Así afectó el conflicto armado al territorio y las comunidades étnicas del Chocó

El Chocó, con salida al océano Pacífico y el mar Caribe, es guardián de una inmensa riqueza cultural y de amplia diversidad de flora y fauna. Pero también ha sido un territorio cargado de abandono estatal, desigualdad social y conflicto armado. Actualmente, en esta zona hacen presencia grupos paramilitares como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, disidencias de las Farc y el ELN. 

(Lea: Chocó debe estar en la 'conversación nacional': líderes sociales)

De acuerdo con el Registro Único de Víctimas, 429.624 personas en el Chocó han sufrido de desplazamientos, 24.150 han sido víctimas de confinamiento, 19.200 personas fueron amenazadas y 11.701 asesinadas. 

En medio de esas afectaciones y del escenario vigente de violencia, desde marzo de este año las organizaciones Foro Interétnico de Solidaridad Chocó, Viva la Ciudadanía y la Comisión Interétnica de la Verdad (CIVP) recogieron las voces de más de 600 habitantes afros e indígenas de este departamento, para ayudar al esclarecimiento de lo ocurrido durante el conflicto armado y que el país también comprenda los impactos que tiene la guerra en sus territorios y en sus saberes y tradiciones ancestrales. 

El resultado fue el informe “Impactos étnico-territoriales del conflicto en el Chocó”, entregado el 29 de noviembre a la Comisión de la Verdad en Quibdó (Chocó). A través del documento le hicieron algunas recomendaciones y peticiones a esta entidad y al Estado, como la protección de liderazgos sociales y el reconocimiento de la práctica de desaparecer personas en ríos como el Atrato y el San Juan. También le pidieron al Gobierno la reactivación de los diálogos con la guerrilla del ELN. 

Lida Núñez, coordinadora de Incidencia y Presión Política de Viva la Ciudadanía, habló con Colombia2020 sobre los hallazgos consignados en el documento.  

¿Cuáles son los impactos que dejó el conflicto armado sobre el territorio del Chocó?

Un primer elemento tiene que ver con una lucha del pueblo negro por la titularidad de la tierra. Para la narrativa nacional, estos territorios eran baldíos. Es la lucha del pueblo negro en los años setenta y ochenta lo que termina generando un artículo de la Constitución del 91 que los reconoce como pueblos étnicos y posteriormente se crea la ley 70, que arranca un proceso para la titularidad de esos territorios que estaban ocupados ancestralmente.

Esa ley lo que hace también es llamar mucho la atención en que son territorios ricos para la minería, en maderas, en fauna y flora, atravesados por ríos. Y empezó a ser utilizado para el narcotráfico, la tala indiscriminada de árboles y la minería. Todo eso configuró un escenario de disputa por el control territorial. 

El segundo hallazgo es un momento de quiebre en el que aumenta el conflicto, entre 1995 y 1997. Ocurre la Operación Génesis, la Operación Cacarica y una marcha controlada por las Farc, que era la que tenía el control territorial en ese momento, para que los campesinos llegaran a Mutatá. Eso generó desplazamientos masivos y las personas empezaron a volver solo después de cinco o nueve años. Además, los procesos de retorno no se dieron con ningún tipo de garantía del Estado. Eso a su vez generó un escalamiento de la violencia. El colofón de eso fue la Masacre de Bojayá. 

¿Qué esperan que la Comisión de la Verdad esclarezca con respecto a esas operaciones?

La Operación Génesis tiene sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y por eso está condenado el general (r) Rito Alejo del Río. Está bastante contado y documentado. Sin embargo, las comunidades del Bajo Atrato (Riosucio, Carmén del Darién y Acandí) lo que dicen es que, si bien está claro que la Operación Génesis existió, qué fue lo que la motivó y cuáles han sido las consecuencias, hay dos problemas. Primero, que la tierra no ha sido restituida. La reivindicación es que se restituya completamente las tierras que están concesionadas a empresas mineras, agroindustriales o para la explotación de madera, donde además no hubo consulta previa.

La segunda reivindicación es un reconocimiento por parte de las Farc de su responsabilidad en la marcha campesina hacia Mutatá, que costó que se fueran cerca de 9.000 personas. No ha habido un pedido de perdón ni por parte de los paramilitares, la guerrilla ni la Fuerza Pública. 

(Lea: Una luz de esperanza para los habitantes de Bojayá, Chocó)

El desplazamiento forzado, además de romper con la conexión al territorio, ¿de qué otra manera ha afectado las tradiciones de los pueblos étnicos?

