Los miedos y reclamos de Ciudad Bolívar

Basta recorrer un par de calles en Ciudad Bolívar para concluir que este territorio, en el extremo suroccidental de Bogotá, agrupa múltiples problemas, así como toda suerte de voluntades y anhelos por prosperar. Por años, la localidad ha cargado con el lastre de violencia, informalidad y pobreza, lo que ha terminado por socavar e, incluso, silenciar, los esfuerzos comunitarios y sociales de su gente.

Hoy la localidad vuelve a estar en boca de autoridades y los medios: no por el impacto positivo de una estrategia o por sus dificultades en transporte, educación o vivienda, sino por un viejo riesgo, que sigue latente: la supuesta presencia de grupos armados ilegales que, a punta de amenazas, asesinatos y desplazamientos, buscan hacerse al control territorial.

El tema tomó de nuevo fuerza tras la alerta temprana que hizo la Defensoría del Pueblo el pasado 3 de abril, por el riesgo que parece ensañarse contra quienes habitan en la zona –en particular en Arborizadora, Lucero, El Tesoro, Perdomo y Jerusalén–. Tuvo que pasar casi un mes, cuando se hizo público el documento, para generar impacto mediático y llamar la atención de los responsables.

En apenas días, la comunidad vio un desfile de funcionarios, autoridades y gobernantes. Con ellos, micrófonos y cámaras de televisión. Sin embargo, el asomo de Estado y atención no fue suficiente para contar todo eso que se ha silenciado por años.

Por esto, para escuchar a la comunidad, el defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret, hizo un recorrido por la localidad y sostuvo un encuentro, en el salón comunal del barrio Altos de la Estancia, con líderes sociales y colectivos humanitarios, para profundizar con ellos en la alerta temprana que emitió su entidad. Los asistentes no se guardaron nada con el defensor.

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Las quejas

Durante el encuentro –encabezado por al menos 15 personas que insisten en ejercicios de resistencia y reivindicación– uno de los líderes tomó la vocería y afirmó que los crímenes, las amenazas y las fronteras grises que han dividido sus territorios tienen origen en el narcotráfico.

“Aquí el tema no es de microtráfico, como lo han querido minimizar. Lo que tenemos es narcotráfico”, dijo Adriana*, otra de los participantes, quien pertenece a un colectivo de derechos humanos que hace frente a quienes encuentran en la comunidad carne de cañón para nutrir de violencia y zozobra los barrios.

“Nos han invisibilizado. Los medios solo muestran el morbo y quieren que hagamos el trabajo que debe hacer la Secretaría de Seguridad: que les contemos cómo operan las bandas, qué hacen y cómo matan a la gente. Estamos exigiendo que se dé una respuesta integral a este problema”, criticó Pablo*, líder juvenil.

En la reunión con el defensor le aclararon que, contrario a lo que dice su alerta, en Ciudad Bolívar ellos no han identificado presencia de guerrilleros del Eln o de disidentes de las desmovilizadas Farc. Señalaron, uno a uno, que quienes históricamente han invadido sus territorios –ahora a punta de más terror y zozobra– son grupos posdesmovilización de las autodefensas, es decir, paramilitares ahora convertidos en bandas (Los Rastrojos, Águilas Negras y especialmente Los Paisas), a quienes responsabilizan de reclutar a jóvenes para ponerlos al servicio de la criminalidad.

Al margen del encuentro, un habitante de la comunidad detalló cómo enganchan a los adolescentes. Mencionó que en la localidad hay dos conocidos sitios de rumba que operan como “amanecederos”, a donde acuden jóvenes para consumir licor. Son muchachos vulnerables, de entre 15 y 20 años, ansiosos de “conocer”.

Allí, de forma organizada, actúan distintos personajes que les ofrecen drogas. Una vez los vuelven consumidores, los alientan a ser expendedores para perpetuar el vicio. Eso sí, alerta el informante, “si pillan que uno de estos pelaos consume más de lo que vende, lo mandan a matar”.

A los reclamos –ya no en un recinto cerrado, sino en medio de un recorrido por la zona– se sumaron las exigencias de otros líderes, quienes hicieron ver que las dificultades, aunque se derivan del narcotráfico y del desdén estatal, afectan todas las dinámicas y la oferta de servicios públicos.

