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Después de haber solicitado su ingreso hace más de un año, el exsenador barranquillero Álvaro Ashton Giraldo fue admitido en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Aunque estaba cantado que así sería, pues desde agosto del año pasado la Sección de Apelación de la justicia especial lo había ordenado, la reciente decisión vino con una sorpresa: el tribunal encargado de esclarecer lo sucedido en el conflicto armado asumió la responsabilidad de investigar el escándalo de sobornos de la Corte Suprema de Justicia, que ha recibido el nombre del cartel de la toga. La noticia pasó casi de agache en el país político, mientras se espera pronto una impugnación de la Procuraduría.
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Ashton tenía cinco investigaciones en la Corte Suprema de Justicia: la primera, por sus presuntos vínculos con el frente José Pablo Díaz de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc). Una segunda por supuestas amenazas a un exparamilitar que iba a testificar en su contra. Otra reciente por el caso Odebrecht y una indagación por presuntos actos sexuales con menores de edad. Y una última porque habría pagado un millonario soborno para que su expediente por parapolítica se archivara, según reveló el exfiscal anticorrupción Gustavo Moreno, quien habría recibido el dinero. Odebrecht y actos sexuales con menores se quedaron en la justicia ordinaria. Las demás, argumentando que había relación con el conflicto armado, pasaron a manos de la JEP.
Precisamente, por no encontrar ese nexo con el conflicto en el proceso de parapolítica, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP le había cerrado la puerta a Ashton en mayo de 2018. En ese momento, los magistrados explicaron que el exsenador era investigado por el delito de concierto para delinquir, pues Ashton supuestamente buscaba “la obtención de un beneficio personal, que consistió en apoyo electoral para conquistar una curul en el Senado” a cambio de apoyar el trámite de la Ley de Justicia y Paz. Es decir, el exsenador habría sido electo con el apoyo de paramilitares, pero no para perpetuar las acciones violentas de las Auc, sino para “lograr su desmovilización en condiciones penales muy favorables”.
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Asimismo, la Sala tenía en su poder todas las pruebas que reposan en Procuraduría y Fiscalía sobre el soborno de $600 millones que Ashton le habría ofrecido al exmagistrado Francisco Ricaurte, aunque finalmente se lo habría dado a Gustavo Moreno, para que Leonidas Bustos y Gustavo Malo, entonces miembros de la Sala Penal de la Corte, engavetaran —supuestamente— la investigación por parapolítica. En mayo del año pasado, luego de estudiar estos documentos y el resto de expedientes en contra del exsenador, la JEP señaló que el cartel de la toga no tenía relación con el conflicto porque se trató de “un simple acto de corrupción dirigido a que un servidor público omitiera su deber de administrar pronta y cumplida justicia”.
La defensa del exsenador no estuvo de acuerdo. Por eso presentó reposición, pero la Sala de Definición reiteró lo dicho en junio de 2018: “Las conductas que involucren a grupos armados al margen de la ley no tienen, por ese solo motivo, relación directa o indirecta con el conflicto armado”. El abogado de Ashton, Isnardo Gómez, escaló el fallo a la Sección de Apelación de la JEP, donde señaló que esa postura “dificulta(ba) la recolección de toda la información posible por parte de los diferentes individuos que participaron directa o indirectamente en el conflicto armado”. Los magistrados le dieron la razón a la defensa de Ashton en agosto pasado, aunque solo con respecto al proceso de la parapolítica.
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Giro inesperado
A Ashton le abrieron la puerta de la JEP hace apenas hace una semana. La resolución con que fue admitido reconoció que las investigaciones por parapolítica y por supuestamente amenazar a un testigo, en el marco de la parapolítica misma, tenían relación con el conflicto. La sorpresa, sin embargo, vino con el tema del cartel de la toga. Al respecto, la JEP indicó que sí hay un nexo con el conflicto armado “en la medida que se comprobara que la conducta delictiva endilgada al exsenador Ashton Giraldo se llevó a cabo con el fin de cubrir con impunidad conductas conectadas con el conflicto”. Para definirlo así, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas ya le había pedido al exsenador Ashton detalles de la verdad que aportaría a las víctimas sobre el cartel de la toga.“La verdad plena que ofrezco de relatar todo cuanto conozco del punto del cohecho por dar u ofrecer (cartel de la toga) se referirá a la segunda parte de la relación que se trabó entre el suscrito y el abogado Gustavo Moreno Rivera; es decir, aquella que surgiría a partir del momento en que dicho profesional del derecho me manifestó que tenía influencias en la Corte Suprema y que por ello era buscado por congresistas en problemas, al saber ‘cómo se movía la Corte’, según me lo manifestó Moreno Rivera”, contestó Ashton al requerimiento. Aunque le admitieron la propuesta, los magistrados dejaron claro algo que faltaba: Ashton “no se refiere a sus presuntos nexos con el exmagistrado Francisco Javier Ricaurte Gómez (gran amigo de Ashton) y los posibles acuerdos a los que haya podido llegar con este”.
