A dos años de apertura de la JEP, los terceros van a medio camino

El pasado 15 de marzo se cumplieron dos años desde que la JEP abrió sus puertas al público. Aunque aún es prematuro evaluar su éxito o fracaso, sí es un tiempo suficiente para identificar algunos de sus avances y retos. Quizá su principal reto será comunicar a la ciudadanía los alcances de una justicia basada en un esquema institucional único en su especie, de inmensa complejidad técnica y atravesado por controversias en torno a su legitimidad política.

Uno de los asuntos más controvertidos política y jurídicamente de la JEP es el tratamiento de los llamados “terceros”, es decir, los empresarios, políticos o mercenarios que, sin pertenecer a la estructura armada de uno de los bandos en conflicto, estuvieron involucrados en los crímenes relacionados con este.

Políticamente es un tema espinoso porque involucra la responsabilidad de poderosos actores económicos y políticos, y nos recuerda que el conflicto en Colombia no puede entenderse en términos de grupos armados antagónicos (por ejemplo, guerrilla vs. Fuerza Pública), sino que requiere analizar el papel de civiles que participaron en la comisión de los más graves crímenes. Además, es un asunto sensible porque abre las discusiones sobre aquellas riquezas injustamente acumuladas y la posibilidad de que quienes sacaron provecho de la guerra reparen a las víctimas.

(Vea: ¿Cómo funciona la amnistía, el indulto y los tratamientos especiales en la JEP?)

En términos jurídicos, el tratamiento de terceros es difícil porque ha sufrido múltiples cambios desde la firma del Acuerdo de Paz hasta la fecha e involucra el funcionamiento de una institucionalidad nueva y transitoria. Más allá de sus complejidades técnicas, el avance de los casos contra terceros ante la JEP se puede entender si tenemos en cuenta cuatro retos: el sometimiento voluntario, el tamaño de las puertas de acceso y la fila de entrada a la JEP, las estrategias para analizar poco a poco la información y el precio que se debe pagar por ingresar al sistema.

Sometimiento voluntario, una limitación de arranque

En 2017 la Corte Constitucional estableció que el sometimiento de los terceros ante la JEP sería voluntario. Como consecuencia, esta perdió el poder de iniciarles juicios aún teniendo evidencia sobre su participación en crímenes relacionados con el conflicto.

En otras palabras, la JEP perdió el garrote pero se quedó con la zanahoria pues, aunque no puede obligar a ningún tercero a presentarse, les ofrece un esquema de beneficios penales que podrían incentivar su participación. Los más escépticos consideraron que la decisión de la Corte llevaría a que ningún tercero se presentara ante la JEP, y los más optimistas esperaban que a medida que la Fiscalía fuera avanzando en sus investigaciones contra terceros, los implicados acudirían en masa a la JEP. Ni lo uno ni lo otro.

(Le puede interesar: JEP le cierra sus puertas al exsenador Bernardo Miguel ‘Ñoño’ Elías)

Culminado el plazo de presentación voluntaria, en diciembre de 2019 la JEP reportó una fila de solicitudes de sometimiento que asciende a 916 terceros. Se trata de un número importante en relación con los cálculos escépticos pero bastante discreto si se compara con el número de terceros posiblemente involucrados en delitos sobre los que tiene noticia la justicia ordinaria. Tan solo a raíz del proceso de Justicia y Paz la Fiscalía recibió más de 16.700 comunicaciones con copias de documentos que comprometían a 2.311 empresarios, comerciantes y otros civiles, y 1.835 a políticos de todos los niveles territoriales y funcionarios de diferentes ramas del poder público.

El tamaño de las puertas de acceso y la fila de entrada

La ausencia de garrote ha generado que la zanahoria solo sea atractiva para aquellos terceros que tienen procesos muy avanzados o ya han sido condenados por la justicia ordinaria. De hecho, ha sido mucho más atractiva para agentes del Estado no integrantes de la Fuerza Pública (políticos y otros funcionarios públicos) que para empresarios. Nombres como el de Álvaro Ashton, David Char o Musa Besaile han resonado más que los de empresarios como Jaime Blanco Maya, excontratista de la empresa norteamericana Drummond, condenado por el homicidio de dos sindicalistas de la compañía.

