Duque simula implementar la paz, mientras desmonta el Acuerdo: plataformas de DD.HH.

Estancamiento, simulación y falta real de voluntad: así califica una amplia convergencia de plataformas de derechos humanos del país la implementación, en el primer año del presidente Iván Duque, del Acuerdo de Paz de La Habana, firmado por el Estado y las Farc. Se trata de un informe de 472 páginas que se presenta hoy al Parlamento Europeo y que da una mirada a las garantías en derechos humanos de los primeros 12 meses de esta administración. Cientos de organizaciones sociales recogieron ensayos, análisis y testimonios que plantean, contrario a lo que ha sostenido el primer mandatario, que este Gobierno ha aplicado un freno a la implementación de lo acordado, a la par que maneja un discurso en el que reafirma su cumplimiento.

El documento lo presentan tres plataformas que recogen a su vez a alrededor de 500 organizaciones sociales del territorio nacional: la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo; la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos, y la Alianza de Organizaciones Sociales y Afines por una Cooperación Internacional para la Paz y la Democracia en Colombia. A través del seguimiento de los principales lineamientos de la política pública del actual Gobierno, las organizaciones entregan este agrio balance que bautizaron El aprendiz del embrujo, en una clara alusión al primer informe de este tipo, El embrujo autoritario, que se publicó hace 16 años a manera de balance en materia de derechos humanos del primer año del entonces presidente, Álvaro Uribe.

“Deconstruyendo la paz”

Así se titula el apartado del informe dedicado exclusivamente al análisis de la implementación de lo acordado en La Habana. Allí, el planteamiento es claro: durante su primer año, este Gobierno “manejó un doble discurso. De un lado asegura que se está cumpliendo el Acuerdo de Paz, pero de otro intenta imponer una agenda diferente de Reforma Rural Integral, sustitución de cultivos, atención de víctimas”.

Varios casos puntuales aparecen reseñados en el informe, que para las organizaciones sociales demostrarían esa simulación. Es así, por ejemplo, con los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), plasmados en el Acuerdo, que habrían quedado opacados y subordinados a otras figuras, como las Zonas Estratégicas de Intervención Integral (ZEII), adoptadas por este Gobierno. Los primeros básicamente apuntan al desarrollo rural de las zonas más afectadas por el conflicto armado, mientras las segundas priorizan algunas de esas mismas regiones, pero con un “enfoque de seguridad centrado en la presencia de la Fuerza Pública”.

De igual forma habría sucedido con el programa de sustitución de cultivos de uso ilícito (PNIS), parte fundamental de la Reforma Rural Integral, pero concebido en el gobierno Duque como eslabón de las políticas de seguridad y de lucha contra las drogas. Así, los planes y programas orientados a la transformación estructural del campo han quedado relegados, mientras la prioridad ha sido una estrategia de militarización de los territorios para consolidar el “imperio de la ley”. Asimismo, la implementación del PNIS enfrentaría otro enorme obstáculo ante la posibilidad, inminente, de que se reanude la fumigación aérea con glifosato.

No son los únicos ejemplos en los que programas estipulados en el Acuerdo estarían siendo desestructurados frente a otras políticas. Otro de los casos referidos por las plataformas de derechos humanos es el de las garantías y la protección a líderes sociales. Mientras en el Acuerdo de Paz se estipulan mecanismos como la Comisión Nacional de Garantías o el Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política (Sisep), la actual administración emitió el Plan de Acción Oportuna (PAO) para responder a la oleada violenta contra los líderes en distintos territorios del país. Mientras en el primero tienen un papel fundamental las organizaciones de derechos humanos, el PAO, según han criticado amplios sectores sociales, tiene un enfoque considerablemente militarista.

Esa simulación del Gobierno frente a la implementación del Acuerdo habría llevado en términos materiales, según el informe, a un “inmovilismo de la paz”. Lo que se vería reflejado en que la actual administración “frenó la implementación normativa del Acuerdo de Paz, no solo porque dejó de impulsar los proyectos que ya estaban en trámite, sino que no presentó ningún proyecto de ley al Congreso dirigido a la implementación de aquel”.

La implementación de políticas paralelas a lo acordado en La Habana habría tenido lugar bajo la estrategia de renombrar las políticas de construcción de paz como políticas de estabilización y seguridad.

