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“En esta región es más fácil desaparecer a una persona que asesinarla”, asegura Wilfredo Cañizares, director de la Fundación Progresar en Cúcuta. “Cuando acá ocurre un homicidio se sabe porque sale en las primeras páginas de los periódicos, pero cuando desaparecen a alguien, el crimen queda en silencio”.
De esta manera, Cañizares retrata lo que ocurre desde hace décadas con el delito de la desaparición forzada. Lo preocupante es que hace tres años este crimen viene en aumento en la frontera. Solo el año pasado, Medicina Legal reportó 233 personas desaparecidas en el departamento. A junio de este año se han presentado 97 casos.
“Cada tres días están desapareciendo a una persona en Cúcuta y en los últimos años este fenómeno ha tocado a otros sectores de la sociedad”, dice Cañizares. Cuando Colombia 2020 estuvo en Cúcuta, el pasado 9 de julio, en la entrega del libro Perfiles de la desaparición forzada en Norte de Santander nos llamó la atención que varios de los familiares hablaron de personas desaparecidos desde 2016 en adelante.
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Emanuel Zegarra, por ejemplo, es uno de ellos. Desapareció el 12 de julio de 2016 en el corregimiento de La Parada, en Villa del Rosario, un municipio muy cercano a Cúcuta, cuando cruzó la frontera colombo-venezolana para cambiar dólares. O Nelly Martínez, de 39 años, desaparecida el 8 de octubre de 2018 cuando cruzaba el Puente Internacional Francisco de Paula Santander, que comunica con Venezuela, para cobrar la deuda de un negocio que había hecho.
Según lo explica Cañizares, en los años más duros del conflicto armado, los líderes sociales de la zona, los campesinos, sindicalistas y civiles señalados de ser guerrilleros eran las principales víctimas de desaparición forzada. Hoy, son principalmente trabajadores de los sectores de transporte y comercio, así como personas dedicadas al rebusque informal en los municipios de la frontera entre Colombia y Venezuela.
Las desapariciones en el área urbana de Cúcuta también preocupan. El año pasado ocurrieron 159 hechos allí, según el informe Forensis de Medicina Legal. Varios de los casos que han llegado a Progresar y Poderpaz se presentaron en barrios como Aeropuerto, Trigal del Norte, El Escobal y Boconó, estos dos últimos colindan con el Puente Francisco de Paula Santander.
Para Poderpaz, este cambio en los patrones vistos durante el conflicto armado se debe a que hay otras dinámicas de violencia, “asociadas a estructuras que controlan la frontera y el comercio ilegal de mercancías y alimentos”.
“Nuevas” dinámicas de violencia
En Norte de Santander y la región del Catatumbo —que comprende once municipios de este departamento— han hecho presencia históricamente tres grupos armados. El Eln fue el primer grupo en llegar, a mediados de 1970, seguido del Epl y después las Farc.En el caso del Eln, sus zonas históricas de influencia son el área metropolitana de Cúcuta (que incluye a municipios como Villa del Rosario, El Zulia, Puerto Santander y los municipios venezolanos como Ureña y Bolívar, en el Táchira) y el medio Catatumbo (San Calixto, Hacarí, Teorama y La Playa). Ahora se están expandiendo a las zonas que antes ocuparon las Farc y tienen control en el sur de departamento, porque los conecta con Arauca.
Sin embargo, Poderpaz asegura que se conocen panfletos amenazantes y extorsiones del Eln en Ocaña y en veredas como La Parada, en Villa del Rosario, “que usan como retaguardia para el paso de economías ilícitas en la frontera”.
En el caso de las Farc, el frente que hizo presencia antes del Acuerdo de Paz fue el 33 y su zona de control territorial fue el alto Catatumbo (El Carmen y Convención). Varios de sus hombres no se acogieron al proceso y ahora conforman las disidencias, aunque, de acuerdo con esta organización, “no es una estructura uniforme, coordinada y con mando, sino que responde a varias iniciativas de disidencias en la región”. Están ejerciendo presión en Hacarí, La Playa, Teorama y Tibú.
Con respecto al Epl, según la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (Asfaddes), “no es claro si debemos seguir reconociéndolo como actor insurgente o como un grupo ahora afín a los paramilitares, porque su actuar es totalmente contrario a la ideología de sus comienzos”.
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“Ellos tienen un grupo que busca controlar la frontera, incluso hace algunos meses el Epl los expulsó de la organización por coordinar acciones con Los Rastrojos en territorio venezolano”, explica Cañizares.
Además de esta reconfiguración, paramilitares del Bloque Catatumbo que no se desmovilizaron y mantuvieron su poder militar, la influencia en las instituciones y control de rutas del narcotráfico, se reorganizaron en nuevas estructuras como Los Rastrojos y Los Gaitanistas.
Según Cañizares, en Puerto Santander y en Cúcuta están Los Rastrojos. Se han expandido a Boca de Grita, Orope, El Vigía y San Cristóbal. Y hace cinco años están en guerra con Los Gaitanistas, grupo que controla el corregimiento San Faustino y el sector de La Mulata, en el estado de Táchira.
Además, hay otras bandas criminales que actúan principalmente en el área urbana de Cúcuta, como La Línea, La Frontera, Los Cebolleros y Los Canelones. “La Línea controla el puente internacional de Ureña y se han dedicado a descuartizar y desaparecer gente. Es el grupo más violento que hemos conocido. Les manda videos a los familiares de la tortura, todo para sacar plata. Tiene gente venezolana, porque se han encargado de reclutarlos”, agrega Cañizares.
Los actuales grupos presentes en el departamento dirigen sus acciones hacia el control de rentas ilegales y narcotráfico. Poco se centran en los ataques contra quienes eran considerados como “enemigos ideológicos” durante el conflicto armado.