Eso, más los asesinatos colectivos de líderes de consejos comunitarios y resguardos indígenas, los confinamientos, las masacres y otras formas de control social como el reclutamiento forzado y la violencia sexual generaron un vaciamiento del territorio.

Se suman otros impactos en las comunidades como el tratamiento que le dan a sus muertos porque no pueden hacer los ritos mortuorios y eso para los pueblos indígenas y negros es fundamental. La gente relata que muchos de los cuerpos eran tirados al río y algunos de ellos se quedaban trabados en las empalizadas de los ríos. La gente no los podía recoger ni identificar. Eso en términos de la cosmogonía significa es una desarmonización territorial. 

También hubo afectaciones en la alimentación. Tuvieron que empezar a comer, por ejemplo, fríjoles de lata en los coliseos a donde llegaban tras los desplazamientos, lo cual les generaba enfermedades. Irse de sus territorios les impide cazar, cultivar y se afecta la medicina ancestral, porque no pueden ir al monte a recoger las plantas, los bejucos o los raíces para sus remedios. 

Precisamente el informe menciona que hubo una fuerte persecución de los grupos armados contra las sabedoras, parteras, curanderas y los jaibanás. ¿Por qué?

Claro, porque el liderazgo de muchas comunidades está en estas personas. No solamente son las que se encargan de la salud y de preservar sus tradiciones, sino que también son las encargadas de hacer toda la gestión de los conflictos y de orientar a las comunidades en relación con la defensa de sus derechos. Los actores armados fueron muy hábiles en identificar ese tipo de liderazgos y los amedrentaban para que salieran desplazados, los asesinaban o los mantenían secuestrados. Eso generaba un gran temor en la comunidad. Así ocurrió en casi todas las comunidades a lo largo del río Atrato, en menor medida en el río San Juan y también en el Baudó. 

¿Cómo impactó la guerra esa relación de las comunidades con los ríos?

A nivel espiritual, comercial y en la movilización. Todavía ocurren taponamientos, eso significa que no se puede navegar por las únicas vías para salir o entrar a cualquier parte. Esto sucede, por ejemplo, por la madera que cortan, mandan por los ríos y se empaliza. También como efecto de las excavaciones por minería y con los cambios climáticos que van generando las transformaciones sobre el uso del territorio. A eso se le agrega la cantidad de muertos que pasaban por los ríos, lo que empieza a cambiar el significado simbólico y espiritual en relación con el uso del río. 

¿Qué ocurrió con las mujeres y población LGBTI en el Chocó durante el conflicto?

Una de las cosas que explican esos tipos de violencia tan atroces tienen que ver con una cultura racista, que por un lado considera a las personas negras e indígenas como personas poco productivas, de "segunda categoría", pero, además, la hipersexualizan. Eso de alguna manera justificaba la violencia exacerbada. Era normal violar o acosar sexualmente a las mujeres de las comunidades y además decían a ellas les gustaba y que para eso estaban. 

Con las personas LGBTI el asunto era todavía peor. Es profundamente racista ese pensamiento de que no es posible considerar que un hombre negro, considerado fuerte y ‘machote’ hiciera su tránsito a ser mujer. Por ejemplo, antes de asesinarlos los desnudaban para mostrarle al resto que efectivamente tenían genitales masculinos. O en el caso de los hombres trans, que tenían genitales femeninos. 

(Vea: La lucha embera contra la minería en el Chocó)

¿Cuáles han sido las formas de resistencia de los pueblos étnicos del Chocó?

En otras partes del país, los procesos organizativos que existían murieron durante la arremetida paramilitar, la reorganización de la guerrilla o el fortalecimiento de las Fuerzas Militares. Aquí lo que pasó es que a través de los consejos comunitarios y los resguardos indígenas mucha gente se quedó en el territorio. También empezaron a surgir nuevas organizaciones en la idea de recuperar el territorio y organizar los retornos. Lo que se encuentra acá es una persistencia de los consejos comunitarios, organizaciones de víctimas, de mujeres, de productores que no encuentras en otros lugares. Son los procesos organizativos los que permiten la recuperación de la tierra, la titulación y la generación de procesos para la asistencia de la gente, pero también llama mucho la atención cómo esos procesos organizativos tampoco han logrado cambiar suficientemente las administraciones de gobierno. Esto se ha mirado de manera autocrítica con las comunidades. 

