“Santrich”: la manzana de la discordia entre la Fiscalía y la JEP

Jesús Santrich se convirtió, por cuenta del uribismo y de los sectores favorables al proceso de paz, en el símbolo de la polarización en torno al Acuerdo Final, pero, sobre todo, alrededor de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el tribunal encargado de juzgar los más graves crímenes cometidos durante el conflicto.

Desde el 9 de abril de 2018, cuando se produjo la captura del exjefe guerrillero, el enfrentamiento entre las dos jurisdicciones, la ordinaria, representada en la Fiscalía General de la Nación, y la transicional, encabezada en la JEP, no ha dado tregua. La puja política que empezó con la renegociación entre la mesa de La Habana y los promotores del No que ganó en el plebiscito tiene al país en este complejo escenario, que algunos califican de crisis y catástrofe institucional, y que otros describen como un ataque mortal contra el proceso de paz.

El fallo de la Sección de Revisión de la JEP, que le otorgó la garantía de no extradición a Jesús Santrich y ordenó su inmediata libertad, fue el motivo para que el enfrentamiento entre la Fiscalía y la JEP llegara a su punto máximo. De frente, sin declaraciones diplomáticas, mostraron sus posiciones. El fiscal general desconociendo la providencia del Tribunal de Paz y llamando a la movilización (mientras anunciaba su renuncia). La JEP defendiendo su decisión y denunciando irregularidades en el actuar del ente acusador y de agentes y testigos de Estados Unidos.

Lea también: Según la JEP, estas son las irregularidades de la DEA y la Fiscalía en el caso Santrich

Y en la mitad está la imagen que acompaña esta nota: la de Seuxis Paucias Hernández Solarte, en silla de ruedas y sandalias, intentando alcanzar la libertad, tras un año de prisión, mientras agentes del CTI le notificaban una nueva orden de captura.

Más allá de si es inocente o culpable de los delitos de narcotráfico de los que se le acusa y por los cuales fue recapturado, Santrich es un símbolo para defensores y detractores del proceso de paz.

Para sus copartidarios encarna la fortaleza de un revolucionario que no claudica en sus ideales, como quisieron encumbrarlo cuando hizo una huelga de hambre de 41 días y como lo arengaron hoy mientras esperaban su libertad.

Para sus detractores simboliza la soberbia del victimario que se burla de sus víctimas (¡cómo olvidar el quizás, quizás, quizás, que pronunció en Oslo cuando le preguntaron si pediría perdón por sus delitos!) y ahora se erige como la prueba reina de que la JEP y el Acuerdo de Paz son sinónimo de impunidad.

Historia de desencuentros

Pero más allá de lo que simbolice Santrich para unos y otros, lo que registran los hechos es una historia de desencuentros entre la JEP y la Fiscalía que empezó el 16 de mayo de 2018, cuando la Sección de Revisión de la Jurisdicción Especial para la Paz decidió avocar conocimiento de su caso. Ambas instituciones reclamaron ser el juez natural del exjefe guerrillero. El enfrentamiento terminó en la Corte Constitucional, que el 27 de junio dirimió el conflicto de competencias.

Por un lado declaró legal la captura del exjefe guerrillero, y por otro, dijo que la Sección de Revisión del Tribunal debía conocer sobre la solicitud de extradición con el fin de “evaluar la conducta atribuida para determinar la fecha precisa de su realización y decidir el procedimiento apropiado”. A raíz de esa decisión, la Corte le ordenó a la Fiscalía enviar todo el expediente de Santrich a la JEP.

Casi dos meses después, el fiscal Néstor Humberto Martínez cargó baterías y en una carta dirigida a la Corte Constitucional, el 12 de agosto de 2018, hizo los primeros reparos al proyecto de ley estatutaria de la JEP y mostró su preocupación por “la posibilidad de que autoridades distintas al fiscal general de la nación dispongan de la libertad del capturado con fines de extradición”.

De ahí en adelante empezó el tire y afloje por las pruebas del expediente de Santrich. Los magistrados del Tribunal de Paz insistían en solicitarles a la Fiscalía y a la justicia de Estados Unidos las evidencias y el material probatorio en contra del exjefe guerrillero. Después de un extenso cruce de comunicaciones y declaraciones a la prensa, el 27 de septiembre la Fiscalía le entregó los 12 audios de interceptaciones telefónicas que había recaudado en una investigación de corrupción contra Marlon Marín, sobrino del exjefe negociador Iván Márquez.

