“Bogotá va a convertirse en un ecosistema de paz”: alto consejero para las Víctimas

A la Alta Consejería para las Víctimas, la Paz y la Reconciliación del Distrito llegó Vladimir Rodríguez, experto en reparación integral y exasesor del Centro Nacional de Memoria y del Ministerio del Interior, quien tiene el reto de liderar una de las metas más ambiciosas de la alcaldesa Claudia López: integrar el Acuerdo de Paz a su plan de gobierno.

Para lograrlo buscarán fortalecer las experiencias positivas de la pasada administración en cuanto a la atención de víctimas; incluir a los sujetos de reparación, que están en las 20 localidades; trabajar en la territorialización del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición; generar competencias y capacidades para la estabilización de las víctimas como de los reincorporados, y la construcción de Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).

(Lea: ¿Cuál es la importancia de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET)?)

¿Cómo recibió la Consejería?

La anterior administración tuvo un ejercicio ejecutivo y gerencial muy importante en asistencia y atención a las víctimas, pero hay unas líneas a las que no se llegaron en reparación integral. La atención es diferente a la reparación. Son universos que se distancian en el impacto que tienen sobre la creación de competencias y capacidades ciudadanas. Encontramos que se ha atendido un número considerable de víctimas desde su creación en la administración de Gustavo Petro y durante el proceso de consolidación de líneas de atención durante la administración de Peñalosa. Sin embargo, con una carencia en la política pública y en la implementación del Acuerdo de Paz.

¿Por qué?

Fue un tema temporal. El Acuerdo se firmó en 2017 y el Plan de Desarrollo “Bogotá mejor para todos”, en 2016, por lo que no hubo una normatividad en el Distrito que adaptara algunos de sus elementos. La Consejería está muy montada sobre la Ley 1498 de víctimas, es decir, sobre una mirada de atención por competencias distritales. Nosotros seremos la primera administración que incluirá dentro del Plan de Desarrollo los elementos del Acuerdo de Paz, que pueden ser territorializados en Bogotá y en la Ciudad Región.Y no con la perspectiva de atención inmediata y de asistencialismo, sino de construcción y creación de competencias ciudadanas, en concordancia con otro gran pilar que es un nuevo contrato social, en el cual las víctimas del conflicto, los reincorporados, los desmovilizados, los desvinculados y los reinsertados, en su calidad de ciudadanos y ciudadanas víctimas del conflicto, deben ser parte fundamental para crear un escenario de reconciliación.

¿Quiénes participarán?

La JEP, la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de personas tendrán un lugar en cuanto a las competencias territoriales que tenemos en el Distrito.

¿Es decir que el Distrito entraría a apoyar estas organizaciones?

Hay una responsabilidad constitucional. El sistema existe y los entes territoriales deben articularse en algunos temas específicos. Nosotros tenemos la voluntad y ya hemos avanzado en la construcción de unas líneas técnicas de articulación. La alcaldesa tiene toda la voluntad para acompañar y construir de la mano un espacio de justicia transicional, de verdad no judicial y de mitigación del dolor de las víctimas de desaparicón forzada, a través de la territorialización de los elementos que tenemos competencias.

¿A quiénes incluirán en la atención?

El universo es de aproximadamente 400.000 víctimas en Bogotá. Cuando ampliamos a Ciudad región hablamos de casi un millón. La atención mantendrá la asistencia para casos que ameritan emergencia, en fortalecer la reparación colectiva y a través de dos herramientas territoriales: una intervención en Sumapaz, con el enfoque PDET en la zona rural, y otra en el borde suroccidental, que colinda con Soacha.

(Lea también: Sumapaz, una víctima no reconocida de la guerra)

¿Por qué en esos lugares?

En Sumapaz, porque las características y condiciones del lugar hacen que sea un laboratorio de reconciliación y de implementación de los acuerdos, que cuenta con todos los elementos técnicos: víctimas, pobreza extrema, casos de titulación de tierras, necesidad de implementar el catastro multipropósito. Además, cumplió un rol fundamental en el conflicto armado y hoy, con sus organizaciones campesinas, de víctimas, sociales y comunitarias, tiene una estructura participativa.