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El reclamo de los magistrados porque Ashton no mencionara a Ricaurte tiene un asidero: en las pruebas que reposan en los entes de control, todo apunta a que él negoció el soborno con el exmagistrado Ricaurte —quien ya está llamado a juicio y ha negado su participación en el cartel—, aunque finalmente le diera el dinero al exfiscal Moreno. En su momento, el exfiscal anticorrupción incluso le dijo a la Fiscalía: “Entonces el doctor Francisco (Ricaurte) me dice ‘te va a llamar Álvaro Ashton, él es un senador costeño, es amigo y le vamos a ayudar con un archivo”. A los pocos días, supuestamente, Ricaurte le ordenó a Moreno: “Cóbrele [a Ashton Giraldo] $200 millones, que es para un archivo; ya yo he hablado con él”.
Por el testimonio de Gustavo Moreno, así como por el del anterior abogado de Ashton, Luis Ignacio Lyons España, y los audios de la DEA que destaparon el cartel de la toga, fue que la Procuraduría llamó a juicio disciplinario al exsenador barranquillero. Con su conducta, dice el Ministerio Público en el pliego de cargos que le formuló, el exsenador “no buscaba únicamente evitar la producción de una decisión sancionatoria, sino que adicionalmente pretendía un auto de archivo, logrando mantener su dignidad y estatus de senador”, forma de proceder que para la Procuraduría resulta “reprochable por su condición de servidor público”.
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En ese mismo pliego de cargos, el Ministerio Público se refirió a la petición de Ashton de remitir su proceso disciplinario por el cartel de la toga a la JEP. La decisión de entrada fue rechazar la solicitud, pero por un tema de formas: el exsenador no había remitido un escrito en el que expresara que se sometía a la JEP y su defensa no adjuntó el visto bueno de la Sección de Apelación. Este argumento lo reiteraron en el despacho del procurador general, cuando los magistrados de la JEP pidieron toda la documentación de las investigaciones contra Ashton. No obstante, la JEP hizo caso omiso a lo que señaló el Ministerio Público, aseguró que actuaba en desarrollo de sus “amplias facultades” y ordenó acumular el expediente disciplinario también.
Lo cierto es que Ashton abrió una ventana por la que caben no solo los 32 investigados por parapolítica que buscan entrar a la JEP —aunque esa ventana, técnicamente, la abrió David Char, el primero admitido por este tipo de casos—, sino los salpicados por el cartel de la toga. En fila están los excongresistas Julio Manzur —quien niega haber participado en el cartel— y Musa Besaile —que aceptó haber pagado un soborno de $2.000 millones—. Cualquiera de ellos puede alegar que ayudaron a “cubrir con impunidad” hechos relacionados con el conflicto, que fue el argumento de la JEP para recibir a Álvaro Ashton.
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De hecho, ese argumento no lo compró el Consejo de Estado, ante el cual Musa Besaile pidió que la demanda de pérdida de investidura en su contra, relacionada con el cartel de la toga, pasara a manos de la JEP, porque, según el exsenador cordobés, intentó “tapar el vínculo que supuestamente sostuve con un actor ilegal que participó del conflicto armado”. Esto supondría, como mínimo, un vínculo indirecto con el conflicto, que es el mismo argumento por el que admitieron a Ashton en la JEP. Para la justicia transicional, es por eso que está dentro de su competencia investigar el cartel de la toga. Para el Consejo de Estado, no hay alguna relación comprobada entre ese sofisticado esquema de sobornos que surgió en lo más alto del poder judicial y el conflicto armado.