Liderazgos emberas, confinados por la guerra
Los indígenas emberas del resguardo Urada Jiguamiandó, que han resistido al conflicto armado por décadas en el Bajo Atrato chocoano, denuncian nuevas amenazas y posibles incursiones armadas de paramilitares, con aparente connivencia de la Fuerza Pública, que ponen en riesgo su vida e integridad. El general Juan Carlos Ramírez Trujillo lo desmiente.
Natalia Herrera Durán / @Natal1aH
Son emberas eyabidas, indígenas de montaña que viven en las cabeceras de los ríos que bajan del cerro o en las colinas donde nace el agua. Según su origen, fueron hechos por Dayizeze, o el dios de la tierra, y cuando mueren se descomponen y se convierten en eso, en tierra. Por eso adoran y protegen a Dayira Drua, la madre.
(Le puede interesar: Cacarica busca la verdad en medio de las balas)
Están ubicados a lo largo y ancho del río Jiguamiandó o río de Fiebre en lengua embera (cuvamia, fiebre, y do, río). Así lo llamaron desde tiempos ancestrales por los cientos de casos de paludismo que han padecido. El Jigua, como también le dicen, es un afluente del Atrato, al noroccidente del Pacífico colombiano, en el municipio de El Carmen del Darién, en el Bajo Atrato, en el departamento del Chocó, que colinda con Panamá.
Un lugar de selva húmeda y tupida, una de las más ricas en biodiversidad del mundo, de árboles gruesos y nacimientos de minerales y agua que ha sido testigo, como pocos lugares en el país, de la inclemencia del conflicto armado y la presencia de actores que han buscado adueñarse violentamente de estas tierras “estratégicas” para la explotación de minerales y el tráfico y exportación de drogas de uso ilícito.
Son emberas eyabidas del resguardo Urada Jiguamiandó o Resguardo Humanitario Ambiental So Bia Drua, y han resistido por décadas la guerra para no abandonar el territorio que les da sentido. So, significa el corazón honesto; Bia, una comunidad de bien en igualdad, y Drua, la tierra madre y padre de los emberas.
De este resguardo de 19.000 hectáreas hacen parte las comunidades de Bidoquera-Ancadia, Alto Guayabal, Jaibia-Coredocito, Nuevo Cañaveral, Ibudó y Padadó-Aparradocito. Un territorio protegido por medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y objeto de importantes decisiones de la Corte Constitucional a través de la sentencia T-769 de 2009, que protege el territorio, el medio ambiente, su cultura y su derecho sobre el territorio.
De acuerdo con la denuncia pública de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, la organización de derechos humanos que desde hace 20 años acompaña estos procesos, la avanzada paramilitar estaría siendo planeada desde el corregimiento de Pavarandó del municipio de Mutatá, en Antioquia.
La razón detrás de la ofensiva sería una retaliación por la detención preventiva por parte de la guardia ambiental de Nuevo Cañaveral de cinco armados vestidos de camuflado de las Agc, a quienes dejaron en libertad tres horas después. Eso ocurrió en abril. Pero también por la continuidad de la privación de libertad de otro integrante de las Agc, que llegó armado a la zona humanitaria días después y fue detenido.
La alarma de una incursión armada se disparó en estos días en el caño Primitiva, ubicado en la cabecera del río Urada-Jiguamiandó. La comunidad vio a cerca de 200 hombres de las Agc que, según la información que les llegó, participarían de la operación armada, apoyados por otros paramilitares asentados entre Mutatá Uradá, Pavarandó, Llano Rico y Camelias, pese a que en la zona hay operaciones de la Fuerza Pública.
Días antes, el 29 de mayo, se dio un ataque armado de las Agc en el que resultaron heridos dos indígenas. Los paramilitares estaban buscando al líder embera Omar Bailarín. “Desde febrero, las comunidades y sus líderes se encuentran amenazados por operaciones paramilitares y en altísimo riesgo debido a la ausencia de una respuesta eficaz del Estado en materia de desestructuración de las Agc y de los vínculos de tolerancia con estas”, denunció hace cinco días en un comunicado público la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz.
