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La Corporación Jurídica Yira Castro (CJYC), organización defensora de derechos humanos, le entregó esta viernes a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la Comisión de la Verdad y a la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) el informe “La meta es justicia para el Meta”. El acto de entrega se hizo en Villavicencio, en medio de un acto donde las víctimas les pidieron a estas entidades que cierren el ciclo de impunidad que hay sobre sus casos de desplazamiento forzado y despojo de tierras.
Este documento recoge ocho hechos ocurridos en los municipios de Puerto Gaitán, Cabuyaro, San Martín, Acacías, La Uribe, Puerto Rico y Puerto Lleras del departamento del Meta. Además de recoger los testimonios de la población campesina e indígena que se vio afectada, el documento aporta información para esclarecer quiénes fueron los actores implicados en estas victimizaciones y propone medidas de reparación para los habitantes.
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Uno de los aspectos que más resalta el informe es que en la mayoría de los casos no ha habido una restitución material de los predios, a pesar de que algunos fueron despojados a finales de 1980, “lo cual responde, por una parte, a la lentitud de los procesos de restitución de tierras y, por otra, a la falta de cumplimiento de las sentencias de restitución por parte de las entidades encargadas”, según la CJYC.
Otra de las razones detrás de la falta de reparación es que los hechos se dieron con complicidad de funcionarios del Incora, ahora Incoder, o de notarios del departamento, también con la colaboración de la Fuerza Pública en ese momento. Estas responsabilidades, resalta Natalia Herrera, abogada de la Corporación, no han sido investigadas o juzgadas.
Sin embargo, hace hincapié en que la responsabilidad también recae en miembros de la exguerrilla de las Farc, como el Frente 39, que hacía presencia en la zona antes del acuerdo de paz, o de exparamilitares que pertenecieron al Bloque Centauros. Ambos grupos armados cometieron desplazamientos, masacres, asesinatos o torturas para ganar control sobre estos territorios. Aun hoy, varias de las víctimas siguen siendo objetos de amenazas por exigir que les devuelvan los terrenos que les pertenecían.
“Uno de los patrones es que hubo un total abandono estatal de estas comunidades rurales, las cuales quedaron a merced de paramilitares y guerrillas que querían el control territorial. La población se encontraba en la mitad y tenía que responderles a todos los actores, incluso a las Fuerzas Militares, y aguantar que los culparan entre todos de ser colaboradores del enemigo”, agrega.
El informe dividió los casos en cuatro subregiones:
Corredor Puerto López - Puerto Gaitán. Recoge tres casos, dos en Puerto Gaitán y uno en Cabuyaro. El caso más representativo es el de la vereda El Porvenir, perteneciente Puerto Gaitán.
El Porvenir ha sonado en varias ocasiones en medios de comunicación ya que la Corte Constitucional, a través de la sentencia SU426/16, amparó el derecho de 75 familias de acceder a sus tierras y los reconoció como los pobladores históricos. Sin embargo, la CJYC pudo comprobar que estos terrenos aun siguen ocupados por la empresa ganadera “La Cristalina”. Según la organización, varios miembros de la empresa tuvieron vínculos con el zar de las esmeraldas Víctor Carranza.
“El dominio de la familia Carranza en ese municipio llanero es evidente. Hubo una acaparación de las tierras para explotarlas económicamente y a su vez instalar bases paramilitares para asegurarlas”, agrega Herrera.
Las otras subdivisiones son el corredor entre San Martín y Mapiripán, donde documentaron un caso, el piedemonte llanero, con un caso también, y la subregión del Ariari-Duda-Guayabero, donde existen tres casos en el informe. Para no poner en riesgo a las familias reclamantes de tierras y no torpedear el proceso en la justicia, la CJYC se abstuvo de dar detalles de los casos. Solo serán conocidos por las tres entidades, la JEP, la Comisión de la Verdad y la UBPD, con la confianza de que la primera entidad juzgue a los máximos responsables de la Fuerza Pública, terceros civiles y miembros de las Farc involucrados.
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El documento también destaca las afectaciones a la población indígena y a las mujeres. Por un lado, la mayoría de quienes reclaman estas tierras son mujeres que llevan años luchando para que les devuelvan las tierras que estaban a nombre de sus esposos, ya fallecidos o desaparecidos. Por otro lado, los pueblos embera chamí y sikuani fueron víctimas de desplazamiento forzado en los años más duros del conflicto, lo cual afecto su identidad colectiva y su conexión al territorio.
Los sikuani, por ejemplo, se asentaron en El Porvenir, pero la falta de claridad en la delimitación de las tierras ha provocado conflictos entre los actuales colonos, los campesinos reclamentes y los indígenas.
Que haya medidas de reparación
A través de un ejercicio de escucha con las víctimas, la Corporación recogió cuáles han sido las afectaciones más allá del desplazamiento forzado. Herrera cuenta por ejemplo, que las familias están afectadas en su salud física y mental, no solo por el dolor de abandonar su hogar sino también por cambiar su vocación campesina al tener que vivir en una ciudad. El desplazamiento causó daños en el proyecto de vida familiar y provocó por la desintegración de los procesos comunitarios que tenían en sus veredas o con su comunidad indígena.Por eso, al final del documento, las víctimas, a través de la CJYC, le piden a las tres entidades que recibieron el informe que se hagan actos tempranos de reconocimiento de responsabilidad por parte de los culpables, de manera pública y con su participación. Por otro lado, exigen la reparación colectiva no solo a través del territorios sino mediante la construcción o el mejoramiento de la infraestructura estatal que permita un fácil acceso a servicios básicos como el agua y la energía.