‘La justicia transicional reconstruye la confianza perdida en el Estado’: Clara Inés Chaves

Desde que ganó el "No" en el plebiscito con el que se buscaba aprobar el Acuerdo de Paz firmado entre la extinta guerrilla de las Farc y el Gobierno Nacional, Clara Inés Chaves, abogada y excónsul en República Dominicana y Haití, sintió la necesidad de contribuir con la consolidación de la paz en medio de un país polarizado. Estaba en el mundo diplomático, pero cuando pasó la tormenta y Colombia empezó a implementar la hoja de ruta planteada en La Habana (Cuba) le llamó la atención el punto de la justicia transicional.

Desde entonces, comenzó a investigar sobre los ciclos de violencia, los tribunales de paz que han existido en el país y a entrevistar a varios personajes que participaron en las negociaciones, entre ellos víctimas, máximos responsables de crímenes, políticos, entre otros. Fue así como surgió “Justicia Transicional: del laberinto a la Esperanza”, un libro de la editorial Ícono, que busca no sólo entregarle una herramienta pedagógica sobre los acuerdos a los colombianos sino también un análisis de la importancia de la justicia transicional y de la construcción de la verdad. En entrevista con este diario, comentó su percepción sobre la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y los nuevos retos a los que se enfrenta esta justicia.

(Puede interesarle: Así se proyecta la justicia transicional para 2020)

¿Cómo y por qué nace el libro?

Nace porque, a raíz de la pérdida del plebiscito, yo no podía entender cómo después de tantos gobiernos que trataron de encontrar la solución para que se llegara a unos acuerdos de paz se fracasara. Pensé que faltaba mucha pedagogía para la paz y quise escribir en términos sencillos, sin inclinaciones políticas, para todas las personas que no fueran abogadas, cuál era el significado de la justicia transicional y por qué era necesario ponerse la camiseta apoyando los acuerdos. Por eso el libro tiene conceptos de derecho, pero también temas de ciencia política y periodismo. También me preocupé por escuchar distintas voces, así que entrevisté a varias personalidades que conocían sobre el tema y participaron en las negociaciones, de todas las vertientes políticas. Ese es el aporte que quiero hacer a través del libro.

¿Por qué es tan importante la justicia transicional hoy para el país, según las voces que reunió?

Si bien es cierto que en Colombia hace tiempo se ha hablado de la justicia transicional, realmente es ahora cuando se consolida. En los ejercicios que se realizaron en Justicia y Paz, el tribunal para los grupos paramilitares, apenas se daban los primeros pasos y de ahí aprendimos mucho para crear casi diez años después la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Sabemos que con la justicia transicional garantizamos que no haya impunidad, que se sepa la verdad y que haya un camino hacia la paz. Este tipo de mecanismos contribuyen a la consolidación de las instituciones democráticas y a la reconstrucción de la confianza que se perdió en el Estado. Gracias a ello podría existir una mayor gobernabilidad. Además, estrecha la relación entre la paz y el desarrollo, que es indisoluble. 

A propósito de la verdad, ¿cuál cree que es el mayor desafío para construirla?

Por primera vez en Colombia funciona una Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad. Si miramos datos históricos, en la violencia bipartidista, por ejemplo, Otto Morales Benítez, a quien el Gobierno le encargó conocer la verdad, decidió tirar la toalla porque creía que había muchos intereses para que nunca se supiera. Se generó impunidad y, sin duda, eso llevó a que surgieran grupos guerrilleros, como las Farc, Eln, Epl, Quintín Lame, M19, entre otros. Ahora, con esta nueva institución, y con otras como la JEP, esperamos que todo sea diferente. Esto suena repetitivo, pero es real: un país que conozca lo que pasó tenderá a repetir sus acciones violentas y con mayor crudeza.

Volviendo a su libro, ¿a qué se refiere cuando habla del laberinto?

