“No hay autoprotección que pueda contra ese vendaval de plomo”: Sergio Marín

El partido FARC vive un momento convulso. El asesinato, el pasado 29 de enero, del excombatiente Darío Herrera, cuando se dirigía al Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) Santa Lucía, en Ituango, aumentó el miedo y la incertidumbre en la zona a tal nivel que 60 excombatientes y sus familias anunciaron que -en un plazo de dos meses- abandonarán el lugar por falta de garantías. Su muerte se sumó a las de los otros 177 exintegrantes de la guerrilla que han sido asesinados desde la firma del Acuerdo de Paz en 2016, según cifras del partido. Eso sin contar los asesinatos de familiares de quienes dejaron las armas e intentan reincorporarse a la vida civil.

Al asesinato de excombatientes se suma el problema por las precarias condiciones de vida dentro de los ETCR. A pesar de que la Misión de Verificación de la ONU, en 2019, felicitó al Gobierno por el manejo responsable de la transición en los espacios de reincorporación, según la Fundación Ideas para la Paz (FIP), hay varias razones por las cuales los excombatientes salen de los ETCR, dentro de las cuales se encuentran la falta de oferta institucional, la precaria infraestructura y los retrasos en los proyectos productivos. Según la FIP, solo el 26 % de los excombatientes residen en los ETCR, por lo que los nuevos asentamientos representan un reto para el marco jurídico y para la seguridad de los excombatientes.

(Lea: En Ituango, los excombatientes de las Farc ya tienen tierra, pero temen por su vida)

Un panorama al que además habría que agregarle las versiones sobre una división en el partido político, del que, por ejemplo, ya se desligaron personajes como Tanja Nijmeijer y Martín Batalla, argumentando que no se sentían sintonizados con las decisiones tomadas por el movimiento político. Sergio Marín, representante a la Cámara por el partido FARC, habló con El Espectador y dijo que a pesar de que hay respaldo por parte de algunos partidos en el Congreso, no hay voluntad política por parte del Gobierno para continuar con la implementación de los Acuerdos.

Emilio Archila, consejero para la Estabilización y Consolidación, anunció la implementación de unos cursos de autoprotección para excombatientes. ¿Cree que esta medida reduzca la tasa de homicidios?

Aquí estamos hablando de grandes estructuras que están entroncadas con el aparato estatal. Estamos hablando de estructuras paraestatales y paramilitares que tienen todos los recursos y la logística para poder atentar contra la vida de cualquiera, además con el apoyo de los funcionarios del Estado que les facilitan esa información, pues saben exactamente cuáles son las vulnerabilidades. No hay autoprotección que pueda contra ese vendaval de plomo.

¿Cuál sería una posible solución para garantizar la vida de los excombatientes?

Lo que se requiere en Colombia es, primero, tomar medidas para desarticular por la cabeza esas estructuras paraestatales. Esa voluntad no existe en este momento. Lo segundo es avanzar en la consolidación de un gran acuerdo para sacar las armas de la política. La firma del Acuerdo de Paz fue entre la insurgencia de aquel momento y el Estado colombiano, pero hay sectores que continúan abiertamente proclamando que van a hacer trizas los Acuerdos. Con esos sectores se tiene que firmar un acuerdo para comprometernos a sacar las armas de la política, porque si no es eso, es someter a nuestra nación a décadas de violencia y de represión, que es lo que estamos tratando de dejar atrás.

¿Cree que ha habido avances en las investigaciones de la Fiscalía sobre los asesinatos de excombatientes?

La Fiscalía actúa con la misma negligencia con la que actúa en general la justicia en este país. No nos han dado resultados, exceptuando las decisiones recientes que se tomaron en el caso de Dimar Torres, que seguramente se deben al impacto mediático y a la reacción internacional. Creo que obligaron al Gobierno a tener que asumir decisiones, pero la mayor parte de nuestros casos van quedando en la más absoluta impunidad. Aquí pasan los días y desafortunadamente uno no ve respuestas claras, ni información que permita dilucidar quiénes son los responsables que coordinan toda esta campaña que indudablemente para nosotros hace parte de una campaña nacional de exterminio.

