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Este martes, en una sala del Palacio de Justicia de Medellín, empieza la audiencia que ordenó la JEP para recaudar información que les permita a los magistrados decidir si toman o no medidas cautelares sobre varios lugares de al menos seis municipios de influencia del proyecto Hidroituango, donde según las víctimas del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) y el Movimiento Ríos Vivos habría desaparecidos forzados con ocasión del conflicto armado. A la diligencia están citadas diferentes entidades y autoriades privadas y públicas para que los magistrados y las víctimas puedan conocer de primera mano qué han hecho para esclarecer estas denuncias. Lo interesante es que, por primera vez, la JEP le ordenó a integrantes del partido FARC que comparezcan a una audiencia de medidas cautelares para que den información concreta y detallada que permita aclarar este fenómeno.
En el auto 056 de 2019, conocido por este diario, la Sección de Ausencia de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) reitera la orden para que la FARC asista pero condiciona su participación a información concreta: “El partido Farc debe ir más allá de la expresión de compromisos políticos o manifestaciones de buena voluntad y, en consecuencia, debe concretarse en contribuciones efectivas y prontas, así como en propuestas de acción y lineamientos definidos que aseguren la participación activa y exhaustiva de los miembros de las estructuras armadas presentes en la región. Lo anterior debe llevar a la consolidación de insumos y material judicial a partir de los cuales se avance en el proceso de esclarecimiento relacionado con la situación de la búsqueda de personas dadas por desaparecidas en los municipios de influencia del proyecto de Hidroituango”.
Esto significó que, para entregar estos datos, los miembros del partido Farc organizaron un informe y una propuesta concreta, con tiempos y estrategias, para sistematizar la información, que se verá en la intervención que harán en la audiencia. De esta manera, la jurisdicción podrá “consolidar un universo de lugares formales e informales de inhumación de cuerpos exhumados y su ubicación geográfica con miras a determinar qué personas deben ser objeto de búsqueda”.
Desde la década de los 90 hasta que se firmó el Acuerdo Final en La Habana (Cuba) en noviembre de 2016, los frentes 18 y 36 de la guerrilla de las Farc tuvieron el control sobre los municipios de Ituango, Puerto Valdivia, Toledo, Briceño, Sabanalarga y Peque. De hecho, hoy hay rezagos de su presencia, pues actualmente hay algunas disidencias en el territorio. Una zona fuertemente afectada por el conflicto donde también incursionó, a sangre y fuego, el Bloque Minero de los paramilitares. De acuerdo con las cifras del Movice, cerca de 600 Desaparecidos se encuentran en la zona de infuencia de la hidroeléctrica. De ellas, 287 estarian en Ituango, 236 en Puerto Valdivia, 65 en Peque, 54 en Briceño, 24 en Sabanalarga y 22 en Toledo.
Para la JEP, la información que entreguen los exguerrilleros puede ser un aporte concreto de la existencia de desaparecidos forzados por el conflicto armado y una muestra clara de su compromiso con la justicia transicional desde su contribución a la verdad de lo que padeció esta región.
Para el magistrado Gustavo Salazar, consultado por este diario, esta audiencia busca, principalmente, dar respuesta a las víctimas: “Eso en el marco restaurativo implica desde garantizar la participación de acceso a la justicia hasta avanzar en el objetivo fundamental para las víctimas de desaparición, que es el esclarecimiento de lo que sucedió con sus familiares o conocidos y los lugares de inhumación y posiblemente encontrar los cuerpos de estas personas”.
De acuerdo con Salazar, la audiencia se da después de un año de iniciado la petición de las medidas cautelares por parte del Movice, lo que ha “permitido recopilar suficiente información para generar un diálogo de posiciones encontradas con la suficiente ilustración para tratar de establecer los lugares de inhumación (lugares donde fueron enterradas personas)”. En ese sentido, habrá una contrastación entre las víctimas y las entidades del Estado.
El magistrado espera que en la audiencia se establezcan cuáles serían los polígonos en los cuales debería haber una mayor prospección o debería realizarse exhumación. “Una vez se tengan identificados será necesario revisar las dificultades que se presentan para el posible hallazgo”, agregó.
Ante esta orden, el partido Farc respondió que a la audiencia asistirán Mauricio Jaramillo, excomandante del Bloque José María Córdoba y exmiembro del Secretariado de las Farc, quien desde la firma del acuerdo de paz ha liderado la recopilación de información con fines humanitarios sobre fosas o enterramientos de personas dadas por desaparecidas por parte de la exguerrilla, y cerca de nueve excombatientes de los frentes 18 y 36 que operaban en la zona. De hecho, el partido FARC entregó en agosto de este año información sobre 354 casos de personas desaparecidas por ellos durante la guerra en todo el país.
