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Este jueves, la Comisión de la Verdad recibió un completo informe en el que se registran acciones en contra de organizaciones de derechos humanos y de izquierda cometidos por organismos de inteligencia militar entre 1977 y 1998 en Colombia. El documento fue realizado por Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, la Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos.
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El informe da cuenta de las conductas irregulares cometidas por los miembros del Batallón de Inteligencia Contrainteligencia Brigadier Charry Solano (Binci-Charry Solano), que después pasaría a ser conocido como la Brigada XX del Ejército. Según el informe, entre 1977 y 1998, periodo de operación del Binci, se cometieron al interior de esta escuadra de inteligencia actos en contra de los derechos humanos como homicidios, torturas y desaparición forzada. Todas estas acciones habrían estado enmarcadas bajo el principio del "enemigo interno".
De acuerdo con la información recogida por este informe, la doctrina del enemigo interno fue fundamental para dar rienda suelta a la persecución y eliminación de personas bajo criterios políticos. Aquellas personas relacionadas con partidos o movimientos de izquierda eran vigiladas por inteligencia militar y, en dado caso, eran blanco de las conductas mencionadas anteriormente.
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“Desde 1977 hasta finales de 1998 los organismos de inteligencia adscritos al Ejército Nacional utilizaron los medios humanos, técnicos y tecnológicos a su alcance para llevar a cabo la persecución de personas que hacían parte de movimientos políticos afines a ideologías de izquierda o comunistas” reza parte del informe que fue entregado hoy ante el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición, del que hace parte la Comisión de la Verdad.
Bajo este principio del "enemigo interno", idea importada de la lucha anticomunista que lideraba Estados Unidos a nivel mundial, se persiguió a los líderes de movimientos de izquierda, señala el reporte. Las principales acciones era el control y vigilancia y así “indagar sobre su vida personal, horarios, hábitos, lugar de residencia y trabajo; y la familia o personas que frecuentaba”. Para acometer este tipo de prácticas normalmente, de acuerdo a la información documentada, se hacía uso de infiltrados.
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Es el caso de Martha Cruz Pulido, que, en declaraciones en el caso Guillermo Marín, aseguró que hizo parte del Charry Solano entre 1977 y 1985. Allí, de acuerdo a sus declaraciones, trabajó como agente de inteligencia, por lo que se infiltró en el sindicato del magisterio del Huila y enviaba reportes quincenales de su funcionamiento. Todo bajo la justificación de que era un movimiento de izquierda que representaba un peligro, un "enemigo interno".
En casos más extremos, de acuerdo al documento presentado ante la Comisión de la Verdad, uniformados secuestraban y retenían ilegalmente a las personas a las que asociaban con movimientos de izquierda. En la gran mayoría de los casos reportados, por no decir que su totalidad, los miembros de la Fuerza Pública encargados de la retención no exhibían órdenes de captura autorizadas por jueces, ni les informaban a los familiares el paradero de las víctimas.
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Ya en las instalaciones militares, según el informe, los retenidos eran víctimas de torturas y tratos inhumanos, con el único fin de obtener información de grupos insurgentes o tener falsas confesiones en contra de otras personas. Las torturas a las que eran expuestos estaban diseñadas para que los retenidos sufrieran “el máximo dolor posible sin dejar huellas visibles y asegurando la sobrevivencia del torturado”.
Entre los casos documentados está el de Hernando Benítez López, que en 1979 narró a la Revista Alternativa los vejámenes a los que fue expuesto cuando fue retenido por hombres del Binci. “Me dejaron en interiores. Luego me ponen unas lonas en cada mano y encima las esposas. Y viene entonces la colgada: golpes terribles en los testículos e interrogatorios con las mismas preguntas. A cualquier momento me tiraban después de cada tormento, y de nuevo me sacaban para recomenzar. Era tal mi situación que suplicaba que me mataran de una vez.”, declaró en dicho momento el torturado.
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De igual manera, en el informe está el testimonio José Cuesta, que también sobrevivió a los actos de tortura supuestamente perpetrados por el escuadrón de inteligencia del Ejército. “El 'submarino' como lo llaman los especialistas de la tortura, ya llevaba más de dos minutos, sentí que mis pulmones explotaban, creo que en esta primera ocasión los torturadores me llevaron hasta el límite, la verdad pensé que me ahogaba”, fue uno de los apartes recogidos del testimonio de José Cuesta, que narra las técnicas de ahogo con las que fue torturado.
Para evitar que las acciones fueran documentadas, después de ser torturados, eran llevados a instituciones médicas para tratarlos y así borrar cualquier rastro de la tortura. Sin embargo, existen, de acuerdo a la información recopilada, varios casos en los que la tortura llegó a puntos de no retorno y la víctima murió. Es el caso de Claudio Medina Caycedo y otros tantos que habrían sido desaparecidos por acción de hombres del Ejército.
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En total, el informe pudo documentar dos atentados dinamiterios, 15 casos de de tortura, un caso de ejecuciones extrajudiciales y 90 casos de desaparición forzada que habrían sido cometidos por hombres del Batallón Charry Solano, posteriormente conocido como la Brigada XX, desarticulada en 1998 por denuncias de violación a los derechos humanos hechas por el gobierno estadounidense. Sin embargo, según los autores, serían muchas más las víctimas, por lo que señalan que este informe puede ser la puerta para que muchas más denuncias sean realizadas.
Además de denunciar los casos de tortura, homicidio y desaparición, el informe le rinde un apartado especial a los manuales de la doctrina de seguridad nacional. En estos queda consignada la idea del "enemigo interno" y se establece que grupos insurgentes no son solo los alzados en armas, sino que también se incluye a los civiles que les brindan apoyo. Bajo este argumento, en el Manual de Instrucciones Generales para Operaciones Contraguerrillas se establece una clasificación para los civiles en tres listados: lista blanca, para a quellos que apoyan al Ejército; lista negra, para quienes apoyaban a las guerrillas; y listas grises, para aquellos en los que no tenían certeza de su inclinación política.
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Ante estas denuncias, los redactantes del informe pidieron al sistema transicional que se revelen los manuales y reglamentos de inteligencia y contrainteligencia del Ejército desde 1962 hasta el fin de la Brigada XX en 1998. Asimismo, pidieron que se evalue los programas de formación de las Fuerzas Armadas para cerciorarse de la abolición de la doctrina del enemigo interno y de la lucha contrainsurgente y anticomunista.