Congreso pide cuentas a entidades que implementan el Acuerdo de Paz, ¿cómo les fue?
La Comisión de Paz de la Cámara convocó a una audiencia pública a las cabezas de las instituciones encargadas de ejecutar ese acuerdo firmado en 2016 entre el Gobierno y las extintas FARC. También asistieron centros de pensamiento y representación de organizaciones sociales, civiles y de derechos humanos.
La Comisión de Paz de la Cámara de Representantes convocó este martes a una audiencia pública para conocer el estado de la implementación del Acuerdo de Paz firmado en 2016 entre el Gobierno y las antiguas FARC. La audiencia se da unos días antes de la llegada de los 15 miembros del Consejo de Seguridad de la ONU cuya tarea principal en el viaje es revisar cómo va esa ejecución.
Al encuentro se dieron cita las principales cabezas de las entidades encargadas de la implementación de ese pacto, como Gloria Cuartas, directora de la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz; Alejandra Miller, directora de la Agencia de Reincorporación y Normalización (ARN); Felipe Tascón, director del Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), Luz Janeth Forero, directora de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por desaparecidad, entre otros.
Así mismo fueron citados el Ministerio de Defensa y de Justicia, así como representantes de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final (CSIVI) y la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad (CNGS), esta última que tiene entre sus objetivos el diseño de la política pública para el desmantelamiento de las organizaciones sucesoras del paramilitarismo. También estuvieron presentes los congresistas del partido Comunes -partido político creado para los ex-FARC tras la firma del acuerdo-; además representantes de organizaciones sociales y de centros de investigación -que también le hacen seguimiento a la implementación- como el Cinep, el Instituto Kroc, Viva la ciudadanía, entre otros.
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La Comisión de Paz dio algunas preguntas a cada una de las entidades sobre temas como la reincorporación, las rutas para la protección de la seguridad, la sustitución de cultivos de uso ilícito, el desarrollo de la normatividad relacionada al sometimiento de estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto. Además, se preguntó sobre cuál es la incidencia de la implementación -o de la falta de esta- en la apuesta de Paz Total que tiene el Gobierno de Gustavo Petro.
Los primeros en hablar fueron algunos congresistas, entre ellos Carlos Ardila, del partido Liberal, Jorge Cancimance, representante de Putumayo; Luis Alberto Albán, del partido Comunes. Cancimance hizo énfasis en el aumento de violencia de líderes sociales en su departamento y también dijo que han faltado recursos para entregarle tierra a excombatientes de las FARC que han hecho su reincorporación en ese territorio. Por su parte, el congresista Albán, conocida en la guerra como Marcos Calarcá, insistió en las faltas de garantías de seguridad para los firmantes. En lo que va desde la firma del Acuerdo, 419 reincorporados han sido asesinados, cuatro de ellos este año.
“Es necesario que funcionen los organismos en torno a la seguridad de los firmantes creados en el Acuerdo. El 99% existen, pero no funcionan y eso se traduce en lo que ya hemos visto y es la muerte de compañeros que están haciendo su reincorporación”, indicó.
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Luego de esas intervenciones, pasaron los representantes de los centros de investigación. La primera en pasa fue Marta Lucía Márquez, directora del Cinep. “La firma del Acuerdo entre el gobierno nacional y las FARC ha sido la posibilidad más clara que hemos tenido como país para avanzar de forma real en la construcción de paz. En este siglo su implementación ha sido uno de los mayores desafíos de los tres últimos gobiernos”, dijo al inicio de su presentación.
Márquez destacó los avances que se han logrado durante el gobierno de Gustavo Petro como la jurisdicción agraria, la aceleración de la entrega y adjudicación de tierra, la creación de cuatro zonas de reserva campesina, el reconocimiento del campesinado como sujeto de reparación. Pero dijo que estos cambios no se han concretado, a la luz de lo que dicen las comunidades, en “transformaciones concretas y reales” y que persisten las múltiples violencias.