Durante el trayecto, Alfredo* contó cómo los “combos” invadieron hasta las rutas de transporte informal, que ayudan a movilizar a la gente debido a los inconvenientes en la implementación del SITP. “La oferta no es suficiente. Hay casi 25 rutas informales y pueden cobrar hasta $7 millones por dejar usar los carros. Los mismos grupos usan los vehículos para movilizar armas y drogas ”.

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Los temidos “tierreros” –agregaron otros líderes– siguen haciendo presencia. Denunciaron que estas mafias, dedicadas a apropiarse de terrenos en las partes altas para luego venderlos de forma irregular, pueden hacer hasta ocho cobros a aquellos que pretenden asentarse y levantar refugio. Advirtieron que, pese a alertar de su presencia, todo se reduce a un par de patrullajes que no logran ahuyentarlos.

Bertha*, una profesora que con las uñas se ha encargado de desvincular a los más pequeños, no solo de la delincuencia, sino de la pobreza, agregó que los espacios comunitarios son cada vez más reducidos y señala que la administración impone restricciones para que hogares infantiles como el suyo siga funcionando. “Llevábamos muchos proyectos, eventos, festivales, y ahora los quitaron. Los jardines aquí son cofinanciados. Llevamos 18 años haciendo una apuesta con el Estado, pero ahora el Distrito nos puso a licitar y aquí no hay quien tenga el músculo financiero”.

La visita se extendió hasta trochas; potreros, donde la misma comunidad señaló las casas donde se comercializa la droga; zonas de invasión, cada vez más amenazadas por la inclemencia de las lluvias, y calles en las que el pavimento es un anhelo y los caminos saturados de barro y residuos de construcción son costumbre. Fueron más de dos horas de recorrido, visitando sectores como Casa Grande, Tres Reyes, Tres Esquinas, Santo Domingo, Santa Viviana, Caracolí y Potosí.

El encuentro concluyó con una reunión en un colegio donde los líderes resumieron sus clamores: mayor apoyo y protección; apoyo a sus procesos de organización e integración, y que el Distrito mejore la cultura de derechos humanos y la creación de oportunidades para los jóvenes.

En resumen, un trabajo integral, interinstitucional y coordinado que permita visibilizar algo más que violencia. “Si se les quita la base social a quienes propician el narcotráfico, no van a tener a quién reclutar”, concluye Pablo.

Basta recorrer un par de calles en Ciudad Bolívar para concluir que este territorio, en el extremo suroccidental de Bogotá, agrupa múltiples problemas, así como toda suerte de voluntades y anhelos por prosperar. Por años, la localidad ha cargado con el lastre de violencia, informalidad y pobreza, lo que ha terminado por socavar e, incluso, silenciar, los esfuerzos comunitarios y sociales de su gente.

Hoy la localidad vuelve a estar en boca de autoridades y los medios: no por el impacto positivo de una estrategia o por sus dificultades en transporte, educación o vivienda, sino por un viejo riesgo, que sigue latente: la supuesta presencia de grupos armados ilegales que, a punta de amenazas, asesinatos y desplazamientos, buscan hacerse al control territorial.

El tema tomó de nuevo fuerza tras la alerta temprana que hizo la Defensoría del Pueblo el pasado 3 de abril, por el riesgo que parece ensañarse contra quienes habitan en la zona –en particular en Arborizadora, Lucero, El Tesoro, Perdomo y Jerusalén–. Tuvo que pasar casi un mes, cuando se hizo público el documento, para generar impacto mediático y llamar la atención de los responsables.

En apenas días, la comunidad vio un desfile de funcionarios, autoridades y gobernantes. Con ellos, micrófonos y cámaras de televisión. Sin embargo, el asomo de Estado y atención no fue suficiente para contar todo eso que se ha silenciado por años.

Por esto, para escuchar a la comunidad, el defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret, hizo un recorrido por la localidad y sostuvo un encuentro, en el salón comunal del barrio Altos de la Estancia, con líderes sociales y colectivos humanitarios, para profundizar con ellos en la alerta temprana que emitió su entidad. Los asistentes no se guardaron nada con el defensor.

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Las quejas

Durante el encuentro –encabezado por al menos 15 personas que insisten en ejercicios de resistencia y reivindicación– uno de los líderes tomó la vocería y afirmó que los crímenes, las amenazas y las fronteras grises que han dividido sus territorios tienen origen en el narcotráfico.

