En dos años la JEP ha realizado 82 audiencias y 429 versiones voluntarias

Cumpliendo con el compromiso que realizaron cuando entraron en funcionamiento, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) entregó hoy su balance de 2019. Su presidenta, Patricia Linares, dijo que este es un ejercicio de transparencia para que los ciudadanos sepan cómo va la justicia transicional. Entre los avances destacó las 16.500 decisiones judiciales tomadas por los magistrados, las 12.235 personas que hoy están sometidas, las 82 audiencias y las 429 versiones voluntarias realizadas por las salas y las secciones.

“Este es un informe de los avances y las realizaciones, de las dificultades sorteadas y las metas a futuro. Avances con los que nos sentimos orgullosos, porque son cimientos firmes, que nos permiten decir que vamos a cumplir y honrar la confianza que depositaron las víctimas en nosotros”, agregó Patricia Linares, su presidenta.

(Puede interesarle: “No reconozco ningún enemigo”: Patricia Linares, presidenta de la JEP)

Asimismo, resaltó los 249 informes entregados por las organizaciones sociales y las entidades del Estado; su presencia en 28 departamentos; las 43 versiones escritas; los 350 exmiembros de las Farc escuchados en versiones colectivas, y el trabajo de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) en las investigaciones en el caso de las medidas cautelares en 17 lugares donde estarían los cuerpos de personas dadas por desaparecidos.

En su discurso hizo un repaso por las dificultades sorteadas, como las objeciones a la Ley Estatuaria por parte del Gobierno, necesaria para el funcionamiento de esta justicia: “En un contexto que se caracterizó por un debate democrático difícil y complejo, se discutieron las objeciones presidenciales, presentadas el 11 de marzo de 2019, las cuales rechazó el Congreso, dando vía entonces, previo pronunciamiento de la Corte Constitucional… Nuestro empeño, a partir de esa fecha, ha sido recuperar esos diez meses durante los cuales carecimos de herramientas fundamentales necesarias para el cumplimiento pronto de nuestras funciones”.

También mencionó la decisión de un grupo de excombatientes, entre ellos dos exnegociadores del proceso de paz en La Habana (Cuba), de volver a las armas, una “situación que no dudamos en calificar como una traición de esas personas a las víctimas, a la sociedad colombiana y a la comunidad internacional, y que sorteamos en el menor tiempo posible, procediendo a su expulsión, en tanto se erigieron como desertores manifiestos del proceso”, afirmó Linares.

La presidenta no dejó de lado los hechos de corrupción. Aunque no lo nombró puntualmente, se refería al caso del exfiscal de la UIA, Julián Bermeo, quien fue capturado el primero de marzo de 2019, tras recibía un primer pago de 40 mil dólares para, presuntamente, afectar el proceso de extradición que llevaba la JEP al hoy disidente de las Farc Jesús Santrich. En estos dos años de funcionamiento, en la JEP también ocurrió el caso del exsecretario ejecutivo Néstor Raúl Correa, suspendido por la Procuraduría por extralimitarse en sus funciones, e investigado por la misma entidad por presuntamente haber ordenado la interceptación de correos electrónicos. Linares añadió los que han “afrontado, adoptando medidas orientadas a garantizar los filtros necesarios para evitar que personas motivadas por intereses ilícitos afecten el cabal cumplimiento de nuestro mandato”. 

Linares hizo un especial reconocimiento a las víctimas; la comunidad internacional; las organizaciones sociales, de víctimas y de derechos humanos; de estudiantes y trabajadores; líderes sociales, quienes han monitoreado juiciosamente el trabajo de la jurisdicción; la academia, especialmente, a la Universidad Nacional, con quien se realizó un convenio para el intercambio de conocimiento.

(Puede interesarle: Así se proyecta la justicia transicional para 2020)

Una de las noticias que dio la magistrada es que este año se estrenarán las salas de audiencia y expresó su agradecimiento a la Embajada de Francia en Colombia, que aportó equipos y tecnología para adelantar las diligencias judiciales en óptimas condiciones: “Una de esas salas llevará el nombre de Albert Camus, como muestra de agradecimiento al gobierno francés que nos ayudó con equipos especializados para la transmisión y grabación de las mismas, a su embajador, señor Gautier Mignot, muchas gracias”.

Aunque la magistrada aclaró que su tarea apenas comienza, aseguró que ya están construidas las bases, para contribuir a reparar a las diez millones de víctimas a través de la verdad,  "esa verdad hasta ahora esquiva, esa verdad que también ha sido víctima, emergerá para dignificar a las víctimas, para aliviar su dolor, para que todos evitemos que se repita, para que rompamos la barrera que impide que nos enfrentamos a un dolor inadmisible e irrepetible”.

