Procuraduría pide que ingreso de Musa Besaile a la JEP sea solo por parapolítica
El Ministerio Público argumenta que la investigación por sobornos a magistrados de la Corte Suprema para engavetar investigaciones por parte del exsenador deben permanecer en la justicia ordinaria. Pide que ingreso a la JEP sea por su nexos con paramilitares para llegar al Congreso, ya que sí tendría relación directa con el conflicto armado.
Colombia en Transición
La Procuraduría General de la Nación le pidió a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) este viernes que acoja la solicitud de ingreso del exsenador Musa Besaile Fayad solo por su participación en parapolítica, más no por el caso más grave de corrupción en la justicia colombiana, conocido como el cartel de la toga.
El 6 de noviembre de 2018, Musa Besaile pidió entrar a la JEP para aportar detalles de alianzas entre paramilitares y políticos en Córdoba, y de su llegada al Congreso gracias al supuesto apoyo que recibió de las Autodefensas Unidas de Colombia en 2007.
En ese momento, la Corte Suprema de Justicia decidió remitir esta petición de parte de Besaile a la Sala de Situaciones Jurídicas de la JEP al considerar que sí había evidencias de que los procesos por los que está en juicio tienen relación con el conflicto armado.
En agosto de 2017, Besaile fue detenido al descubrirse que pagó $2.000 millones provenientes de la Gobernación de Córdoba para engavetar su expediente por parapolítica. Este fue el comienzo de lo que después se llamó como el cartel de la toga. Durante diez años la investigación estuvo congelada en la Corte Suprema, pero en enero de 2018, después de conocerse el escándalo de corrupción entre políticos y magistrados, el alto tribunal retomó la investigación formalmente.
Al momento de hacer la solicitud ante la JEP, la defensa del exsenador argumentó que los delitos por los cuales es investigado sí guardan una relación “indirecta” con el conflicto armado ya que a través de los sobornos intentó esconder los vínculos con actores armados.
Lea también: Seis lecturas para entender el cartel de la toga
Sin embargo, la Procuraduría manifestó que la investigación por los delitos de peculado por apropiación y cohecho, concernientes al cartel de la toga, deben permanecer en la justicia ordinaria. En su concepto a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP, precisó que el acogimiento del excongresista solo debe cobijar el delito de concierto para delinquir por el vínculo con el conflicto armado interno, producto de las alianzas con grupos paramilitares entre 1998 y 2005.
Como antecedente de la solicitud de Besaile está el caso del también exsenador Álvaro Ashton, investigado por el cartel de la toga, parapolítica y el caso Odebrecht. Ashton solicitó su ingreso a la JEP a comienzos de 2018, y tras varias negativas finalmente fue admitido por esta jurisdicción el pasado 18 de julio a cambio de su compromiso con aportar con la verdad de y resarcir a las víctimas.
La JEP consideró que su participación en el cartel de la toga, en el que habría pactado una coima de 1.200 millones para que se le archivara su investigación en la Corte Suprema, sí tiene una vínculos con el conflicto armado ya que “la conducta delictiva se llevó a cabo con el fin de cubrir con impunidad conductas conectadas al conflicto”.
Aunque la Procuraduría anunció que apelará esta decisión, sin duda el argumento bajo el cual entró Álvaro Ashton le puede servir no solo a Musa Besaile sino a otros políticos implicados en el cartel de la toga como Julio Manzur para acogerse a la JEP.
Lea: La ventana que abrió la JEP para el cartel de la toga con el caso de Álvaro Ashton
La Procuraduría General de la Nación le pidió a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) este viernes que acoja la solicitud de ingreso del exsenador Musa Besaile Fayad solo por su participación en parapolítica, más no por el caso más grave de corrupción en la justicia colombiana, conocido como el cartel de la toga.
El 6 de noviembre de 2018, Musa Besaile pidió entrar a la JEP para aportar detalles de alianzas entre paramilitares y políticos en Córdoba, y de su llegada al Congreso gracias al supuesto apoyo que recibió de las Autodefensas Unidas de Colombia en 2007.
En ese momento, la Corte Suprema de Justicia decidió remitir esta petición de parte de Besaile a la Sala de Situaciones Jurídicas de la JEP al considerar que sí había evidencias de que los procesos por los que está en juicio tienen relación con el conflicto armado.
En agosto de 2017, Besaile fue detenido al descubrirse que pagó $2.000 millones provenientes de la Gobernación de Córdoba para engavetar su expediente por parapolítica. Este fue el comienzo de lo que después se llamó como el cartel de la toga. Durante diez años la investigación estuvo congelada en la Corte Suprema, pero en enero de 2018, después de conocerse el escándalo de corrupción entre políticos y magistrados, el alto tribunal retomó la investigación formalmente.
Al momento de hacer la solicitud ante la JEP, la defensa del exsenador argumentó que los delitos por los cuales es investigado sí guardan una relación “indirecta” con el conflicto armado ya que a través de los sobornos intentó esconder los vínculos con actores armados.
Lea también: Seis lecturas para entender el cartel de la toga
Sin embargo, la Procuraduría manifestó que la investigación por los delitos de peculado por apropiación y cohecho, concernientes al cartel de la toga, deben permanecer en la justicia ordinaria. En su concepto a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP, precisó que el acogimiento del excongresista solo debe cobijar el delito de concierto para delinquir por el vínculo con el conflicto armado interno, producto de las alianzas con grupos paramilitares entre 1998 y 2005.
Como antecedente de la solicitud de Besaile está el caso del también exsenador Álvaro Ashton, investigado por el cartel de la toga, parapolítica y el caso Odebrecht. Ashton solicitó su ingreso a la JEP a comienzos de 2018, y tras varias negativas finalmente fue admitido por esta jurisdicción el pasado 18 de julio a cambio de su compromiso con aportar con la verdad de y resarcir a las víctimas.
La JEP consideró que su participación en el cartel de la toga, en el que habría pactado una coima de 1.200 millones para que se le archivara su investigación en la Corte Suprema, sí tiene una vínculos con el conflicto armado ya que “la conducta delictiva se llevó a cabo con el fin de cubrir con impunidad conductas conectadas al conflicto”.
Aunque la Procuraduría anunció que apelará esta decisión, sin duda el argumento bajo el cual entró Álvaro Ashton le puede servir no solo a Musa Besaile sino a otros políticos implicados en el cartel de la toga como Julio Manzur para acogerse a la JEP.
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