hacia la cabecera municipal. No obstante, por la situación de la pandemia, los desplazamientos masivos ya no se pueden atender concentrando a la población en albergues, como coliseos o escuelas, sino que las familias desplazadas se están distribuyendo en residencias de familiares y miembros de la comunidad. Por su parte, dicha entidad también registró el desplazamiento de 24 familias en el municipio de Francisco Pizarro.

El otro foco del conflicto armado en Nariño está en la zona de la cordillera occidental, en municipios como Policarpa, Cumbitara y Leiva. Si bien en los últimos meses no se han registrado desplazamientos ni situaciones de confinamiento, fuentes en la zona aseguraron que hay restricciones a la movilidad de la población por parte de los grupos armados presentes en la zona.

Según la Defensoría del Pueblo, en la cordillera de Nariño están las Agc y grupos disidentes del antiguo Frente 29 de las extintas Farc. En particular, hay preocupación en esta zona por la región de Sanabria, entre Santa Barbara de Iscuandé y El Charco, que no tiene vías de acceso y que por la presencia de los grupos armados queda aún más desconectada de centros poblados de cualquier municipio de la zona.

La crisis humanitaria por el conflicto armado no da tregua en este departamento. El director de la Unidad Nacional de Víctimas, Ramón Rodríguez, reconoció, por ejemplo, que hay más de 776 familias confinadas en la cabecera municipal de Pie de Pato, en el Alto Baudó, por enfrentamientos entre hombres de la guerrilla del Eln y las Agc. Los desplazados son en su mayoría afrocolombianos de las comunidades de Amparradó y Cocalito, que desde finales del año pasado están viendo amenazada su vida y tranquilidad por la presencia de actores armados ilegales.

(Lea: En plena pandemia de COVID-19, el Estado hace erradicación forzada en Catatumbo)

En el bajo Atrato chocoano, las comunidades indígenas embera eyabida del resguardo indígena Urada Jiguamiandó, que hacen parte del municipio de Carmen del Darién, denuncian estar confinadas por las Agc, que los convocan a reuniones sin que la Fuerza Pública haga nada para impedirlo. Estos actores armados prohibieron el tránsito libre en la noche y han requisado las casas de las familias. Esto les ha significado un desabastecimiento de alimentos en el resguardo, ya que no pueden salir al pueblo, porque en estas fechas hay poca producción en la comunidad. Además, han aumentado los contagios de paludismo, en especial en las comunidades de Alto Guayabal, Bidoquera-Ancadia y Dearade. Por eso piden auxilio del Gobierno Nacional y departamental para conseguir víveres, medicamentos y presencia de profesionales de salud.

Catatumbo: “falsos positivos” no dan tregua

En esta región, que abarca once municipios del departamento de Norte de Santander, se presenta una situación crítica en el municipio Sardinata. Organizaciones de la zona denunciaron la presunta ejecución extrajudicial de Alejandro Carvajal, un joven de veinte años, a manos del Ejército. “Fue asesinado a manos del Ejército Nacional en el marco de la movilización contra las erradicaciones manuales de cultivos de coca”, señaló la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat). En ese municipio la Fuerza Pública está adelantando labores de erradicación forzada desde los primeros días de marzo, lo que ha generado choques con los campesinos, quienes sin las matas no tendrían sustento durante la cuarentena por el coronavirus. Ascamcat y la Asamblea del Norte de Santander han pedido que se suspendan los operativos, pero el Ministerio de Defensa se ha negado a acceder a la petición.

El 19 de marzo se reportaron combates en Sardinata entre el Eln y el Epl. Este último grupo armado se encuentra replegado en ese municipio tras dos años de confrontación armada con los elenos.

Mientras el país vivía los primeros días de una inédita cuarentena para contener el contagio del coronavirus, en las regiones históricamente golpeadas por la guerra las acciones de los grupos armados ilegales no se detuvieron. En seis de los ocho municipios del norte del Cauca, donde hay comunidades indígenas, se registraron hostigamientos al final de la semana pasada. Las disidencias de las Farc dispararon desde las montañas y la Fuerza Pública respondió desde los centros urbanos. En el departamento del Putumayo, las operaciones de erradicación forzada y de fumigación manual de coca se adelantan en medio de enfrentamientos con campesinos que viven del cultivo de uso ilícito. En Nariño y Chocó hay cientos de familias confinadas por los enfrentamientos entre actores legales e ilegales, y en Catatumbo hay denuncias de una presunta ejecución extrajudicial de un joven durante una jornada de erradicación de coca.