Cumpliendo con el compromiso que realizaron cuando entraron en funcionamiento, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) entregó hoy su balance de 2019. Su presidenta, Patricia Linares, dijo que este es un ejercicio de transparencia para que los ciudadanos sepan cómo va la justicia transicional. Entre los avances destacó las 16.500 decisiones judiciales tomadas por los magistrados, las 12.235 personas que hoy están sometidas, las 82 audiencias y las 429 versiones voluntarias realizadas por las salas y las secciones.

“Este es un informe de los avances y las realizaciones, de las dificultades sorteadas y las metas a futuro. Avances con los que nos sentimos orgullosos, porque son cimientos firmes, que nos permiten decir que vamos a cumplir y honrar la confianza que depositaron las víctimas en nosotros”, agregó Patricia Linares, su presidenta.

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Asimismo, resaltó los 249 informes entregados por las organizaciones sociales y las entidades del Estado; su presencia en 28 departamentos; las 43 versiones escritas; los 350 exmiembros de las Farc escuchados en versiones colectivas, y el trabajo de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) en las investigaciones en el caso de las medidas cautelares en 17 lugares donde estarían los cuerpos de personas dadas por desaparecidos.

En su discurso hizo un repaso por las dificultades sorteadas, como las objeciones a la Ley Estatuaria por parte del Gobierno, necesaria para el funcionamiento de esta justicia: “En un contexto que se caracterizó por un debate democrático difícil y complejo, se discutieron las objeciones presidenciales, presentadas el 11 de marzo de 2019, las cuales rechazó el Congreso, dando vía entonces, previo pronunciamiento de la Corte Constitucional… Nuestro empeño, a partir de esa fecha, ha sido recuperar esos diez meses durante los cuales carecimos de herramientas fundamentales necesarias para el cumplimiento pronto de nuestras funciones”.

También mencionó la decisión de un grupo de excombatientes, entre ellos dos exnegociadores del proceso de paz en La Habana (Cuba), de volver a las armas, una “situación que no dudamos en calificar como una traición de esas personas a las víctimas, a la sociedad colombiana y a la comunidad internacional, y que sorteamos en el menor tiempo posible, procediendo a su expulsión, en tanto se erigieron como desertores manifiestos del proceso”, afirmó Linares.

La presidenta no dejó de lado los hechos de corrupción. Aunque no lo nombró puntualmente, se refería al caso del exfiscal de la UIA, Julián Bermeo, quien fue capturado el primero de marzo de 2019, tras recibía un primer pago de 40 mil dólares para, presuntamente, afectar el proceso de extradición que llevaba la JEP al hoy disidente de las Farc Jesús Santrich. En estos dos años de funcionamiento, en la JEP también ocurrió el caso del exsecretario ejecutivo Néstor Raúl Correa, suspendido por la Procuraduría por extralimitarse en sus funciones, e investigado por la misma entidad por presuntamente haber ordenado la interceptación de correos electrónicos. Linares añadió los que han “afrontado, adoptando medidas orientadas a garantizar los filtros necesarios para evitar que personas motivadas por intereses ilícitos afecten el cabal cumplimiento de nuestro mandato”. 

Linares hizo un especial reconocimiento a las víctimas; la comunidad internacional; las organizaciones sociales, de víctimas y de derechos humanos; de estudiantes y trabajadores; líderes sociales, quienes han monitoreado juiciosamente el trabajo de la jurisdicción; la academia, especialmente, a la Universidad Nacional, con quien se realizó un convenio para el intercambio de conocimiento.

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Una de las noticias que dio la magistrada es que este año se estrenarán las salas de audiencia y expresó su agradecimiento a la Embajada de Francia en Colombia, que aportó equipos y tecnología para adelantar las diligencias judiciales en óptimas condiciones: “Una de esas salas llevará el nombre de Albert Camus, como muestra de agradecimiento al gobierno francés que nos ayudó con equipos especializados para la transmisión y grabación de las mismas, a su embajador, señor Gautier Mignot, muchas gracias”.

Aunque la magistrada aclaró que su tarea apenas comienza, aseguró que ya están construidas las bases, para contribuir a reparar a las diez millones de víctimas a través de la verdad,  "esa verdad hasta ahora esquiva, esa verdad que también ha sido víctima, emergerá para dignificar a las víctimas, para aliviar su dolor, para que todos evitemos que se repita, para que rompamos la barrera que impide que nos enfrentamos a un dolor inadmisible e irrepetible”.