El Batallón Charry Solano como emblema de torturas y desaparición en los 80

En 1964 se creó el Batallón de Inteligencia Militar Charry Solano como una estrategia para perseguir y eliminar a quienes pertenecían a grupos subversivos, eran de izquierda o no estaban de acuerdo con el modelo de Estado de la época. Se hablaba ya entonces de los "peligros" del comunismo en todo el mundo y el apoyo y entrenamiento de Estados Unidos para combatirlo llegó a Colombia. Escuelas militares con métodos de tortura y espionaje surgieron para "eliminar al enemigo interno", sostiene el informe que organizaciones de derechos humanos entregaron este viernes a la Jurisdicción Especial de Paz. Así nació el Batallón de Inteligencia Contrainteligencia Brigadier Charry Solano (Binci-Charry Solano), que en 1986 pasó a llamarse Brigada XX y tenía jurisdicción a nivel nacional. 

(Lea más en: El informe que revela las violaciones a los DD. HH de inteligencia del Ejército)

En esta unidad militar se cometieron graves violaciones de derechos humanos según las organizaciones defensoras que desde 1965 empezaron a denunciar. El uso ilegal de la Fuerza Pública y los crímenes que cometieron son parte del informe "el rol de la inteligencia militar en los crímenes de Estado", construido por la Coordinación Colombia Europa y Estados Unidos, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz. 

Este documento ya había sido entregado en diciembre de 2019 a la Comisión de la Verdad y a la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas con el fin de detallar la persecución política hecha por militares y 90 casos de desaparición forzada, tortura y ejecuciones extrajudiciales ocurridos entre 1977 y 1998 . Hoy, desde las 8:00 a.m., el informe llegó a manos de los magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz con el fin de que investiguen estos crímenes. 

De acuerdo con Camila Galindo, integrante del Observatorio de Derechos Humanos de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, lo que cambia en este informe presentado a la JEP es el análisis de la responsabilidad de quienes fueron comandantes del Binci y la Brigada XX hasta 1998, año en el que se disolvió esta unidad militar, en medio de múltiples cuestionamientos. 

En entrevista con Colombia2020 aseguró que su intención es que la JEP llame a estos militares para investigarlos y juzgarlos, también que abra un caso sobre el uso ilegal de la inteligencia militar y se articule con la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos para realizar los procesos de búsqueda, identificación y entrega digna de las personas que fueron desaparecidas de manera forzada.

¿Quiénes eran los comandantes y presuntos máximos responsables de estos crímenes? 

En el informe mencionamos al general retirado, Iván Ramírez Quintero (llamado a juicio por las desapariciones tras la toma y retoma del Palacio de Justicia), al general (r) Álvaro Velandia Hurtado (responsable por la desaparición de Nydia Érika Bautista, militante del M-19); a Harold Bedoya Pizarro (ya fallecido, ccomandante del Binci hasta 1980). Al brigadier general Jaime Ruíz Barrera (presidente de la Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de las Fuerzas Militares (Acore)) y al general Miguel Vega Uribe (también fallecido, ministro de Defensa cuando ocurrieron los hechos del Palacio de Justicia). 

Se iniciaron contra ellos algunos procesos judiciales pero a la final salieron absueltos. Ramírez continuó su carrera hasta el 98, llegando a estar en el Comando General de las Fuerzas Militares y siendo director de la Dirección Nacional de Inteligencia. Ellos continuaron con sus carreras militares y hubo condecoraciones a esas acciones. 

También encontramos a Mario Montoya Uribe, que inició en el Batallón de Inteligencia Charry Solano hacia 1977 y es señalado de ser responsable de los ataques dinamiteros que sufrió la Revista Alternativa para esa época. 

¿Cómo llegaron a estos nombres? 

La Revista Alternativa, que estuvo hasta 1985 ha sido una fuente documental bastante importante porque allí se realizaban las denuncias. Hacia el 79, integrantes del Batallón de Inteligencia Charry Solano que estaban en México realizaron una carta de denuncia dirigida al Presidente de esa época y que estaba en un periódico mexicano, en la que evidenciaban cuál era el accionar dentro del Batallón. También se recogió la información a través de testimonios como el del sargento (r) Bernardo Garzón Garzón, que hacía parte de la Brigada XX, se infiltró en el M-19 y realizaba las denuncias en contra de los altos mandos. Ha habido diferentes denuncias que los mencionan, que decían cómo accionaban, cuáles eran las órdenes que daban y cómo funcionaban estas dos unidades. 

¿En qué regiones, principalmente, se presentaron estos casos de desaparición forzada? 

El Batallón Charry Solano  y la Brigada XX tenían jurisdicción a nivel nacional, sin embargo, la mayoría de casos que nosotros presentamos en el informe son de Bogotá, que era su parte central de actuación. Los casos están repartidos en las dos unidades.