La lista de los 12
“Nombre completo, dijeron. ¿Pa' qué nos preguntan? Más seguro para hacer una maldad, para matarnos. Todo porque nosotros como indígenas no queremos que siembren hoja de coca ni que exploten el territorio”. Así refirió un indígena, que por razones de seguridad pidió que no diéramos su nombre, el día de febrero en que dos paramilitares de las AGC pidieron información, con lista en mano, de 12 líderes indígenas del resguardo Urada Jiguamiandó.Los paramilitares estaban vestidos de civil en el corregimiento de Brisas y preguntaban cada cuánto y por dónde salían los representantes indígenas de sus territorios. Desde entonces, esos liderazgos están confinados. Para los emberas, la máxima autoridad es la asamblea general, compuesta por todas las familias emberas, y cuyo representante es el gobernador, elegido por la comunidad, que hoy no puede transitar libremente para ejercer su representación.
“Hoja de coca afecta población indígena y campesina porque trae conflicto armado. Por donde tiene sembrado hoja de coca por ahí llega la violencia. Este resguardo no quiere a quien quiera sembrar hoja de coca. Y ellos nos amenazan porque no quieren que denunciemos afuera”, dijo otro indígena, visiblemente preocupado, antes de despedir a la comisión periodística y humanitaria que llegó recientemente hasta allá.
(Lea: La pimienta es el camino a casa)
Argemiro Bailarín, reconocido líder indígena embera de este resguardo y quien hace poco viajó a Jamaica, en las Antillas, para denunciar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos esta situación, actualmente bajo estudio del organismo internacional, habló con Colombia 2020 en un rancho de la comunidad de Alto Guayabal.
“Sabemos que el Ejército y las Agc tienen vínculos porque no ha habido enfrentamientos entre ellos. Eso lo estamos viendo con nuestros propios ojos las comunidades de base, aunque el Ejército lo niegue. Si uno mira el Acuerdo de Paz entre el Gobierno y las Farc dice que se deben desmontar los grupos paramilitares, pero como lo he dicho en reuniones con el Ejército, no han hecho ningún desmonte”.
Este diario intentó contactar al general Juan Carlos Ramírez Trujillo, comandante de la Séptima División del Ejército, que tiene mando sobre la Brigada XVII, la Brigada XV y la Fuerza de Tarea Titán, que opera en esta zona del Atrato, para preguntarle sobre tales denuncias y señaló: "Nuestras operaciones hoy son contra todos los actores armados organizados" y subrayó que no hay una política institucional que avale la connivencia con grupos armados ilegales". Además, resaltó que internamente se están llevando las investigaciones disciplinarias pertinentes para esclarecer si se está presentando esta situación. Por lo pronto, asegura que en esta área han tenido mayores golpes militares contra las AGC, o Clan del Golfo, como ellos les llaman, que contra la guerrilla del ELN.*
Lea: ‘No hay connivencia con Clan del Golfo en el Bajo Atrato’: general Ramírez
Crisis humanitaria
Desde marzo de 2018 se viene presentando una dura crisis humanitaria por cuenta de las operaciones armadas de paramilitares, Ejército y guerrilla del Eln en Jiguamiandó. Los habitantes de la zona han sido intimidados y les han prohibido las actividades de pesca y cacería, por eso los han expuesto a precarias condiciones alimentarias y de salud. Una de las más graves situaciones la vivieron este año, en febrero, cuando por los enfrentamientos terminaron desplazados y confinados en sus comunidades, lo que puso en riesgo su vida e integridad e incrementó las muertes y epidemias que podrían ser fácilmente atendidas en otras condiciones.El tema se divulgó en prensa. Se conocieron las duras imágenes de los entierros de los niños que murieron en esos días y las trincheras en donde se protegían del fuego cruzado, sin que ninguna autoridad o entidad nacional pudiera impedir el riesgo. “En ese momento empezó un brote de malaria o paludismo y por eso murieron acá en Guayabal tres niños, en Urada murieron tres y en Bidoquera murieron dos. Fueron ocho niños, menores en su mayoría de un año, porque solo uno tenía 14 meses. Para nosotros murieron por la desatención de las autoridades”, sostuvo Argemiro Bailarín y detalló que esta realidad contrasta con las cifras del Gobierno, que dice que por confinamiento solo han muerto dos niños.