El informe asegura que al rastrear los recursos dirigidos a la implementación del Acuerdo se confirma que el tema no es una prioridad para el actual Gobierno. “Los recursos que dicen estar destinados para dicho Acuerdo, lo son para programas sociales generales del Estado (…) y [este Gobierno] no ha especificado los recursos para los PDET ni para el PNIS”. Lo anterior querría decir que lo que existe es una “imputación arbitraria de recursos en nombre de la implementación”, aunque en realidad dichos montos no estén destinados para ese fin.

A través del análisis a la manera como están distribuidas las fuentes de financiación para alcanzar los $37 billones destinados a la implementación en este cuatrienio, el informe resalta “un menor compromiso del Gobierno en la asignación de recursos para la implementación”. Ello porque reduce la participación que tienen en esos montos el Presupuesto General de la Nación, el Sistema General de Participaciones y el Sistema General de Regalías, frente a lo establecido en el Marco Fiscal de Mediano Plazo de 2018.

Consultado por Colombia 2020, el alto consejero para la Estabilización, Emilio Archila, defendió la gestión que ha hecho el Gobierno para la implementación del Acuerdo Final de La Habana. Según dijo, pasar de hablar de paz a estabilización obedece a una intención de aterrizar lo pactado en el Acuerdo a través de intervenciones concretas que en su mayoría tienen un enfoque civil.

También negó que los PDET pierdan importancia frente a las zonas de intervención integral. “En la política de seguridad está previsto que esas dos estrategias deben coordinarse. Las ZEII son microfocalizaciones y ahí se combina una estrategia de seguridad y una estrategia civil, y en esta última lo que se hace es acelerar los componentes de PDET que se encuentren en esa zona”. Asimismo aseguró que el PNIS tampoco ha sido debilitado y que, en conjunto con otras estrategias, se ha venido avanzando en la eliminación de los cultivos de uso ilícito. Prueba de ello, dijo el funcionario, es que el presidente Duque ha insistido en que a las 99.000 familias inscritas en el programa de sustitución se les va a cumplir.

Archila también negó que hubiera existido reducción alguna en el presupuesto de las entidades estipuladas en el Acuerdo, particularmente las que integran el sistema de justicia transicional. Sobre las garantías de protección a líderes, rechazó que se diga que el PAO ha reemplazado las instancias del Acuerdo y aseguró que tanto ese plan como lo estipulado en La Habana para ese fin vienen funcionando.

La reinstalación de la guerra

Según el informe, el estancamiento en la implementación de la paz ha significado “la reinstalación de la guerra” en varios territorios del país. Es así, por ejemplo, con las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc), grupo heredero del paramilitarismo que, de acuerdo con el informe, sigue teniendo presencia importante en el noroccidente del país, particularmente en el Urabá, Córdoba, el Bajo Cauca antioqueño, Chocó y Norte de Santander. Asimismo, en otros territorios del país siguen operando grupos de corte paramilitar, como los Puntilleros, los Pachenca, la Constru o Contadores.

En medio de esa reconfiguración de los actores armados en los territorios, durante el primer año del gobierno Duque se cometieron 226 asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos. La responsabilidad en la inmensa mayoría de esos crímenes, sostienen las organizaciones, no ha sido determinada, así “la Fiscalía afirme que los ha esclarecido en un 60 % de los casos”.

En materia de desapariciones forzadas, hay una víctima cada cuatro días, denuncia el documento. Asimismo, “comunidades indígenas y afrodescendientes en el Chocó permanecen en confinamiento desde hace varios meses sin que la Fuerza Pública haga nada por evitarlo, y el Comité Internacional de la Cruz Roja denuncia en su último informe que ante la grave crisis humanitaria y la expansión de cinco nuevos tipos de conflicto armado en Colombia, en el último año, bajo este Gobierno, el desplazamiento forzado ha aumentado en un 90 % y cada vez en más regiones la gente ha vuelto a sentir miedo”.

Entretanto, la acción de la Fuerza Pública en control territorial se ha concentrado en la seguridad inversionista y contra objetivos de alto valor, así como en la destinación de recursos y mandos en “detenciones y bajas a los llamados Grupos Armados Organizados, sin que se incluya indicadores de seguridad humana y articulación a programas sociales de real impacto”, sostiene el documento.

