Los 10 líderes sociales a los que una jueza urge proteger

“…Que se ordene a la Unidad Nacional de Protección (UNP) hacerse cargo de los gastos del esquema de protección asignado, esto es, del valor del parqueadero y la gasolina del vehículo asignado, súplica implorada por la mayoría de los actores, innegablemente por las mismas razones que deben cumplir las medidas de seguridad otorgadas”, dice uno de los apartes del fallo de la jueza 45 del Circuito de Bogotá, en el que les exige a varias instituciones del Estado que garanticen los derechos de los líderes sociales y defensores de derechos humanos en Colombia. En el punto más trascendental, la jueza ordenó aplicar medidas de protección colectiva para las comunidades y que la Unidad de Protección contrate a hombres de confianza como sus escoltas. Estas son las historias de los líderes y lideresas que fueron objeto del fallo judicial.

El defensor del Macizo

Salazar logró salir ileso de ese ataque, no obstante, el 3 de septiembre de 2019 a su casa llegó un panfleto firmado por el Bloque Suroccidental de las Águilas Negras, con nuevos señalamientos y amenazas de muerte. Salazar, uno de los principales defensores de derechos humanos en el Macizo Colombiano, es líder de siete expresiones sociales y políticas del sur del país, dentro de las que se destacan: coordinador departamental del movimiento Marcha Patriótica y del Proceso Campesino y Popular del Municipio de La Vega, desde donde ha defendido los derechos del campesinado y se ha enfrentado a empresas mineras que intentan explotar el oro que está en las montañas de esta reserva hídrica de la humanidad.

Salazar cuenta con medidas de protección del Estado desde 2012. La última evaluación de riesgo, según la UNP, fue valorada en 52,77 %, es decir, de alto riesgo. El líder denunció que no han reevaluado su esquema de protección y que por eso le toca poner dinero de su bolsillo para pagar la gasolina, los peajes y el parqueadero del vehículo en sus correrías como defensor de derechos humanos. Por eso, la jueza le ordenó a la Unidad de Protección, para este caso y el de los otros nueve líderes, que se encargue de dichos gastos. “Indistintamente de la justificación que da la Unidad señalando la insuficiencia de presupuesto, siendo una excusa vaga frente a la trascendencia de la protección que debe garantizarse al demandante”.

Además, la decisión ordenó a esta entidad adoptar medidas de protección colectivas con enfoque diferencial para el proceso campesino y popular del municipio de La Vega, cuyos integrantes han sido amenazados en su totalidad a causa de la defensa de los derechos, razón por la cual tienen medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

(También lea: Gobierno dice que ha esclarecido el 50% de asesinatos de líderes; ONU dice que solo el 11%

El líder que perdió el ojo izquierdo

Acto seguido, en medio del forcejeo con las comunidades, la erradicación inició con el lanzamiento de gases lacrimógenos y disparos de escopetas de perdigones, uno de los cuales impactó en el ojo izquierdo de Cruz. Tras perder la visión por ese ojo, y después de estar hospitalizado en un centro médico en Ecuador, el líder dijo que había denunciado los hechos ante la Personería Municipal, la Fiscalía de Mocoa (Putumayo) y la Mesa de diálogo con el Gobierno, bajo la dirección del Ministerio del Interior, pero sus súplicas no fueron escuchadas. Ante la presión que vivían las comunidades por cuenta de la erradicación de los cultivos con los que resuelven su sustento diario, pidió una comisión de derechos humanos para dialogar y que la investigación disciplinaria por su caso fuera asumida por la Procuraduría General de la Nación y no por la Oficina de Control Disciplinario Interno del Departamento de Policía de Putumayo, como ocurre actualmente. Sin embargo, aunque la investigación está estancada, la jueza ratificó esa competencia y le dio 30 días hábiles a la Policía para que investigue, esclarezca los hechos y presente un informe a ese despacho. La defensa de Cruz refutó argumentando que no habrá imparcialidad en el proceso.

