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Cuando la Jurisdicción Especial para La Paz (JEP) cerró el plazo para que los terceros civiles- es decir, los financiadores o auspiciadores de grupos armados- se sometieran a esta justicia, llegaron 916 casos a los despachos. Para ordenarlos, pero sobre todo para darles contexto a sus crímenes, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas decidió asociarlos en siete grupos, crear tres subsalas para analizarlos y así decidir si ingresan o no a esta justicia .
De acuerdo con la resolución 00817, en primer lugar, se estableció “la acumulación de investigaciones y procesos atendiendo el contexto y los patrones de macrocriminalidad”. Eso significa que la JEP los agrupó, de acuerdo con sus particularidades, para develar su fenómeno criminal. Cabe recordar que esta justicia transicional no juzga casos particulares.
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En ese sentido, la Sala decidió asociar los casos de sometimiento en seis grupos: Civiles reclutadores o intervención en ejecuciones extrajudiciales; políticos; Farc; Departamento Administrativo de Seguridad (DAS); Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), dentro del cual están Bloque Norte, Córdoba y Urabá, Héroes de los Montes de María, Campesinas del Casanare, Central Bolívar, Metro y Héroes de Granada, Catatumbo, Camila, Centauros, Élmer Cárdenas, Vencedores de Arauca y Pinpintá, y finalmente otros terceros.
Aunque se estudiarán todos los casos, los magistrados de la JEP priorizaron algunos de estos grupos y crearon tres subsalas para estudiarlos: Subsala A, del Bloque Norte; Subsala B, de las Autodenfensas Unidas de Córdoba y Urabá, y Subsala C, sobre el patrón de macrocriminalidad de ejecuciones extrajudiciales con intervención de civiles”.
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De acuerdo con la resolución, los demás casos “continuarán en conocimiento de los despachos de los magistrados que las vienen conociendo, pero atendiendo la modalidad de la investigación en contexto y los patrones de macrocriminalidad establecidos”. Sin embargo, se espera que en los próximos meses se abran las otras tres subsalas que faltan.