JEP confirma en segunda instancia el sometimiento de exsenador Musa Besaile

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) confirmó hoy el sometimiento del exsenador Musa Besaile Fayad ante este tribunal por el delito de cohecho, en lo relacionado con la entrega de dineros a funcionarios judiciales de la Corte Suprema de Justicia para evadir la acción de la justicia y asegurar la impunidad.

Besaile admitió, en 2017, que pagó $2.000 millones para engavetar su expediente por parapolítica. Este hecho fue la génesis del llamado "cartel de la toga", en el que resultaron salpicados, entre otros, tres expresidentes de la Corte Suprema de Justicia: Francisco Ricaurte, Leonidas Bustos y Camilo Tarquino; el entonces fiscal jefe de la Unidad Anticorrupción, Gustavo Moreno, y su socio, Leonardo Pinilla (ambos extraditados y condenados en Estados Unidos), y el exmagistrado Gustavo Malo, acusado por el Senado de la República por los delitos de cohecho, concierto para delinquir, prevaricato por acción y omisión y utilización de asuntos sometidos a reserva.

(Puede interesarle: Musa Besaile: las 10 verdades que el exsenador le contará la JEP)

La máxima autoridad interpretativa de la JEP constató que "la apropiación ilícita, entre otros, de los recursos de la salud fue planeada y ejecutada por el excongresista y el exgobernador Alejando José Lyons años antes del pago de la coima judicial a abogados y funcionarios de la Corte Suprema de Justicia para evitar la investigación y juzgamiento por sus vínculos con el paramilitarismo", y ahí está su relación con el conflicto armado.

Sin embargo, en la misma decisión, adoptada por unanimidad con aclaración de voto de uno de sus integrantes, la Sección de Apelación revocó el sometimiento de Besaile Fayad a la JEP por el delito de peculado por apropiación, en el asunto de corrupción conocido bajo el nombre del "cartel de la hemofilia”.

En el primer pronunciamiento de este caso, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, había aceptado este delito porque, según ella,  buena parte del dinero con el que Musa Besaile pagó a los magistrados era de las comisiones de contratos de la gobernación de Córdoba, concretamente de los que tenían como objeto el tratamiento de pacientes con hemofilia. Sin esa suma no hubiese podido encubrir sus vínculos con los paramilitares: "La finalidad al parecer iba encaminada a lograr ocultar los vínculos que ostentaba el petente con la organización paramilitar y revestir de impunidad las actuaciones que de ese pacto de derivaron". 

Pero los magistrados de la Sección de Apelación señalaron que "la corrupción administrativa y contractual relacionada con la apropiación de los dineros destinados a la atención de enfermos de hemofilia en el Departamento de Córdoba no tenía relación con el conflicto armado interno" y por eso ordenó su devolución a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia para que allí continúe su juzgamiento.

De acuerdo con la magistratura, "la motivación para cometer el delito de peculado por apropiación tampoco se vio afectada por la existencia del conflicto". Eso significa que no fue la guerra la que llevó a Besaile a perpetrar esa conducta, "sino la presunta depredación de los recursos de la salud, destinados a enfermos de hemofilia, así como de los caudales públicos de las regalías, aplicados a la ciencia y tecnología en el marco de proyectos aprobados por Colciencias". Como dijo la Procuraduría, se trató de un “claro componente de afán de lucro personal".

Las decisiones se tomaron tras resolver el recurso de apelación presentado por la Procuraduría en contra de esa primera decisión. Si bien estaba de acuerdo con que el exsenador se sometiera a la JEP por sus vínculos con el paramilitarismo, rechazó la decisión de que fuesen aceptados en este tribunal sus conductas de peculado y cohecho, relacionados con hechos de corrupción.

"Resulta poco creíble y riñe con la lógica común que el peculado ideado y acordado desde por lo menos el año 2011, entre Besaile Fayad y Lyons Muskus, a través de hechos conocidos como el “Cartel de la Hemofilia”, tuviera como destino el pago de un cohecho para comprar favores en un proceso penal cuya primera actuación fue la apertura de indagación preliminar hasta el año 2017, es decir, cinco (5) años después, para ocultar las relaciones con el paramilitarismo", le expresó el Ministerio Público a la JEP. Al final, la magistratura le dio parcialmente la razón al aceptar el cohecho. 