Lastimosamente, dentro de la historia colombiana existieron muchos pasajes oscuros: la Guerra de los Mil Días, la violencia bipartidista, el narcotráfico, la corrupción, el conflicto armado. Todo eso llevó a que se debilitaran las instituciones, se perdiera la gobernabilidad, hubiese una ausencia del Estado en los territorios, se gestara una polarización y se perdieran los valores de la sociedad. Ese es el laberinto, la parte oscura que todos hemos tenido que vivir. Cuando fui juez promiscuo municipal me tocó vivir los enfrentamientos entre paramilitares, narcotraficantes, guerrilla y Ejército. En un fin de semana podía tener cuarenta muertos. Los Acuerdos de Paz y luego la justicia transicional se convirtieron en la salida, en la esperanza para que esos escenarios no ocurrieran más. Y no solo fue beneficioso para nosotros, sino que le devolvimos al mundo la confianza de que sí se puede encontrar la paz a través de la negociación. Por eso hoy la comunidad internacional nos admiran tanto, además de lograr que las víctimas fuesen el corazón de este proceso. Eso en Colombia no pasaba. A las víctimas siempre se les hizo trampas y conejos. Y tampoco se puede dejar de lado que para ese entonces el Estado empezó a tener soberanía sobre territorios que dejó la guerrilla de las Farc. Otra cosa es que no ha existido voluntad política para volver con equidad social y darle mejor calidad de vida a las poblaciones. Pero en ese momento se abrió un capítulo de esperanza que hoy se extiende hasta la JEP que, a pesar de no ser infalible, nos puede traer cambios beneficiosos. Eso fue lo que yo quise resaltar en el libro. 

(Lea también: “No reconozco ningún enemigo”: Patricia Linares, presidenta de la JEP)

Usted hace una diferenciación de los tribunales que ha tenido Colombia de justicia transicional, Justicia y Paz y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)...

Sí, era necesario mencionar ambas. Creo que Justicia y Paz se quedó atrás así hasta ahora no haya cierre, ¿por qué? La esencia de la justicia transicional es que las víctimas sean reparadas de distintas formas, económica, sicológica y emocionalmente. Siento que eso faltó en ese primer tribunal. Hay una deuda aún. Para empezar, muchos de los exjefes paramilitares fueron extraditados y se llevaron la verdad de las víctimas. En la Constitución queda claro que la paz y la vida son derechos inalienables, pero eso al poder ejecutivo no le importó. Prefirieron mandarlos a Estados Unidos a que las personas afectadas en Colombia fueran reparadas. Importó más un delito de narcotráfico que una verdad, una paz y una futura reconciliación. La prioridad siempre deben ser las víctimas. Por otro lado, Justicia y Paz no se adecuó a los términos de una justicia transicional y también hubo impunidad en muchas violaciones de derechos humanos. 

¿Cuál cree que es el gran reto de la JEP ahora, a partir de su investigación?

Seguir explicándole a Colombia cuál es su finalidad y los motivos de sus decisiones que, en ocasiones, son impopulares. Es complejo en medio de un país tan polarizado como el nuestro y en medio de normas tan técnicas que la rigen, como el Derecho Internacional Humanitario (DIH). Por primera vez estamos aprendiendo en el país sobre el DIH, a pesar de que nuestro conflicto armado interno se haya declarado hace un buen tiempo, y eso trae choques. Mire la decisión que tomó la JEP hace unas semanas de amnistiar a la Mata Hari, quien participó en la bomba de la Escuela Superior de Cadetes en 2006. A todos nos dolió ese episodio. Pero, como señala un principio del derecho, la ley es ley.  Y bajo la luz de las normas internacionales se determinó que no era un crimen de guerra. Hoy sigue la discusión y la rabia, pero los ciudadanos no conocen los términos y a veces se dejan llevar por los sentimientos que genera ver a otras personas heridas. Ese es el DIH, la regulación de la guerra. La bomba, según los magistrados a la luz de esta normatividad, era un objetivo militar y se midió el impacto por parte de las Farc. Pero más allá de eso, es más importe entender, y la gente lo dejó pasar, es que esa amnistía tiene responsabilidades. Y nuestro deber como ciudadanos es exigirle a la JEP que se cumplan los compromisos que adquirieron los actores cuando se sometieron.