La ARN destaca avances en el proceso de reincorporación en casos como el del ETCR La Fila, en Tolima, pero también hay retrasos en otros casos. ¿Qué versión manejan ustedes sobre avances y retrasos en el proceso?

Hay situaciones diferenciadas en todos los ETCR. Además, hay nuevos puntos de reincorporación. Estamos hablando de cerca de 24 espacios de reincorporación y un poco más de 70 nuevos puntos que son sitios donde se han ubicado excombatientes que no encontraron condiciones para su reincorporación económica, política y social. El caso es dramático en Santa Lucía y en toda esa región de Antioquia, porque están en un área que es de control de fuerzas ilegales, además, con una actitud pasiva por parte del Estado. Esa pasividad puede también obedecer a algún nivel de compromiso de las autoridades con esos grupos delincuenciales. En Caño Indio es una situación muy parecida a la de Santa Lucía. Es una región capturada por economías ilegales y el Estado brilla por su ausencia: no aparece la electrificación, las carreteras, el agua potable o el saneamiento básico. Todos los ETCR tienen las mismas dificultades. Es decir, problemas de infraestructura y casas construidas que se están cayendo. Sin embargo, los recursos para la construcción de esas casas eran unas cifras que permitían haber pensado en algo mucho mejor, lo que implica que necesariamente ha habido graves casos de corrupción. En pocas palabras, uno diría que lo general, lo característico de estos ETCR, es la ausencia de infraestructura tanto física como institucional.

(Le puede interesar: Temor e incertidumbre por salida de los excombatientes de Charras)

Hernando Londoño, director nacional del Programa Nacional Integral de Cultivos de Uso Ilícito, dijo que el programa no es sostenible y que no es cierto que estén asesinando a líderes de sustitución. ¿Cuál es el panorama en este punto que fue tan clave en el Acuerdo de Paz?

La mayoría de los dirigentes que son asesinados en las áreas cocaleras son dirigentes de la sustitución. Cuando no hay voluntad política, pues por supuesto que los retos se convierten en obstáculos insalvables. Eso obedece a la ineptitud y a la incapacidad de entender el momento histórico. El proceso de sustitución de cultivos de uso ilícito es sumamente sencillo e inició con muy buenas perspectivas de alcanzar el éxito. Las comunidades aceptaron, empezó el proceso de tránsito y de sustitución, dejaron de cultivar esperando que viniera el resto de medidas que son las que deben garantizar el éxito del programa y el Estado sencillamente se ha desconectado de ese proceso al no garantizar los recursos suficientes, lo que está haciendo que la gente deje de creer en la palabra del Gobierno y empiece a sentir que los están engañando.

Se habla de una división dentro del partido FARC. ¿Cree que estas diferencias puedan afectar el desarrollo de los proyectos?

Nosotros, cuando somos derrotados en la discusión, mantenemos nuestra militancia porque sabemos que vendrán otras jornadas. Además, no se trata de escabullirse y escapar cada vez que hay una opinión distinta a la del partido. La idea es trabajar incansablemente por consolidar un partido como el que el pueblo colombiano está reclamando. Los cinco senadores y los cuatro representantes estamos convencidos de la necesidad de avanzar en la implementación de este acuerdo. En eso no hay discusiones, no hay ninguna división.

¿Ha habido en el último año avances importantes en la implementación de lo pactado en La Habana?

No avanza, no hay voluntad política. El Gobierno internacionalmente tiene un discurso de acompañamiento al Acuerdo de Paz, pero a nivel interno, como lo declaró abiertamente la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, considera que es un proceso semifallido, y a uno lo que realmente le preocupa es que pareciera que les alegra. Lo dramático de ese tipo de afirmaciones es que cuando dices que un proceso de paz falla, pues, ¿qué es lo que viene? La guerra. Nosotros seguimos insistiendo en que la paz se construye con justicia social, con inversión en los territorios, con la garantía de los derechos de los ciudadanos, pero también con esperanza, y por eso nosotros como partido seguimos mandando mensajes en el sentido que nuestro compromiso con la paz es irrevocable a pesar de que este Gobierno le ha fallado a la paz.