Otra de las más grandes preocupaciones de los emberas son las exploraciones empresariales en busca de minerales. Allí donde se están dando las más duras confrontaciones armadas en la región de El Carmen del Darién, por ejemplo, se busca poner en marcha el proyecto Mandé Norte, de la compañía Muriel Mining Corporation, conformado por nueve concesiones mineras otorgadas desde el 4 de febrero de 2005, para la exploración técnica y explotación económica de cobre, oro y molibdeno, entre otros. Las concesiones cubren un área de aproximadamente 16.006 hectáreas entre los municipios de Murindó, departamento de Antioquia, y El Carmen del Darién, en el Chocó.
(Lea: Peñas Coloradas: 15 años de destierro en el Caquetá)
Memorias de resistencia
Hace pocas semanas, en medio de esta zozobra, los emberas eyabidas del resguardo Urada Jiguamiandó recordaron a sus desaparecidos forzados en el Festival de las Memorias, que organizaron junto a la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, como ejemplo de su compromiso con una vida en paz, donde la reconciliación sea posible.Allí, con la fuerza de Dayizeze, comunicaron su espiritualidad, sus ritos sagrados, su pintura corporal con la semilla de jagua, sus comidas y bailes. Invitaron a conversar a excomandantes paramilitares y guerrilleros, a integrantes de entidades como la Comisión de la Verdad y la Jurisdicción Especial de Paz, a miembros retirados de la Fuerza Pública, víctimas de otros lugares del país y acompañantes internacionales. Compartieron sus más profundos dolores en tantos años de conflicto y pidieron la verdad. La verdad de por qué su territorio, rico y deseado por empresas y armados ilegales, sigue padeciendo tanta violencia sin que el Estado haga algo para impedirlo.
*Nota de la editora: La versión del general Juan Carlos Ramírez Trujillo solo se pudo tener después de esta publicación, pero se incluyó posteriormente por su valor periodístico.
Son emberas eyabidas, indígenas de montaña que viven en las cabeceras de los ríos que bajan del cerro o en las colinas donde nace el agua. Según su origen, fueron hechos por Dayizeze, o el dios de la tierra, y cuando mueren se descomponen y se convierten en eso, en tierra. Por eso adoran y protegen a Dayira Drua, la madre.
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Están ubicados a lo largo y ancho del río Jiguamiandó o río de Fiebre en lengua embera (cuvamia, fiebre, y do, río). Así lo llamaron desde tiempos ancestrales por los cientos de casos de paludismo que han padecido. El Jigua, como también le dicen, es un afluente del Atrato, al noroccidente del Pacífico colombiano, en el municipio de El Carmen del Darién, en el Bajo Atrato, en el departamento del Chocó, que colinda con Panamá.
Un lugar de selva húmeda y tupida, una de las más ricas en biodiversidad del mundo, de árboles gruesos y nacimientos de minerales y agua que ha sido testigo, como pocos lugares en el país, de la inclemencia del conflicto armado y la presencia de actores que han buscado adueñarse violentamente de estas tierras “estratégicas” para la explotación de minerales y el tráfico y exportación de drogas de uso ilícito.
Son emberas eyabidas del resguardo Urada Jiguamiandó o Resguardo Humanitario Ambiental So Bia Drua, y han resistido por décadas la guerra para no abandonar el territorio que les da sentido. So, significa el corazón honesto; Bia, una comunidad de bien en igualdad, y Drua, la tierra madre y padre de los emberas.
