JEP concede libertad condicionada al excongresista David Char

La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), a través de la resolución 3917 del 30 de julio de 2019, le otorgó la libertad condicionada al excongresista David Char, quien es investigado por sus posibles nexos con grupos paramilitares. El excongresista y líder político del Atlántico estaba recluido en la cárcel la Picota desde el 28 de octubre de 2017.

Char, exsenador por el partido Cambio Radical, fue el primer acusado por parapolítica en ser admitido, luego de que la JEP considerara que las propuestas de reparación a las víctimas, de memoria y de verdad que este presentó cumplen con los requisitos para ingresar, el pasado 26 de abril de 2019.

Char era procesado por la Corte Suprema de Justicia por recibir supuesto apoyo del frente José Pablo Díaz, del Bloque Norte de las Autodefensas para su campaña al Congreso en 2002, a cambio de dinero y armas y de comprometerse a apoyar los intereses de ese grupo ilegal desde el Legislativo.

(Le puede interesar:  La JEP les abrió la puerta a los excongresistas Álvaro Ashton y David Char)

La libertad condicionada, mientras se investiga y juzga su caso, es uno de los beneficios que ofrece la JEP a cambio de una verdad plena, que le permita esclarecer los fenómenos del conflicto armado. Sin embargo, estas garantías se dan si la persona que está sometida a esta justicia cumple con las diligencias y los informes que soliciten los magistrados del alto tribunal, de lo contrario, podría perder este beneficio. Char deberá asistir a su primera audiencia el próximo 20 de septiembre. 

En agosto de 2018, la Sección de Apelación le abrió las puertas con la condición de que diseñara un plan de reparación, un compromiso de verdad y no repetición de las conductas que se le endilgan. Char se comprometió a identificar líderes políticos que han tenido nexos con ese frente que lideró Edgar Ignacio Fierro, conocido como Don Antonio, así como a detallar qué tipo de actividades desarrollaban. También mencionaría a las personas que estarían en el sector salud y que habrían facilitado la ejecución de negocios, como contratos de aseo y de medicamentos, para favorecerse económicamente.

Como en su momento lo reveló este diario, el exsenador detallará los objetivos detrás de estos negocios y las personas implicadas, que incluirían civiles, en hechos sucedidos en 2005. Entregará también información sobre acuerdos entre el frente José Pablo Díaz de las AUC y entidades de educación superior en el Atlántico. Y sobre líderes políticos que en 2006, época en que él estaba en campaña para el Senado (2006-2010) por el partido Cambio Radical, habrían realizado alianzas con el paramilitarismo para beneficiarse políticamente.

Asimismo, deberá aportar información detallada sobre aquellos actos que permitieron a las AUC transitar libremente por el territorio, individualizando a aquellos agentes del Estado que permitieron este tipo de actividades ilegales, las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se llevaron a cabo los hechos que generaron desplazamiento forzado en el municipio de Piojó (Atlántico) y la participación junto con otros agentes del Estado y empresarios para la colaboración, financiación, promoción, consolidación y expansión financiación y expansión del proyecto de las AUC.

Además, Char se comprometió a entregar a la JEP la relación de quiénes fueron sus principales aliados para su ascenso político entre el 2002 y el 2010, las personas a las que apoyó políticamente y las fuentes de financiación de sus dos campañas. Finalmente, aportará información sobre el homicidio de Carlos Posada Flores, conocido como Capulina, hombre de confianza de 'Jorge 40', encargado de las extorsiones en Barranquilla y Santa Marta. 

(Le puede interesar: Video: ¿Los parapolíticos pueden ir a la JEP?)

Char no es el único político investigado por el fenómeno del paramilitarismo en la JEP. La jurisdicción también le abrió la puerta al excongresista Álvaro Ashton. En su momento, el magistrado Eduardo Cifuentes dijo que la Sección de Apelación “concluyó que las conductas presuntamente cometidas por los señores  Char y Ashton sí podían entenderse por causa, con ocasión o en relación indirecta con el conflicto armado, debido a que contribuyeron al esfuerzo de guerra al favorecer los intereses políticos, ideológicos y económicos de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC)”.