(Lea: ¿Por qué se resquebraja el partido FARC?)

El partido FARC vive un momento convulso. El asesinato, el pasado 29 de enero, del excombatiente Darío Herrera, cuando se dirigía al Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) Santa Lucía, en Ituango, aumentó el miedo y la incertidumbre en la zona a tal nivel que 60 excombatientes y sus familias anunciaron que -en un plazo de dos meses- abandonarán el lugar por falta de garantías. Su muerte se sumó a las de los otros 177 exintegrantes de la guerrilla que han sido asesinados desde la firma del Acuerdo de Paz en 2016, según cifras del partido. Eso sin contar los asesinatos de familiares de quienes dejaron las armas e intentan reincorporarse a la vida civil.

Al asesinato de excombatientes se suma el problema por las precarias condiciones de vida dentro de los ETCR. A pesar de que la Misión de Verificación de la ONU, en 2019, felicitó al Gobierno por el manejo responsable de la transición en los espacios de reincorporación, según la Fundación Ideas para la Paz (FIP), hay varias razones por las cuales los excombatientes salen de los ETCR, dentro de las cuales se encuentran la falta de oferta institucional, la precaria infraestructura y los retrasos en los proyectos productivos. Según la FIP, solo el 26 % de los excombatientes residen en los ETCR, por lo que los nuevos asentamientos representan un reto para el marco jurídico y para la seguridad de los excombatientes.

(Lea: En Ituango, los excombatientes de las Farc ya tienen tierra, pero temen por su vida)

Un panorama al que además habría que agregarle las versiones sobre una división en el partido político, del que, por ejemplo, ya se desligaron personajes como Tanja Nijmeijer y Martín Batalla, argumentando que no se sentían sintonizados con las decisiones tomadas por el movimiento político. Sergio Marín, representante a la Cámara por el partido FARC, habló con El Espectador y dijo que a pesar de que hay respaldo por parte de algunos partidos en el Congreso, no hay voluntad política por parte del Gobierno para continuar con la implementación de los Acuerdos.

Emilio Archila, consejero para la Estabilización y Consolidación, anunció la implementación de unos cursos de autoprotección para excombatientes. ¿Cree que esta medida reduzca la tasa de homicidios?

Aquí estamos hablando de grandes estructuras que están entroncadas con el aparato estatal. Estamos hablando de estructuras paraestatales y paramilitares que tienen todos los recursos y la logística para poder atentar contra la vida de cualquiera, además con el apoyo de los funcionarios del Estado que les facilitan esa información, pues saben exactamente cuáles son las vulnerabilidades. No hay autoprotección que pueda contra ese vendaval de plomo.

¿Cuál sería una posible solución para garantizar la vida de los excombatientes?

Lo que se requiere en Colombia es, primero, tomar medidas para desarticular por la cabeza esas estructuras paraestatales. Esa voluntad no existe en este momento. Lo segundo es avanzar en la consolidación de un gran acuerdo para sacar las armas de la política. La firma del Acuerdo de Paz fue entre la insurgencia de aquel momento y el Estado colombiano, pero hay sectores que continúan abiertamente proclamando que van a hacer trizas los Acuerdos. Con esos sectores se tiene que firmar un acuerdo para comprometernos a sacar las armas de la política, porque si no es eso, es someter a nuestra nación a décadas de violencia y de represión, que es lo que estamos tratando de dejar atrás.

¿Cree que ha habido avances en las investigaciones de la Fiscalía sobre los asesinatos de excombatientes?

La Fiscalía actúa con la misma negligencia con la que actúa en general la justicia en este país. No nos han dado resultados, exceptuando las decisiones recientes que se tomaron en el caso de Dimar Torres, que seguramente se deben al impacto mediático y a la reacción internacional. Creo que obligaron al Gobierno a tener que asumir decisiones, pero la mayor parte de nuestros casos van quedando en la más absoluta impunidad. Aquí pasan los días y desafortunadamente uno no ve respuestas claras, ni información que permita dilucidar quiénes son los responsables que coordinan toda esta campaña que indudablemente para nosotros hace parte de una campaña nacional de exterminio.