En un oficio, el partido Farc dijo estar comprometido con las víctimas a esclarecer estos hechos y manifestó “su total respaldo a la solicitud de las organizaciones de decretar medidas cautelares sobre el territorio de afectación de afectación del proyecto Hidroituango”. Además, anunció la ejecución de un plan de trabajo en la región con las antiguas unidades para contribuir a la búsqueda de información indispensable para encontrar a las personas desaparecidas.
Aunque la intervención del partido es uno de los momentos más esperados de la audiencia, los magistrados también citaron a varias entidades y organizaciones que se han involucrado en la búsqueda, entre ellas, las alcaldía de los municipios, la Fiscalía, la Gobernación de Antioquia y Empresas Públicas de Medellín (EPM), empresa que desarrolla el proyecto. La diligencia judicial, de acuerdo con la JEP, será un momento para realizar un balance sobre las labores de búsqueda, para así obtener elementos de juicio para establecer si existen o no riesgos inminentes de destrucción o alteración de lugares de inhumación de víctimas de desaparición forzada.
El caso Socya
Otro punto clave de la diligencia será aclarar cómo han sido las actuaciones de la fundación Socya. En marzo de 2019, la JEP solicitó un perito internacional, con idoneidad y experiencia en la búsqueda de cuerpos de posibles víctimas de desaparición forzada. Lo hizo a través del auto 002 del 28 de febrero de 2019, para contrastar los trabajos realizados por las compañías Falcon High Tech y Socya.
La segunda empresa señalada, con relación al caso de Hidroituango, es una fundación que según el auto de la JEP celebró un contrato con Empresas Públicas de Medellín (EPM) y la Fiscalía General de la Nación para ubicar posibles lugares de inhumación en sitios de interés para el proyecto de Hidroituango.
En el auto, la JEP le solicitó a la Gobernación de Antioquia, en cabeza de Luis Pérez Gutiérrez, a la Fiscalía y a EPM enviar toda la documentación, actos administrativos y resultados relacionados con el contrato con Socya y pidió saber si fue un proceso que se hizo con la inclusión de los familiares de víctimas de desaparición forzada. La organización Ríos Vivos ha señalado que las víctimas no fueron tenidas en cuenta y que este trabajo no se realizó a cabalidad.
A Socya, la Sección de la JEP le pidió un informe por escrito con todas las labores adelantadas para dar con la ubicación de los cuerpos de posibles desaparecidos en zonas de interés del proyecto Hidroituango.
En ese sentido, EPM publicó una comunicación en que se refiere a Socya y aclara que para facilitar la labor de la Fiscalía, EPM ha brindado su apoyo por medio de la empresa Socya, "su operador social para el proyecto hidroeléctrico Ituango". "Todo ello, en virtud del deber de colaboración armónica con las diferentes autoridades, sin que para el efecto se haya suscrito un convenio o contrato con la Fiscalía General de la Nación", dice el comunicado.
Finalmente, se espera que con esta diligencia judicial, junto con las víctimas y las organizaciones sociales, se adelante en las medidas de protección necesarias e idóneas y se avance en la concertación con las entidades del Estado encargadas de esta labor, teniendo en cuenta que la complejidad del territorio, donde aún se vive el conflicto armado.
En contexto
Todo empezó cuando el Movice, hace un año, solicitó medidas cautelares para proteger 16 lugares, ubicados los departamentos de Caldas, Cesar, Santander y Antioquia, en donde podría haber personas desaparecidas. Para la organización, son sitios en constante riesgo de que personas vinculadas a procesos de investigación en su contra eliminen pruebas que los pueda incriminar y que, además, en algunos casos están priorizados para adelantar grandes proyectos minero-energéticos.
En Antioquia, por ejemplo, se busca proteger Hidroituango, la Comuna 13, Betulia y Puerto Berrío. En relación con el megaproyecto Hidroituango, el Movice cita que los grupos paramilitares han reconocido ante Justicia y Paz que se cometieron más de 1.500 desapariciones en el Norte y Bajo Cauca antioqueño, donde tendría influencia este proyecto, que no ha entrado a funcionar aún por fallas técnicas.
Si bien todavía faltan algunos meses para que se conozca alguna orden judicial sobre estos casos, ya se han dado importantes avances, como que la JEP haya ratificado su competencia para tomar medidas cautelares (que permitiría ordenar la no intervención de estos espacios) y que haya pedido mayor información para tomar una decisión a las autoridades locales, al Gobierno, a través del Ministerio del Interior, a la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo. Además, ya se realizó una primera audiencia sobre los desaparecidos de la Comuna 13 en julio.