De este resguardo de 19.000 hectáreas hacen parte las comunidades de Bidoquera-Ancadia, Alto Guayabal, Jaibia-Coredocito, Nuevo Cañaveral, Ibudó y Padadó-Aparradocito. Un territorio protegido por medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y objeto de importantes decisiones de la Corte Constitucional a través de la sentencia T-769 de 2009, que protege el territorio, el medio ambiente, su cultura y su derecho sobre el territorio.
De acuerdo con la denuncia pública de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, la organización de derechos humanos que desde hace 20 años acompaña estos procesos, la avanzada paramilitar estaría siendo planeada desde el corregimiento de Pavarandó del municipio de Mutatá, en Antioquia.
La razón detrás de la ofensiva sería una retaliación por la detención preventiva por parte de la guardia ambiental de Nuevo Cañaveral de cinco armados vestidos de camuflado de las Agc, a quienes dejaron en libertad tres horas después. Eso ocurrió en abril. Pero también por la continuidad de la privación de libertad de otro integrante de las Agc, que llegó armado a la zona humanitaria días después y fue detenido.
La alarma de una incursión armada se disparó en estos días en el caño Primitiva, ubicado en la cabecera del río Urada-Jiguamiandó. La comunidad vio a cerca de 200 hombres de las Agc que, según la información que les llegó, participarían de la operación armada, apoyados por otros paramilitares asentados entre Mutatá Uradá, Pavarandó, Llano Rico y Camelias, pese a que en la zona hay operaciones de la Fuerza Pública.
Días antes, el 29 de mayo, se dio un ataque armado de las Agc en el que resultaron heridos dos indígenas. Los paramilitares estaban buscando al líder embera Omar Bailarín. “Desde febrero, las comunidades y sus líderes se encuentran amenazados por operaciones paramilitares y en altísimo riesgo debido a la ausencia de una respuesta eficaz del Estado en materia de desestructuración de las Agc y de los vínculos de tolerancia con estas”, denunció hace cinco días en un comunicado público la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz.
La lista de los 12
“Nombre completo, dijeron. ¿Pa' qué nos preguntan? Más seguro para hacer una maldad, para matarnos. Todo porque nosotros como indígenas no queremos que siembren hoja de coca ni que exploten el territorio”. Así refirió un indígena, que por razones de seguridad pidió que no diéramos su nombre, el día de febrero en que dos paramilitares de las AGC pidieron información, con lista en mano, de 12 líderes indígenas del resguardo Urada Jiguamiandó.Los paramilitares estaban vestidos de civil en el corregimiento de Brisas y preguntaban cada cuánto y por dónde salían los representantes indígenas de sus territorios. Desde entonces, esos liderazgos están confinados. Para los emberas, la máxima autoridad es la asamblea general, compuesta por todas las familias emberas, y cuyo representante es el gobernador, elegido por la comunidad, que hoy no puede transitar libremente para ejercer su representación.
“Hoja de coca afecta población indígena y campesina porque trae conflicto armado. Por donde tiene sembrado hoja de coca por ahí llega la violencia. Este resguardo no quiere a quien quiera sembrar hoja de coca. Y ellos nos amenazan porque no quieren que denunciemos afuera”, dijo otro indígena, visiblemente preocupado, antes de despedir a la comisión periodística y humanitaria que llegó recientemente hasta allá.
(Lea: La pimienta es el camino a casa)
Argemiro Bailarín, reconocido líder indígena embera de este resguardo y quien hace poco viajó a Jamaica, en las Antillas, para denunciar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos esta situación, actualmente bajo estudio del organismo internacional, habló con Colombia 2020 en un rancho de la comunidad de Alto Guayabal.
“Sabemos que el Ejército y las Agc tienen vínculos porque no ha habido enfrentamientos entre ellos. Eso lo estamos viendo con nuestros propios ojos las comunidades de base, aunque el Ejército lo niegue. Si uno mira el Acuerdo de Paz entre el Gobierno y las Farc dice que se deben desmontar los grupos paramilitares, pero como lo he dicho en reuniones con el Ejército, no han hecho ningún desmonte”.