Después de estos hechos, escribió la juez en su relato, la comunidad quedó atemorizada para ejercer cualquier reclamo, miedo que se suma a las amenazas de los disidentes de los frentes 1º y 48 de las Farc y de la estructura ilegal autodenominada La Mafia, que también se oponen a la sustitución voluntaria de los cultivos promovida por los defensores de derechos humanos. Diobaldo Cruz también es líder de la Asociación Campesina de Puerto Asís, la misma a la que las balas le arrebataron a su presidente, Marco Rivadeneira, apenas el 19 de marzo pasado, justamente cuando hablaba con la comunidad de la sustitución y se quejaba por el regreso de la erradicación forzada de la Fuerza Pública. Para resolver esta pugna, la jueza ordenó que se creara una comisión de derechos humanos en la mesa de diálogo y concertación que tienen estas comunidades con el Gobierno.

El líder con su familia amenazada

Pese a que Arnobi Zapata tuvo que abandonar el sur de Córdoba y radicarse en la capital, Montería, a raíz de los disparos que desconocidos hicieron en su lugar de residencia, la persecución al líder y su familia se ha extendido hasta esta ciudad. En 2016, fue un panfleto de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), en el que lo sentenciaron de muerte por socializar en la región el Acuerdo de Paz entre el Estado y las Farc. Desde entonces, la UNP le asignó un esquema de protección, que consiste en un carro blindado y escoltas, sin embargo, clama por la seguridad de su familia que, le contó a la jueza, está siendo perseguida desde finales de 2018, cuando un hombre fue a fotografiar su lugar de residencia en Montería.

Zapata es miembro de la Asociación de Campesinos del Sur de Córdoba, presidente de la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina y ejerce la vocería de la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (Coccam) en esa región, desde marzo de 2019 . Según le dijo a la jueza, aun cuando hay personas interesadas en ser parte de la organización, ninguno quiere asumir cargos directivos por miedo a las agresiones que, están seguros, recibirán. La jueza ordenó que en un plazo de 15 días la Unidad de Protección evalúe la situación de riesgo de la familia del líder y que, si evidencia algún tipo de peligro, deberá disponer, sin excusa de asuntos presupuestales, de las medidas de protección necesarias.

Una lidereza judicializada

En 2018 fue hostigada por desconocidos, pero la lideresa le dijo a la jueza, y adjuntó la resolución, que la Unidad de Protección le desmontó su esquema de seguridad por no haber recibido amenazas directas en su contra. Durante 2019 fue candidata a la Alcaldía del municipio de Arenal (Bolívar), pero fue inhabilitada por ser la hermana del rector de una institución educativa. Previo a las elecciones, denunció al alcalde de ese momento por calumnia, quien la acusó de financiar acciones de protesta ciudadana y revivió el proceso judicial. Además, le comentó a la jueza, el 22 de noviembre pasado, que había denunciado a los hombres asignados para su protección, por injuria. Aunque en el fallo no hay más detalles, la lideresa dejó claro que sus escoltas la abandonaron en varias reuniones donde ejerció su liderazgo.

El 27 de diciembre pasado, mientras se dirigía al municipio de Aguachica (Cesar) con un escolta, en su vehículo, cuatro hombres con pasamontañas se atravesaron en el camino y le dispararon. Los atacantes lograron escapar en una camioneta. Ante esos hechos, la jueza ordenó que en los siguientes 15 días reevaluara la situación de riesgo de Quiroz y adoptara medidas con enfoque diferencial, de tal manera que se revisen quiénes son sus escoltas. Igualmente, que la Procuraduría brinde vigilancia especial al proceso penal que se lleva actualmente en su contra. Igualmente, debido a que este fue un hecho mencionado por todos los demandantes, la jueza también ordenó al presidente de la República la creación del programa de reconciliación, convivencia y prevención de la estigmatización, y respaldar la labor de los defensores a través de los medios de comunicación.