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Por eso, desde que el coronavirus llegó a Colombia, las organizaciones indígenas y de la sociedad civil, la Comisión de la Verdad y hasta el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, han pedido a los grupos armados que, aunque sea por este momento de la historia, hagan un cese al fuego. “No es justo que mientras la gente está concentrada en la defensa de la vida, en los puestos de monitoreos donde están los guardias indígenas intentando detener la expansión del coronavirus, salgan con este tipo de hechos de violencia que llenan más de miedo y zozobra a la gente. No es justo que se adelanten operativos militares en el país, precisamente, cuando la gente está confinada en sus casas. Deténganse, piensen un momentico”, dijo el líder indígena y senador Feliciano Valencia, desde el norte del Cauca.

Cauca: entre hostigamientos y retenes

Días antes de que el Gobierno anunciara la cuarentena nacional, en el norte del Cauca se reunieron las 19 autoridades indígenas de esa región y, en una decisión sin precedentes, anunciaron que el trabajo comunitario se suspendía y que cerca de 115.000 comuneros debían aislarse en sus casas para evitar la propagación del coronavirus. Tras la determinación, las autoridades ancestrales activaron 51 puntos de control territorial, en las entradas y salidas de los resguardos, con 1.200 guardias indígenas que controlan la movilidad dentro de estas comunidades e impiden el ingreso de personas foráneas a sus territorios. Por esto último, han tenido problemas con los actores armados, denuncian desde la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN).

En medio de estos operativos, desde el pasado 26 de marzo se vienen registrando hostigamientos y combates en seis municipios del norte del Cauca: Toribío, Caloto, Corinto, Caldono, Santander de Quilichao y Buenos Aires. En zona rural de este último municipio, en territorio indígena de Pueblo Nuevo, sucedieron las más recientes acciones bélicas “que aumentan la zozobra en los comuneros, que están sufriendo por no poder continuar con sus actividades de trabajo colectivo a raíz de la pandemia”, expresó Edwin Mauricio Capaz, coordinador de derechos humanos de la ACIN.

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Y este fue el pronunciamiento del senador Feliciano Valencia: “Quiero hacer el llamado a estos grupos armados ilegales para que detengan los hostigamientos, para que no traten de sacar provecho militar y político a favor de sus intereses”.

Entre tanto, en Bolívar, municipio del Valle del Cauca, los indígenas emberas viven una tragedia por cuenta de la violencia. El 23 de marzo pasado, en medio de la orden de confinamiento dada por la Gobernación, los hermanos Ómar y Ernesto Guasiruma Nacabera fueron asesinados en la vereda Buenavista de dicha municipalidad. Junto con los dos indígenas emberas, que murieron atacados a bala, también resultaron heridos dos de sus familiares. Los corregimientos más golpeados por la guerra en este municipio han sido La Tulia, Betania y El Naranjal, en este último fueron asesinados dos indígenas que, según la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), eran líderes en esta región limítrofe con el Pacífico.

Por su parte, la Asociación de Cabildos Indígenas del Valle del Cauca denunció que en la comunidad de Valledupar, ubicada en Litoral del San Juan (Chocó), fue hallado el cuerpo sin vida de un afrodescendiente. El cadáver, según un comunicado de esa organización, tenía señales de muerte violenta. El hecho aumentó el miedo de la comunidad, que ve con impotencia cómo mueren sus integrantes por cuenta de enfrentamientos entre las Agc, el Eln y la Fuerza Pública.

Putumayo: líderes y erradicación de coca

La tensión en este departamento del sur del país se centra en las operaciones de erradicación forzada de los cultivos de coca, los cuales se intensificaron desde el pasado 22 de marzo por parte de la Fuerza Pública y por orden del Gobierno Nacional. De acuerdo con la Asociación Campesina del Suroriente del Putumayo (Acsomayo), los hechos se desarrollan en la vereda Nueva Granada, en el corredor Puerto Vega-Teteyé (municipio de Puerto Asís), donde los campesinos se han opuesto a la medida. De hecho, tres días antes de que se reanudara la fumigación manual con glifosato de los cultivos, el dirigente campesino Marco Rivadeneira Zabala, quien impulsaba la sustitución voluntaria de la coca en esa zona, fue secuestrado y luego asesinado por tres hombres que lo sacaron de una reunión, con otros líderes, donde justamente trataba dicha problemática.

Se suman también las amenazas de los grupos armados, como las disidencias de los frentes 1º y 48 de las Farc. “Puerto Vega-Teteyé es zona fronteriza y es un corredor del narcotráfico. Los actores armados toman represalias con las comunidades por la sustitución o erradicación de la coca. Hay miedo, porque la Fuerza Pública está concentrada en el cuidado de la frontera con Ecuador por el coronavirus y no hay la misma protección para la población”, manifestó Éder Sánchez, miembro de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC) en Putumayo.

Además de esto, Acsomayo también denuncia que la extracción petrolera no cesa en esta región de Puerto Vega-Teteyé, a pesar del riesgo que el tránsito de personal y tractomulas conlleva para el medio el ambiente y la salud. El secretario de Salud del departamento, Jorge Molina, informó que las comunidades del municipio de San Miguel están impidiendo el paso de tractomulas por la frontera con el Ecuador, pues temen que se convierta en un foco de contagio, pues en Sucumbíos (Ecuador) ya se confirmó un caso de coronavirus y la incertidumbre crece.