Dentro de los casos que nosotros presentamos hay tres sobrevivientes de desaparición forzada: Guillermo Marín, que está exiliado, Carlos Uribe y José Cuesta. Y ubicados y entregados a sus familias al menos hay unas tres personas. 

Hay otras personas que luego de que eran desaparecidos forzadamente eran ejecutadas extrajudicialmente y abandonadas en terrenos baldíos, con muestras de tortura. De esos tenemos aproximadamente 14 casos y ya el resto de las desapariciones no se sabe el paradero de las otras personas. 

¿Quiénes eran estas personas?

Comparten una característica y eran personas que no compartían la ideología política que en ese momento se desarrollaba en el país. Eran personas identificadas con ideologías de izquierda, de pensamiento alternativo, estudiantes, integrantes de movimientos sociales y también de movimientos insurgentes, del M-19, ELN, de las Farc y el EPL; pero  también quiero recordar que los casos que estamos detallando en este informe son de personas que fueron desaparecidas y ejecutadas extrajudicialmente no durante un combate, sino cuando estaban de civil o solos. En esos momentos eran perseguidos por estas agencias de inteligencia y aprovechaban para realizar la desaparición forzada y las ejecuciones extrajudiciales. 

¿Cuáles fueron los años con más casos de desaparición forzada?

Algunos coinciden con el auge de movimientos y protestas sociales. Podemos evidenciar cómo a partir del paro cívico de 1977 y toda la legislación que se dio a favor del Estado de Sitio -esas facultades extraorbitantes que se le dieron a las Fuerzas Militares para realizar investigaciones judiciales-,fue un terreno abonado para que se realizarán estas actuaciones delictivas por parte del aparato de inteligencia. 

Varios casos están entre el 85 y el 86. Evidenciamos, por ejemplo, cómo después de que se da el robo de armas del Cantón o la toma y retoma del Palacio de Justicia hay una ola represiva impresionante y todo lo que medianamente les podía oler a M-19, era detenido y torturado. Tenemos el caso de Olga López de Roldán, una médica que en algún momento de sus prácticas atendió a Justo Sánchez Lara, del M-19, por eso fue señalada como guerrillera. Fue torturada, su hija de 3 años también fue torturada, pero ella no pertenecía al M-19. 

¿Ha operado la justicia en estos casos?

En el caso de Olga es importante mencionar la sentencia del Consejo de Estado. Es una de las primeras sentencias que se dan entorno a la responsabilidad por tortura. E incluso eso llega a tener repercusiones en su futuro, en todas esas presiones que había hacia la Corte Suprema de Justicia en la época en que se dieron los hechos del Palacio de Justicia.

Sin embargo, la desaparición forzada lastimosamente se caracteriza por altos índices de impunidad. En el momento en el que fueron efectuadas, la justicia penal militar tenía muchas facultades, no había forma de garantizar una investigación imparcial y había muchos procuradores que estaban involucrados en la manipulación de las investigaciones.

Es muy raro encontrar testigos que puedan identificar quién se los llevó. Era una época de un terrorismo y de un terror de Estado bastante fuerte, la gente andaba como mucho miedo y era muy difícil denunciar. 

¿Por qué se concentraron en estos batallones?

El Charry Solano tiene muchísimos casos. Nosotros recaudamos 90 de desaparición forzada, 60 de ejecuciones extrajudiciales y más o menos la misma cifra de torturas. Era el emblema de las torturas de esa época, lo mismo que la Brigada XX. Son dos unidades de inteligencia que estaban dentro del Ejército Nacional bastante importantes y que contaban con capacitaciones en el extranjero, con apoyo económico de Estados Unidos, para realizar estas actividades. 

¿Por que solicitar la apertura de un caso? 

Este informe será uno entre varios que detallan el uso ilegal de la inteligencia militar. Los siguientes podrán ser sobre el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) u otras unidades de inteligencia, por eso creemos que el caso debería ser sobre el uso ilegal de la inteligencia en el marco del conflicto armado. 

¿De acuerdo con este informe y sus hallazgos, qué opinan de que el Museo de Memoria del conflicto en Colombia tenga un espacio para militares como víctimas? 

Para nosotros es desesperanzador lo que está sucediendo con el Centro Nacional de Memoria Histórica. Nos preocupa bastante la orientación ideológica que le está dando Darío Acevedo a la construcción tanto de los informes como del Museo del Memoria, porque lastimosamente las víctimas de crímenes de Estado siempre han luchado por un reconocimiento como víctimas y vemos que esas reivindicaciones que poco se han ganado por medio de una lucha muy constante se están perdiendo de nuevo. La inclinación de Acevedo ha sido invisibilizar totalmente los crímenes de Estado y el papel que tuvieron las Fuerzas Militares como victimarios dentro de este conflicto armado.