El litigio de la memoria

Apartados particulares tiene en el informe el litigio por la memoria que resurgió en el país durante el primer año de mandato del presidente Duque. Parte fundamental de esa discusión fue la designación de Darío Acevedo como director del Centro Nacional de Memoria Histórica, un académico abiertamente negacionista del conflicto armado en el país: “Lo que resulta un contrasentido es que alguien que niega la existencia del conflicto armado dirija una institución creada para la implementación de la Ley de Víctimas que tiene justamente ese núcleo”.

Según uno de los capítulos del informe, lo que está en juego realmente son los derechos de las víctimas a la memoria y la verdad. Para no ponerlas en riesgo, tendrían que cumplirse al menos cuatro condiciones: el reconocimiento del conflicto armado, el compromiso con el carácter diverso de la memoria, la obligación del Gobierno de cumplir con el deber de memoria del Estado y la prohibición de promover una memoria oficial. Condiciones que no se estarían cumpliendo en el actual Gobierno.

De igual forma, el documento cita las declaraciones que se han emitido desde el CICR y que dejan sin piso la tesis negacionista del conflicto armado. Según esa institución, en Colombia se cumplen todos los requisitos para hablar de un conflicto armado no internacional o, incluso, de varios de ellos.

A partir de este miércoles, voceros de las organizaciones sociales que elaboraron el informe iniciarán un proceso de incidencia tanto a nivel nacional como internacional en distintos escenarios, para llamar la atención sobre la crisis humanitaria del país que no tendría una respuesta efectiva por parte del Gobierno.

Estancamiento, simulación y falta real de voluntad: así califica una amplia convergencia de plataformas de derechos humanos del país la implementación, en el primer año del presidente Iván Duque, del Acuerdo de Paz de La Habana, firmado por el Estado y las Farc. Se trata de un informe de 472 páginas que se presenta hoy al Parlamento Europeo y que da una mirada a las garantías en derechos humanos de los primeros 12 meses de esta administración. Cientos de organizaciones sociales recogieron ensayos, análisis y testimonios que plantean, contrario a lo que ha sostenido el primer mandatario, que este Gobierno ha aplicado un freno a la implementación de lo acordado, a la par que maneja un discurso en el que reafirma su cumplimiento.

El documento lo presentan tres plataformas que recogen a su vez a alrededor de 500 organizaciones sociales del territorio nacional: la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo; la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos, y la Alianza de Organizaciones Sociales y Afines por una Cooperación Internacional para la Paz y la Democracia en Colombia. A través del seguimiento de los principales lineamientos de la política pública del actual Gobierno, las organizaciones entregan este agrio balance que bautizaron El aprendiz del embrujo, en una clara alusión al primer informe de este tipo, El embrujo autoritario, que se publicó hace 16 años a manera de balance en materia de derechos humanos del primer año del entonces presidente, Álvaro Uribe.

“Deconstruyendo la paz”

Así se titula el apartado del informe dedicado exclusivamente al análisis de la implementación de lo acordado en La Habana. Allí, el planteamiento es claro: durante su primer año, este Gobierno “manejó un doble discurso. De un lado asegura que se está cumpliendo el Acuerdo de Paz, pero de otro intenta imponer una agenda diferente de Reforma Rural Integral, sustitución de cultivos, atención de víctimas”.

Varios casos puntuales aparecen reseñados en el informe, que para las organizaciones sociales demostrarían esa simulación. Es así, por ejemplo, con los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), plasmados en el Acuerdo, que habrían quedado opacados y subordinados a otras figuras, como las Zonas Estratégicas de Intervención Integral (ZEII), adoptadas por este Gobierno. Los primeros básicamente apuntan al desarrollo rural de las zonas más afectadas por el conflicto armado, mientras las segundas priorizan algunas de esas mismas regiones, pero con un “enfoque de seguridad centrado en la presencia de la Fuerza Pública”.

De igual forma habría sucedido con el programa de sustitución de cultivos de uso ilícito (PNIS), parte fundamental de la Reforma Rural Integral, pero concebido en el gobierno Duque como eslabón de las políticas de seguridad y de lucha contra las drogas. Así, los planes y programas orientados a la transformación estructural del campo han quedado relegados, mientras la prioridad ha sido una estrategia de militarización de los territorios para consolidar el “imperio de la ley”. Asimismo, la implementación del PNIS enfrentaría otro enorme obstáculo ante la posibilidad, inminente, de que se reanude la fumigación aérea con glifosato.