(Vea: Organizaciones de DD.HH. piden al gobierno proteger a líderes sociales durante la pandemia)

Sobre Isabel Cristina Zuleta, la representante Legal del Movimiento Ríos Vivos y líder ambientalista de una organización de Antioquia, que agrupa a 15 municipios de ese departamento, la evaluación del riesgo que realizó la UNP en octubre del año pasado arrojó un riesgo alto, por lo que reajustaron las medidas de protección suministrándole un carro blindado y un escolta. El movimiento Ríos Vivos, que ella dirige, tiene por objeto la defensa de los derechos de la cuenca del río Cauca, vulnerados con la construcción de la represa Hidrointuango, cuya zona de influencia fue escenario de confrontaciones entre las Farc, el Bloque Mineros de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) y el Ejército Nacional y, donde la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, ha identificado 621 víctimas de desaparición forzada y 1.617 víctimas indirectas, en los 12 municipios de influencia del proyecto.

Todo esto lo ha denunciado este movimiento a través de la voz de Zuleta. La jueza ordenó a la Presidencia de la República hacer el reconocimiento público a escalas nacional y territorial de la labor del Movimiento Ríos Vivos Antioquia, la legitimidad de defender los ríos de Colombia y el riesgo en que se encuentran el movimiento y sus líderes sociales. Y, explícitamente, les ordenó a las autoridades militares y de policía, que están al mando de los 12 municipios impactados por Hidroituango, cesar sus actos de estigmatización contra los afectados con el proyecto de la hidroeléctrica que son parte del movimiento. En su momento Zuleta dijo que las amenazas contra su vida son el resultado de una estigmatización del movimiento por parte de la administración de Ituango, especialmente de su secretario de Gobierno y del gobernador de Antioquia.

Después de que hombres desconocidos le tomaran fotografías a la sede de la Corporación Social para la Asesoría Comunitaria y a la del Movimiento Congreso de los Pueblos, Fabián de Jesús Laverde Doncel, el líder más visible de estas organizaciones en Casanare, recibió amenazas y la Unidad de Protección le asignó un esquema de seguridad consistente en un medio de comunicación, un chaleco blindado y un hombre de protección, aunque las medidas son insuficientes porque debe realizar desplazamientos por todo el territorio nacional y los costos no son cubiertos por el sistema de protección. Las amenazas contra su oficina han sido constantes. Entre el 23 y 27 de mayo de 2019 fueron hurtadas unas cámaras externas de vigilancia de las oficinas de la organización Congreso de los Pueblos, en Casanare.

Alejandro Palacio Restrepo es el representante de los estudiantes al Consejo Superior de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá; además, es presidente de la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles de la Educación Superior (Acrees), organización que agrupa a instituciones públicas y privadas para la defensa de la educación pública en Colombia. El Estado asegura que cuenta con un vehículo blindado, dos escoltas, un chaleco blindado y un medio de comunicación, elementos hasta el momento suficientes y necesarios para garantizar la vida e integridad del líder social. Pero, por otro lado, Alejandro ha sido calificado por el presidente de la Federación Nacional de Ganaderos (Fedegán), José Félix Lafaurie, de aliado de la guerrilla, por lo que solicitó y le fue concedido en el fallo el derecho a no ser estigmatizado por ejercer su oficio de defensor de derechos humanos.

La lideresa social Martha Lucía Giraldo, integrante del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), en el Valle del Cauca, presentó denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, por el delito de amenazas, realizadas mediante panfleto de las autodenominadas Águilas Negras Bloque Suroccidental. El Cuerpo Técnico de Recolección de Análisis de Información (Ctrai) activó una orden de trabajo, y se encuentra en proceso de recopilación y análisis de la información suministrada por la accionante a diferentes entidades con el fin de establecer la situación actual de riesgo.

La imagen principal de este artículo presenta los rostros de esos líderes y defensores de derechos humanos que entregan su vida por defender a sus comunidades. Ellos aún sobreviven, en medio del fuego cruzado de los armados y protegiendo las montañas más profundas como las del Macizo Colombiano. Los dos rostros que no aparecen en la fotografía corresponden a los dos líderes que no perfilamos en el texto por su solicitud, pero a los que también la jueza ordena proteger sus derechos. Tanto en la demanda como en el fallo sus nombres propios están ocultos, pues ante la gravedad de las amenazas prefieren continuar en el anonimato.