Márquez dice que con los ceses al fuego -que se tienen con el ELN y la disidencia conocida como Estado Mayor Central- se han visto reducidas las operaciones contra la fuerza pública, pero no así las confrontaciones entre los grupos armados ni los desplazamientos y confinamientos contra los comunidades. “Es urgente que el Gobierno avance en aspectos como la actualización del Plan Marco de Implementación -conjunto de estrategias, productos, metas trazadoras e indicadores necesarios para la ejecución-”, dijo.
Tanto Márquez como otros invitados a la audiencia hicieron énfasis en que era necesario poner a andar la Alta Consejería para el Acuerdo de Paz. Al suprimir la antigua Consejería para la Estabilización y Consolidación, esas responsabilidades quedaron bajo la tutela de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y otras pocas a la Unidad de Implementación del Acuerdo, la entidad que reemplazó a la consejería. Varias entidades han dicho que debe volverse a esa alta consejería. Desde septiembre del año pasado reposa en el despacho del presidente Petro el decreto que reversa esa decisión, pero aún no se firma.
A su turno, Olga Marcela Rico, vocera de la CSIVI, dijo que valoraba la aceleración que ha tenido el gobierno con los cinco puntos del acuerdo, pero hizo énfasis en que en el tema de participación política hay una “deuda del Congreso con la reforma política”. Según Rico: “Esto va más allá de garantizar el derecho a elegir y tiene más que ver con la garantía de ser elegido, sobre todo quienes han sido excluidos de los escenarios de poder”.
En los pasados comicios regionales, solo un ex-FARC obtuvo un puesto de elección popular. Se trata de Armel Caracas, quien fue elegido como alcalde de Cumaribo, Vichada.
Además: “Que 2024 sea un año de implementación del Acuerdo de Paz”: representante de ONU
El instituto Kroc, encargado de hacer seguimiento a la implementación, puso la lupa sobre los enfoque transversales del acuerdo de paz -el de género y el étnico-. “El instituto ha hecho énfasis sobre estos puntos, pues a noviembre de 2023, el 68 % de los compromisos con enfoque de género y el 74% de los de enfoque étnico no tienen viabilidad de ser cumplidos en el término pactado”.
Tierras, lucha contra las drogas y los recursos para la paz
En cuanto al tema de tierras, el saliente director de la Agencia Nacional de Tierras, Gerardo Vega, dijo que se han adquirido más de 11.000 hectáreas, unos 30 predios, para trasladar a firmantes de paz ubicados en Antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación-AETCR, en cumplimiento del Acuerdo de Paz y qure “110.000 familias resultaron beneficiadas en titulación y adjudicación de tierras.”
Alejandra Miller, directora de la ARN, hizo énfasis también en la reincorporación política, que se ha sumado a los planes que lleva esa entidad y advirtió que sigue habiendo una brecha en la forma en que las mujeres han hecho su proceso de reincorporación. Por un lado, porque sigue imponiéndose la carga del cuidado y, por el otro, porque son quienes menos han recibido tierras o quienes lideran proyectos productivos.
El ministro de Justicia, Néstor Osuna, se refirió a la nueva política de drogas que presentó el año pasado esa cartera. Dijo que se necesitaba un cambio social, económica, política y cultural en la aproximación que se hace sobre la lucha contra el narcotráfico y que, aunque reconoce que le ha faltado celeridad al Gobierno en esa materia, y para articular a todas las entidades, hay voluntad para esa transformación.
Osuna también le pidió al Congreso “ayuda” para el trámite de la ley de víctimas que cursa en el Congreso.
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La semana pasada, la directora de la Unidad para las Víctimas, Patricia Tobón Yagarí, denunció presuntas irregularidades de miembros del Congreso de la República en el trámite de la reforma a la Ley de Víctimas, que se presentó al Legislativo desde septiembre del año pasado.
“Hoy los congresistas tienen la responsabilidad de sacar adelante este debate, pero también debo decir la verdad: nosotros tenemos en el Congreso una omisión legislativa para sacar la Ley de Víctimas como la propuso el Gobierno Nacional”, dijo Tobón.
