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El recorrido empezó en Puerto Rivas, una vereda de Riosucio, donde una veintena de líderes de restitución de tierras del consejo comunitario La Larga Tumaradó se reunió para contarles al embajador de Francia, Gautier Mignot, y a varios directivos de Caritas, una organización de la Iglesia católica de Francia, en qué estado están los procesos de restitución de tierras y su situación actual de seguridad.
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Un sancocho comunitario, cocinado en fogón de tres piedras, sirvió de antesala para la reunión que se desarrolló en la escuelita. Allí, en el sopor de la tarde, los campesinos les contaron a los extranjeros que tienen dos preocupaciones muy grandes: cómo recuperar sus tierras y qué hacer para que no sigan matando a sus líderes. El primero en tomar la palabra fue el presidente del consejo comunitario La Larga Tumaradó, Pablo Antonio López Moreno, quien explicó que de su organización hacen parte 49 comunidades que están reclamando 107.024 hectáreas de tierra que les fueron arrebatadas desde el año 1995 en un proceso de despojo sistemático que se desarrolló con la entrada de los grupos paramilitares a la zona. En esa arremetida, cerca del 99 % de la población se tuvo que desplazar. Algunos vendieron la tierra obligados, otros lo hicieron apurados por la urgencia de salvar sus vidas y otros simplemente dejaron sus predios abandonados.
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Hoy, el 90 % de la tierra apta para el cultivo está en manos de empresarios, a los que los líderes comunitarios llaman poseedores de mala fe, mientras los campesinos tienen que sobrevivir con un jornal trabajando en tierras ajenas. Cerca del 60 % de los que salieron desplazados siguen en esa condición en ciudades como Quibdó, Medellín o Montería. Los que se atrevieron a regresar, lo hicieron después de promulgada la ley 1448 de 2011, que les permitió reclamar sus tierras amparados en la figura de la restitución de tierras.
El problema, relató Pablo Antonio, es que muchas de esas familias retornaron sin acompañamiento estatal, a enfrentarse a poderes empresariales y armados muy fuertes, que hoy los tienen amenazados. Varios de esos líderes que se armaron de valor para reclamar sus tierras fueron asesinados, decenas de ellos están amenazados y 25 cuentan hoy con esquemas de protección estatales que resultan insuficientes.
Los campesinos fueron tomando la palabra en la reunión. Todos agradecieron el interés del gobierno francés en sus problemas, pero algunos pusieron de presente que ya han recibido a varias delegaciones internacionales y su situación no ha mejorado. De hecho, recalcaron que participar en este tipo de reuniones les resulta arriesgado. Y recordaron a Mario Castaño, quien fue asesinado en 2017 luego de participar en una reunión en la que reclamaba y hacía denuncias contra los empresarios, la Fuerza Pública y los paramilitares.
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“Nuestro sueño es recuperar las tierras que nos quitaron. Nosotros solo sabemos labrar la tierra y si no tenemos tierra para cultivar se viene una crisis por el tema alimentario”, señaló Pablo Antonio. Y luego mencionó las dificultades que han tenido en el proceso de restitución de tierras que adelantan desde diciembre de 2017. Explicó que ahora está en etapa judicial, que la jueza ha venido citando a los opositores a este proceso para que expliquen de qué forma adquirieron las tierras en la época más fuerte del conflicto.
Los líderes explicaron que hay dos tipos de demanda: una colectiva y cerca de 900 reclamaciones individuales de personas que tenían títulos de sus predios antes del despojo. De estas, cerca del 90 % no han tenido respuesta favorable, dijeron.
Pidieron acompañamiento internacional para que ese proceso judicial se blinde. Y explicaron cuáles son sus preocupaciones: muchos campesinos no están en el registro único de tierras despojadas y podrían perder el derecho a que le restituyan el predio, y por eso piden que se revisen algunos de esos casos individuales que no han sido admitidos por la Unidad de Restitución de Tierras en etapa administrativa. También reclaman porque la Unidad de Víctimas, según ellos, ha sido muy lenta en el proceso de reparación, en el que vienen trabajando desde 2015. Y llamaron a atención de la Unidad de Protección por no atender las medidas cautelares que tiene la comunidad. Hoy, dicen, los paramilitares los siguen acechando.
