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¿Qué balance hacen ustedes desde las organizaciones de víctimas y Derechos Humanos de los avances que ha tenido la Justicia Especial para la Paz?
Es significativo, hay nueve casos abiertos, algunos que interesan especialmente a cierta prensa y a los mismos opositores de la jurisdicción, porque son los que involucran a los jefes de las FARC, como el 001 de secuestros, al que le han invertido tiempo y energía para documentar las detenciones arbitrarias. Ha habido audiencias, se ha presentado la mayoría del secretariado de las FARC exceptuando a los que ya quedaron fuera del sistema. Tienen un buen balance, han documentado los casos, han reconocido a víctimas de la guerrilla.
Pero ahí las organizaciones de víctimas tenemos reparos, porque si el caso es de detenciones arbitrarias o ilegales no debería tener solamente las cometidas por la guerrilla sino también las de la Fuerza Pública. Hemos solicitado a la JEP que abra un caso sobre desapariciones forzadas, es una petición muy fuerte de familiares y organizaciones.
¿Qué abran otro caso o que lo incluyan en el 001?
Inicialmente se pidió que lo incluyeran, ahora queremos que se abra uno específico sobre desaparición forzada, entendida como un delito de Estado en el marco de las convenciones internacionales, porque involucra la responsabilidad de la Fuerza Pública.
La organización Human Rights Everywhere realizó una Cartografía de la Desaparición forzada en Colombia y ustedes apoyaron esa investigación, ¿ofrecieron ese insumo a la JEP?
Ya se entregó parte de lo que se ha cartografiado y se han hecho algunas audiencias, creemos que hay bastante información y contexto para abrir el caso. Es uno de los crímenes más graves cometidos en el marco de la violencia política en el país.
Ustedes también han impulsado el caso de ejecuciones extrajudiciales...
Es el caso 003, se ha impulsado a través del Espacio de Litigio Estratégico, ahí estamos nosotros de la Corporación Jurídica Libertad, está el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, la Comisión Colombiana de Juristas, la Asociación Minga, el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, la Comisión de Justicia y Paz… Somos más de diez organizaciones que investigamos casos de brigadas y batallones involucrados en ejecuciones extrajudiciales. Se han presentado informes de varios batallones y la estrategia es encontrar a los máximos responsables, que la JEP pueda avanzar en el juzgamiento de los generales del Ejército que creemos fueron los que diseñaron e implementaron esta política. Ha habido comparecencias y audiencias, pero hay varias dificultades. Desde el uribismo lograron modificar la JEP para que los llamados “terceros” (civiles, políticos, empresarios) no estuvieran obligados a declarar. Eso es grave porque ellos han tenido participación en violaciones a los Derechos Humanos. Lo otro es que hay una estrategia clara del Ejército de impunidad y negacionismo, se viene instruyendo a los militares para que no aporten información, guarden silencio o se justifiquen los crímenes. Impulsamos lo del mural de “¿Quién dio la orden?”, que fue censurado, y ahora nos acosan jurídicamente para minar nuestro trabajo: han interpuesto tutelas, han pedido que se rectifique el buen nombre, una clara estrategia de negacionismo. Ahí creemos que la JEP va lenta en garantizar la participación de las víctimas, se ha hecho un trabajo de documentación, tienen los informes que hemos presentado las organizaciones y los de la Fiscalía General, pero es necesario que avancen en una mayor participación de las víctimas y en un enfoque territorial, porque es muy grave que siga siendo un tribunal en Bogotá, aunque algunas audiencias se han hecho en el territorio muchas víctimas no tienen claro cómo participar en esos espacios. Es muy importante superar esa teoría de los dos demonios, de que todo mundo fue malo por igual y que no se quede en un juzgamiento general de la guerrilla o de paramilitares que sean aceptados en la Jurisdicción, sino que se pueda evidenciar la responsabilidad del Estado, sobre todo de los altos mandos y otros agentes estatales que pudieron haber participado en esos crímenes. Otra cosa clave han sido las medidas cautelares, una propuesta que hicimos con el MOVICE cuando solicitamos el 30 de mayo de 2018 que se decretaran medidas cautelares sobre 16 lugares en cinco departamentos pues suponíamos que había víctimas de desaparición forzada y falsos positivos.