El estudio de los casos sobre terceros ha implicado que la JEP establezca qué tanto se abre o se cierra la puerta de acceso al sistema. A los jueces competentes de esta jurisdicción les ha tocado verificar los nexos con el conflicto armado y exigir aportes claros y concretos a la verdad, la reparación y la no repetición para evitar que el sometimiento sea un simple cálculo mezquino de beneficios penales para quienes ya tenían condenas.

He ahí la paradójica consecuencia del sometimiento voluntario de los terceros: aunque la fila es inferior a lo que se esperaba, la JEP requerirá de un tiempo importante para estudiarla y verificar que no hayan “colados” que quieran ingresar al sistema solo por beneficios penales. Es lo que sucede cuando un tribunal penal depende de la voluntad de un indiciado y no de su propia estrategia investigativa.

(Le puede interesar: Musa Besaile: las 10 verdades que el exsenador le contará la JEP)

Pero la cuestión es aún más complicada porque la fila podría crecer y se discute si existiría otra puerta de acceso. Hasta enero de 2020 la JEP ha recibido 257 informes provenientes de la Fiscalía, la Procuraduría, organizaciones de grupos étnicos, de víctimas y de la sociedad civil. En estos informes existe mención a todos los actores del conflicto incluyendo terceros y en las versiones de los casos que adelanta la JEP estos también pueden ser señalados. Aunque el término de presentación voluntaria ya venció, en la comunidad jurídica se discute si la mención de terceros en los informes y versiones permitiría que estos se sometan voluntariamente -independientemente del plazo- una vez se enteren de ello. Es una llave muy sofisticada pero todo indica que puede abrir el cerrojo.

Aanalizar poco a poco la información

Ante este panorama, el reto de la JEP consistirá en un análisis de información estratégico y un manejo de incentivos responsables que logre informar a los terceros sobre los beneficios a los que pueden acceder si aportan plenamente a la verdad, la reparación y la no repetición. Por ejemplo, en el caso de Jaime Blanco el acceso a beneficios penales dependerá de la información que aporte sobre hechos y personas involucradas en el asesinato de sindicalistas vinculados a la minera Drummond y en la financiación del Bloque Norte de las AUC.

En diciembre de 2019, ante el tamaño de la fila, la JEP optó por establecer un orden para estudiar prioritariamente el sometimiento de aquellos terceros relacionados con el Bloque Norte de las AUC, las Autodefensas Unidas de Córdoba y Urabá y las ejecuciones extrajudiciales. Esta estrategia de priorización, en todo caso, no exime a la JEP de la obligación de estudiar poco a poco las otras solicitudes de sometimiento.

A esto se suma el desafío de estudiar los cientos de informes recibidos. En enero de este año la JEP desplegó una estrategia que ordena el apoyo del Grupo de Análisis de Información (GRAI) para clasificar y sistematizar esta información. Dentro de los criterios de sistematización se busca diferenciar los presuntos responsables de los hechos, incluyendo los terceros.

Es prematuro determinar el éxito o fracaso de esta estrategia pues aún no se conocen los resultados. En todo caso, es importante recordar que debe ser concebida en función de lo que se llama la integralidad del sistema.

El precio de ingresar al sistema

La inclusión de terceros en la JEP se justifica si, y solo si, a cambio de los beneficios penales, estos hacen aportes plenos a la verdad, la no repetición y la reparación. En este sentido, aunque el avance de los terceros ante la JEP se encuentra aún en una fase incipiente, a dos años de su apertura al público es válido preguntarse si en el segundo combo de casos a los que dará prioridad la JEP existirá alguno que nos permita conocer la responsabilidad de los terceros civiles en el conflicto armado.

(Le puede interesar: Así fue como David Char tejió sus alianzas con los paramilitares)

Asimismo, es momento de comenzar a indagar por el precio económico que los terceros tendrán que pagar para demostrar un compromiso concreto de aporte a las reparaciones y, en un contexto de ampliación de la vigencia de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras que atraviesa por una seria crisis fiscal, vale la pena debatir si los compromisos de los terceros que quieren someterse ante la JEP estarán dirigidos fortalecer financieramente los programas de reparación de víctimas ya existentes. Precisamente, en las riquezas injustamente adquiridas se encuentra una alternativa de financiamiento que debe comenzar a examinarse con lupa.

Adenda: El sometimiento voluntario de terceros ante la JEP aumenta la responsabilidad de la Fiscalía General de la Nación de adelantar un ejercicio serio de persecución de estos. ¿Cuándo nos presentará el Fiscal Barbosa su estrategia de investigación en relación con los terceros que no entrarán a la JEP.