Lea también: Las purebas de Santrich y lo que grabó la DEA

En medio del contrapunteo e intercambio de oficios se produjo un allanamiento protagonizado por agentes de la Policía Judicial de la Fiscalía en las oficinas de la JEP, para inspeccionar el expediente del caso 001 que se abrió contra 31 exmiembros del entonces Estado Mayor Central de la exguerrilla por los secuestros cometidos durante el conflicto. Declaraciones, trinos y comunicados dejaron en evidencia que el enfrentamiento estaba lejos de enfriarse y que por el contrario iría escalando.

Por cuenta de algunos senadores de la Comisión de Paz del Congreso se dio el primer encuentro personal entre los protagonistas de la confrontación: el fiscal Néstor Humberto Martínez y la presidenta de la JEP, Patricia Linares. En una amable conversación telefónica los dos pactaron un terreno neutral para fumar la pipa de la paz: el Congreso. Allí los funcionarios se comprometieron a establecer lazos de cooperación, pactaron instalar unas mesas técnicas de trabajo y sellaron un acuerdo para trabajar en armonía.

Ese ánimo duró poco. El 16 de octubre la Fiscalía imputó cargos contra Martha Lucía Zamora, secretaria general, y otros dos funcionarios de la JEP, por presuntos actos de corrupción con el fin de favorecer indebidamente a exintegrantes de las Farc. La presidenta de la JEP salió de inmediato a pedir garantías al debido proceso, a la presunción de inocencia y exigió la mayor celeridad posible porque esa investigación afectaba a la institución. En la justicia transicional se habló de presiones indebidas.

El 2019 no empezó mejor. Muy temprano, en febrero, se inició el enfrentamiento por las objeciones a la ley estatutaria de la JEP, que tuvo como escenario el Congreso, y en el que el fiscal general tuvo un singular protagonismo defendiendo la posición del Gobierno en medios de comunicación, en el Capitolio y en cartas públicas.

Hasta ahí la pugna jurídica se daba en el terreno político. La presidenta de la JEP se limitaba a decir que las posibles reformas a esa institución eran parte del debate democrático, mientras en el Congreso se jugaban las fichas a favor y en contra de la ley.

La presión volvería a subir con la captura por parte de la Fiscalía del fiscal de la JEP, Juan Carlos Bermeo, acusado de recibir dinero para “incidir en el trámite de extradición de Jesús Santrich”, justo el día que se vencían los términos para que la justicia de Estados Unidos enviara las pruebas contra el exjefe guerrillero a la Sección de Revisión.

Durante las audiencias en Paloquemao, sin embargo, no quedó tan claro que Bermeo pudiera influir de alguna manera en el trámite de la extradición de Santrich. En los pasillos de la JEP aumentaba la tensión por lo que consideraban un hecho más de presión indebida sobre sus magistrados. Incluso, en el caso Bermeo alcanzó a sonar el nombre de otro togado, José Miller Hormiga, quien tampoco tenía que ver con la Sección de Revisión.

Mientras esto sucedía, la mesa técnica que se creó para estrechar la cooperación institucional, agonizaba: apenas un par de encuentros sin resultados visibles, poca comunicación entre las entidades, a pesar de que el fiscal general llevaba personalmente los informes a la JEP. Incluso en algunas de estas entregas estuvo la magistrada Linares.

Las denuncias que hizo la JEP contra el actuar de la Fiscalía en el caso Santrich fueron tal vez lo más llamativo del fallo de 148 páginas y el motivo de indignación del fiscal general. Su renuncia irrevocable le permitió hacer las críticas sin la atadura que le podía significar su cargo. Incluso sin Martínez Neira al frente del ente acusador, no hay indicios de que el enfrentamiento cese. El capítulo de la recaptura de Santrich y la respuesta de la JEP mostrando su extrañeza por la aparición de nuevas pruebas después de su fallo, marcan el tono en el que seguirá esta confrontación.

El caso Santrich es, sin duda, la muestra de que la lucha política por buscar el balance entre justicia y la verdad está lejos de zanjarse. Para amigos y detractores del Acuerdo, este hombre que no ostentó un cargo muy alto en la exguerrilla seguirá siendo el palito de batalla para defender sus posiciones.

Para los excombatientes este caso seguirá siendo la prueba de fuego para que el Estado demuestre que es capaz de cumplir lo acordado y ofrecer la seguridad jurídica necesaria para creer en el pacto firmado, como lo advirtió la Misión de la ONU en Colombia. Se dice, incluso, que del futuro de Santrich depende que Iván Márquez y un puñado de exmandos medios que abandonaron los espacios de reincorporacion regresen a sus posiciones de liderazgo en esta transición.