Y agregó: “No puede ser que unos congresistas pagados por el Estado, por la ciudadanía, que tienen una agenda legislativa, retrasen los debates más importantes de justicia social y equidad. Que los retrasen porque tienen que solicitar los cargos de las entidades públicas porque si no, no avanzan”.
Tobón, quien también participó de la audiencia, se volvió a referir sobre el tema al hablar de la necesidad de actualizar la Ley de Víctimas “para armonizar lo establecido en el Acuerdo de Paz con la política pública de víctimas”, así como se propuso en ese proyecto de ley. La directora insistió en que era importante legislar y buscar fuentes de financiación para esa población.
Uno de los principales temas que el Gobierno Nacional desarrolló en la propuesta de reforma a la Ley 1448 de 2011, más conocida como Ley de Víctimas, busca solventar un tema que ha sido el palo en la rueda de la ley: los recursos disponibles.
Además, mostró los avances en materia reparación individual y colectiva, la gestión del Gobierno por ampliar las metas en el Plan Nacional de Desarrollo y atender a hogares víctimas de confinamiento.
A su turno, Gloria Cuartas, directora de la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz, dijo que sí se está actualización el Plan Marco de Implementación porque las proyecciones que se hicieron de cuánto costaría la ejecución no se ajustan a la realidad. “Hay una falla de origen de la subestimación inicial del costo de la implementación de lo pactado. Los 129,5 billones que se estimaron en 2017 no lograron una aproximación real del costo”, dijo.
Cuartas también anunció que le entregará a la Comisión de Paz del Congreso un “sistema de interoperabilidad” de los recursos de la implementación.
“La Procuraduría nos advierte que 77.5 billones que se invirtieron, yo no puedo decir que se los robaron, pero se embolataron gravemente en el OCAD-Paz. Cuando nos preguntamos, dónde está un sistema de interoperabilidad para saber dónde esa plata se invirtió, nos damos cuenta que no existe. La Unidad de Implementación le presentará a la Comisión de Paz un sistema así para ver cómo todas las entidades, sin repetir lo que hacen, podemos hacer ese seguimiento”, explicó.
La Comisión de Paz de la Cámara de Representantes convocó este martes a una audiencia pública para conocer el estado de la implementación del Acuerdo de Paz firmado en 2016 entre el Gobierno y las antiguas FARC. La audiencia se da unos días antes de la llegada de los 15 miembros del Consejo de Seguridad de la ONU cuya tarea principal en el viaje es revisar cómo va esa ejecución.
Al encuentro se dieron cita las principales cabezas de las entidades encargadas de la implementación de ese pacto, como Gloria Cuartas, directora de la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz; Alejandra Miller, directora de la Agencia de Reincorporación y Normalización (ARN); Felipe Tascón, director del Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), Luz Janeth Forero, directora de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por desaparecidad, entre otros.
Así mismo fueron citados el Ministerio de Defensa y de Justicia, así como representantes de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final (CSIVI) y la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad (CNGS), esta última que tiene entre sus objetivos el diseño de la política pública para el desmantelamiento de las organizaciones sucesoras del paramilitarismo. También estuvieron presentes los congresistas del partido Comunes -partido político creado para los ex-FARC tras la firma del acuerdo-; además representantes de organizaciones sociales y de centros de investigación -que también le hacen seguimiento a la implementación- como el Cinep, el Instituto Kroc, Viva la ciudadanía, entre otros.
En contexto: Consejo de Seguridad de ONU estará en cuatro zonas de Colombia, ¿qué se sabe de su visita?
La Comisión de Paz dio algunas preguntas a cada una de las entidades sobre temas como la reincorporación, las rutas para la protección de la seguridad, la sustitución de cultivos de uso ilícito, el desarrollo de la normatividad relacionada al sometimiento de estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto. Además, se preguntó sobre cuál es la incidencia de la implementación -o de la falta de esta- en la apuesta de Paz Total que tiene el Gobierno de Gustavo Petro.
