Contra la diversidad: así sufrió la guerra la comunidad LGBT del Caribe

La violencia no comenzó con la guerra. No comenzó con las armas ni con los panfletos. Ni con hombres uniformados asesinando, violando, amenazando o desapareciendo. Comenzó mucho antes y se manifestó cuando se escuchaba: “a esos mariquitas deberían matarlos”, “sea machito”, “a esa le hace falta macho” o “tiene que convertirse en una mujer de verdad”. Y cada una de esas frases las escucharon las personas lesbianas, gays, bisexuales y trans (LGBT) en sus territorios. Y esas palabras justificaron que fueran asesinadas, violentadas sexualmente, amenazadas, desaparecidas y desplazadas a manos de la guerrilla de las Farc, los paramilitares y la Fuerza Pública. En municipios del Urabá antioqueño, el sur de Córdoba y los Montes de María sucedió todo esto contra la población LGBT, con altísimos niveles de sevicia, silencio e inoperancia judicial. Apenas ahora, muchos años después, pueden exigir que se sepa la verdad.

La organización Caribe Afirmativo, a través de una investigación que incluyó talleres, reconstrucción de líneas de tiempos, mapeo, entrevistas y revisión documental, logró consolidar un informe sobre la violencia que sufrieron las personas LGBT en estas tres regiones del Caribe. En el documento “¡Nosotras resistimos! Informe sobre violencias contra personas LGBT en el conflicto armado en Colombia”, quedaron consignados los testimonios de dolor y resistencia de estas personas, los delitos que cometieron los armados, las omisiones de las autoridades y la indiferencia de la sociedad civil. Así como las formas de reparación que pueden ayudar a que no vuelva a suceder la victimización contra el sector LGBT. Este informe será entregado hoy en Montería a la Comisión de la Verdad, en un encuentro en el que también estarán las víctimas.

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El fin último de este documento, dice Wilson Castañeda, director de Caribe Afirmativo, es que por medio de la verdad se logre desarticular el sistema que permitió que la violencia fuera posible. Así, el informe comienza por explicar, desde los mismos testimonios transcritos, cómo era la sociedad en la que se desarrolló esta guerra. Y la respuesta es que fue prejuiciosa y negó la diversidad y la diferencia. “Antes de la llegada de los actores armados a sus territorios, las personas LGBT ya sufrían violencias por prejuicio en la cotidianidad: “en ese entonces los gays eran maltratados, nos hacían mucho bullying y en otros casos mataban. Todo esto me daba muchos nervios; sin embargo, quería mostrarme”. (Entrevista a hombre gay de Chigorodó)”, dice el informe.

Es decir, la orientación sexual, el reconocimiento del género y la expresión de este públicamente, eran determinantes en la discriminación y violencia que podían sufrir, incluso, al interior de sus familias. “Lo que pasa es que aquí siempre ha habido un tabú, que tú sabes que era… que, si hay un “marica” en la casa, había que matarlo. Entonces los papás de uno decían: “si mi hijo me sale ‘marica’ yo lo mando a matar, lo mando a no sé qué”. (…) (Entrevista a hombre gay de El Carmen de Bolívar)”.

Estas personas también eran excluidas de los espacios públicos, marginadas y golpeadas por gente de sus municipios. Por eso, con la llegada de un orden armado, la violencia se exacerbó y se volvió ley. El informe es claro en decir que “los actores armados se encontraron en un clima ideal en el que las violencias por prejuicios, con sus respectivos efectos simbólicos, contra las personas LGBT podían sumar una ventaja estratégica importante en la disputa territorial con los demás actores”. Es decir, violentar a los “maricas” legitimaba el orden social que querían imponer.

De esta manera, se pudo documentar que, por ejemplo, las Farc hicieron presencia a través de los desaparecidos frentes 35 y 27 en los Montes de María; frentes 5, 34 y otros en Urabá; y frentes 5, 18, 57 y 58 en el sur de Córdoba. A manos de esta guerrilla se hicieron múltiples amenazas, cometieron desplazamientos, homicidios y feminicidios, y distintas formas de violencia sexual, tortura y esclavitud. Lo mismo que hicieron los paramilitares, que tenían varias estructuras en estas regiones: Bloque Central Bolívar en Montes de María, Bloque Élmer Cárdenas y Bloque Bananeros en Urabá y las Accu (Autodefensas Campesinas de Córdoba y Uraba). Igualmente, los Bloques Élmer Cárdenas, Héroes de Tolová y Bloque Córdoba en el sur de este departamento. La Fuerza Pública, por su lado, incurrió en detenciones arbitrarias, violencia sexual, torturas y lesiones personales.