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Jesús Santrich se convirtió, por cuenta del uribismo y de los sectores favorables al proceso de paz, en el símbolo de la polarización en torno al Acuerdo Final, pero, sobre todo, alrededor de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el tribunal encargado de juzgar los más graves crímenes cometidos durante el conflicto.

Desde el 9 de abril de 2018, cuando se produjo la captura del exjefe guerrillero, el enfrentamiento entre las dos jurisdicciones, la ordinaria, representada en la Fiscalía General de la Nación, y la transicional, encabezada en la JEP, no ha dado tregua. La puja política que empezó con la renegociación entre la mesa de La Habana y los promotores del No que ganó en el plebiscito tiene al país en este complejo escenario, que algunos califican de crisis y catástrofe institucional, y que otros describen como un ataque mortal contra el proceso de paz.

El fallo de la Sección de Revisión de la JEP, que le otorgó la garantía de no extradición a Jesús Santrich y ordenó su inmediata libertad, fue el motivo para que el enfrentamiento entre la Fiscalía y la JEP llegara a su punto máximo. De frente, sin declaraciones diplomáticas, mostraron sus posiciones. El fiscal general desconociendo la providencia del Tribunal de Paz y llamando a la movilización (mientras anunciaba su renuncia). La JEP defendiendo su decisión y denunciando irregularidades en el actuar del ente acusador y de agentes y testigos de Estados Unidos.

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Y en la mitad está la imagen que acompaña esta nota: la de Seuxis Paucias Hernández Solarte, en silla de ruedas y sandalias, intentando alcanzar la libertad, tras un año de prisión, mientras agentes del CTI le notificaban una nueva orden de captura.

Más allá de si es inocente o culpable de los delitos de narcotráfico de los que se le acusa y por los cuales fue recapturado, Santrich es un símbolo para defensores y detractores del proceso de paz.

Para sus copartidarios encarna la fortaleza de un revolucionario que no claudica en sus ideales, como quisieron encumbrarlo cuando hizo una huelga de hambre de 41 días y como lo arengaron hoy mientras esperaban su libertad.

Para sus detractores simboliza la soberbia del victimario que se burla de sus víctimas (¡cómo olvidar el quizás, quizás, quizás, que pronunció en Oslo cuando le preguntaron si pediría perdón por sus delitos!) y ahora se erige como la prueba reina de que la JEP y el Acuerdo de Paz son sinónimo de impunidad.

Historia de desencuentros

Pero más allá de lo que simbolice Santrich para unos y otros, lo que registran los hechos es una historia de desencuentros entre la JEP y la Fiscalía que empezó el 16 de mayo de 2018, cuando la Sección de Revisión de la Jurisdicción Especial para la Paz decidió avocar conocimiento de su caso. Ambas instituciones reclamaron ser el juez natural del exjefe guerrillero. El enfrentamiento terminó en la Corte Constitucional, que el 27 de junio dirimió el conflicto de competencias.

Por un lado declaró legal la captura del exjefe guerrillero, y por otro, dijo que la Sección de Revisión del Tribunal debía conocer sobre la solicitud de extradición con el fin de “evaluar la conducta atribuida para determinar la fecha precisa de su realización y decidir el procedimiento apropiado”. A raíz de esa decisión, la Corte le ordenó a la Fiscalía enviar todo el expediente de Santrich a la JEP.

Casi dos meses después, el fiscal Néstor Humberto Martínez cargó baterías y en una carta dirigida a la Corte Constitucional, el 12 de agosto de 2018, hizo los primeros reparos al proyecto de ley estatutaria de la JEP y mostró su preocupación por “la posibilidad de que autoridades distintas al fiscal general de la nación dispongan de la libertad del capturado con fines de extradición”.

De ahí en adelante empezó el tire y afloje por las pruebas del expediente de Santrich. Los magistrados del Tribunal de Paz insistían en solicitarles a la Fiscalía y a la justicia de Estados Unidos las evidencias y el material probatorio en contra del exjefe guerrillero. Después de un extenso cruce de comunicaciones y declaraciones a la prensa, el 27 de septiembre la Fiscalía le entregó los 12 audios de interceptaciones telefónicas que había recaudado en una investigación de corrupción contra Marlon Marín, sobrino del exjefe negociador Iván Márquez.