El Chocó, con salida al océano Pacífico y el mar Caribe, es guardián de una inmensa riqueza cultural y de amplia diversidad de flora y fauna. Pero también ha sido un territorio cargado de abandono estatal, desigualdad social y conflicto armado. Actualmente, en esta zona hacen presencia grupos paramilitares como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, disidencias de las Farc y el ELN. 

(Lea: Chocó debe estar en la 'conversación nacional': líderes sociales)

De acuerdo con el Registro Único de Víctimas, 429.624 personas en el Chocó han sufrido de desplazamientos, 24.150 han sido víctimas de confinamiento, 19.200 personas fueron amenazadas y 11.701 asesinadas. 

En medio de esas afectaciones y del escenario vigente de violencia, desde marzo de este año las organizaciones Foro Interétnico de Solidaridad Chocó, Viva la Ciudadanía y la Comisión Interétnica de la Verdad (CIVP) recogieron las voces de más de 600 habitantes afros e indígenas de este departamento, para ayudar al esclarecimiento de lo ocurrido durante el conflicto armado y que el país también comprenda los impactos que tiene la guerra en sus territorios y en sus saberes y tradiciones ancestrales. 

El resultado fue el informe “Impactos étnico-territoriales del conflicto en el Chocó”, entregado el 29 de noviembre a la Comisión de la Verdad en Quibdó (Chocó). A través del documento le hicieron algunas recomendaciones y peticiones a esta entidad y al Estado, como la protección de liderazgos sociales y el reconocimiento de la práctica de desaparecer personas en ríos como el Atrato y el San Juan. También le pidieron al Gobierno la reactivación de los diálogos con la guerrilla del ELN. 

Lida Núñez, coordinadora de Incidencia y Presión Política de Viva la Ciudadanía, habló con Colombia2020 sobre los hallazgos consignados en el documento.  

¿Cuáles son los impactos que dejó el conflicto armado sobre el territorio del Chocó?

Un primer elemento tiene que ver con una lucha del pueblo negro por la titularidad de la tierra. Para la narrativa nacional, estos territorios eran baldíos. Es la lucha del pueblo negro en los años setenta y ochenta lo que termina generando un artículo de la Constitución del 91 que los reconoce como pueblos étnicos y posteriormente se crea la ley 70, que arranca un proceso para la titularidad de esos territorios que estaban ocupados ancestralmente.

Esa ley lo que hace también es llamar mucho la atención en que son territorios ricos para la minería, en maderas, en fauna y flora, atravesados por ríos. Y empezó a ser utilizado para el narcotráfico, la tala indiscriminada de árboles y la minería. Todo eso configuró un escenario de disputa por el control territorial. 

El segundo hallazgo es un momento de quiebre en el que aumenta el conflicto, entre 1995 y 1997. Ocurre la Operación Génesis, la Operación Cacarica y una marcha controlada por las Farc, que era la que tenía el control territorial en ese momento, para que los campesinos llegaran a Mutatá. Eso generó desplazamientos masivos y las personas empezaron a volver solo después de cinco o nueve años. Además, los procesos de retorno no se dieron con ningún tipo de garantía del Estado. Eso a su vez generó un escalamiento de la violencia. El colofón de eso fue la Masacre de Bojayá. 

¿Qué esperan que la Comisión de la Verdad esclarezca con respecto a esas operaciones?

La Operación Génesis tiene sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y por eso está condenado el general (r) Rito Alejo del Río. Está bastante contado y documentado. Sin embargo, las comunidades del Bajo Atrato (Riosucio, Carmén del Darién y Acandí) lo que dicen es que, si bien está claro que la Operación Génesis existió, qué fue lo que la motivó y cuáles han sido las consecuencias, hay dos problemas. Primero, que la tierra no ha sido restituida. La reivindicación es que se restituya completamente las tierras que están concesionadas a empresas mineras, agroindustriales o para la explotación de madera, donde además no hubo consulta previa.

La segunda reivindicación es un reconocimiento por parte de las Farc de su responsabilidad en la marcha campesina hacia Mutatá, que costó que se fueran cerca de 9.000 personas. No ha habido un pedido de perdón ni por parte de los paramilitares, la guerrilla ni la Fuerza Pública. 

(Lea: Una luz de esperanza para los habitantes de Bojayá, Chocó)

El desplazamiento forzado, además de romper con la conexión al territorio, ¿de qué otra manera ha afectado las tradiciones de los pueblos étnicos?