Desde que ganó el "No" en el plebiscito con el que se buscaba aprobar el Acuerdo de Paz firmado entre la extinta guerrilla de las Farc y el Gobierno Nacional, Clara Inés Chaves, abogada y excónsul en República Dominicana y Haití, sintió la necesidad de contribuir con la consolidación de la paz en medio de un país polarizado. Estaba en el mundo diplomático, pero cuando pasó la tormenta y Colombia empezó a implementar la hoja de ruta planteada en La Habana (Cuba) le llamó la atención el punto de la justicia transicional.

Desde entonces, comenzó a investigar sobre los ciclos de violencia, los tribunales de paz que han existido en el país y a entrevistar a varios personajes que participaron en las negociaciones, entre ellos víctimas, máximos responsables de crímenes, políticos, entre otros. Fue así como surgió “Justicia Transicional: del laberinto a la Esperanza”, un libro de la editorial Ícono, que busca no sólo entregarle una herramienta pedagógica sobre los acuerdos a los colombianos sino también un análisis de la importancia de la justicia transicional y de la construcción de la verdad. En entrevista con este diario, comentó su percepción sobre la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y los nuevos retos a los que se enfrenta esta justicia.

(Puede interesarle: Así se proyecta la justicia transicional para 2020)

¿Cómo y por qué nace el libro?

Nace porque, a raíz de la pérdida del plebiscito, yo no podía entender cómo después de tantos gobiernos que trataron de encontrar la solución para que se llegara a unos acuerdos de paz se fracasara. Pensé que faltaba mucha pedagogía para la paz y quise escribir en términos sencillos, sin inclinaciones políticas, para todas las personas que no fueran abogadas, cuál era el significado de la justicia transicional y por qué era necesario ponerse la camiseta apoyando los acuerdos. Por eso el libro tiene conceptos de derecho, pero también temas de ciencia política y periodismo. También me preocupé por escuchar distintas voces, así que entrevisté a varias personalidades que conocían sobre el tema y participaron en las negociaciones, de todas las vertientes políticas. Ese es el aporte que quiero hacer a través del libro.

¿Por qué es tan importante la justicia transicional hoy para el país, según las voces que reunió?

Si bien es cierto que en Colombia hace tiempo se ha hablado de la justicia transicional, realmente es ahora cuando se consolida. En los ejercicios que se realizaron en Justicia y Paz, el tribunal para los grupos paramilitares, apenas se daban los primeros pasos y de ahí aprendimos mucho para crear casi diez años después la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Sabemos que con la justicia transicional garantizamos que no haya impunidad, que se sepa la verdad y que haya un camino hacia la paz. Este tipo de mecanismos contribuyen a la consolidación de las instituciones democráticas y a la reconstrucción de la confianza que se perdió en el Estado. Gracias a ello podría existir una mayor gobernabilidad. Además, estrecha la relación entre la paz y el desarrollo, que es indisoluble. 

A propósito de la verdad, ¿cuál cree que es el mayor desafío para construirla?

Por primera vez en Colombia funciona una Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad. Si miramos datos históricos, en la violencia bipartidista, por ejemplo, Otto Morales Benítez, a quien el Gobierno le encargó conocer la verdad, decidió tirar la toalla porque creía que había muchos intereses para que nunca se supiera. Se generó impunidad y, sin duda, eso llevó a que surgieran grupos guerrilleros, como las Farc, Eln, Epl, Quintín Lame, M19, entre otros. Ahora, con esta nueva institución, y con otras como la JEP, esperamos que todo sea diferente. Esto suena repetitivo, pero es real: un país que conozca lo que pasó tenderá a repetir sus acciones violentas y con mayor crudeza.

Volviendo a su libro, ¿a qué se refiere cuando habla del laberinto?