El control sobre la frontera y las trochas ilegales les permite manejar las rutas para el tráfico de coca, el contrabando de hidrocarburos, gasolina, carbón, aceite de palma y cualquier otro tipo de mercancías. También facilita el tráfico de armas y el cobro de extorsiones a quienes comercian de manera informal. De ahí que las principales víctimas sean ahora comerciantes y transportadores.
Lo preocupante es que “acá estamos hablando de un 72 % de informalidad”, dice Asfaddes. Muchos habitantes trabajan en las calles o se mueven entre Venezuela y Colombia por negocios. “Para entrar productos en La Gabarra (Tibú), tienen que pagar impuestos a las disidencias, el Eln y el Epl”, afirma Poderpaz.
Desaparecer en los límites de dos países
Asfaddes asegura que toda la franja que compartimos con Venezuela, desde Villa del Rosario a Puerto Santander, es utilizada para la desaparición de cuerpos y desde años se conoce de la existencia de fosas comunes. Norte de Santander ha vivido este fenómeno desde distintas aristas: la desaparición forzada en ríos, como el Táchira, o incluso la incineración de cuerpos en hornos crematorios construidos por el Frente Fronteras.La Fundación Progresar tiene un cálculo de 350 colombianos sepultados en los territorios que comparten la frontera entre Colombia y Venezuela. En el sector de La Mulata, donde hacen presencia Los Gaitanistas, Progresar ha localizado fosas comunes. Incluso, saben que el gobierno venezolano también ha encontrado cuerpos allá y los ha exhumado.
Sin embargo, en palabras de las personas que entrevistamos para este artículo, el cierre de la frontera por la crisis diplomática entre los dos gobiernos ha elevado el número y el riesgo de la desaparición forzada, por la utilización de trochas ilegales y la presencia de estas organizaciones armadas. También aseguran que todo esto ocurre bajo la mirada de la Policía y el Ejército colombiano y venezolano, los cuales conocen de esta problemática, pero no hacen nada al respecto.
Intentamos contactar a la Policía Metropolitana de Cúcuta, pero al cierre de esta edición no obtuvimos respuesta sobre el aumento de las denuncias de personas desaparecidas ni de cómo es su articulación con otras entidades para la búsqueda.
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Los testimonios que pudimos recoger relatan que los cuerpos de colombianos que recoge la Guardia Venezolana los llevan a los cementerios de San Antonio, Ureña, San Cristóbal, Vigía y La Grita. Pero su identidad permanece desconocida, ya que no existe una coordinación ni entre las autoridades locales ni entre ambos gobiernos para recoger la información de estos cuerpos y realizar procesos de identificación.
Otra de las preocupaciones son las desapariciones de personas venezolanas en Colombia. Según el último informe de Migración Colombia, de los 1’408.055 venezolanos que han cruzado la frontera, 665.665 lo hicieron de manera irregular; es decir, por trochas.
Para Cañizares, la preocupación es notoria: “575 venezolanos han sido asesinados en Colombia y han desaparecido que se sepa 32 hasta diciembre 2018. El 50 % ocurrieron en Norte de Santander y 16 casos fueron en Cúcuta”. En lo que va de este año, son 64 los venezolanos desaparecidos, según Medicina Legal. Al igual que los colombianos, las investigaciones quedan en la impunidad con el agravante de que es muy difícil para las familias venezolanas venir a buscar a sus seres queridos.
Para Asfaddes y Poderpaz, los casos de desaparición de población venezolana están más relacionados con trata de personas y reclutamiento forzado. A las mujeres y a las niñas, principalmente, las llevan como esclavas sexuales para veredas del Catatumbo y a los hombres, en su mayoría, los están reclutando para integrar las bandas criminales o trabajar en los cultivos de coca. Al haber ocultamiento de su localización, pierden contacto con sus familiares.
“Cuando la frontera estaba abierta se podía ir a los cementerios de Venezuela y averiguar con los administradores si les llegaban cuerpos. Nunca ha existido un convenio de cooperación que permita el intercambio de información entre las entidades forenses de los dos países y ahora, con la separación de ambos gobiernos, es mucho más difícil”, señala Poderpaz.
Estas organizaciones trabajan por su cuenta para buscar a estas personas. En el caso de Progresar, establecieron un canal de comunicación con autoridades venezolanas para que las familias que sospechan que uno de sus integrantes pueden estar allá, pongan la denuncia con un fiscal de ese país.
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Asfaddes, por su parte, ya le ha manifestado a la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, entidad que nació tras el Acuerdo de Paz con las Farc, la necesidad de que haya un grupo permanente de búsqueda en esta región.
El 15 de julio, esta Unidad lanzó un plan piloto de búsqueda junto a Medicina Legal en Nariño y Norte de Santander para impulsar la identificación de 2.100 cuerpos (1.600 de Norte de Santander). Según Luz Marina Monzón, directora de la UBPD, este plan hará el diagnóstico de los vacíos y obstáculos que se presentan dentro de las instituciones estatales para realizar la labor de identificación de manera más rápida y eficaz.
Asfaddes también le pidió a la Comisión Nacional de Búsqueda —que integran, entre otras, el Ministerio de Defensa, la Fiscalía, Medicina Legal y la Defensoría del Pueblo— que interceda para que haya un diálogo entre los dos países sobre la búsqueda humanitaria. Pero las respuestas que han recibido es que la decisión debe tomarla el presidente de la República, una actitud que en plena crisis diplomática no es ni siquiera una opción. Entretanto, la desaparición forzada en la frontera seguirá siendo un crimen en aumento y en la impunidad.