“Aquí el tema no es de microtráfico, como lo han querido minimizar. Lo que tenemos es narcotráfico”, dijo Adriana*, otra de los participantes, quien pertenece a un colectivo de derechos humanos que hace frente a quienes encuentran en la comunidad carne de cañón para nutrir de violencia y zozobra los barrios.

“Nos han invisibilizado. Los medios solo muestran el morbo y quieren que hagamos el trabajo que debe hacer la Secretaría de Seguridad: que les contemos cómo operan las bandas, qué hacen y cómo matan a la gente. Estamos exigiendo que se dé una respuesta integral a este problema”, criticó Pablo*, líder juvenil.

En la reunión con el defensor le aclararon que, contrario a lo que dice su alerta, en Ciudad Bolívar ellos no han identificado presencia de guerrilleros del Eln o de disidentes de las desmovilizadas Farc. Señalaron, uno a uno, que quienes históricamente han invadido sus territorios –ahora a punta de más terror y zozobra– son grupos posdesmovilización de las autodefensas, es decir, paramilitares ahora convertidos en bandas (Los Rastrojos, Águilas Negras y especialmente Los Paisas), a quienes responsabilizan de reclutar a jóvenes para ponerlos al servicio de la criminalidad.

Al margen del encuentro, un habitante de la comunidad detalló cómo enganchan a los adolescentes. Mencionó que en la localidad hay dos conocidos sitios de rumba que operan como “amanecederos”, a donde acuden jóvenes para consumir licor. Son muchachos vulnerables, de entre 15 y 20 años, ansiosos de “conocer”.

Allí, de forma organizada, actúan distintos personajes que les ofrecen drogas. Una vez los vuelven consumidores, los alientan a ser expendedores para perpetuar el vicio. Eso sí, alerta el informante, “si pillan que uno de estos pelaos consume más de lo que vende, lo mandan a matar”.

A los reclamos –ya no en un recinto cerrado, sino en medio de un recorrido por la zona– se sumaron las exigencias de otros líderes, quienes hicieron ver que las dificultades, aunque se derivan del narcotráfico y del desdén estatal, afectan todas las dinámicas y la oferta de servicios públicos.

Durante el trayecto, Alfredo* contó cómo los “combos” invadieron hasta las rutas de transporte informal, que ayudan a movilizar a la gente debido a los inconvenientes en la implementación del SITP. “La oferta no es suficiente. Hay casi 25 rutas informales y pueden cobrar hasta $7 millones por dejar usar los carros. Los mismos grupos usan los vehículos para movilizar armas y drogas ”.

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Los temidos “tierreros” –agregaron otros líderes– siguen haciendo presencia. Denunciaron que estas mafias, dedicadas a apropiarse de terrenos en las partes altas para luego venderlos de forma irregular, pueden hacer hasta ocho cobros a aquellos que pretenden asentarse y levantar refugio. Advirtieron que, pese a alertar de su presencia, todo se reduce a un par de patrullajes que no logran ahuyentarlos.

Bertha*, una profesora que con las uñas se ha encargado de desvincular a los más pequeños, no solo de la delincuencia, sino de la pobreza, agregó que los espacios comunitarios son cada vez más reducidos y señala que la administración impone restricciones para que hogares infantiles como el suyo siga funcionando. “Llevábamos muchos proyectos, eventos, festivales, y ahora los quitaron. Los jardines aquí son cofinanciados. Llevamos 18 años haciendo una apuesta con el Estado, pero ahora el Distrito nos puso a licitar y aquí no hay quien tenga el músculo financiero”.

La visita se extendió hasta trochas; potreros, donde la misma comunidad señaló las casas donde se comercializa la droga; zonas de invasión, cada vez más amenazadas por la inclemencia de las lluvias, y calles en las que el pavimento es un anhelo y los caminos saturados de barro y residuos de construcción son costumbre. Fueron más de dos horas de recorrido, visitando sectores como Casa Grande, Tres Reyes, Tres Esquinas, Santo Domingo, Santa Viviana, Caracolí y Potosí.

El encuentro concluyó con una reunión en un colegio donde los líderes resumieron sus clamores: mayor apoyo y protección; apoyo a sus procesos de organización e integración, y que el Distrito mejore la cultura de derechos humanos y la creación de oportunidades para los jóvenes.

En resumen, un trabajo integral, interinstitucional y coordinado que permita visibilizar algo más que violencia. “Si se les quita la base social a quienes propician el narcotráfico, no van a tener a quién reclutar”, concluye Pablo.