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“La paz no llegó al Pacífico colombiano”, aseveró Elizabeth Moreno, representante del Consejo de Comunidades Negras en el río San Juan (Acadesa). En medio de un desayuno con embajadores europeos y de una rueda de prensa en Bogotá varios líderes chocoanos denunciaron las graves violaciones a los derechos humanos que se dan en su departamento. Están especialmente preocupados por el confinamiento y el desplazamiento que padecen varias comunidades por cuenta de la intensificación de la confrontación entre el Eln, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc) y la Fuerza Pública. "Nos parece muy preocupante la realidad del Chocó", enfatizó Abid Manuel Romaña, vocero del Foro Interetnico Solidaridad Chocó. “La dinámica que ha tomado el conflicto en nuestro territorio ha asumido las características de una guerra contra la población civil”, enfatizaron en el tercer informe que entregó la plataforma Acuerdo Humanitario ya, integrado por cinco organizaciones étnicas.
Lo que más les preocupa respecto a la crisis humanitaria es el confinamiento y el desplazamiento. Según la Resolución Defensorial 071 de 2019 más de 16500 indígenas y afrodescendientes han sido confinados durante el presente año. Esa cifra supera la de todo 2018 cuando se registraron 15548, según reportó un grupo de siete organizaciones humanitarias internacionales. La subregión que más les preocupa es el Bajo Atrato, exactamente en el municipio de Bojayá. La semana anterior hubo un combate entre el Eln y las Agc que dejó confinadas a varias comunidades. Advirtieron que en esa zona del país se podría vivir una tragedia hace 17 años cuando en medio de un combate con los paramilitares, las Farc lanzaron un cilindro que cayó en una iglesia que albergaba a cientos de civiles.
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"¿Por dónde están entrando los paramilitares río Bojayá si hay puntos de control de la Fuerza Pública en todas las entradas?", se preguntó Romaña. Varios líderes hablaron de una supuesta connivencia entre los militares y las Agc. “Cuando el gobierno habla de megaproyectos los primeros en llegar son las Agc”, dijo Placido Bailarín, líder indígena de Bojayá.
También hay preocupación en el Bajo Atrato, Domingodó y Jiguamiando (Carmén del Darién) y en el Truandó y Cacarica (Riosucio). El Eln ha estado plantando minas antipersona para frenar el avance de las Agc, lo que no permite que las comunidades negras e indígenas hagan. Además, ambos grupos armados han debilitado lo gobiernos indígenas que son reconocidos constitucionalmente. Han pasado por encima de las autoridades étnicas imponiendo reglamentos inconsultos en los que estipulan, por ejemplo, las horas en las que se pueden movilizar las comunidades por el territorio.
La Defensoría del Pueblo también ha advertido la alarmante situación del departamento. Esa entidad ha emitido 19 alertas tempranas que se refieren a los riesgos que hay en 14 municipios del departamento. El Ministerio Público señaló que en el 46% del área de esos municipios hay un riesgo por el “reposicionamiento y expansión de grupos armados ilegales”.
Los líderes también denunciaron el reclutamiento forzado del que están siendo adolescentes y niños. Según monseñor Óscar Barreto, obispo de Quibdó, en el departamento el Eln está reclutando sistemáticamente a menores de edad. Dijo que las Agc también reclutan forzosamente. Según sus cálculos “por lo menos unos 100 menores de edad podrían estar en las filas de los grupos”.
También se habló de la violencia contra las mujeres. Lucy Chamorro, lideresa del Alto Baudó, dijo “somos mujeres de la selva”. Esa concepción del territorio se ha visto afectada por el confinamiento en el que están las comunidades. Además, se han presentado violaciones sexuales por parte de integrantes de los grupos armados. “Esta no es una crisis sólo de balas, es una crisis de desatención”, racalcó.
En Chocó plantean soluciones
El Foro Interétnico Solidaridad Chocó, la Mesa de Diálogo y Concertación de los Pueblos Indígenas de Chocó crearon la plataforma Acuerdo Humanitario Ya en compañía de la Iglesia Católica, desde esta han hecho tres informes en los que monitorean la situación de derechos humanos y han hecho varias recomendaciones. En el documento que presentaron hoy le piden a los grupos armados que respeten el derecho internacional humanitario y que no involucren a la sociedad civil. Le pidieron a la Fiscalía general que adelante investigaciones por los casos de confinamientos y desplazamientos.
En la rueda de prensa también dejaron claro que están jugados por la salida negociada a la confrontación entre el Estado y el Eln. Monseñor Barreto también pidió que se adelante un proceso de sometimiento a la justicia de los grupos paramilitares. “Eso aliviaría la región”, enfatizó. También aseguraron que un gran avance para el departamento se daría con la implementación del Acuerdo de Paz entre el Estado y las Farc.
El paro nacional también salió a relucir en la rueda de prensa, los líderes saludaron la movilización nacional y aseguraron que las comunidades de ese departamento tienen que estar en la "conversación nacional" de la que ha hablado el presidente Iván Duque. También rechazaron que el mandatario se haya reunido primero con empresarios y comerciantes que con ellos, pero dejaron abierta la puerta al diálogo y quieren buscar una cita con el mandatario con la esperanza de ser escuchados y de que conocerle un rostro al Estado diferente al militar.