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La condena a 30 años de prisión contra los hermanos Francisco y Jaime Angulo Osorio como determinadores del asesinato del presidente del Comité de Derechos Humanos de Antioquia, Jesús María Valle Jaramillo, quedó en firme porque la Corte Suprema de Justicia les negó a los procesados la evaluación judicial de su sentencia por homicidio agravado y concierto para delinquir. En dos instancias, la justicia recobró un capítulo de la violencia contra líderes de derechos humanos que permanecía en la impunidad.
El abogado Jesús María Valle, quien en 1987 había asumido la dirección del Comité de Derechos Humanos de Antioquia, en reemplazo de Héctor Abad Gómez, fue asesinado el 27 de febrero de 1998 en su oficina en Medellín por sujetos que atendían órdenes del jefe paramilitar Carlos Castaño. La mano de las autodefensas en el crimen obedeció a las insistentes denuncias que Valle Jaramillo hacía en su contra, especialmente después de las masacres de La Granja y El Aro, en área rural del municipio de Ituango.
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El 22 de octubre de 1997, un grupo de paramilitares asesinó a 15 campesinos en estado de indefensión y provocó el desplazamiento forzado de otros habitantes del corregimiento El Aro. Previamente, las autodefensas habían desatado una oleada de violencia selectiva en el corregimiento de La Granja. El abogado Valle Jaramillo, justamente nacido en La Granja, asumió personalmente la denuncia de los hechos y a través de varias comunicaciones recordó que había advertido a las autoridades de estos hechos de violencia.
En concreto, Valle acudió a la Gobernación de Antioquia, entonces regentada por Álvaro Uribe Vélez, y a las autoridades militares representadas por el general Alfonso Manosalva. También fue motivo de polémica con el entonces secretario de Gobierno de la Gobernación, Pedro Juan Moreno. Pero en vez de recibir apoyo fue denunciado penalmente por un militar de segundo rango, por presuntas calumnias contra las Fuerzas Militares, pues Valle insistía en señalarlas de conductas omisivas frente a los hechos de El Aro y La Granja.
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A pesar de los testimonios en su contra, y de que incluso la Fiscalía en su momento los afectó con medida de aseguramiento, los hermanos Francisco y Jaime Angulo Osorio, asentados en la región de Ituango y reconocidos en el negocio de la ganadería, lograron eludir el cerco de la justicia y, aceleradamente, entre marzo y julio de 2001, fueron absueltos. Desde entonces, no sólo la investigación por el crimen de Jesús María Valle se cayó, sino que los hermanos Angulo volvieron a sus actividades lejos de cualquier sospecha.
Sin embargo, a falta de justicia en Colombia, en julio de 2006 la Corte Interamericana de Derechos Humanos responsabilizó al Estado de las masacres de El Aro y La Granja y le exigió acciones de fondo para reparar a las víctimas y enderezar el camino de la justicia. Como quiera que el asesinato del abogado Jesús María Valle estaba directamente ligado con sus denuncias por estos hechos violatorios de los derechos humanos, la Fiscalía dispuso en 2008 acciones para dar cumplimiento con el fallo internacional.
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Fue así como en enero de 2008, el ente investigador promovió una acción de revisión ante la Corte Suprema de Justicia, a fin de que se pudiera rehacer la pesquisa contra los hermanos Francisco y Jaime Angulo. El alto tribunal acogió los argumentos de la Fiscalía y no sólo aceptó la revisión del caso, sino que invalidó las sentencias de absolución de primera y segunda instancia. En el nuevo procedimiento, el caso llegó a un juzgado especializado de Medellín, que los condenó a 30 años de prisión.
La sentencia de julio de 2013 determinó que Francisco y Jaime Angulo Osorio intercedieron ante el jefe paramilitar Carlos Castaño para que interviniera en la región de Ituango, pues en su parecer estaba azotada por la insurgencia. Esta relación, ampliada con testimonios y evidencias de su vinculación con las autodefensas, permitió a la justicia concluir que fueron determinadores de los delitos de homicidio agravado y coautores del delito de concierto para delinquir con fines de paramilitarismo.
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La sentencia fue apelada, pero el Tribunal Superior de Medellín, en decisión del 24 de noviembre de 2017, no solamente ratificó la determinación del juez especializado, sino que ordenó ampliar la investigación judicial, incluso ordenando investigar a varios oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares, así como al exgobernador de Antioquia, expresidente y actual senador Álvaro Uribe. La decisión adoptada por tres magistrados aportó una detallada relación del accionar del paramilitarismo en Ituango.
Entre los testimonios recaudados se incluyó el del jefe paramilitar Salvatore Mancuso, quien reveló que la presencia de las autodefensas en El Aro se debió a la petición de habitantes de la región ante el asedio guerrillero desde la región del Nudo de Paramillo. Mancuso confirmó que en ese ataque participaron hombres de Carlos Castaño, Carlos García, alias Doble Cero, y Ramiro Vanoy, alias Cuco. Además, insistió, contaron con el apoyo del Ejército, la Policía, el DAS, la Gobernación de Antioquia y varios hacendados.
En particular, el exparamilitar Isaías Montes, alias Júnior, recalcó que los hermanos Angulo tuvieron reconocido protagonismo con las autodefensas en Ituango, e incluso fueron jefes de la zona y les pagaron a él y a sus hombres. Desde una cárcel en Estados Unidos, el jefe paramilitar Diego Murillo, alias Don Berna, agregó que en la decisión de asesinar al abogado Jesús María Valle intervino el entonces secretario de Gobierno de Antioquia, Pedro Juan Moreno, quien advirtió sobre las investigaciones que hacía el jurista.
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La sentencia del Tribunal Superior de Medellín aportó la evaluación en detalle de la secuencia criminal de paramilitarismo, que no sólo dejó las masacres de La Granja y El Aro, sino también las de Ochali y Balista, que afectaron a otras comunidades de la región. Los magistrados criticaron la “recurrida falacia” de culpar a los muertos de lo sucedido, en este caso al general Alfonso Manosalva y Pedro Juan Moreno, y señaló que lo que se busca ahora es juzgar a los responsables que aún estas vivos y que participaron en los hechos.
Esta contundente sentencia del Tribunal de Medellín, con peticiones de investigación que poco se han cumplido, fue recurrida por los abogados de los hermanos Francisco y Jaime Angulo Osorio. En su reclamo pidieron que se reconociera que el caso ya había prescrito y era cosa juzgada. La Corte Suprema de Justicia negó las peticiones y no admitió la demanda de casación. En consecuencia, quedó en firme la decisión que condena a los hermanos Angulo y pide recobrar la senda del caso para evitar la impunidad.