¿Eso fue lo que desencadenó finalmente las exhumaciones de Dabeiba?
Exacto, pero esas medidas no contemplaban inicialmente a Dabeiba, luego nos enteramos que había unos militares dando información sobre posibles víctimas de ejecuciones o falsos positivos inhumados en Dabeiba, entonces solicitamos la ampliación de las medidas cautelares a seis cementerios del municipio, no sólo el de Las Mercedes, sino también uno que administra la iglesia presbiteriana, otros en corregimientos como San José de Urama, en La Balsita. Con los militares dando información concreta se avanzó en las exhumaciones y se han recuperado 59 cuerpos, por lo menos se logró la identificación de uno. Lo de las medidas cautelares ha sido muy interesante porque se han hecho las audiencias de la Comuna 13, de la zona de Hidroituango, del cementerio en Rincón del Mar y San Onofre (Sucre), donde hubo las bases del paramilitar Rodrigo “Cadena”, se recuperó una colección de cuerpos del laboratorio de osteología de la Universidad de Antioquia que habían sido trasladados desde el cementerio de Medellín y de unos cementerios indígenas en Peque y Sabanalarga cuando se hizo la inundación de Hidroituango, se estableció que varios de esos cuerpos sufrieron muertes violentas y pueden corresponder a víctimas. Es un ejemplo de cómo avanza la Justicia Transicional en colaboración con las víctimas y la Unidad de Búsqueda de personas dadas por Desaparecidas, es una esperanza para los familiares de que se pueda lograr la identificación de víctimas.
Hay aspectos que no son tan positivos, por ejemplo, la JEP citó al general Mario Montoya y su versión fue decepcionante para las víctimas.
Se debe investigar la responsabilidad de los altos mandos, no sólo en ejecuciones extrajudiciales, sino en otras modalidades de agresión. Y cuando no están comprometidos con la verdad deben excluirlos de la Jurisdicción. En el caso del general Mario Montoya las organizaciones de Derechos Humanos solicitamos su exclusión y que sea juzgado por la justicia ordinaria, entre otras cosas porque no fueron actos del servicio sino ataques a civiles indefensos en una grave y clara política de violación a los Derechos Humanos. Es evidente su falta de compromiso con la verdad, la estrategia de algunos militares ha sido ir a la JEP a probar su inocencia y la JEP no es una jurisdicción de absoluciones, sino para esclarecer los crímenes más atroces que fueron cometidos en el conflicto armado. Tienen que tener toda la disposición y el compromiso de contar para acceder a los beneficios, no es una justicia para garantizar impunidad.
¿Qué opina de paramilitares como Macaco o políticos corruptos como Samuel Moreno que han pedido cupo en la JEP?
En una sentencia del año pasado se determinó que analizaban caso por caso, eso es una buena decisión. Lo que se debe determinar para los paramilitares es que vayan a dar información nueva, no lo que ya contaron en Justicia y Paz, y sobre todo que haya compromisos con la verdad. Creemos que eso está bien para que no se convierta en una puerta giratoria a todo el que quiera ir a obtener beneficios, como ocurrió en Justicia y Paz, donde muchos narcotraficantes se colaron. En el caso de Samuel Moreno, quien no cometió crímenes en el marco del conflicto armado, está muy claro que no tiene acogida en la JEP. Ni él ni ningún político corrupto.
Los llamados “terceros” quedaron excluidos, y no están obligados a declarar, ¿qué piden las organizaciones?