*Investigador de Dejusticia.

El pasado 15 de marzo se cumplieron dos años desde que la JEP abrió sus puertas al público. Aunque aún es prematuro evaluar su éxito o fracaso, sí es un tiempo suficiente para identificar algunos de sus avances y retos. Quizá su principal reto será comunicar a la ciudadanía los alcances de una justicia basada en un esquema institucional único en su especie, de inmensa complejidad técnica y atravesado por controversias en torno a su legitimidad política.

Uno de los asuntos más controvertidos política y jurídicamente de la JEP es el tratamiento de los llamados “terceros”, es decir, los empresarios, políticos o mercenarios que, sin pertenecer a la estructura armada de uno de los bandos en conflicto, estuvieron involucrados en los crímenes relacionados con este.

Políticamente es un tema espinoso porque involucra la responsabilidad de poderosos actores económicos y políticos, y nos recuerda que el conflicto en Colombia no puede entenderse en términos de grupos armados antagónicos (por ejemplo, guerrilla vs. Fuerza Pública), sino que requiere analizar el papel de civiles que participaron en la comisión de los más graves crímenes. Además, es un asunto sensible porque abre las discusiones sobre aquellas riquezas injustamente acumuladas y la posibilidad de que quienes sacaron provecho de la guerra reparen a las víctimas.

(Vea: ¿Cómo funciona la amnistía, el indulto y los tratamientos especiales en la JEP?)

En términos jurídicos, el tratamiento de terceros es difícil porque ha sufrido múltiples cambios desde la firma del Acuerdo de Paz hasta la fecha e involucra el funcionamiento de una institucionalidad nueva y transitoria. Más allá de sus complejidades técnicas, el avance de los casos contra terceros ante la JEP se puede entender si tenemos en cuenta cuatro retos: el sometimiento voluntario, el tamaño de las puertas de acceso y la fila de entrada a la JEP, las estrategias para analizar poco a poco la información y el precio que se debe pagar por ingresar al sistema.

Sometimiento voluntario, una limitación de arranque

En 2017 la Corte Constitucional estableció que el sometimiento de los terceros ante la JEP sería voluntario. Como consecuencia, esta perdió el poder de iniciarles juicios aún teniendo evidencia sobre su participación en crímenes relacionados con el conflicto.

En otras palabras, la JEP perdió el garrote pero se quedó con la zanahoria pues, aunque no puede obligar a ningún tercero a presentarse, les ofrece un esquema de beneficios penales que podrían incentivar su participación. Los más escépticos consideraron que la decisión de la Corte llevaría a que ningún tercero se presentara ante la JEP, y los más optimistas esperaban que a medida que la Fiscalía fuera avanzando en sus investigaciones contra terceros, los implicados acudirían en masa a la JEP. Ni lo uno ni lo otro.

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Culminado el plazo de presentación voluntaria, en diciembre de 2019 la JEP reportó una fila de solicitudes de sometimiento que asciende a 916 terceros. Se trata de un número importante en relación con los cálculos escépticos pero bastante discreto si se compara con el número de terceros posiblemente involucrados en delitos sobre los que tiene noticia la justicia ordinaria. Tan solo a raíz del proceso de Justicia y Paz la Fiscalía recibió más de 16.700 comunicaciones con copias de documentos que comprometían a 2.311 empresarios, comerciantes y otros civiles, y 1.835 a políticos de todos los niveles territoriales y funcionarios de diferentes ramas del poder público.

El tamaño de las puertas de acceso y la fila de entrada

La ausencia de garrote ha generado que la zanahoria solo sea atractiva para aquellos terceros que tienen procesos muy avanzados o ya han sido condenados por la justicia ordinaria. De hecho, ha sido mucho más atractiva para agentes del Estado no integrantes de la Fuerza Pública (políticos y otros funcionarios públicos) que para empresarios. Nombres como el de Álvaro Ashton, David Char o Musa Besaile han resonado más que los de empresarios como Jaime Blanco Maya, excontratista de la empresa norteamericana Drummond, condenado por el homicidio de dos sindicalistas de la compañía.

