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Seis días duró la masacre de El Salado, la peor barbarie vivida en los Montes de María. El 16 de febrero del año 2000, 450 paramilitares al mando de Salvatore Mancuso y Jorge 40 iniciaron el cerco, por tres vías distintas de Sucre y Bolívar, sobre este pueblo. A su paso, fueron dejando una estela de asesinatos hasta que el 18 de febrero llegaron al casco urbano del pueblo y en la cancha de microfútbol asesinaron a alrededor de 30 personas y violaron y torturaron a un número indeterminado de mujeres. Allí pernoctaron y el día siguiente salieron de El Salado con distintos rumbos, asesinando a más pobladores de la zona. En total, entre el 16 y el 21 de febrero, mataron a más de 60 personas.
En esos seis días, los paramilitares no encontraron la menor resistencia por parte de la Policía o de la Infantería de Marina, que tiene jurisdicción en los Montes de María. Los 450 hombres anduvieron en camiones por al menos cinco municipios de dos departamentos sin encontrar ningún retén o resistencia por parte de la Fuerza Pública. Así como entraron, se fueron. Se desplazaron los cerca de 5.000 habitantes que tenía el pueblo.¿Quiénes han respondido hoy por lo que ocurrió en El Salado durante esos seis días?
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Agentes estatales
En diciembre de 2019, el Tribunal Administrativo de Bolívar confirmó la sentencia que se había emitido en primera instancia, que condenaba a la Nación por la masacre de El Salado. Según el fallo, el Ministerio de Defensa, la Armada y la Policía eran responsables por omisión, dado que no desplegaron ninguna acción para evitar que los grupos paramilitares ejecutaran la masacre.
Sin embargo, a nivel penal solo se ha emitido una sentencia en contra de un agente estatal por su participación en la masacre de El Salado. En julio de 2018, la Corte Suprema de Justicia dejó en firme la condena como cómplice del delito de homicidio agravado contra el capitán de corbeta Héctor Martín Pita Vásquez, quien para el momento de la masacre se desempeñaba como comandante de la Compañía Orca, adscrita al Batallón de Infantería de Marina #31, perteneciente a la Primera Brigada de Infantería de Marina, asignada a la región de Montes María.
En esa sentencia, la Corte Suprema confirmó la decisión que ya había sido emitida en primera y segunda instancia que encontró responsable al capitán Pita Vásquez, al no desplegar las acciones tendientes a detener al grupo paramilitar que cometió la masacre y omitir su obligación constitucional. Pero, además, el alto tribunal dijo que los jueces de instancia se equivocaron al fijar la condición del capitán como cómplice, pues en realidad debió responder por múltiple homicidio agravado en comisión por omisión, en calidad de autor. Sin embargo, como modificar esa decisión sería desfavorable para el capitán, decidió mantener la sanción de 13 años de prisión.
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Existen otros agentes estatales vinculados al proceso por la masacre de El Salado, de acuerdo con información de la Comisión Colombiana de Juristas, que representa un grupo de víctimas de esa masacre. En 2015, la Fiscalía 30 de la Unidad de Derechos Humanos de Bogotá llamó a indagatoria al general Rodrigo Quiñones, quien era el comandante de la Primera Brigada de la Infantería de Marina; al coronel Bautista Cárcamo Gale, comandante del Batallón de contraguerrilla de Infantería de Marina #33; al coronel Ricardo Diazgranados, jefe de operaciones de la primera brigada de Infantería de Marina; al coronel Harold Mantilla, comandante del batallón de fusileros de Infantería de Marína #5; y al capitán Gerardo Becerra, comandante de la compañía Ballesta, adscrita al batallón de contraguerrilla de Infantería de Marina #33. Sin embargo, a ellos no se les ha dictado medida de aseguramiento ni formulado resolución de acusación como coautores de la masacre.
Hasta hoy, ningún otro tipo de autoridad, del orden de alcaldías o gobernaciones, ha sido vinculado a la investigación por la masacre de El Salado.
Integrantes de grupos paramilitares
Algunos de los jefes paramilitares de las AUC que participaron en la masacre de El Salado tienen varios procesos dentro de Justicia y Paz, pero hay una sentencia en particular en la que aparece referida esa masacre. En 2014 se emitió condena contra 12 jefes paramilitares de los Bloques Catatumbo, Córdoba, Norte y Montes de María, entre los que se encontraban Salvatore Mancuso y Uber Banquez, conocido como Juancho Dique, ambos relacionados con lo sucedido en El Salado.
Sin embargo, Salvatore Mancuso, quien fue uno de los máximos responsables por esa masacre, fue extraditado a Estados Unidos en 2008 por narcotráfico y hoy permanece recluido en Atlanta. El próximo 27 de marzo este exjefe paramilitar regresará a Colombia y ha pedido ingresar a la JEP como tercero civil, por su financiación de grupos paramilitares entre 1989 y 1996, antes de ingresar a las AUC.
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Por su parte, Rodrigo Tovar Pupo, Jorge 40, el otro máximo responsable y también extraditado a Estados Unidos por narcotráfico, fue expulsado de Justicia y Paz en 2015 al considerar que no había cumplido con su compromiso de aportar verdad a las víctimas. Según la CCJ, el Juzgado Único Penal Especializado de Cartagena adelanta un proceso en su contra por la masacre de El Salado.
Debajo de esos dos comandantes paramilitares hubo otro puñado de jefes de las AUC que coordinaron y ejecutaron la masacre de El Salado y que hoy están presos o fueron asesinados. John Henao, conocido como H2, delegado de Carlos Castaño para la masacre de El Salado, habría sido asesinado en la misma acción en la que Carlos Castaño fue asesinado en 2004. Hecho cuya responsabilidad se le atribuye a Jesús Ignacio Roldán, Monoleche, y Ever Veloza, HH, entre otros. Rodrigo Mercado Peluffo, Cadena, quien para la época comandaba el Bloque Montes de María y también coordinó la masacre, desapareció desde 2005, en medio del proceso de negociación del gobierno Uribe con las AUC y nunca se volvió a saber de él. El segundo al mando de ese bloque, Uber Banquez o Juancho Dique, pagó su condena de ocho años en el marco de Justicia y Paz y desde 2015 está libre. Ha reconocido su participación en más de una decena de masacres en los Montes de María y 565 víctimas mortales.
John Jairo Esquivel, conocido como El Tigre¸ quien comandó directamente uno de los grupos paramilitares que hicieron la incursión a El Salado, fue capturado en noviembre de 2019 en Maicao (La Guajira), cuando las autoridades lo señalaron de estar detrás del secuestro de Melissa Martínez, sobrina del Nobel de literatura Gabriel García Márquez. Por lo sucedido en El Salado, entre otros hechos, Esquivel asistió a una audiencia de imputación de cargos en Barranquilla, en la que reconoció su responsabilidad en la masacre e incluso dijo que hombres bajo su mando cometieron hechos de violencia sexual contra mujeres de ese corregimiento, aunque aseguró que fue por “falta de control en la tropa”.