“…Que se ordene a la Unidad Nacional de Protección (UNP) hacerse cargo de los gastos del esquema de protección asignado, esto es, del valor del parqueadero y la gasolina del vehículo asignado, súplica implorada por la mayoría de los actores, innegablemente por las mismas razones que deben cumplir las medidas de seguridad otorgadas”, dice uno de los apartes del fallo de la jueza 45 del Circuito de Bogotá, en el que les exige a varias instituciones del Estado que garanticen los derechos de los líderes sociales y defensores de derechos humanos en Colombia. En el punto más trascendental, la jueza ordenó aplicar medidas de protección colectiva para las comunidades y que la Unidad de Protección contrate a hombres de confianza como sus escoltas. Estas son las historias de los líderes y lideresas que fueron objeto del fallo judicial.

El defensor del Macizo

Salazar logró salir ileso de ese ataque, no obstante, el 3 de septiembre de 2019 a su casa llegó un panfleto firmado por el Bloque Suroccidental de las Águilas Negras, con nuevos señalamientos y amenazas de muerte. Salazar, uno de los principales defensores de derechos humanos en el Macizo Colombiano, es líder de siete expresiones sociales y políticas del sur del país, dentro de las que se destacan: coordinador departamental del movimiento Marcha Patriótica y del Proceso Campesino y Popular del Municipio de La Vega, desde donde ha defendido los derechos del campesinado y se ha enfrentado a empresas mineras que intentan explotar el oro que está en las montañas de esta reserva hídrica de la humanidad.

Salazar cuenta con medidas de protección del Estado desde 2012. La última evaluación de riesgo, según la UNP, fue valorada en 52,77 %, es decir, de alto riesgo. El líder denunció que no han reevaluado su esquema de protección y que por eso le toca poner dinero de su bolsillo para pagar la gasolina, los peajes y el parqueadero del vehículo en sus correrías como defensor de derechos humanos. Por eso, la jueza le ordenó a la Unidad de Protección, para este caso y el de los otros nueve líderes, que se encargue de dichos gastos. “Indistintamente de la justificación que da la Unidad señalando la insuficiencia de presupuesto, siendo una excusa vaga frente a la trascendencia de la protección que debe garantizarse al demandante”.

Además, la decisión ordenó a esta entidad adoptar medidas de protección colectivas con enfoque diferencial para el proceso campesino y popular del municipio de La Vega, cuyos integrantes han sido amenazados en su totalidad a causa de la defensa de los derechos, razón por la cual tienen medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

(También lea: Gobierno dice que ha esclarecido el 50% de asesinatos de líderes; ONU dice que solo el 11%

El líder que perdió el ojo izquierdo

Acto seguido, en medio del forcejeo con las comunidades, la erradicación inició con el lanzamiento de gases lacrimógenos y disparos de escopetas de perdigones, uno de los cuales impactó en el ojo izquierdo de Cruz. Tras perder la visión por ese ojo, y después de estar hospitalizado en un centro médico en Ecuador, el líder dijo que había denunciado los hechos ante la Personería Municipal, la Fiscalía de Mocoa (Putumayo) y la Mesa de diálogo con el Gobierno, bajo la dirección del Ministerio del Interior, pero sus súplicas no fueron escuchadas. Ante la presión que vivían las comunidades por cuenta de la erradicación de los cultivos con los que resuelven su sustento diario, pidió una comisión de derechos humanos para dialogar y que la investigación disciplinaria por su caso fuera asumida por la Procuraduría General de la Nación y no por la Oficina de Control Disciplinario Interno del Departamento de Policía de Putumayo, como ocurre actualmente. Sin embargo, aunque la investigación está estancada, la jueza ratificó esa competencia y le dio 30 días hábiles a la Policía para que investigue, esclarezca los hechos y presente un informe a ese despacho. La defensa de Cruz refutó argumentando que no habrá imparcialidad en el proceso.