El estudio de los casos sobre terceros ha implicado que la JEP establezca qué tanto se abre o se cierra la puerta de acceso al sistema. A los jueces competentes de esta jurisdicción les ha tocado verificar los nexos con el conflicto armado y exigir aportes claros y concretos a la verdad, la reparación y la no repetición para evitar que el sometimiento sea un simple cálculo mezquino de beneficios penales para quienes ya tenían condenas.

He ahí la paradójica consecuencia del sometimiento voluntario de los terceros: aunque la fila es inferior a lo que se esperaba, la JEP requerirá de un tiempo importante para estudiarla y verificar que no hayan “colados” que quieran ingresar al sistema solo por beneficios penales. Es lo que sucede cuando un tribunal penal depende de la voluntad de un indiciado y no de su propia estrategia investigativa.

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Pero la cuestión es aún más complicada porque la fila podría crecer y se discute si existiría otra puerta de acceso. Hasta enero de 2020 la JEP ha recibido 257 informes provenientes de la Fiscalía, la Procuraduría, organizaciones de grupos étnicos, de víctimas y de la sociedad civil. En estos informes existe mención a todos los actores del conflicto incluyendo terceros y en las versiones de los casos que adelanta la JEP estos también pueden ser señalados. Aunque el término de presentación voluntaria ya venció, en la comunidad jurídica se discute si la mención de terceros en los informes y versiones permitiría que estos se sometan voluntariamente -independientemente del plazo- una vez se enteren de ello. Es una llave muy sofisticada pero todo indica que puede abrir el cerrojo.

Aanalizar poco a poco la información

Ante este panorama, el reto de la JEP consistirá en un análisis de información estratégico y un manejo de incentivos responsables que logre informar a los terceros sobre los beneficios a los que pueden acceder si aportan plenamente a la verdad, la reparación y la no repetición. Por ejemplo, en el caso de Jaime Blanco el acceso a beneficios penales dependerá de la información que aporte sobre hechos y personas involucradas en el asesinato de sindicalistas vinculados a la minera Drummond y en la financiación del Bloque Norte de las AUC.

En diciembre de 2019, ante el tamaño de la fila, la JEP optó por establecer un orden para estudiar prioritariamente el sometimiento de aquellos terceros relacionados con el Bloque Norte de las AUC, las Autodefensas Unidas de Córdoba y Urabá y las ejecuciones extrajudiciales. Esta estrategia de priorización, en todo caso, no exime a la JEP de la obligación de estudiar poco a poco las otras solicitudes de sometimiento.

A esto se suma el desafío de estudiar los cientos de informes recibidos. En enero de este año la JEP desplegó una estrategia que ordena el apoyo del Grupo de Análisis de Información (GRAI) para clasificar y sistematizar esta información. Dentro de los criterios de sistematización se busca diferenciar los presuntos responsables de los hechos, incluyendo los terceros.

Es prematuro determinar el éxito o fracaso de esta estrategia pues aún no se conocen los resultados. En todo caso, es importante recordar que debe ser concebida en función de lo que se llama la integralidad del sistema.

El precio de ingresar al sistema

La inclusión de terceros en la JEP se justifica si, y solo si, a cambio de los beneficios penales, estos hacen aportes plenos a la verdad, la no repetición y la reparación. En este sentido, aunque el avance de los terceros ante la JEP se encuentra aún en una fase incipiente, a dos años de su apertura al público es válido preguntarse si en el segundo combo de casos a los que dará prioridad la JEP existirá alguno que nos permita conocer la responsabilidad de los terceros civiles en el conflicto armado.

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Asimismo, es momento de comenzar a indagar por el precio económico que los terceros tendrán que pagar para demostrar un compromiso concreto de aporte a las reparaciones y, en un contexto de ampliación de la vigencia de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras que atraviesa por una seria crisis fiscal, vale la pena debatir si los compromisos de los terceros que quieren someterse ante la JEP estarán dirigidos fortalecer financieramente los programas de reparación de víctimas ya existentes. Precisamente, en las riquezas injustamente adquiridas se encuentra una alternativa de financiamiento que debe comenzar a examinarse con lupa.

Adenda: El sometimiento voluntario de terceros ante la JEP aumenta la responsabilidad de la Fiscalía General de la Nación de adelantar un ejercicio serio de persecución de estos. ¿Cuándo nos presentará el Fiscal Barbosa su estrategia de investigación en relación con los terceros que no entrarán a la JEP.

*Investigador de Dejusticia.