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¿Cuánto se ha avanzado y qué falta por hacer en materia de justicia transicional en Colombia? Ese fue uno de los temas que puso en discusión el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar) en la mañana de este martes, a través de una conferencia virtual con representantes de la Corte Penal Internacional (CPI), la Federación Internacional de Derechos Humanos (Fidh), la entidad IDHEAS (Litigio Estratégico en Derechos Humanos) y víctimas del conflicto colombiano y mexicano.
Los representantes concluyeron que en ambos países latinoamericanos las tasas de impunidad siguen siendo altas, sobre todo con los crímenes cometidos por agentes o exagentes del Estado como Policía, Ejército, gobernantes, entre otros. Reynaldo Villalba, abogado del Cajar, mencionó que la principal preocupación del colectivo es que "en Colombia hay impunidad absoluta sobre los generales que dieron las órdenes de los mal llamados falsos positivos", refiriéndose a los asesinatos presentados ilegitimamente como bajas en combate.
La organización presentó un informe llamado Colombia en riesgo de impunidad: Puntos ciegos de la Justicia Transicional frente a crímenes internacionales de competencia de la CPI, en el que plantean dos preocupaciones con respecto a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), principalmente, en Caso 03, sobre muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado. Se trata de la falta de articulación entre la justicia ordinaria y la transicional, las dificultades metodológicas para la persecución de los máximos responsables y la ausencia de investigación de terceros civiles o agentes del Estado no combatientes.
Sobre el primer asunto, Villalba mencionó que hay varios casos en los que están detenidas las investigaciones por una orden interna que impide que avancen. "A nivel interno, en la Fiscalía General de la Nación, la circular 03 le dice a los fiscales de los casos que llevan temas sobre conflicto armado, que no pueden continuar con las indagaciones. Y la JEP tampoco se encarga de esas fases de la investigación, entonces, estamos en un limbo", señaló.
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El Cajar, en el análisis, también pidió a la CPI que no le quite el ojo de encima a Colombia, porque aunque en la justicia ordinaria hay cerca de 1.500 condenas a exmilitares, ningún militar de alto mando, es decir, coroneles y generales, ha sido sancionado sentenciado: "Los riesgos de la impunidad en Colombia siguen siendo muy altos".
En el informe también señalan sus intranquilidad sobre el hecho de haber creado el régimen de libertades transitorias, anticipadas y condicionadas a personas que están sometidas a la JEP sin que exista ningún previo reconocimiento de responsabilidad y contribuición a la verdad: "Nos preocupa que la JEP todavía no ha definido los criterios para determinar el grado de aporte a la verdad de un compareciente, nosotros propusimos hacer un test de aporte a la verdad para que se examine la propuesta en materia de calidad y cantidad de información brindada", mencionó el abogado.
El colectivo mencionó que la JEP suspendió las órdenes de captura que se lograron gracias a los procesos en la justicia ordinaria, lo que "favoreció a los agentes de estado perseguidos por crímenes relacionados con el conflicto desde 2017". Finalmente, sobre la figura de "renuncia condicionada a la persecución penal”, otorgada por la Jurisdicción a algunos comparecientes cuando se considere que no tuvieron una participación activa y determinante en los delitos del conflicto armado, los abogados consideran que es inviable porque "no hay criterios claros para aplicar este principio".
Las preocupaciones ya mencionadas, de acuerdo con el documento han dejado brechas de impunidad en las investigaciones contra los agentes de Estado, como las dificultades al momento del traslado de competencias de la justicia ordinaria a la JEP y la falta de acción de la Justicia Penal Militar en pasar las investigaciones abiertas, informes y expedientes de miembros de las Fuerzas Armadas para el esclarecimiento de crímenes. "Es grave que ni la Justicia Penal Militar ni el Ejército han colaborado con la información que ha requerido la JEP", afirmó Reynaldo Villalba.
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La inquietud preocupación del Cajar, la ausencia de investigación de terceros civiles o agentes del Estado no combatientes, se enmarca en la voluntariedad de estas personas para someterse a esta justicia: "Los terceros civiles, como empresarios u otros agentes del Estado no combatientes, están en la justicia ordinaria, pero eso ha dado muy pocos resultados. De hecho, se ha negado que muchos hayan sido financiadores de grupos armados y lo dejan limitado al delito de concierto para delinquir".
En el informe presentado explican que, aunque la Corte Constitucional señaló que cuando no haya sometimiento voluntario en la JEP, sería obligación de la Fiscalía priorizar las investigaciones, sin embargo, según los juristas del Cajar, "la Fiscalía General de la Nación no cuenta con las capacidades para investigar los crímenes de terceros y agentes de Estado no combatientes por la multiplicidad y poca capacidad de coordinación de sus órganos de investigación".
Con el fin de que estos casos no queden en la impunidad, el colectivo de abogados pidió a la Fiscalía, mediante derecho de petición, información sobre el estado de las investigaciones a estos terceros. La solicitud de información fue denegada, por lo que en la conferencia virtual se solicitó a la Fiscalía de la CPI que sean ella quien solicite información detallada sobre el estado de los procesos.
El documento también menciona varias solicitudes que hace el colectivo de abogados a la Fiscalía General de la Nación, como los avances directos de las diligencias judiciales, la priorización de las investigaciones de todos los comparecientes, en especial los agentes del Estado, y la competencia de las justicias ordinaria, especial y la penal militar.
A la Fiscalía de la CPI, entre todas las solicitudes, pidieron que se mantenga a Colombia en examen preliminar sobre los crímenes internacionales cometidos por agentes de Estado, sobre todo, por los relacionados con ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada, violencia sexual, terrorismo, entre otros: "En el país se siguen cometiendo graves crímenes, por eso pedimos que se mantenga el estudio preliminar sobre la voluntad y capacidad de la justicia colombiana para juzgar terceros civiles y agentes del Estado".
Eugenia Valenzuela, analista de situaciones de la Fiscalía de la CPI, dijo que continuarán con el examen preliminar por la situación actual de Colombia, tal como lo solicitó el Cajar. Mencionó que los avances que ha tenido el país en materia de justicia ha sido que “la JEP ha priorizado 29 casos representativos sobre delitos en el conflicto armado y hay más de 2.000 casos contra terceros civiles”.
Sobre las preocupaciones que manifestó el colectivo, explicó que los desafíos que tiene la Jurisdicción Especial están enfocados a la coordinación de los casos en la justicia, los recursos y el procesamiento de información. “Esta es una jurisdicción nueva, es un proyecto muy ambicioso y por eso estamos en contacto regular con las autoridades nacionales y organizaciones internacionales para hacer seguimiento a cómo van sorteando estos desafíos”, dijo.