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En medio del contrapunteo e intercambio de oficios se produjo un allanamiento protagonizado por agentes de la Policía Judicial de la Fiscalía en las oficinas de la JEP, para inspeccionar el expediente del caso 001 que se abrió contra 31 exmiembros del entonces Estado Mayor Central de la exguerrilla por los secuestros cometidos durante el conflicto. Declaraciones, trinos y comunicados dejaron en evidencia que el enfrentamiento estaba lejos de enfriarse y que por el contrario iría escalando.

Por cuenta de algunos senadores de la Comisión de Paz del Congreso se dio el primer encuentro personal entre los protagonistas de la confrontación: el fiscal Néstor Humberto Martínez y la presidenta de la JEP, Patricia Linares. En una amable conversación telefónica los dos pactaron un terreno neutral para fumar la pipa de la paz: el Congreso. Allí los funcionarios se comprometieron a establecer lazos de cooperación, pactaron instalar unas mesas técnicas de trabajo y sellaron un acuerdo para trabajar en armonía.

Ese ánimo duró poco. El 16 de octubre la Fiscalía imputó cargos contra Martha Lucía Zamora, secretaria general, y otros dos funcionarios de la JEP, por presuntos actos de corrupción con el fin de favorecer indebidamente a exintegrantes de las Farc. La presidenta de la JEP salió de inmediato a pedir garantías al debido proceso, a la presunción de inocencia y exigió la mayor celeridad posible porque esa investigación afectaba a la institución. En la justicia transicional se habló de presiones indebidas.

El 2019 no empezó mejor. Muy temprano, en febrero, se inició el enfrentamiento por las objeciones a la ley estatutaria de la JEP, que tuvo como escenario el Congreso, y en el que el fiscal general tuvo un singular protagonismo defendiendo la posición del Gobierno en medios de comunicación, en el Capitolio y en cartas públicas.

Hasta ahí la pugna jurídica se daba en el terreno político. La presidenta de la JEP se limitaba a decir que las posibles reformas a esa institución eran parte del debate democrático, mientras en el Congreso se jugaban las fichas a favor y en contra de la ley.

La presión volvería a subir con la captura por parte de la Fiscalía del fiscal de la JEP, Juan Carlos Bermeo, acusado de recibir dinero para “incidir en el trámite de extradición de Jesús Santrich”, justo el día que se vencían los términos para que la justicia de Estados Unidos enviara las pruebas contra el exjefe guerrillero a la Sección de Revisión.

Durante las audiencias en Paloquemao, sin embargo, no quedó tan claro que Bermeo pudiera influir de alguna manera en el trámite de la extradición de Santrich. En los pasillos de la JEP aumentaba la tensión por lo que consideraban un hecho más de presión indebida sobre sus magistrados. Incluso, en el caso Bermeo alcanzó a sonar el nombre de otro togado, José Miller Hormiga, quien tampoco tenía que ver con la Sección de Revisión.

Mientras esto sucedía, la mesa técnica que se creó para estrechar la cooperación institucional, agonizaba: apenas un par de encuentros sin resultados visibles, poca comunicación entre las entidades, a pesar de que el fiscal general llevaba personalmente los informes a la JEP. Incluso en algunas de estas entregas estuvo la magistrada Linares.

Las denuncias que hizo la JEP contra el actuar de la Fiscalía en el caso Santrich fueron tal vez lo más llamativo del fallo de 148 páginas y el motivo de indignación del fiscal general. Su renuncia irrevocable le permitió hacer las críticas sin la atadura que le podía significar su cargo. Incluso sin Martínez Neira al frente del ente acusador, no hay indicios de que el enfrentamiento cese. El capítulo de la recaptura de Santrich y la respuesta de la JEP mostrando su extrañeza por la aparición de nuevas pruebas después de su fallo, marcan el tono en el que seguirá esta confrontación.

El caso Santrich es, sin duda, la muestra de que la lucha política por buscar el balance entre justicia y la verdad está lejos de zanjarse. Para amigos y detractores del Acuerdo, este hombre que no ostentó un cargo muy alto en la exguerrilla seguirá siendo el palito de batalla para defender sus posiciones.

Para los excombatientes este caso seguirá siendo la prueba de fuego para que el Estado demuestre que es capaz de cumplir lo acordado y ofrecer la seguridad jurídica necesaria para creer en el pacto firmado, como lo advirtió la Misión de la ONU en Colombia. Se dice, incluso, que del futuro de Santrich depende que Iván Márquez y un puñado de exmandos medios que abandonaron los espacios de reincorporacion regresen a sus posiciones de liderazgo en esta transición.

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