La ARN destaca avances en el proceso de reincorporación en casos como el del ETCR La Fila, en Tolima, pero también hay retrasos en otros casos. ¿Qué versión manejan ustedes sobre avances y retrasos en el proceso?

Hay situaciones diferenciadas en todos los ETCR. Además, hay nuevos puntos de reincorporación. Estamos hablando de cerca de 24 espacios de reincorporación y un poco más de 70 nuevos puntos que son sitios donde se han ubicado excombatientes que no encontraron condiciones para su reincorporación económica, política y social. El caso es dramático en Santa Lucía y en toda esa región de Antioquia, porque están en un área que es de control de fuerzas ilegales, además, con una actitud pasiva por parte del Estado. Esa pasividad puede también obedecer a algún nivel de compromiso de las autoridades con esos grupos delincuenciales. En Caño Indio es una situación muy parecida a la de Santa Lucía. Es una región capturada por economías ilegales y el Estado brilla por su ausencia: no aparece la electrificación, las carreteras, el agua potable o el saneamiento básico. Todos los ETCR tienen las mismas dificultades. Es decir, problemas de infraestructura y casas construidas que se están cayendo. Sin embargo, los recursos para la construcción de esas casas eran unas cifras que permitían haber pensado en algo mucho mejor, lo que implica que necesariamente ha habido graves casos de corrupción. En pocas palabras, uno diría que lo general, lo característico de estos ETCR, es la ausencia de infraestructura tanto física como institucional.

(Le puede interesar: Temor e incertidumbre por salida de los excombatientes de Charras)

Hernando Londoño, director nacional del Programa Nacional Integral de Cultivos de Uso Ilícito, dijo que el programa no es sostenible y que no es cierto que estén asesinando a líderes de sustitución. ¿Cuál es el panorama en este punto que fue tan clave en el Acuerdo de Paz?

La mayoría de los dirigentes que son asesinados en las áreas cocaleras son dirigentes de la sustitución. Cuando no hay voluntad política, pues por supuesto que los retos se convierten en obstáculos insalvables. Eso obedece a la ineptitud y a la incapacidad de entender el momento histórico. El proceso de sustitución de cultivos de uso ilícito es sumamente sencillo e inició con muy buenas perspectivas de alcanzar el éxito. Las comunidades aceptaron, empezó el proceso de tránsito y de sustitución, dejaron de cultivar esperando que viniera el resto de medidas que son las que deben garantizar el éxito del programa y el Estado sencillamente se ha desconectado de ese proceso al no garantizar los recursos suficientes, lo que está haciendo que la gente deje de creer en la palabra del Gobierno y empiece a sentir que los están engañando.

Se habla de una división dentro del partido FARC. ¿Cree que estas diferencias puedan afectar el desarrollo de los proyectos?

Nosotros, cuando somos derrotados en la discusión, mantenemos nuestra militancia porque sabemos que vendrán otras jornadas. Además, no se trata de escabullirse y escapar cada vez que hay una opinión distinta a la del partido. La idea es trabajar incansablemente por consolidar un partido como el que el pueblo colombiano está reclamando. Los cinco senadores y los cuatro representantes estamos convencidos de la necesidad de avanzar en la implementación de este acuerdo. En eso no hay discusiones, no hay ninguna división.

¿Ha habido en el último año avances importantes en la implementación de lo pactado en La Habana?

No avanza, no hay voluntad política. El Gobierno internacionalmente tiene un discurso de acompañamiento al Acuerdo de Paz, pero a nivel interno, como lo declaró abiertamente la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, considera que es un proceso semifallido, y a uno lo que realmente le preocupa es que pareciera que les alegra. Lo dramático de ese tipo de afirmaciones es que cuando dices que un proceso de paz falla, pues, ¿qué es lo que viene? La guerra. Nosotros seguimos insistiendo en que la paz se construye con justicia social, con inversión en los territorios, con la garantía de los derechos de los ciudadanos, pero también con esperanza, y por eso nosotros como partido seguimos mandando mensajes en el sentido que nuestro compromiso con la paz es irrevocable a pesar de que este Gobierno le ha fallado a la paz.

(Lea: ¿Por qué se resquebraja el partido FARC?)