¿Y por qué Usme, Bosa, Ciudad Bolívar y Soacha?

En este borde se concentran casi 40.000 víctimas, sin contar las de Soacha. Existen, además, unos hechos emblemáticos del conflicto: hay organizaciones populares de vivienda que son relevantes en la implementación de la política, mesas locales de víctimas y, como laboratorio, nos permite cumplir con presencia institucional, que requiere una intervención especial, porque sus poblaciones así lo han venido exigiendo por muchos años. Si no lo intervenimos hoy puede seguir en una espiral en la que se repitan los errores y horrores del conflicto.

¿Qué puntos del Acuerdo de Paz se van a implementar?

Ese es el reto que tenemos. Cuando hablamos de PDET en Sumapaz, hablamos de implementar elementos de reforma rural integral y desminado en el territorio, si posterior al diagnóstico encontramos que aún existen.

¿Qué diagnóstico están haciendo?

Hay uno distrital, pero lo estamos actualizando, porque en el marco de la política de paz es necesario tener todos los elementos para la toma de decisiones. Las actualizaciones se harán antes de la aprobación del Plan de Desarrollo.

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¿En qué consistirá la ruta de reincorporación?

En las líneas de trabajo de la Consejería como en el Plan de Desarrollo hay de todo: memoria, acciones reparadoras, acompañamiento, perdón, reconocimiento de responsabilidades para las que se necesita una voluntad manifiesta de los reincorporados y desvinculados de participar en la construcción de un escenario de conciliación.

¿Qué va a pasar con el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación?

Es parte de nuestro proceso de fortalecimiento. Hoy es un lugar con importancia para la capital, para las organizaciones de víctimas en Bogotá e, incluso, para el país. Su director José Antequera quiere construir una política de memoria en la ciudad, que no existe y que espera sumar los esfuerzos de las organizaciones sociales y diferentes actores del conflicto armado. El centro tendrá un lugar administrativo que no existe, se apostará también a la investigación, formación y pedagogía, para que se convierta en el gran equipamiento de la memoria de la ciudad y el país.

¿Qué ha pasado con la llegada de desplazados a la ciudad?

Antes de la firma del Acuerdo de Paz hubo un descenso en la llegada de víctimas del conflicto, pero en hemos visto un aumento. En los últimos dos meses ha crecido exponencialmente la necesidad de albergue y atención humanitaria a víctimas de regiones donde hoy se presentan nuevas acciones y hechos relacionados con el conflicto armado.

¿De dónde vienen los desplazados?

Varía dependiendo del mes, pero en general de zonas con presencia de GAO (Grupos Armados Organizados), conflictividad manifiesta y asesinato de lideres sociales, pero también ha habido recepción de excombatientes de ETCR, con conflictos en sus entornos.

Si aumentan los casos, ¿la ciudad está en la capacidad de atenderlos?

Hay una capacidad institucional robusta, pero es evidente que las posibles situaciones de crisis humanitaria deben ser atendidas de manera conjunta con la nación y los entes territoriales. Sin ellos no es posible superar las crisis derivadas del conflicto armado.

¿Qué han hecho con respecto a la protección de líderes sociales?

Desde el primer día hablamos con la Defensoría del Pueblo y hemos compartido información alrededor de las tres alertas tempranas que hay en Bogotá. Tenemos recorridos conjuntos programados con las secretarías de Seguridad y Gobierno, y hay una revisión constante de las medidas para atender las advertencias. La segunda parte tiene que ver con la ruta de prevención y protección. Bogotá tiene una ruta bastante efectiva, lo cual no quiere decir que no se deba actualizar. El conflicto armado no es estático, por lo que las rutas deben ser dinámicas, al proteger vidas, y estar dispuestas a hacer los ajustes necesarios en el momento.

¿Qué incluirán en el Plan de Desarrollo?

El Plan va a tener una meta en torno a Bogotá como escenario de paz y reconciliación. Dentro de ella están los planes, programas y proyectos relacionados con víctimas, memoria y reincorporación, y el sistema integral de justicia y paz. Eso es una meta de ciudad, porque Bogotá va a convertirse en un ecosistema de reconciliación, que se evidenciará en la implementación de los Acuerdos. No solo es posible, sino necesario, para no repetir los horrores del conflicto armado.