Este diario intentó contactar al general Juan Carlos Ramírez Trujillo, comandante de la Séptima División del Ejército, que tiene mando sobre la Brigada XVII, la Brigada XV y la Fuerza de Tarea Titán, que opera en esta zona del Atrato, para preguntarle sobre tales denuncias y señaló: "Nuestras operaciones hoy son contra todos los actores armados organizados" y subrayó que no hay una política institucional que avale la connivencia con grupos armados ilegales". Además, resaltó que internamente se están llevando las investigaciones disciplinarias pertinentes para esclarecer si se está presentando esta situación. Por lo pronto, asegura que en esta área han tenido mayores golpes militares contra las AGC, o Clan del Golfo, como ellos les llaman, que contra la guerrilla del ELN.*
Lea: ‘No hay connivencia con Clan del Golfo en el Bajo Atrato’: general Ramírez
Crisis humanitaria
Desde marzo de 2018 se viene presentando una dura crisis humanitaria por cuenta de las operaciones armadas de paramilitares, Ejército y guerrilla del Eln en Jiguamiandó. Los habitantes de la zona han sido intimidados y les han prohibido las actividades de pesca y cacería, por eso los han expuesto a precarias condiciones alimentarias y de salud. Una de las más graves situaciones la vivieron este año, en febrero, cuando por los enfrentamientos terminaron desplazados y confinados en sus comunidades, lo que puso en riesgo su vida e integridad e incrementó las muertes y epidemias que podrían ser fácilmente atendidas en otras condiciones.El tema se divulgó en prensa. Se conocieron las duras imágenes de los entierros de los niños que murieron en esos días y las trincheras en donde se protegían del fuego cruzado, sin que ninguna autoridad o entidad nacional pudiera impedir el riesgo. “En ese momento empezó un brote de malaria o paludismo y por eso murieron acá en Guayabal tres niños, en Urada murieron tres y en Bidoquera murieron dos. Fueron ocho niños, menores en su mayoría de un año, porque solo uno tenía 14 meses. Para nosotros murieron por la desatención de las autoridades”, sostuvo Argemiro Bailarín y detalló que esta realidad contrasta con las cifras del Gobierno, que dice que por confinamiento solo han muerto dos niños.
Otra de las más grandes preocupaciones de los emberas son las exploraciones empresariales en busca de minerales. Allí donde se están dando las más duras confrontaciones armadas en la región de El Carmen del Darién, por ejemplo, se busca poner en marcha el proyecto Mandé Norte, de la compañía Muriel Mining Corporation, conformado por nueve concesiones mineras otorgadas desde el 4 de febrero de 2005, para la exploración técnica y explotación económica de cobre, oro y molibdeno, entre otros. Las concesiones cubren un área de aproximadamente 16.006 hectáreas entre los municipios de Murindó, departamento de Antioquia, y El Carmen del Darién, en el Chocó.
(Lea: Peñas Coloradas: 15 años de destierro en el Caquetá)
Memorias de resistencia
Hace pocas semanas, en medio de esta zozobra, los emberas eyabidas del resguardo Urada Jiguamiandó recordaron a sus desaparecidos forzados en el Festival de las Memorias, que organizaron junto a la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, como ejemplo de su compromiso con una vida en paz, donde la reconciliación sea posible.Allí, con la fuerza de Dayizeze, comunicaron su espiritualidad, sus ritos sagrados, su pintura corporal con la semilla de jagua, sus comidas y bailes. Invitaron a conversar a excomandantes paramilitares y guerrilleros, a integrantes de entidades como la Comisión de la Verdad y la Jurisdicción Especial de Paz, a miembros retirados de la Fuerza Pública, víctimas de otros lugares del país y acompañantes internacionales. Compartieron sus más profundos dolores en tantos años de conflicto y pidieron la verdad. La verdad de por qué su territorio, rico y deseado por empresas y armados ilegales, sigue padeciendo tanta violencia sin que el Estado haga algo para impedirlo.
*Nota de la editora: La versión del general Juan Carlos Ramírez Trujillo solo se pudo tener después de esta publicación, pero se incluyó posteriormente por su valor periodístico.