“Usted, que le puede hablar al oído al presidente Duque, dígale que necesitamos apoyo para seguir resistiendo, que lleguen buenas obras de inversión social”, dijo un líder. El embajador, que escuchó atento cerca de dos horas de intervenciones, les explicó que seguirán acompañando sus procesos con una alianza que tienen hace dos años con el Cinep. “Estamos pendientes de lo que pasa con ustedes, de que no les toquen ni un pelo”. Pero les aclaró: “No soy político, no vengo a hacer promesas, ni a buscar votos, no hago promesas falsas, este es un país soberano, podemos llamar atención sobre algunos temas, tenemos que hacerlo con humildad”.
La guerra en el bajo Atrato
La siguiente escala en el recorrido fue en el casco urbano de Riosucio, una población de 35.000 habitantes, la mayoría integrada por familias que han salido desplazadas de sus territorios afro o indígenas en por lo menos cuatro grandes oleadas, que iniciaron en 1995 con la entrada de los paramilitares y siguieron con incursiones de las Farc y fuertes enfrentamientos entre estos y la Fuerza Pública.
Después de vivir un atardecer mágico, la delegación extranjera fue recibida con pescado frito y plátano, música, baile y poesías a cargo de los estudiantes riosuceños. Al día siguiente la iglesia sirvió de escenario para que un grupo de treinta líderes se confesaran ante el embajador y sus acompañantes: el conflicto tiene confinada, amenazada y asustada a la población afro e indígena. A pesar de la valentía de algunos hombres y mujeres que tomaron la palabra, el miedo impidió que otros hablaran o que se refieran de manera directa a algún actor armado.
Lo que quedó claro después de tres horas de intervenciones de los líderes y lideresas, de la Defensoría del Pueblo, de Acnur, del Cinep y de la Corporación Jurídica Libertad es que en la subregión del bajo Atrato están presentes el Eln y las Agc en la totalidad de los municipios. Ambos actores controlan la cotidianidad de sus habitantes con retenes ilegales y limitaciones a la movilidad. Las acciones del Eln se concentran en el río Curvaradó, Jiguamiandó, Truandó, Salaquí, Cacarica, Quiparadó y Domingodó. Las acciones de las Agc se desarrollan en casi todas las comunidades de los tres municipios del bajo Atrato.
Los campesinos e indígenas denunciaron que varias veces han quedado en medio de combates; que ambos actores armados, incluso las Agc, están minando sus territorios y por esto algunos se han desplazado y otros están confinados, que están amenazando a sus líderes, que hay homicidios selectivos y reclutamiento forzado de sus jóvenes. Y esto no ocurre solo en las zonas rurales. Los centros poblados tienen presencia —mayoritariamente de las Agc— con hombres armados y de civil en puestos de control llamados “puntos”.
Esos puntos, además del control sobre la movilidad y la vida de los habitantes, controlan la extorsión a todo el comercio y, según algunos pobladores, se han convertido en el lugar al que muchos de ellos apelan para dirimir todo tipo de conflictos entre vecinos. “Nuestro tejido social se ha fracturado, la gente por desespero acude a ellos para dizque solucionar sus problemas y eso está minando nuestras organizaciones”, dijo un líder de un consejo comunitario.
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Al final quedó la preocupación porque las comunidades se sienten solas, abandonadas a su suerte, mientras intereses muy poderosos se disputan sus territorios para los cultivos de uso ilícito, la minería legal e ilegal, y usar sus ríos y selvas como corredor estratégico de armas y drogas a Centroamérica. El embajador pidió no perder la esperanza y dijo que su gobierno y otros de la comunidad internacional están comprometidos en hacer visible su situación para que no los sigan matando.