A la Alta Consejería para las Víctimas, la Paz y la Reconciliación del Distrito llegó Vladimir Rodríguez, experto en reparación integral y exasesor del Centro Nacional de Memoria y del Ministerio del Interior, quien tiene el reto de liderar una de las metas más ambiciosas de la alcaldesa Claudia López: integrar el Acuerdo de Paz a su plan de gobierno.

Para lograrlo buscarán fortalecer las experiencias positivas de la pasada administración en cuanto a la atención de víctimas; incluir a los sujetos de reparación, que están en las 20 localidades; trabajar en la territorialización del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición; generar competencias y capacidades para la estabilización de las víctimas como de los reincorporados, y la construcción de Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).

(Lea: ¿Cuál es la importancia de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET)?)

¿Cómo recibió la Consejería?

La anterior administración tuvo un ejercicio ejecutivo y gerencial muy importante en asistencia y atención a las víctimas, pero hay unas líneas a las que no se llegaron en reparación integral. La atención es diferente a la reparación. Son universos que se distancian en el impacto que tienen sobre la creación de competencias y capacidades ciudadanas. Encontramos que se ha atendido un número considerable de víctimas desde su creación en la administración de Gustavo Petro y durante el proceso de consolidación de líneas de atención durante la administración de Peñalosa. Sin embargo, con una carencia en la política pública y en la implementación del Acuerdo de Paz.

¿Por qué?

Fue un tema temporal. El Acuerdo se firmó en 2017 y el Plan de Desarrollo “Bogotá mejor para todos”, en 2016, por lo que no hubo una normatividad en el Distrito que adaptara algunos de sus elementos. La Consejería está muy montada sobre la Ley 1498 de víctimas, es decir, sobre una mirada de atención por competencias distritales. Nosotros seremos la primera administración que incluirá dentro del Plan de Desarrollo los elementos del Acuerdo de Paz, que pueden ser territorializados en Bogotá y en la Ciudad Región.Y no con la perspectiva de atención inmediata y de asistencialismo, sino de construcción y creación de competencias ciudadanas, en concordancia con otro gran pilar que es un nuevo contrato social, en el cual las víctimas del conflicto, los reincorporados, los desmovilizados, los desvinculados y los reinsertados, en su calidad de ciudadanos y ciudadanas víctimas del conflicto, deben ser parte fundamental para crear un escenario de reconciliación.

¿Quiénes participarán?

La JEP, la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de personas tendrán un lugar en cuanto a las competencias territoriales que tenemos en el Distrito.

¿Es decir que el Distrito entraría a apoyar estas organizaciones?

Hay una responsabilidad constitucional. El sistema existe y los entes territoriales deben articularse en algunos temas específicos. Nosotros tenemos la voluntad y ya hemos avanzado en la construcción de unas líneas técnicas de articulación. La alcaldesa tiene toda la voluntad para acompañar y construir de la mano un espacio de justicia transicional, de verdad no judicial y de mitigación del dolor de las víctimas de desaparicón forzada, a través de la territorialización de los elementos que tenemos competencias.

¿A quiénes incluirán en la atención?

El universo es de aproximadamente 400.000 víctimas en Bogotá. Cuando ampliamos a Ciudad región hablamos de casi un millón. La atención mantendrá la asistencia para casos que ameritan emergencia, en fortalecer la reparación colectiva y a través de dos herramientas territoriales: una intervención en Sumapaz, con el enfoque PDET en la zona rural, y otra en el borde suroccidental, que colinda con Soacha.

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¿Por qué en esos lugares?

En Sumapaz, porque las características y condiciones del lugar hacen que sea un laboratorio de reconciliación y de implementación de los acuerdos, que cuenta con todos los elementos técnicos: víctimas, pobreza extrema, casos de titulación de tierras, necesidad de implementar el catastro multipropósito. Además, cumplió un rol fundamental en el conflicto armado y hoy, con sus organizaciones campesinas, de víctimas, sociales y comunitarias, tiene una estructura participativa.

¿Y por qué Usme, Bosa, Ciudad Bolívar y Soacha?