Insistimos en que vayan por su propia voluntad. Es de lo más lamentable de la Jurisdicción, porque es una garantía total de impunidad. Creemos que cuando las investigaciones se hagan públicas, esos terceros se sentirán compelidos a asistir a la JEP dada la presión social. Somos las organizaciones, la academia, la sociedad civil, quienes tenemos que presionar para que esos terceros acudan y cuenten la verdad en la medida en que se conozcan los hechos en los que están comprometidos. Por ejemplo, nosotros le entregamos un informe a la JEP sobre el caso de despojo de tierras en el Urabá, ahí damos cuenta de los terceros que tuvieron que ver con esos hechos: despojo, apoyo al paramilitarismo, asesinatos selectivos. Necesitamos que haya presión pública para que los terceros entiendan que la mejor opción es presentarse voluntariamente y contar la verdad. La otra opción es que la Fiscalía sigue teniendo la competencia de investigar, en la medida que se conozca terceros que se involucraron en el conflicto, la Fiscalía tendrá que abrir procesos. La JEP viene haciendo el traslado de la información sobre estos civiles para que lo conozcan en la Fiscalía, aunque en eso hasta ahora son una garantía total de impunidad. Con toda la información detallada que dieron los paramilitares en Justicia y Paz y nunca abrieron procesos. Por eso se necesita la presión social, para que ocurra como pasó en Chile o en Argentina que fue la movilización la que llevó a que se abrieran juicios contra la junta militar.
La JEP es percibida como una amenaza por un sector del establecimiento al que no le sirve que se conozca la verdad ¿no cree que hay una pugna política más que jurídica?
Claro, esa es la verdadera amenaza para ellos, porque la JEP se está centrando en los máximos responsables, y en este caso en los mandos militares, que sí están dando información, incluso los de más bajo rango. Le tienen miedo a eso, a que los militares terminen entregando información sobre los civiles que estaban detrás de los crímenes. Ese es el miedo que tiene el uribismo: que estos generales se revienten y cuenten cuáles eran las estrategias que había detrás, cuáles eran los empresarios, los políticos, es lo que no quieren y por eso están concentrados en reformar la JEP para que no juzgue a los militares, volver inocua la jurisdicción. No es que pidamos que la JEP no juzgue a la guerrilla, de hecho, lo tiene que hacer y presionamos y vigilamos para que eso se dé, pero de la guerrilla ya tienen toda la información, los informes de la Fiscalía, la documentación. Donde hay debilidades y posibilidades de juzgamiento es en los casos de agentes estatales, por el manto de impunidad que ha rodeado los crímenes de Estado.
Insisto que el problema es político, lo del cementerio de Dabeiba provocó un terremoto en la opinión pública, mostró que cuando se conozca toda la verdad un sector va a salir muy desacreditado...
Ese es el poderío de la verdad, por eso es tan importante ese canje de verdad por penas. ¿De qué nos ha servido que condenen a los paramilitares si no dijeron nada? No nos tiene que preocupar cuántos años de cárcel van a pagar, sino qué tanta verdad están entregando. Lo ideal es que hablen, a mi no me importa si no los meten a la cárcel, otras personas piensan que esto favorece la impunidad porque los crímenes atroces y las graves violaciones a los Derechos Humanos sí o sí deben ser investigados, juzgados y sancionados con penas amplias y privación de la libertad. Es una postura respetable, pero me parece que si podemos conocer la verdad habrá luego una sanción social mucho más potente que mandarlos a una cárcel. Es lo que ha pasado en otros países, como los del cono sur, donde el rechazo social ha sido tan grande que los ha dejado por fuera. Es la apuesta nuestra: que se sepa lo que ha pasado. Por eso la estrategia de este gobierno ha sido el negacionismo y el silencio. Puso en el Centro Nacional de Memoria Histórica a un tipo para acabar con el. Imagínese que las Fuerzas Militares diseñaron un diplomado supuestamente para enseñarle a sus miembros como iba a funcionar el Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparación, pero de fondo los estaban preparando para que no contaran detalles y tuvieran la capacidad de ocultar las graves violaciones a los Derechos Humanos. Tienen toda una estrategia, a la que se suman intelectuales que todo el tiempo están diciendo que Colombia no está preparada para la verdad. Eso ya lo dijeron en otros países, que la verdad puede generar más violencia, pero lo único que buscan es que la sociedad no conozca los crímenes de Estado. Es el desafío que tenemos: evidenciar qué se escondía detrás de los crímenes.