(Lea también: El barón político Musa Besaile aterrizó en la JEP con parapolítica y cartel de la toga)

Por último, la Sección de Apelación precisó la exigencia adicional de los terceros civiles, quienes se someten voluntariamente a la Jurisdicción, de contar una verdad extraordinaria. Para la magistratura, “los hallazgos de la justicia ordinaria constituyen un mínimo a partir del cual el compareciente voluntario debe avanzar. El aspirante a comparecer debe, por regla, superar ese umbral si su objetivo es que la JEP prevalezca sobre la justicia ordinaria”.

El 23 de enero de 2019, la Corte Suprema de Justicia envió todos los expedientes que tenía sobre él a la JEP, por solicitud suya, pues el exsenador sostenía que casos como el de la parapolítica tenían relación con el conflicto armado y, por ende, era la JEP su juez natural. 

Además de las verdades del "Cartel de la Toga", el político se comprometió a contar cómo, para adelantar su campaña como candidato a la cámara de representantes, en tres ocasiones se reunió con el excomandante paramilitar Salvatore Mancuso, entre finales del año 2001 y comienzos de 2002, quien le otorgó la autorización de hacer política en el departamento. Mancuso le exigió no adelantar actividades de proselitismo en los municipios de Tierra Alta y Valencia (Córdoba); no aceptar a personas que vinieran de la campana de los políticos Eleonora Pineda y Miguel de La Espriella, y apoyar las iniciativas legislativas que les favorecieran a los grupos paramilitares.

También dijo que relatará cómo durante la presentación de los proyectos 782 del 2002 y ley 975 de 2005, que tenían que ver con un marco normativo favorable a los procesos de desmovilización y acuerdo político con los paramilitares, se ausentó conscientemente en los procesos de votación, para no quedar registrado en las actas. Además, desarrollará lo que pasó el 28 de julio de 2004, cuando Salvatore Mancuso fue al Congreso de la República y presentó un discurso y el 18 de enero 2005, cuando se realizó una de las primeras entregas de Ralito de los paramilitares. Mencionó que estuvo con otros congresistas. 

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) confirmó hoy el sometimiento del exsenador Musa Besaile Fayad ante este tribunal por el delito de cohecho, en lo relacionado con la entrega de dineros a funcionarios judiciales de la Corte Suprema de Justicia para evadir la acción de la justicia y asegurar la impunidad.

Besaile admitió, en 2017, que pagó $2.000 millones para engavetar su expediente por parapolítica. Este hecho fue la génesis del llamado "cartel de la toga", en el que resultaron salpicados, entre otros, tres expresidentes de la Corte Suprema de Justicia: Francisco Ricaurte, Leonidas Bustos y Camilo Tarquino; el entonces fiscal jefe de la Unidad Anticorrupción, Gustavo Moreno, y su socio, Leonardo Pinilla (ambos extraditados y condenados en Estados Unidos), y el exmagistrado Gustavo Malo, acusado por el Senado de la República por los delitos de cohecho, concierto para delinquir, prevaricato por acción y omisión y utilización de asuntos sometidos a reserva.

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La máxima autoridad interpretativa de la JEP constató que "la apropiación ilícita, entre otros, de los recursos de la salud fue planeada y ejecutada por el excongresista y el exgobernador Alejando José Lyons años antes del pago de la coima judicial a abogados y funcionarios de la Corte Suprema de Justicia para evitar la investigación y juzgamiento por sus vínculos con el paramilitarismo", y ahí está su relación con el conflicto armado.

Sin embargo, en la misma decisión, adoptada por unanimidad con aclaración de voto de uno de sus integrantes, la Sección de Apelación revocó el sometimiento de Besaile Fayad a la JEP por el delito de peculado por apropiación, en el asunto de corrupción conocido bajo el nombre del "cartel de la hemofilia”.