Después de estos hechos, escribió la juez en su relato, la comunidad quedó atemorizada para ejercer cualquier reclamo, miedo que se suma a las amenazas de los disidentes de los frentes 1º y 48 de las Farc y de la estructura ilegal autodenominada La Mafia, que también se oponen a la sustitución voluntaria de los cultivos promovida por los defensores de derechos humanos. Diobaldo Cruz también es líder de la Asociación Campesina de Puerto Asís, la misma a la que las balas le arrebataron a su presidente, Marco Rivadeneira, apenas el 19 de marzo pasado, justamente cuando hablaba con la comunidad de la sustitución y se quejaba por el regreso de la erradicación forzada de la Fuerza Pública. Para resolver esta pugna, la jueza ordenó que se creara una comisión de derechos humanos en la mesa de diálogo y concertación que tienen estas comunidades con el Gobierno.

El líder con su familia amenazada

Pese a que Arnobi Zapata tuvo que abandonar el sur de Córdoba y radicarse en la capital, Montería, a raíz de los disparos que desconocidos hicieron en su lugar de residencia, la persecución al líder y su familia se ha extendido hasta esta ciudad. En 2016, fue un panfleto de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), en el que lo sentenciaron de muerte por socializar en la región el Acuerdo de Paz entre el Estado y las Farc. Desde entonces, la UNP le asignó un esquema de protección, que consiste en un carro blindado y escoltas, sin embargo, clama por la seguridad de su familia que, le contó a la jueza, está siendo perseguida desde finales de 2018, cuando un hombre fue a fotografiar su lugar de residencia en Montería.

Zapata es miembro de la Asociación de Campesinos del Sur de Córdoba, presidente de la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina y ejerce la vocería de la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (Coccam) en esa región, desde marzo de 2019 . Según le dijo a la jueza, aun cuando hay personas interesadas en ser parte de la organización, ninguno quiere asumir cargos directivos por miedo a las agresiones que, están seguros, recibirán. La jueza ordenó que en un plazo de 15 días la Unidad de Protección evalúe la situación de riesgo de la familia del líder y que, si evidencia algún tipo de peligro, deberá disponer, sin excusa de asuntos presupuestales, de las medidas de protección necesarias.

Una lidereza judicializada

En 2018 fue hostigada por desconocidos, pero la lideresa le dijo a la jueza, y adjuntó la resolución, que la Unidad de Protección le desmontó su esquema de seguridad por no haber recibido amenazas directas en su contra. Durante 2019 fue candidata a la Alcaldía del municipio de Arenal (Bolívar), pero fue inhabilitada por ser la hermana del rector de una institución educativa. Previo a las elecciones, denunció al alcalde de ese momento por calumnia, quien la acusó de financiar acciones de protesta ciudadana y revivió el proceso judicial. Además, le comentó a la jueza, el 22 de noviembre pasado, que había denunciado a los hombres asignados para su protección, por injuria. Aunque en el fallo no hay más detalles, la lideresa dejó claro que sus escoltas la abandonaron en varias reuniones donde ejerció su liderazgo.

El 27 de diciembre pasado, mientras se dirigía al municipio de Aguachica (Cesar) con un escolta, en su vehículo, cuatro hombres con pasamontañas se atravesaron en el camino y le dispararon. Los atacantes lograron escapar en una camioneta. Ante esos hechos, la jueza ordenó que en los siguientes 15 días reevaluara la situación de riesgo de Quiroz y adoptara medidas con enfoque diferencial, de tal manera que se revisen quiénes son sus escoltas. Igualmente, que la Procuraduría brinde vigilancia especial al proceso penal que se lleva actualmente en su contra. Igualmente, debido a que este fue un hecho mencionado por todos los demandantes, la jueza también ordenó al presidente de la República la creación del programa de reconciliación, convivencia y prevención de la estigmatización, y respaldar la labor de los defensores a través de los medios de comunicación.