Lastimosamente, dentro de la historia colombiana existieron muchos pasajes oscuros: la Guerra de los Mil Días, la violencia bipartidista, el narcotráfico, la corrupción, el conflicto armado. Todo eso llevó a que se debilitaran las instituciones, se perdiera la gobernabilidad, hubiese una ausencia del Estado en los territorios, se gestara una polarización y se perdieran los valores de la sociedad. Ese es el laberinto, la parte oscura que todos hemos tenido que vivir. Cuando fui juez promiscuo municipal me tocó vivir los enfrentamientos entre paramilitares, narcotraficantes, guerrilla y Ejército. En un fin de semana podía tener cuarenta muertos. Los Acuerdos de Paz y luego la justicia transicional se convirtieron en la salida, en la esperanza para que esos escenarios no ocurrieran más. Y no solo fue beneficioso para nosotros, sino que le devolvimos al mundo la confianza de que sí se puede encontrar la paz a través de la negociación. Por eso hoy la comunidad internacional nos admiran tanto, además de lograr que las víctimas fuesen el corazón de este proceso. Eso en Colombia no pasaba. A las víctimas siempre se les hizo trampas y conejos. Y tampoco se puede dejar de lado que para ese entonces el Estado empezó a tener soberanía sobre territorios que dejó la guerrilla de las Farc. Otra cosa es que no ha existido voluntad política para volver con equidad social y darle mejor calidad de vida a las poblaciones. Pero en ese momento se abrió un capítulo de esperanza que hoy se extiende hasta la JEP que, a pesar de no ser infalible, nos puede traer cambios beneficiosos. Eso fue lo que yo quise resaltar en el libro. 

(Lea también: “No reconozco ningún enemigo”: Patricia Linares, presidenta de la JEP)

Usted hace una diferenciación de los tribunales que ha tenido Colombia de justicia transicional, Justicia y Paz y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)...

Sí, era necesario mencionar ambas. Creo que Justicia y Paz se quedó atrás así hasta ahora no haya cierre, ¿por qué? La esencia de la justicia transicional es que las víctimas sean reparadas de distintas formas, económica, sicológica y emocionalmente. Siento que eso faltó en ese primer tribunal. Hay una deuda aún. Para empezar, muchos de los exjefes paramilitares fueron extraditados y se llevaron la verdad de las víctimas. En la Constitución queda claro que la paz y la vida son derechos inalienables, pero eso al poder ejecutivo no le importó. Prefirieron mandarlos a Estados Unidos a que las personas afectadas en Colombia fueran reparadas. Importó más un delito de narcotráfico que una verdad, una paz y una futura reconciliación. La prioridad siempre deben ser las víctimas. Por otro lado, Justicia y Paz no se adecuó a los términos de una justicia transicional y también hubo impunidad en muchas violaciones de derechos humanos. 

¿Cuál cree que es el gran reto de la JEP ahora, a partir de su investigación?

Seguir explicándole a Colombia cuál es su finalidad y los motivos de sus decisiones que, en ocasiones, son impopulares. Es complejo en medio de un país tan polarizado como el nuestro y en medio de normas tan técnicas que la rigen, como el Derecho Internacional Humanitario (DIH). Por primera vez estamos aprendiendo en el país sobre el DIH, a pesar de que nuestro conflicto armado interno se haya declarado hace un buen tiempo, y eso trae choques. Mire la decisión que tomó la JEP hace unas semanas de amnistiar a la Mata Hari, quien participó en la bomba de la Escuela Superior de Cadetes en 2006. A todos nos dolió ese episodio. Pero, como señala un principio del derecho, la ley es ley.  Y bajo la luz de las normas internacionales se determinó que no era un crimen de guerra. Hoy sigue la discusión y la rabia, pero los ciudadanos no conocen los términos y a veces se dejan llevar por los sentimientos que genera ver a otras personas heridas. Ese es el DIH, la regulación de la guerra. La bomba, según los magistrados a la luz de esta normatividad, era un objetivo militar y se midió el impacto por parte de las Farc. Pero más allá de eso, es más importe entender, y la gente lo dejó pasar, es que esa amnistía tiene responsabilidades. Y nuestro deber como ciudadanos es exigirle a la JEP que se cumplan los compromisos que adquirieron los actores cuando se sometieron.