En el primer pronunciamiento de este caso, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, había aceptado este delito porque, según ella,  buena parte del dinero con el que Musa Besaile pagó a los magistrados era de las comisiones de contratos de la gobernación de Córdoba, concretamente de los que tenían como objeto el tratamiento de pacientes con hemofilia. Sin esa suma no hubiese podido encubrir sus vínculos con los paramilitares: "La finalidad al parecer iba encaminada a lograr ocultar los vínculos que ostentaba el petente con la organización paramilitar y revestir de impunidad las actuaciones que de ese pacto de derivaron". 

Pero los magistrados de la Sección de Apelación señalaron que "la corrupción administrativa y contractual relacionada con la apropiación de los dineros destinados a la atención de enfermos de hemofilia en el Departamento de Córdoba no tenía relación con el conflicto armado interno" y por eso ordenó su devolución a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia para que allí continúe su juzgamiento.

De acuerdo con la magistratura, "la motivación para cometer el delito de peculado por apropiación tampoco se vio afectada por la existencia del conflicto". Eso significa que no fue la guerra la que llevó a Besaile a perpetrar esa conducta, "sino la presunta depredación de los recursos de la salud, destinados a enfermos de hemofilia, así como de los caudales públicos de las regalías, aplicados a la ciencia y tecnología en el marco de proyectos aprobados por Colciencias". Como dijo la Procuraduría, se trató de un “claro componente de afán de lucro personal".

Las decisiones se tomaron tras resolver el recurso de apelación presentado por la Procuraduría en contra de esa primera decisión. Si bien estaba de acuerdo con que el exsenador se sometiera a la JEP por sus vínculos con el paramilitarismo, rechazó la decisión de que fuesen aceptados en este tribunal sus conductas de peculado y cohecho, relacionados con hechos de corrupción.

"Resulta poco creíble y riñe con la lógica común que el peculado ideado y acordado desde por lo menos el año 2011, entre Besaile Fayad y Lyons Muskus, a través de hechos conocidos como el “Cartel de la Hemofilia”, tuviera como destino el pago de un cohecho para comprar favores en un proceso penal cuya primera actuación fue la apertura de indagación preliminar hasta el año 2017, es decir, cinco (5) años después, para ocultar las relaciones con el paramilitarismo", le expresó el Ministerio Público a la JEP. Al final, la magistratura le dio parcialmente la razón al aceptar el cohecho. 

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Por último, la Sección de Apelación precisó la exigencia adicional de los terceros civiles, quienes se someten voluntariamente a la Jurisdicción, de contar una verdad extraordinaria. Para la magistratura, “los hallazgos de la justicia ordinaria constituyen un mínimo a partir del cual el compareciente voluntario debe avanzar. El aspirante a comparecer debe, por regla, superar ese umbral si su objetivo es que la JEP prevalezca sobre la justicia ordinaria”.

El 23 de enero de 2019, la Corte Suprema de Justicia envió todos los expedientes que tenía sobre él a la JEP, por solicitud suya, pues el exsenador sostenía que casos como el de la parapolítica tenían relación con el conflicto armado y, por ende, era la JEP su juez natural. 

Además de las verdades del "Cartel de la Toga", el político se comprometió a contar cómo, para adelantar su campaña como candidato a la cámara de representantes, en tres ocasiones se reunió con el excomandante paramilitar Salvatore Mancuso, entre finales del año 2001 y comienzos de 2002, quien le otorgó la autorización de hacer política en el departamento. Mancuso le exigió no adelantar actividades de proselitismo en los municipios de Tierra Alta y Valencia (Córdoba); no aceptar a personas que vinieran de la campana de los políticos Eleonora Pineda y Miguel de La Espriella, y apoyar las iniciativas legislativas que les favorecieran a los grupos paramilitares.

También dijo que relatará cómo durante la presentación de los proyectos 782 del 2002 y ley 975 de 2005, que tenían que ver con un marco normativo favorable a los procesos de desmovilización y acuerdo político con los paramilitares, se ausentó conscientemente en los procesos de votación, para no quedar registrado en las actas. Además, desarrollará lo que pasó el 28 de julio de 2004, cuando Salvatore Mancuso fue al Congreso de la República y presentó un discurso y el 18 de enero 2005, cuando se realizó una de las primeras entregas de Ralito de los paramilitares. Mencionó que estuvo con otros congresistas.