Víctimas y sectores sociales critican al Gobierno por situación de Bojayá

Sectores académicos, políticos y organizaciones sociales y de víctimas expresaron su preocupación, por medio de un comunicado, debido a la violencia que está cercando a Bojayá (Chocó). Entre los firmantes del documento se encuentran dirigentes del partido las Farc y senadores que han defendido lo acordado. En la primera semana del 2020 se conoció sobre una incursión de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc) a la comunidad de Pogue, en ese municipio, que dejó confinadas a cientos de personas. Ese grupo armado amenazó al líder Leyner Palacios y a José Adán Palacios, representante del consejo comunitario de Pogue, por denunciar hechos de violencia ante la opinión pública.

(Lea también: "Bojayá no puede repetir esa tragedia": Comisión de la Verdad)

En el comunicado expresan que en la región hay miedo e incertidumbre por la probabilidad de que se presenten combates entre actores armados, desplazamientos masivos, amenazas y asesinatos. Calificaron de “indamisibles” las amenazas contra líderes sociales en la zona. “(Eso) genera fuertes interrogantes para el Gobierno Nacional sobre su atención e intervención eminentemente militar”, enfatizaron. Incluso señalaron al Estado de no asumir responsabilidades por la masacre ocurrida el 2 de mayo de 2002, en la que murieron por lo menos 74 civiles que se resguardaban en la iglesia del municipio. “Se elude así, una vez más, la responsabilidad del Estado ante la violencia que padecieron y siguen padeciendo las comunidades de este territorio y se lesiona la confianza entre comunidad e instituciones que en el transcurso de los últimos años han procurado edificar procesos y planes orientados a la reparación de los daños ocasionados”, expresaron.

Recordaron también que a finales de 2019, cuando se hizo la entrega de los cuerpos de varios desaparecidos de la masacre, se elevaron alertas sobre el deterioro de orden público en la zona y la posible repetición de una tragedia similar a la masacre de 2002. “Se convocó al presidente Iván Duque para que atendiera, no sólo el acto solemne, ritual y colectivo más importante de su gobierno, sino la grave crisis humanitaria que viven el conjunto de comunidades afro e indígenas que habitan la región baja y media del río Atrato, sin embargo, el presidente no asistió”, señalaron.

También saludaron la resistencia de la comunidad de Bojayá: “reconocemos y agradecemos sus trayectorias de lucha y resistencia y nos unimos a su clamor e insistencia en que el Gobierno tome decisiones y genere condiciones para que las comunidades no continúen ocupando un lugar subalterno frente al Estado, los grupos armados y la distribución de recursos en este país”.

(Lea también: Comunidad de Bojayá pide acompañamiento internacional)

En el comunicado le exigieron a los grupos armados que operan en la zona (las Agc y el ELN) que “cesen al fuego, el cese al minado de los territorios y las amenazas a la población”. También pidieron que se implemente el capítulo étnico del Acuerdo de Paz entre el Estado y las Farc, que el Gobierno dé una respuesta integral a la situación de Chocó y que se reactive la mesa de conversaciones con el Eln. De la misma manera, pidieron que se ejecuten los planteamientos que las comunidades del departamento han plasmado en Acuerdo Humanitario Ya, una propuesta que tiene 11 puntos para aliviar la guerra en la región. Hicieron un llamado para que la sociedad civil no sea indiferente ante el drama de la guerra y para que la opinión pública ayude “a salvaguardar los derechos y la vida de las comunidades de Bojayá, del Atrato y del Pacífico colombiano”.

(Lea también: Los cuerpos que aún no aparecen en Bojayá)

Sectores académicos, políticos y organizaciones sociales y de víctimas expresaron su preocupación, por medio de un comunicado, debido a la violencia que está cercando a Bojayá (Chocó). Entre los firmantes del documento se encuentran dirigentes del partido las Farc y senadores que han defendido lo acordado. En la primera semana del 2020 se conoció sobre una incursión de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc) a la comunidad de Pogue, en ese municipio, que dejó confinadas a cientos de personas. Ese grupo armado amenazó al líder Leyner Palacios y a José Adán Palacios, representante del consejo comunitario de Pogue, por denunciar hechos de violencia ante la opinión pública.

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En el comunicado expresan que en la región hay miedo e incertidumbre por la probabilidad de que se presenten combates entre actores armados, desplazamientos masivos, amenazas y asesinatos. Calificaron de “indamisibles” las amenazas contra líderes sociales en la zona. “(Eso) genera fuertes interrogantes para el Gobierno Nacional sobre su atención e intervención eminentemente militar”, enfatizaron. Incluso señalaron al Estado de no asumir responsabilidades por la masacre ocurrida el 2 de mayo de 2002, en la que murieron por lo menos 74 civiles que se resguardaban en la iglesia del municipio. “Se elude así, una vez más, la responsabilidad del Estado ante la violencia que padecieron y siguen padeciendo las comunidades de este territorio y se lesiona la confianza entre comunidad e instituciones que en el transcurso de los últimos años han procurado edificar procesos y planes orientados a la reparación de los daños ocasionados”, expresaron.

Recordaron también que a finales de 2019, cuando se hizo la entrega de los cuerpos de varios desaparecidos de la masacre, se elevaron alertas sobre el deterioro de orden público en la zona y la posible repetición de una tragedia similar a la masacre de 2002. “Se convocó al presidente Iván Duque para que atendiera, no sólo el acto solemne, ritual y colectivo más importante de su gobierno, sino la grave crisis humanitaria que viven el conjunto de comunidades afro e indígenas que habitan la región baja y media del río Atrato, sin embargo, el presidente no asistió”, señalaron.

También saludaron la resistencia de la comunidad de Bojayá: “reconocemos y agradecemos sus trayectorias de lucha y resistencia y nos unimos a su clamor e insistencia en que el Gobierno tome decisiones y genere condiciones para que las comunidades no continúen ocupando un lugar subalterno frente al Estado, los grupos armados y la distribución de recursos en este país”.

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En el comunicado le exigieron a los grupos armados que operan en la zona (las Agc y el ELN) que “cesen al fuego, el cese al minado de los territorios y las amenazas a la población”. También pidieron que se implemente el capítulo étnico del Acuerdo de Paz entre el Estado y las Farc, que el Gobierno dé una respuesta integral a la situación de Chocó y que se reactive la mesa de conversaciones con el Eln. De la misma manera, pidieron que se ejecuten los planteamientos que las comunidades del departamento han plasmado en Acuerdo Humanitario Ya, una propuesta que tiene 11 puntos para aliviar la guerra en la región. Hicieron un llamado para que la sociedad civil no sea indiferente ante el drama de la guerra y para que la opinión pública ayude “a salvaguardar los derechos y la vida de las comunidades de Bojayá, del Atrato y del Pacífico colombiano”.

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