En este borde se concentran casi 40.000 víctimas, sin contar las de Soacha. Existen, además, unos hechos emblemáticos del conflicto: hay organizaciones populares de vivienda que son relevantes en la implementación de la política, mesas locales de víctimas y, como laboratorio, nos permite cumplir con presencia institucional, que requiere una intervención especial, porque sus poblaciones así lo han venido exigiendo por muchos años. Si no lo intervenimos hoy puede seguir en una espiral en la que se repitan los errores y horrores del conflicto.

¿Qué puntos del Acuerdo de Paz se van a implementar?

Ese es el reto que tenemos. Cuando hablamos de PDET en Sumapaz, hablamos de implementar elementos de reforma rural integral y desminado en el territorio, si posterior al diagnóstico encontramos que aún existen.

¿Qué diagnóstico están haciendo?

Hay uno distrital, pero lo estamos actualizando, porque en el marco de la política de paz es necesario tener todos los elementos para la toma de decisiones. Las actualizaciones se harán antes de la aprobación del Plan de Desarrollo.

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¿En qué consistirá la ruta de reincorporación?

En las líneas de trabajo de la Consejería como en el Plan de Desarrollo hay de todo: memoria, acciones reparadoras, acompañamiento, perdón, reconocimiento de responsabilidades para las que se necesita una voluntad manifiesta de los reincorporados y desvinculados de participar en la construcción de un escenario de conciliación.

¿Qué va a pasar con el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación?

Es parte de nuestro proceso de fortalecimiento. Hoy es un lugar con importancia para la capital, para las organizaciones de víctimas en Bogotá e, incluso, para el país. Su director José Antequera quiere construir una política de memoria en la ciudad, que no existe y que espera sumar los esfuerzos de las organizaciones sociales y diferentes actores del conflicto armado. El centro tendrá un lugar administrativo que no existe, se apostará también a la investigación, formación y pedagogía, para que se convierta en el gran equipamiento de la memoria de la ciudad y el país.

¿Qué ha pasado con la llegada de desplazados a la ciudad?

Antes de la firma del Acuerdo de Paz hubo un descenso en la llegada de víctimas del conflicto, pero en hemos visto un aumento. En los últimos dos meses ha crecido exponencialmente la necesidad de albergue y atención humanitaria a víctimas de regiones donde hoy se presentan nuevas acciones y hechos relacionados con el conflicto armado.

¿De dónde vienen los desplazados?

Varía dependiendo del mes, pero en general de zonas con presencia de GAO (Grupos Armados Organizados), conflictividad manifiesta y asesinato de lideres sociales, pero también ha habido recepción de excombatientes de ETCR, con conflictos en sus entornos.

Si aumentan los casos, ¿la ciudad está en la capacidad de atenderlos?

Hay una capacidad institucional robusta, pero es evidente que las posibles situaciones de crisis humanitaria deben ser atendidas de manera conjunta con la nación y los entes territoriales. Sin ellos no es posible superar las crisis derivadas del conflicto armado.

¿Qué han hecho con respecto a la protección de líderes sociales?

Desde el primer día hablamos con la Defensoría del Pueblo y hemos compartido información alrededor de las tres alertas tempranas que hay en Bogotá. Tenemos recorridos conjuntos programados con las secretarías de Seguridad y Gobierno, y hay una revisión constante de las medidas para atender las advertencias. La segunda parte tiene que ver con la ruta de prevención y protección. Bogotá tiene una ruta bastante efectiva, lo cual no quiere decir que no se deba actualizar. El conflicto armado no es estático, por lo que las rutas deben ser dinámicas, al proteger vidas, y estar dispuestas a hacer los ajustes necesarios en el momento.

¿Qué incluirán en el Plan de Desarrollo?

El Plan va a tener una meta en torno a Bogotá como escenario de paz y reconciliación. Dentro de ella están los planes, programas y proyectos relacionados con víctimas, memoria y reincorporación, y el sistema integral de justicia y paz. Eso es una meta de ciudad, porque Bogotá va a convertirse en un ecosistema de reconciliación, que se evidenciará en la implementación de los Acuerdos. No solo es posible, sino necesario, para no repetir los horrores del conflicto armado.