(Vea: Organizaciones de DD.HH. piden al gobierno proteger a líderes sociales durante la pandemia)

Sobre Isabel Cristina Zuleta, la representante Legal del Movimiento Ríos Vivos y líder ambientalista de una organización de Antioquia, que agrupa a 15 municipios de ese departamento, la evaluación del riesgo que realizó la UNP en octubre del año pasado arrojó un riesgo alto, por lo que reajustaron las medidas de protección suministrándole un carro blindado y un escolta. El movimiento Ríos Vivos, que ella dirige, tiene por objeto la defensa de los derechos de la cuenca del río Cauca, vulnerados con la construcción de la represa Hidrointuango, cuya zona de influencia fue escenario de confrontaciones entre las Farc, el Bloque Mineros de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) y el Ejército Nacional y, donde la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, ha identificado 621 víctimas de desaparición forzada y 1.617 víctimas indirectas, en los 12 municipios de influencia del proyecto.

Todo esto lo ha denunciado este movimiento a través de la voz de Zuleta. La jueza ordenó a la Presidencia de la República hacer el reconocimiento público a escalas nacional y territorial de la labor del Movimiento Ríos Vivos Antioquia, la legitimidad de defender los ríos de Colombia y el riesgo en que se encuentran el movimiento y sus líderes sociales. Y, explícitamente, les ordenó a las autoridades militares y de policía, que están al mando de los 12 municipios impactados por Hidroituango, cesar sus actos de estigmatización contra los afectados con el proyecto de la hidroeléctrica que son parte del movimiento. En su momento Zuleta dijo que las amenazas contra su vida son el resultado de una estigmatización del movimiento por parte de la administración de Ituango, especialmente de su secretario de Gobierno y del gobernador de Antioquia.

Después de que hombres desconocidos le tomaran fotografías a la sede de la Corporación Social para la Asesoría Comunitaria y a la del Movimiento Congreso de los Pueblos, Fabián de Jesús Laverde Doncel, el líder más visible de estas organizaciones en Casanare, recibió amenazas y la Unidad de Protección le asignó un esquema de seguridad consistente en un medio de comunicación, un chaleco blindado y un hombre de protección, aunque las medidas son insuficientes porque debe realizar desplazamientos por todo el territorio nacional y los costos no son cubiertos por el sistema de protección. Las amenazas contra su oficina han sido constantes. Entre el 23 y 27 de mayo de 2019 fueron hurtadas unas cámaras externas de vigilancia de las oficinas de la organización Congreso de los Pueblos, en Casanare.

Alejandro Palacio Restrepo es el representante de los estudiantes al Consejo Superior de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá; además, es presidente de la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles de la Educación Superior (Acrees), organización que agrupa a instituciones públicas y privadas para la defensa de la educación pública en Colombia. El Estado asegura que cuenta con un vehículo blindado, dos escoltas, un chaleco blindado y un medio de comunicación, elementos hasta el momento suficientes y necesarios para garantizar la vida e integridad del líder social. Pero, por otro lado, Alejandro ha sido calificado por el presidente de la Federación Nacional de Ganaderos (Fedegán), José Félix Lafaurie, de aliado de la guerrilla, por lo que solicitó y le fue concedido en el fallo el derecho a no ser estigmatizado por ejercer su oficio de defensor de derechos humanos.

La lideresa social Martha Lucía Giraldo, integrante del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), en el Valle del Cauca, presentó denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, por el delito de amenazas, realizadas mediante panfleto de las autodenominadas Águilas Negras Bloque Suroccidental. El Cuerpo Técnico de Recolección de Análisis de Información (Ctrai) activó una orden de trabajo, y se encuentra en proceso de recopilación y análisis de la información suministrada por la accionante a diferentes entidades con el fin de establecer la situación actual de riesgo.

La imagen principal de este artículo presenta los rostros de esos líderes y defensores de derechos humanos que entregan su vida por defender a sus comunidades. Ellos aún sobreviven, en medio del fuego cruzado de los armados y protegiendo las montañas más profundas como las del Macizo Colombiano. Los dos rostros que no aparecen en la fotografía corresponden a los dos líderes que no perfilamos en el texto por su solicitud, pero a los que también la jueza ordena proteger sus derechos. Tanto en la demanda como en el fallo sus nombres propios están ocultos, pues ante la gravedad de las amenazas prefieren continuar en el anonimato.