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Los relatos son dolorosos y dejan ver las intenciones de los armados: imponer un orden social excluyente de esta diversidad, legitimarse frente a las comunidades por defender las “buenas costumbres”, controlar a la población y, en el caso de la Fuerza Pública, “inferiorizar” a estas personas desde su posición como agentes del Estado.

Esto tuvo las consecuencias esperadas. Las expresiones de género diversas, especialmente, fueron replegadas hacia la norma heterosexual. Ya no más pelo largo, no más faldas, no más “plumas” al aire, ni uñas largas y pintadas. Incluso, se instaló en algunas personas LGBT el ser “recatado” para no ser violentado y, luego, incluso culpar a la víctima porque no acató la orden de “hacerse varón o hacerse hembra”: “Nunca recibimos una humillación, un maltrato, no, al contrario; ellos nos decían que si no nos queríamos morir que dejáramos el relajo, la vida esa con los menores, que no nos pusiéramos a hablar cosas que no eran, que no anduviéramos en la calle a tal hora, eso. Uno se acogía a las normas esas y no nos hacían nada. (Entrevista a mujer trans de El Carmen de Bolívar)”.

Pero esa fue solo una de las consecuencias que generó la violencia contra las personas LGBT. Este informe ahonda en impactos como el estrés postraumático, la depresión, el suicidio, la pérdida de la autoestima y de las redes de apoyo, así como la imposibilidad de tramitar duelos, porque sus familias también sufrieron la guerra.

Con este panorama, las víctimas del Caribe que sufrieron la violencia por su orientación sexual e identidad, esperan lograr que la Comisión de la Verdad conozca qué les pasó y cómo las afectó, para que por fin hayan acciones que rompan esa violencia estructural que continúa, para que otras generaciones no repitan el dolor de la discriminación y la muerte. La verdad para ellas es tan importante como la justicia.

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La violencia no comenzó con la guerra. No comenzó con las armas ni con los panfletos. Ni con hombres uniformados asesinando, violando, amenazando o desapareciendo. Comenzó mucho antes y se manifestó cuando se escuchaba: “a esos mariquitas deberían matarlos”, “sea machito”, “a esa le hace falta macho” o “tiene que convertirse en una mujer de verdad”. Y cada una de esas frases las escucharon las personas lesbianas, gays, bisexuales y trans (LGBT) en sus territorios. Y esas palabras justificaron que fueran asesinadas, violentadas sexualmente, amenazadas, desaparecidas y desplazadas a manos de la guerrilla de las Farc, los paramilitares y la Fuerza Pública. En municipios del Urabá antioqueño, el sur de Córdoba y los Montes de María sucedió todo esto contra la población LGBT, con altísimos niveles de sevicia, silencio e inoperancia judicial. Apenas ahora, muchos años después, pueden exigir que se sepa la verdad.

La organización Caribe Afirmativo, a través de una investigación que incluyó talleres, reconstrucción de líneas de tiempos, mapeo, entrevistas y revisión documental, logró consolidar un informe sobre la violencia que sufrieron las personas LGBT en estas tres regiones del Caribe. En el documento “¡Nosotras resistimos! Informe sobre violencias contra personas LGBT en el conflicto armado en Colombia”, quedaron consignados los testimonios de dolor y resistencia de estas personas, los delitos que cometieron los armados, las omisiones de las autoridades y la indiferencia de la sociedad civil. Así como las formas de reparación que pueden ayudar a que no vuelva a suceder la victimización contra el sector LGBT. Este informe será entregado hoy en Montería a la Comisión de la Verdad, en un encuentro en el que también estarán las víctimas.