La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), a través de la resolución 3917 del 30 de julio de 2019, le otorgó la libertad condicionada al excongresista David Char, quien es investigado por sus posibles nexos con grupos paramilitares. El excongresista y líder político del Atlántico estaba recluido en la cárcel la Picota desde el 28 de octubre de 2017.

Char, exsenador por el partido Cambio Radical, fue el primer acusado por parapolítica en ser admitido, luego de que la JEP considerara que las propuestas de reparación a las víctimas, de memoria y de verdad que este presentó cumplen con los requisitos para ingresar, el pasado 26 de abril de 2019.

Char era procesado por la Corte Suprema de Justicia por recibir supuesto apoyo del frente José Pablo Díaz, del Bloque Norte de las Autodefensas para su campaña al Congreso en 2002, a cambio de dinero y armas y de comprometerse a apoyar los intereses de ese grupo ilegal desde el Legislativo.

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La libertad condicionada, mientras se investiga y juzga su caso, es uno de los beneficios que ofrece la JEP a cambio de una verdad plena, que le permita esclarecer los fenómenos del conflicto armado. Sin embargo, estas garantías se dan si la persona que está sometida a esta justicia cumple con las diligencias y los informes que soliciten los magistrados del alto tribunal, de lo contrario, podría perder este beneficio. Char deberá asistir a su primera audiencia el próximo 20 de septiembre. 

En agosto de 2018, la Sección de Apelación le abrió las puertas con la condición de que diseñara un plan de reparación, un compromiso de verdad y no repetición de las conductas que se le endilgan. Char se comprometió a identificar líderes políticos que han tenido nexos con ese frente que lideró Edgar Ignacio Fierro, conocido como Don Antonio, así como a detallar qué tipo de actividades desarrollaban. También mencionaría a las personas que estarían en el sector salud y que habrían facilitado la ejecución de negocios, como contratos de aseo y de medicamentos, para favorecerse económicamente.

Como en su momento lo reveló este diario, el exsenador detallará los objetivos detrás de estos negocios y las personas implicadas, que incluirían civiles, en hechos sucedidos en 2005. Entregará también información sobre acuerdos entre el frente José Pablo Díaz de las AUC y entidades de educación superior en el Atlántico. Y sobre líderes políticos que en 2006, época en que él estaba en campaña para el Senado (2006-2010) por el partido Cambio Radical, habrían realizado alianzas con el paramilitarismo para beneficiarse políticamente.

Asimismo, deberá aportar información detallada sobre aquellos actos que permitieron a las AUC transitar libremente por el territorio, individualizando a aquellos agentes del Estado que permitieron este tipo de actividades ilegales, las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se llevaron a cabo los hechos que generaron desplazamiento forzado en el municipio de Piojó (Atlántico) y la participación junto con otros agentes del Estado y empresarios para la colaboración, financiación, promoción, consolidación y expansión financiación y expansión del proyecto de las AUC.

Además, Char se comprometió a entregar a la JEP la relación de quiénes fueron sus principales aliados para su ascenso político entre el 2002 y el 2010, las personas a las que apoyó políticamente y las fuentes de financiación de sus dos campañas. Finalmente, aportará información sobre el homicidio de Carlos Posada Flores, conocido como Capulina, hombre de confianza de 'Jorge 40', encargado de las extorsiones en Barranquilla y Santa Marta. 

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Char no es el único político investigado por el fenómeno del paramilitarismo en la JEP. La jurisdicción también le abrió la puerta al excongresista Álvaro Ashton. En su momento, el magistrado Eduardo Cifuentes dijo que la Sección de Apelación “concluyó que las conductas presuntamente cometidas por los señores  Char y Ashton sí podían entenderse por causa, con ocasión o en relación indirecta con el conflicto armado, debido a que contribuyeron al esfuerzo de guerra al favorecer los intereses políticos, ideológicos y económicos de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC)”.