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Por primera vez, el general en retiro Mario Montoya, acusado de participar en casos de los mal llamados “falsos positivos”, tendrá que rendirle cuenta a los magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Desde el 12 hasta el 14 de febrero realizará su primera versión voluntaria, en la que se contrasta la información que esta justicia ha recibido de las entidades del Estado y de los informes de las organizaciones de víctimas.
Según la JEP, el excomandante del Ejército fue llamado a esta diligencia tras ser mencionado en 11 versiones de otros militares de menor rango, quienes lo acusaron de tener responsabilidad en hechos que hoy se intentan esclarecer en el marco del caso 03, llamado "Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate".
(Lea también: General Mario Montoya comparecerá ante la JEP por falsos positivos)
En la versión voluntaria participarán también 41 víctimas y 15 representantes judiciales, quienes tienen el derecho a preguntar, a través de sus abogados, datos puntuales de sus casos. El general, desde hace varios meses, tiene en sus manos las demás diligencias en las que fue nombrado y los informes, para defenderse en el cuestionario que le realizarán hoy los magistrados.
De acuerdo con la Ley Estatutaria de la JEP, quienes se someten a esta jurisdicción están obligados a aportar verdad plena, es decir, relatar de manera exhaustiva y detallada las conductas cometidas y las circunstancias de su comisión, así como las informaciones necesarias para atribuir responsabilidades y garantizar la satisfacción de los derechos de las víctimas. Sin embargo, dicho deber no implica la obligación de aceptar responsabilidades.
Hace dos años, cuando firmó su sometimiento a la JEP, Montoya no reconoció los delitos que se le endilgan. De hecho, en esa primera audiencia, las víctimas de falsos positivos abandonaron la audiencia porque creían que se les estaban vulnerando sus derechos. Hoy se vuelven a encontrar con el general, pero esta vez, antes de la versión voluntaria, decidieron hacer un plantón a las afueras de las instalaciones de esta justicia para reclamar verdad, reparación y no repetición.
Jaqueline Castillo, hermana de Jaime Castillo Peña, asegura que desde temprano llegarán con los telares de la memoria y los pendones con las fotos de sus familiares. Aunque hay expectativa sobre lo que dirá Montoya, no creen que el oficial acepte responsabilidad: “Los altos mandos siempre responden que hasta ahora se están enterando de lo que hacía sus subalternos. Pero eso no es cierto. Los han nombrado en otras declaraciones. Los militares han dicho que había mucha presión por las bajas. Sus ascensos dependían de eso. Y hablan de Montoya como el mayor responsable, porque pedía números para mostrar buenos resultados”.
Castillo está convencida de que Montoya no aceptará responsabilidad, tal y como sucedió con el coronel Álvaro Diego Tamayo Hoyos, quien dijo no tener relación con los delitos de los falsos positivos, a pesar de haber sido nombrado, en reiteradas ocasiones, por otros miembros del Ejército. "Estos tipos de acogieron a la JEP tratando de huir a la Corte Penal Internacional. No creo que haya una intención de repararnos ni intenciones de decir qué pasó", agrega la líder de Las Madres de los Falsos Positivos de Soacha y Bogotá (Mafapo).
Las víctimas que estarán presentes y los abogados hacen parte de organizaciones como Mafapo, la Comisión Colombiana de Juristas, Humanidad Vigente, Corporación Jurídica Libertad, Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, Javier Villegas Posada Asociados, Asociación Minga, la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos y el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo.
Para llamar a comparecer a Montoya, la JEP tuvo en cuenta hechos como la Operación Orión, registrada el 16 de octubre de 2002 en la Comuna 13 de Medellín. Tras esta actuación, en la que participaron uniformados de la IV Brigada, se denunciaron homicidios, desapariciones forzadas y heridos. En ese momento el general en retiro fungía como comandante de esa unidad militar. También se incluyen los denominados falsos positivos de Soacha y Bogotá, decenas de jóvenes asesinados en indefensión y presentados como bajas en combate.
(Vea también: General (r) Mario Montoya firmó el acta de sometimiento ante la JEP)
En su informe entregado a la JEP, la Fiscalía General de la Nación identificó un total de 2.248 víctimas de ejecuciones extrajudiciales entre 1988 y 2014, de las cuales el 48 por ciento fueron hombres jóvenes entre los 18 y 30 años. Para el ente acusador, este fenómeno aumentó de manera sustancial a partir del año 2002 y tuvo su etapa más crítica entre 2006 y 2008, involucrando, presuntamente, personas con posiciones de mando y altos rangos, entre ellas Montoya, que pudieron haber tenido un rol determinante en los hechos.
Este encuentro es apenas la primera etapa de contribución a la verdad de las personas señaladas de haber cometido delitos graves. Quienes no contribuyan con la verdad plena, deben ir a un juicio adversarial en el Tribunal de la JEP. Si se les encuentra responsables de graves violaciones a los derechos humanos y graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario, podrán ser condenados hasta con 20 años de cárcel.
A la fecha, en el caso 03 se han realizado 202 versiones, 162 versiones orales y 40 escritas. Además de los tres generales que ya están compareciendo ante la JEP, han rendido versión libre 51 soldados, 38 suboficiales, 32 oficiales subalternos (subtenientes, tenientes y capitanes), 10 oficiales con rango de mayor y siete de rango de coronel.