Eso, más los asesinatos colectivos de líderes de consejos comunitarios y resguardos indígenas, los confinamientos, las masacres y otras formas de control social como el reclutamiento forzado y la violencia sexual generaron un vaciamiento del territorio.

Se suman otros impactos en las comunidades como el tratamiento que le dan a sus muertos porque no pueden hacer los ritos mortuorios y eso para los pueblos indígenas y negros es fundamental. La gente relata que muchos de los cuerpos eran tirados al río y algunos de ellos se quedaban trabados en las empalizadas de los ríos. La gente no los podía recoger ni identificar. Eso en términos de la cosmogonía significa es una desarmonización territorial. 

También hubo afectaciones en la alimentación. Tuvieron que empezar a comer, por ejemplo, fríjoles de lata en los coliseos a donde llegaban tras los desplazamientos, lo cual les generaba enfermedades. Irse de sus territorios les impide cazar, cultivar y se afecta la medicina ancestral, porque no pueden ir al monte a recoger las plantas, los bejucos o los raíces para sus remedios. 

Precisamente el informe menciona que hubo una fuerte persecución de los grupos armados contra las sabedoras, parteras, curanderas y los jaibanás. ¿Por qué?

Claro, porque el liderazgo de muchas comunidades está en estas personas. No solamente son las que se encargan de la salud y de preservar sus tradiciones, sino que también son las encargadas de hacer toda la gestión de los conflictos y de orientar a las comunidades en relación con la defensa de sus derechos. Los actores armados fueron muy hábiles en identificar ese tipo de liderazgos y los amedrentaban para que salieran desplazados, los asesinaban o los mantenían secuestrados. Eso generaba un gran temor en la comunidad. Así ocurrió en casi todas las comunidades a lo largo del río Atrato, en menor medida en el río San Juan y también en el Baudó. 

¿Cómo impactó la guerra esa relación de las comunidades con los ríos?

A nivel espiritual, comercial y en la movilización. Todavía ocurren taponamientos, eso significa que no se puede navegar por las únicas vías para salir o entrar a cualquier parte. Esto sucede, por ejemplo, por la madera que cortan, mandan por los ríos y se empaliza. También como efecto de las excavaciones por minería y con los cambios climáticos que van generando las transformaciones sobre el uso del territorio. A eso se le agrega la cantidad de muertos que pasaban por los ríos, lo que empieza a cambiar el significado simbólico y espiritual en relación con el uso del río. 

¿Qué ocurrió con las mujeres y población LGBTI en el Chocó durante el conflicto?

Una de las cosas que explican esos tipos de violencia tan atroces tienen que ver con una cultura racista, que por un lado considera a las personas negras e indígenas como personas poco productivas, de "segunda categoría", pero, además, la hipersexualizan. Eso de alguna manera justificaba la violencia exacerbada. Era normal violar o acosar sexualmente a las mujeres de las comunidades y además decían a ellas les gustaba y que para eso estaban. 

Con las personas LGBTI el asunto era todavía peor. Es profundamente racista ese pensamiento de que no es posible considerar que un hombre negro, considerado fuerte y ‘machote’ hiciera su tránsito a ser mujer. Por ejemplo, antes de asesinarlos los desnudaban para mostrarle al resto que efectivamente tenían genitales masculinos. O en el caso de los hombres trans, que tenían genitales femeninos. 

(Vea: La lucha embera contra la minería en el Chocó)

¿Cuáles han sido las formas de resistencia de los pueblos étnicos del Chocó?

En otras partes del país, los procesos organizativos que existían murieron durante la arremetida paramilitar, la reorganización de la guerrilla o el fortalecimiento de las Fuerzas Militares. Aquí lo que pasó es que a través de los consejos comunitarios y los resguardos indígenas mucha gente se quedó en el territorio. También empezaron a surgir nuevas organizaciones en la idea de recuperar el territorio y organizar los retornos. Lo que se encuentra acá es una persistencia de los consejos comunitarios, organizaciones de víctimas, de mujeres, de productores que no encuentras en otros lugares. Son los procesos organizativos los que permiten la recuperación de la tierra, la titulación y la generación de procesos para la asistencia de la gente, pero también llama mucho la atención cómo esos procesos organizativos tampoco han logrado cambiar suficientemente las administraciones de gobierno. Esto se ha mirado de manera autocrítica con las comunidades.