En 1964 se creó el Batallón de Inteligencia Militar Charry Solano como una estrategia para perseguir y eliminar a quienes pertenecían a grupos subversivos, eran de izquierda o no estaban de acuerdo con el modelo de Estado de la época. Se hablaba ya entonces de los "peligros" del comunismo en todo el mundo y el apoyo y entrenamiento de Estados Unidos para combatirlo llegó a Colombia. Escuelas militares con métodos de tortura y espionaje surgieron para "eliminar al enemigo interno", sostiene el informe que organizaciones de derechos humanos entregaron este viernes a la Jurisdicción Especial de Paz. Así nació el Batallón de Inteligencia Contrainteligencia Brigadier Charry Solano (Binci-Charry Solano), que en 1986 pasó a llamarse Brigada XX y tenía jurisdicción a nivel nacional. 

(Lea más en: El informe que revela las violaciones a los DD. HH de inteligencia del Ejército)

En esta unidad militar se cometieron graves violaciones de derechos humanos según las organizaciones defensoras que desde 1965 empezaron a denunciar. El uso ilegal de la Fuerza Pública y los crímenes que cometieron son parte del informe "el rol de la inteligencia militar en los crímenes de Estado", construido por la Coordinación Colombia Europa y Estados Unidos, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz. 

Este documento ya había sido entregado en diciembre de 2019 a la Comisión de la Verdad y a la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas con el fin de detallar la persecución política hecha por militares y 90 casos de desaparición forzada, tortura y ejecuciones extrajudiciales ocurridos entre 1977 y 1998 . Hoy, desde las 8:00 a.m., el informe llegó a manos de los magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz con el fin de que investiguen estos crímenes. 

De acuerdo con Camila Galindo, integrante del Observatorio de Derechos Humanos de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, lo que cambia en este informe presentado a la JEP es el análisis de la responsabilidad de quienes fueron comandantes del Binci y la Brigada XX hasta 1998, año en el que se disolvió esta unidad militar, en medio de múltiples cuestionamientos. 

En entrevista con Colombia2020 aseguró que su intención es que la JEP llame a estos militares para investigarlos y juzgarlos, también que abra un caso sobre el uso ilegal de la inteligencia militar y se articule con la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos para realizar los procesos de búsqueda, identificación y entrega digna de las personas que fueron desaparecidas de manera forzada.

¿Quiénes eran los comandantes y presuntos máximos responsables de estos crímenes? 

En el informe mencionamos al general retirado, Iván Ramírez Quintero (llamado a juicio por las desapariciones tras la toma y retoma del Palacio de Justicia), al general (r) Álvaro Velandia Hurtado (responsable por la desaparición de Nydia Érika Bautista, militante del M-19); a Harold Bedoya Pizarro (ya fallecido, ccomandante del Binci hasta 1980). Al brigadier general Jaime Ruíz Barrera (presidente de la Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de las Fuerzas Militares (Acore)) y al general Miguel Vega Uribe (también fallecido, ministro de Defensa cuando ocurrieron los hechos del Palacio de Justicia). 

Se iniciaron contra ellos algunos procesos judiciales pero a la final salieron absueltos. Ramírez continuó su carrera hasta el 98, llegando a estar en el Comando General de las Fuerzas Militares y siendo director de la Dirección Nacional de Inteligencia. Ellos continuaron con sus carreras militares y hubo condecoraciones a esas acciones. 

También encontramos a Mario Montoya Uribe, que inició en el Batallón de Inteligencia Charry Solano hacia 1977 y es señalado de ser responsable de los ataques dinamiteros que sufrió la Revista Alternativa para esa época. 

¿Cómo llegaron a estos nombres? 

La Revista Alternativa, que estuvo hasta 1985 ha sido una fuente documental bastante importante porque allí se realizaban las denuncias. Hacia el 79, integrantes del Batallón de Inteligencia Charry Solano que estaban en México realizaron una carta de denuncia dirigida al Presidente de esa época y que estaba en un periódico mexicano, en la que evidenciaban cuál era el accionar dentro del Batallón. También se recogió la información a través de testimonios como el del sargento (r) Bernardo Garzón Garzón, que hacía parte de la Brigada XX, se infiltró en el M-19 y realizaba las denuncias en contra de los altos mandos. Ha habido diferentes denuncias que los mencionan, que decían cómo accionaban, cuáles eran las órdenes que daban y cómo funcionaban estas dos unidades. 

¿En qué regiones, principalmente, se presentaron estos casos de desaparición forzada? 

El Batallón Charry Solano  y la Brigada XX tenían jurisdicción a nivel nacional, sin embargo, la mayoría de casos que nosotros presentamos en el informe son de Bogotá, que era su parte central de actuación. Los casos están repartidos en las dos unidades.