Nariño: entre amenazas y desplazamientos

El 17 de marzo pasado, los líderes de la Asociación de Juntas de Acción Comunal de los ríos Mira, Nulpe y Mataje (Asominuma), en Tumaco, fueron amenazados de muerte. Vía telefónica, una voz desconocida se identificó como miembro del Clan del Golfo (también conocido como Autodefensas Gaitanistas) y declaró objetivo militar a los dirigentes comunitarios del sur de Nariño. Para la asociación, que agrupa unas 7.000 familias del territorio de Alto Mira y Frontera, es extraño que la amenaza provenga de ese grupo neoparamilitar, pues en la zona no tiene una presencia consolidada.

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Entre tanto, en dos municipios del Pacífico nariñense ya se registraron emergencias humanitarias en medio de la crisis por el coronavirus. Según el director de la Unidad para las Víctimas, Ramón Rodríguez, en el municipio de Roberto Payán se presentaron dos desplazamientos masivos en los últimos quince días, que generaron la salida forzada de casi 250 personas desde la zona rural hacia la cabecera municipal. No obstante, por la situación de la pandemia, los desplazamientos masivos ya no se pueden atender concentrando a la población en albergues, como coliseos o escuelas, sino que las familias desplazadas se están distribuyendo en residencias de familiares y miembros de la comunidad. Por su parte, dicha entidad también registró el desplazamiento de 24 familias en el municipio de Francisco Pizarro.

El otro foco del conflicto armado en Nariño está en la zona de la cordillera occidental, en municipios como Policarpa, Cumbitara y Leiva. Si bien en los últimos meses no se han registrado desplazamientos ni situaciones de confinamiento, fuentes en la zona aseguraron que hay restricciones a la movilidad de la población por parte de los grupos armados presentes en la zona.

Según la Defensoría del Pueblo, en la cordillera de Nariño están las Agc y grupos disidentes del antiguo Frente 29 de las extintas Farc. En particular, hay preocupación en esta zona por la región de Sanabria, entre Santa Barbara de Iscuandé y El Charco, que no tiene vías de acceso y que por la presencia de los grupos armados queda aún más desconectada de centros poblados de cualquier municipio de la zona.

La crisis humanitaria por el conflicto armado no da tregua en este departamento. El director de la Unidad Nacional de Víctimas, Ramón Rodríguez, reconoció, por ejemplo, que hay más de 776 familias confinadas en la cabecera municipal de Pie de Pato, en el Alto Baudó, por enfrentamientos entre hombres de la guerrilla del Eln y las Agc. Los desplazados son en su mayoría afrocolombianos de las comunidades de Amparradó y Cocalito, que desde finales del año pasado están viendo amenazada su vida y tranquilidad por la presencia de actores armados ilegales.

(Lea: En plena pandemia de COVID-19, el Estado hace erradicación forzada en Catatumbo)

En el bajo Atrato chocoano, las comunidades indígenas embera eyabida del resguardo indígena Urada Jiguamiandó, que hacen parte del municipio de Carmen del Darién, denuncian estar confinadas por las Agc, que los convocan a reuniones sin que la Fuerza Pública haga nada para impedirlo. Estos actores armados prohibieron el tránsito libre en la noche y han requisado las casas de las familias. Esto les ha significado un desabastecimiento de alimentos en el resguardo, ya que no pueden salir al pueblo, porque en estas fechas hay poca producción en la comunidad. Además, han aumentado los contagios de paludismo, en especial en las comunidades de Alto Guayabal, Bidoquera-Ancadia y Dearade. Por eso piden auxilio del Gobierno Nacional y departamental para conseguir víveres, medicamentos y presencia de profesionales de salud.

Catatumbo: “falsos positivos” no dan tregua

En esta región, que abarca once municipios del departamento de Norte de Santander, se presenta una situación crítica en el municipio Sardinata. Organizaciones de la zona denunciaron la presunta ejecución extrajudicial de Alejandro Carvajal, un joven de veinte años, a manos del Ejército. “Fue asesinado a manos del Ejército Nacional en el marco de la movilización contra las erradicaciones manuales de cultivos de coca”, señaló la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat). En ese municipio la Fuerza Pública está adelantando labores de erradicación forzada desde los primeros días de marzo, lo que ha generado choques con los campesinos, quienes sin las matas no tendrían sustento durante la cuarentena por el coronavirus. Ascamcat y la Asamblea del Norte de Santander han pedido que se suspendan los operativos, pero el Ministerio de Defensa se ha negado a acceder a la petición.

El 19 de marzo se reportaron combates en Sardinata entre el Eln y el Epl. Este último grupo armado se encuentra replegado en ese municipio tras dos años de confrontación armada con los elenos.