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Las sillas de la primera fila no estaban vacías, aunque ningún cuerpo estaba sentado en ellas. En el espaldar de 20 de ellas estaban los nombres de las mujeres que murieron buscando a sus familiares desaparecidos en el conflicto armado que se libró en la Comuna 13 de Medellín, en especial en los años 2002 y 2003. Operaciones como Orión y Mariscal que, sumadas a las incursiones paramilitares de esos meses, son consideradas las de mayor intensidad en una zona urbana que se han dado en la historia del conflicto armado del país, por las que familiares han denunciado la desaparición forzada de al menos 200 personas.
Las sillas con los nombres y las siluetas alusivas a quienes no regresaron fueron algunos de los símbolos que tuvo esta audiencia; la primera audiencia pública que ha realizado la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), motivada en la petición del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice).
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Todo con el fin de recaudar información de las organizaciones y entidades que le permita a la Sección de Ausencia de Reconocimiento de la JEP, que adelanta el trámite, decidir si se protegen e intervienen los cementerios donde fueron llevados cadáveres sin identificar como el Jardín y el Universal o lugares como La Escombrera y La Arenera; la primera, un depósito a las afueras de la ciudad donde se siguen depositado toneladas de escombros y la segunda, una empresa donde se extrae arena para construcción. Dos lugares ubicados en la zona montañosa de la comuna donde se ha presumido por años, por las denuncias de familiares y testimonios de paramilitares, la existencia de cuerpos de personas desaparecidas en las operaciones militares y paramilitares de esos años, sin que a la fecha se haya evitado su funcionamiento comercial.
Incursiones que se dieron para controlar la presencia y accionar de guerrilleros y milicias en esta comuna, pero que terminaron también en graves violaciones a los derechos humanos de la población civil, que han sido reconocidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
En la diligencia de la JEP, que se realizó el 17 y 18 de julio en el Palacio de Justicia de Alpujarra, se evidenció que 17 años después de estos hechos hay poca claridad de las entidades en el universo de víctimas desaparecidas; que existen cuerpos recuperados de personas desaparecidas que extraviaron Medicina Legal y la Fiscalía años después; y que se han prorrogado contratos de explotación en lugares donde se han denunciado estos enterramientos clandestinos; entre otras trabas que han impedido esclarecer estos crímenes.
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Por esta razón, la Sección de Revisión de la JEP, vinculó al proceso de medidas cautelares a las empresas El Condor SA y Bioparques SAS. La primera es la empresa que lleva explotando desde los años 90 La Arenera en la zona, donde desde hace 17 años vienen denunciando que habría cuerpos de personas desaparecidas forzadas. Y la segunda, es quien ha administrado La Escombrera en la parte montañosa de la Comuna 13, donde también se dice que hay desaparecidos forzados.
En el auto, la JEP les ordena a estas empresas que remitan toda la información sobre la posible existencia de cuerpos de personas dadas por desaparecidas dentro de sus propiedades.
Así como pide, de carácter prioritario, que la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), de la JEP, haga una inspección de La Escombrera y La Arenera, como también del Cementerio Universal, con el objeto de levantar registros fotográficos y fílmicos de los lugares, fosas, osarios, bóvedas, donde se presuma se encuentran cuerpos de personas víctimas de desaparición forzada, o cuerpos humanos no identificados.
Además, la UIA deberá adelantar entrevistas a las autoridades encargadas de la administración del cementerio o a quienes se encarguen de llevar los registros de ingreso, remoción o movimiento de los cuerpos de las personas que fueron enterradas allí.
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Asimismo, la JEP le ordenó al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses que le envíe toda la información acerca de la pérdida de dos cuerpos de desaparecidos cuyo destino se desconoce, como fue denunciado en la audiencia pública en Medellín:
En ese momento La Fiscalía aseguró que no sabía dónde están tres de los cinco cuerpos exhumados en inmediaciones a la Comuna 13, en 2003, que pese a ser recuperados seguían sin identificar después de 17 años. También se perdieron las muestras de tejidos que el médico legista les hizo en su momento, como le confirmó Medicina Legal a la Fiscalía, en un oficio que les llegó formalmente el 11 de julio de 2019. Los tres cuerpos se extraviaron en el Cementerio Universal de Medellín, aseguran.
La insólita noticia se conoció el segundo día de la audiencia en Medellín.
-Con respecto a los hallazgos del 31 de julio de 2003, sucedió lo siguiente: se lograron identificar cinco cadáveres. Hay cinco cadáveres que, por tener todavía tejidos, llegaron a Medicina Legal. De acuerdo con las necropsias el médico legista dejó registrado que había tomado 10 centímetros de fémur, que había tomado sus registros dentales y que guardaban las muestras. Se hizo la petición a finales del año pasado y la respuesta que tuvimos de Medicina Legal hace una semana fue que esas cinco muestras no existen, se perdieron, dijo Nancy Posada, fiscal 114 especializada de apoyo al despacho cuarto de Justicia y Paz.
-Muy grave lo que nos cuenta, comentó el magistrado Raúl Eduardo Sánchez.
-Sí, reconoció la fiscal.
-Yo quiero aclarar el dato. En diligencias de exhumación se pudieron recuperar dos de esos cinco cadáveres, ya reducidos en condición esquelética, que tenemos en el laboratorio en custodia del Centro de Identificación Humana de Medellín. Y hay tres cadáveres que aún no hemos podido ubicar porque en los sitios que hemos verificado donde supuestamente están en el Cementerio Universal no están, apuntó la antropóloga de la Fiscalía Adriana Marcela Hernández.
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Por ese episodio, la Jurisdicción compulsó copias a la Fiscalía General y la Procuraduría General para que investiguen penal y disciplinariamente la pérdida de las muestras de tejido.
Al ente acusador le pidió que remita toda la información que sostiene, como lo dijo en la audiencia, que, en el sector de La Escombrera y La Arenera, operó una base paramilitar de las AUC. Por último, a la Gobernación de Antioquia le recordó el compromiso que adquirieron para presentar una propuesta de memoria y proceso de dignificación de las víctimas de la Comuna 13.
Con este nuevo pedido de información a entidades, la JEP avanza en el proceso de medidas cautelares de lugares donde por 17 años las víctimas han señalado irregularidades de las entidades en la búsqueda de sus familiares desaparecidos.
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