Dentro de los casos que nosotros presentamos hay tres sobrevivientes de desaparición forzada: Guillermo Marín, que está exiliado, Carlos Uribe y José Cuesta. Y ubicados y entregados a sus familias al menos hay unas tres personas. 

Hay otras personas que luego de que eran desaparecidos forzadamente eran ejecutadas extrajudicialmente y abandonadas en terrenos baldíos, con muestras de tortura. De esos tenemos aproximadamente 14 casos y ya el resto de las desapariciones no se sabe el paradero de las otras personas. 

¿Quiénes eran estas personas?

Comparten una característica y eran personas que no compartían la ideología política que en ese momento se desarrollaba en el país. Eran personas identificadas con ideologías de izquierda, de pensamiento alternativo, estudiantes, integrantes de movimientos sociales y también de movimientos insurgentes, del M-19, ELN, de las Farc y el EPL; pero  también quiero recordar que los casos que estamos detallando en este informe son de personas que fueron desaparecidas y ejecutadas extrajudicialmente no durante un combate, sino cuando estaban de civil o solos. En esos momentos eran perseguidos por estas agencias de inteligencia y aprovechaban para realizar la desaparición forzada y las ejecuciones extrajudiciales. 

¿Cuáles fueron los años con más casos de desaparición forzada?

Algunos coinciden con el auge de movimientos y protestas sociales. Podemos evidenciar cómo a partir del paro cívico de 1977 y toda la legislación que se dio a favor del Estado de Sitio -esas facultades extraorbitantes que se le dieron a las Fuerzas Militares para realizar investigaciones judiciales-,fue un terreno abonado para que se realizarán estas actuaciones delictivas por parte del aparato de inteligencia. 

Varios casos están entre el 85 y el 86. Evidenciamos, por ejemplo, cómo después de que se da el robo de armas del Cantón o la toma y retoma del Palacio de Justicia hay una ola represiva impresionante y todo lo que medianamente les podía oler a M-19, era detenido y torturado. Tenemos el caso de Olga López de Roldán, una médica que en algún momento de sus prácticas atendió a Justo Sánchez Lara, del M-19, por eso fue señalada como guerrillera. Fue torturada, su hija de 3 años también fue torturada, pero ella no pertenecía al M-19. 

¿Ha operado la justicia en estos casos?

En el caso de Olga es importante mencionar la sentencia del Consejo de Estado. Es una de las primeras sentencias que se dan entorno a la responsabilidad por tortura. E incluso eso llega a tener repercusiones en su futuro, en todas esas presiones que había hacia la Corte Suprema de Justicia en la época en que se dieron los hechos del Palacio de Justicia.

Sin embargo, la desaparición forzada lastimosamente se caracteriza por altos índices de impunidad. En el momento en el que fueron efectuadas, la justicia penal militar tenía muchas facultades, no había forma de garantizar una investigación imparcial y había muchos procuradores que estaban involucrados en la manipulación de las investigaciones.

Es muy raro encontrar testigos que puedan identificar quién se los llevó. Era una época de un terrorismo y de un terror de Estado bastante fuerte, la gente andaba como mucho miedo y era muy difícil denunciar. 

¿Por qué se concentraron en estos batallones?

El Charry Solano tiene muchísimos casos. Nosotros recaudamos 90 de desaparición forzada, 60 de ejecuciones extrajudiciales y más o menos la misma cifra de torturas. Era el emblema de las torturas de esa época, lo mismo que la Brigada XX. Son dos unidades de inteligencia que estaban dentro del Ejército Nacional bastante importantes y que contaban con capacitaciones en el extranjero, con apoyo económico de Estados Unidos, para realizar estas actividades. 

¿Por que solicitar la apertura de un caso? 

Este informe será uno entre varios que detallan el uso ilegal de la inteligencia militar. Los siguientes podrán ser sobre el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) u otras unidades de inteligencia, por eso creemos que el caso debería ser sobre el uso ilegal de la inteligencia en el marco del conflicto armado. 

¿De acuerdo con este informe y sus hallazgos, qué opinan de que el Museo de Memoria del conflicto en Colombia tenga un espacio para militares como víctimas? 

Para nosotros es desesperanzador lo que está sucediendo con el Centro Nacional de Memoria Histórica. Nos preocupa bastante la orientación ideológica que le está dando Darío Acevedo a la construcción tanto de los informes como del Museo del Memoria, porque lastimosamente las víctimas de crímenes de Estado siempre han luchado por un reconocimiento como víctimas y vemos que esas reivindicaciones que poco se han ganado por medio de una lucha muy constante se están perdiendo de nuevo. La inclinación de Acevedo ha sido invisibilizar totalmente los crímenes de Estado y el papel que tuvieron las Fuerzas Militares como victimarios dentro de este conflicto armado.