Los primeros en hablar fueron algunos congresistas, entre ellos Carlos Ardila, del partido Liberal, Jorge Cancimance, representante de Putumayo; Luis Alberto Albán, del partido Comunes. Cancimance hizo énfasis en el aumento de violencia de líderes sociales en su departamento y también dijo que han faltado recursos para entregarle tierra a excombatientes de las FARC que han hecho su reincorporación en ese territorio. Por su parte, el congresista Albán, conocida en la guerra como Marcos Calarcá, insistió en las faltas de garantías de seguridad para los firmantes. En lo que va desde la firma del Acuerdo, 419 reincorporados han sido asesinados, cuatro de ellos este año.
“Es necesario que funcionen los organismos en torno a la seguridad de los firmantes creados en el Acuerdo. El 99% existen, pero no funcionan y eso se traduce en lo que ya hemos visto y es la muerte de compañeros que están haciendo su reincorporación”, indicó.
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Luego de esas intervenciones, pasaron los representantes de los centros de investigación. La primera en pasa fue Marta Lucía Márquez, directora del Cinep. “La firma del Acuerdo entre el gobierno nacional y las FARC ha sido la posibilidad más clara que hemos tenido como país para avanzar de forma real en la construcción de paz. En este siglo su implementación ha sido uno de los mayores desafíos de los tres últimos gobiernos”, dijo al inicio de su presentación.
Márquez destacó los avances que se han logrado durante el gobierno de Gustavo Petro como la jurisdicción agraria, la aceleración de la entrega y adjudicación de tierra, la creación de cuatro zonas de reserva campesina, el reconocimiento del campesinado como sujeto de reparación. Pero dijo que estos cambios no se han concretado, a la luz de lo que dicen las comunidades, en “transformaciones concretas y reales” y que persisten las múltiples violencias.
Márquez dice que con los ceses al fuego -que se tienen con el ELN y la disidencia conocida como Estado Mayor Central- se han visto reducidas las operaciones contra la fuerza pública, pero no así las confrontaciones entre los grupos armados ni los desplazamientos y confinamientos contra los comunidades. “Es urgente que el Gobierno avance en aspectos como la actualización del Plan Marco de Implementación -conjunto de estrategias, productos, metas trazadoras e indicadores necesarios para la ejecución-”, dijo.
Tanto Márquez como otros invitados a la audiencia hicieron énfasis en que era necesario poner a andar la Alta Consejería para el Acuerdo de Paz. Al suprimir la antigua Consejería para la Estabilización y Consolidación, esas responsabilidades quedaron bajo la tutela de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y otras pocas a la Unidad de Implementación del Acuerdo, la entidad que reemplazó a la consejería. Varias entidades han dicho que debe volverse a esa alta consejería. Desde septiembre del año pasado reposa en el despacho del presidente Petro el decreto que reversa esa decisión, pero aún no se firma.
A su turno, Olga Marcela Rico, vocera de la CSIVI, dijo que valoraba la aceleración que ha tenido el gobierno con los cinco puntos del acuerdo, pero hizo énfasis en que en el tema de participación política hay una “deuda del Congreso con la reforma política”. Según Rico: “Esto va más allá de garantizar el derecho a elegir y tiene más que ver con la garantía de ser elegido, sobre todo quienes han sido excluidos de los escenarios de poder”.
En los pasados comicios regionales, solo un ex-FARC obtuvo un puesto de elección popular. Se trata de Armel Caracas, quien fue elegido como alcalde de Cumaribo, Vichada.
Además: “Que 2024 sea un año de implementación del Acuerdo de Paz”: representante de ONU
El instituto Kroc, encargado de hacer seguimiento a la implementación, puso la lupa sobre los enfoque transversales del acuerdo de paz -el de género y el étnico-. “El instituto ha hecho énfasis sobre estos puntos, pues a noviembre de 2023, el 68 % de los compromisos con enfoque de género y el 74% de los de enfoque étnico no tienen viabilidad de ser cumplidos en el término pactado”.