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El fin último de este documento, dice Wilson Castañeda, director de Caribe Afirmativo, es que por medio de la verdad se logre desarticular el sistema que permitió que la violencia fuera posible. Así, el informe comienza por explicar, desde los mismos testimonios transcritos, cómo era la sociedad en la que se desarrolló esta guerra. Y la respuesta es que fue prejuiciosa y negó la diversidad y la diferencia. “Antes de la llegada de los actores armados a sus territorios, las personas LGBT ya sufrían violencias por prejuicio en la cotidianidad: “en ese entonces los gays eran maltratados, nos hacían mucho bullying y en otros casos mataban. Todo esto me daba muchos nervios; sin embargo, quería mostrarme”. (Entrevista a hombre gay de Chigorodó)”, dice el informe.

Es decir, la orientación sexual, el reconocimiento del género y la expresión de este públicamente, eran determinantes en la discriminación y violencia que podían sufrir, incluso, al interior de sus familias. “Lo que pasa es que aquí siempre ha habido un tabú, que tú sabes que era… que, si hay un “marica” en la casa, había que matarlo. Entonces los papás de uno decían: “si mi hijo me sale ‘marica’ yo lo mando a matar, lo mando a no sé qué”. (…) (Entrevista a hombre gay de El Carmen de Bolívar)”.

Estas personas también eran excluidas de los espacios públicos, marginadas y golpeadas por gente de sus municipios. Por eso, con la llegada de un orden armado, la violencia se exacerbó y se volvió ley. El informe es claro en decir que “los actores armados se encontraron en un clima ideal en el que las violencias por prejuicios, con sus respectivos efectos simbólicos, contra las personas LGBT podían sumar una ventaja estratégica importante en la disputa territorial con los demás actores”. Es decir, violentar a los “maricas” legitimaba el orden social que querían imponer.

De esta manera, se pudo documentar que, por ejemplo, las Farc hicieron presencia a través de los desaparecidos frentes 35 y 27 en los Montes de María; frentes 5, 34 y otros en Urabá; y frentes 5, 18, 57 y 58 en el sur de Córdoba. A manos de esta guerrilla se hicieron múltiples amenazas, cometieron desplazamientos, homicidios y feminicidios, y distintas formas de violencia sexual, tortura y esclavitud. Lo mismo que hicieron los paramilitares, que tenían varias estructuras en estas regiones: Bloque Central Bolívar en Montes de María, Bloque Élmer Cárdenas y Bloque Bananeros en Urabá y las Accu (Autodefensas Campesinas de Córdoba y Uraba). Igualmente, los Bloques Élmer Cárdenas, Héroes de Tolová y Bloque Córdoba en el sur de este departamento. La Fuerza Pública, por su lado, incurrió en detenciones arbitrarias, violencia sexual, torturas y lesiones personales.

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Los relatos son dolorosos y dejan ver las intenciones de los armados: imponer un orden social excluyente de esta diversidad, legitimarse frente a las comunidades por defender las “buenas costumbres”, controlar a la población y, en el caso de la Fuerza Pública, “inferiorizar” a estas personas desde su posición como agentes del Estado.

Esto tuvo las consecuencias esperadas. Las expresiones de género diversas, especialmente, fueron replegadas hacia la norma heterosexual. Ya no más pelo largo, no más faldas, no más “plumas” al aire, ni uñas largas y pintadas. Incluso, se instaló en algunas personas LGBT el ser “recatado” para no ser violentado y, luego, incluso culpar a la víctima porque no acató la orden de “hacerse varón o hacerse hembra”: “Nunca recibimos una humillación, un maltrato, no, al contrario; ellos nos decían que si no nos queríamos morir que dejáramos el relajo, la vida esa con los menores, que no nos pusiéramos a hablar cosas que no eran, que no anduviéramos en la calle a tal hora, eso. Uno se acogía a las normas esas y no nos hacían nada. (Entrevista a mujer trans de El Carmen de Bolívar)”.

Pero esa fue solo una de las consecuencias que generó la violencia contra las personas LGBT. Este informe ahonda en impactos como el estrés postraumático, la depresión, el suicidio, la pérdida de la autoestima y de las redes de apoyo, así como la imposibilidad de tramitar duelos, porque sus familias también sufrieron la guerra.

Con este panorama, las víctimas del Caribe que sufrieron la violencia por su orientación sexual e identidad, esperan lograr que la Comisión de la Verdad conozca qué les pasó y cómo las afectó, para que por fin hayan acciones que rompan esa violencia estructural que continúa, para que otras generaciones no repitan el dolor de la discriminación y la muerte. La verdad para ellas es tan importante como la justicia.

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