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En cuanto al tema de tierras, el saliente director de la Agencia Nacional de Tierras, Gerardo Vega, dijo que se han adquirido más de 11.000 hectáreas, unos 30 predios, para trasladar a firmantes de paz ubicados en Antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación-AETCR, en cumplimiento del Acuerdo de Paz y qure “110.000 familias resultaron beneficiadas en titulación y adjudicación de tierras.”
Alejandra Miller, directora de la ARN, hizo énfasis también en la reincorporación política, que se ha sumado a los planes que lleva esa entidad y advirtió que sigue habiendo una brecha en la forma en que las mujeres han hecho su proceso de reincorporación. Por un lado, porque sigue imponiéndose la carga del cuidado y, por el otro, porque son quienes menos han recibido tierras o quienes lideran proyectos productivos.
El ministro de Justicia, Néstor Osuna, se refirió a la nueva política de drogas que presentó el año pasado esa cartera. Dijo que se necesitaba un cambio social, económica, política y cultural en la aproximación que se hace sobre la lucha contra el narcotráfico y que, aunque reconoce que le ha faltado celeridad al Gobierno en esa materia, y para articular a todas las entidades, hay voluntad para esa transformación.
Osuna también le pidió al Congreso “ayuda” para el trámite de la ley de víctimas que cursa en el Congreso.
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La semana pasada, la directora de la Unidad para las Víctimas, Patricia Tobón Yagarí, denunció presuntas irregularidades de miembros del Congreso de la República en el trámite de la reforma a la Ley de Víctimas, que se presentó al Legislativo desde septiembre del año pasado.
“Hoy los congresistas tienen la responsabilidad de sacar adelante este debate, pero también debo decir la verdad: nosotros tenemos en el Congreso una omisión legislativa para sacar la Ley de Víctimas como la propuso el Gobierno Nacional”, dijo Tobón.
Y agregó: “No puede ser que unos congresistas pagados por el Estado, por la ciudadanía, que tienen una agenda legislativa, retrasen los debates más importantes de justicia social y equidad. Que los retrasen porque tienen que solicitar los cargos de las entidades públicas porque si no, no avanzan”.
Tobón, quien también participó de la audiencia, se volvió a referir sobre el tema al hablar de la necesidad de actualizar la Ley de Víctimas “para armonizar lo establecido en el Acuerdo de Paz con la política pública de víctimas”, así como se propuso en ese proyecto de ley. La directora insistió en que era importante legislar y buscar fuentes de financiación para esa población.
Uno de los principales temas que el Gobierno Nacional desarrolló en la propuesta de reforma a la Ley 1448 de 2011, más conocida como Ley de Víctimas, busca solventar un tema que ha sido el palo en la rueda de la ley: los recursos disponibles.
Además, mostró los avances en materia reparación individual y colectiva, la gestión del Gobierno por ampliar las metas en el Plan Nacional de Desarrollo y atender a hogares víctimas de confinamiento.
A su turno, Gloria Cuartas, directora de la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz, dijo que sí se está actualización el Plan Marco de Implementación porque las proyecciones que se hicieron de cuánto costaría la ejecución no se ajustan a la realidad. “Hay una falla de origen de la subestimación inicial del costo de la implementación de lo pactado. Los 129,5 billones que se estimaron en 2017 no lograron una aproximación real del costo”, dijo.
Cuartas también anunció que le entregará a la Comisión de Paz del Congreso un “sistema de interoperabilidad” de los recursos de la implementación.
“La Procuraduría nos advierte que 77.5 billones que se invirtieron, yo no puedo decir que se los robaron, pero se embolataron gravemente en el OCAD-Paz. Cuando nos preguntamos, dónde está un sistema de interoperabilidad para saber dónde esa plata se invirtió, nos damos cuenta que no existe. La Unidad de Implementación le presentará a la Comisión de Paz un sistema así para ver cómo todas las entidades, sin repetir lo que hacen, podemos hacer ese seguimiento”, explicó.