No son los únicos ejemplos en los que programas estipulados en el Acuerdo estarían siendo desestructurados frente a otras políticas. Otro de los casos referidos por las plataformas de derechos humanos es el de las garantías y la protección a líderes sociales. Mientras en el Acuerdo de Paz se estipulan mecanismos como la Comisión Nacional de Garantías o el Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política (Sisep), la actual administración emitió el Plan de Acción Oportuna (PAO) para responder a la oleada violenta contra los líderes en distintos territorios del país. Mientras en el primero tienen un papel fundamental las organizaciones de derechos humanos, el PAO, según han criticado amplios sectores sociales, tiene un enfoque considerablemente militarista.

Esa simulación del Gobierno frente a la implementación del Acuerdo habría llevado en términos materiales, según el informe, a un “inmovilismo de la paz”. Lo que se vería reflejado en que la actual administración “frenó la implementación normativa del Acuerdo de Paz, no solo porque dejó de impulsar los proyectos que ya estaban en trámite, sino que no presentó ningún proyecto de ley al Congreso dirigido a la implementación de aquel”.

La implementación de políticas paralelas a lo acordado en La Habana habría tenido lugar bajo la estrategia de renombrar las políticas de construcción de paz como políticas de estabilización y seguridad.

El informe asegura que al rastrear los recursos dirigidos a la implementación del Acuerdo se confirma que el tema no es una prioridad para el actual Gobierno. “Los recursos que dicen estar destinados para dicho Acuerdo, lo son para programas sociales generales del Estado (…) y [este Gobierno] no ha especificado los recursos para los PDET ni para el PNIS”. Lo anterior querría decir que lo que existe es una “imputación arbitraria de recursos en nombre de la implementación”, aunque en realidad dichos montos no estén destinados para ese fin.

A través del análisis a la manera como están distribuidas las fuentes de financiación para alcanzar los $37 billones destinados a la implementación en este cuatrienio, el informe resalta “un menor compromiso del Gobierno en la asignación de recursos para la implementación”. Ello porque reduce la participación que tienen en esos montos el Presupuesto General de la Nación, el Sistema General de Participaciones y el Sistema General de Regalías, frente a lo establecido en el Marco Fiscal de Mediano Plazo de 2018.

Consultado por Colombia 2020, el alto consejero para la Estabilización, Emilio Archila, defendió la gestión que ha hecho el Gobierno para la implementación del Acuerdo Final de La Habana. Según dijo, pasar de hablar de paz a estabilización obedece a una intención de aterrizar lo pactado en el Acuerdo a través de intervenciones concretas que en su mayoría tienen un enfoque civil.

También negó que los PDET pierdan importancia frente a las zonas de intervención integral. “En la política de seguridad está previsto que esas dos estrategias deben coordinarse. Las ZEII son microfocalizaciones y ahí se combina una estrategia de seguridad y una estrategia civil, y en esta última lo que se hace es acelerar los componentes de PDET que se encuentren en esa zona”. Asimismo aseguró que el PNIS tampoco ha sido debilitado y que, en conjunto con otras estrategias, se ha venido avanzando en la eliminación de los cultivos de uso ilícito. Prueba de ello, dijo el funcionario, es que el presidente Duque ha insistido en que a las 99.000 familias inscritas en el programa de sustitución se les va a cumplir.

Archila también negó que hubiera existido reducción alguna en el presupuesto de las entidades estipuladas en el Acuerdo, particularmente las que integran el sistema de justicia transicional. Sobre las garantías de protección a líderes, rechazó que se diga que el PAO ha reemplazado las instancias del Acuerdo y aseguró que tanto ese plan como lo estipulado en La Habana para ese fin vienen funcionando.

La reinstalación de la guerra

Según el informe, el estancamiento en la implementación de la paz ha significado “la reinstalación de la guerra” en varios territorios del país. Es así, por ejemplo, con las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc), grupo heredero del paramilitarismo que, de acuerdo con el informe, sigue teniendo presencia importante en el noroccidente del país, particularmente en el Urabá, Córdoba, el Bajo Cauca antioqueño, Chocó y Norte de Santander. Asimismo, en otros territorios del país siguen operando grupos de corte paramilitar, como los Puntilleros, los Pachenca, la Constru o Contadores.

En medio de esa reconfiguración de los actores armados en los territorios, durante el primer año del gobierno Duque se cometieron 226 asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos. La responsabilidad en la inmensa mayoría de esos crímenes, sostienen las organizaciones, no ha sido determinada, así “la Fiscalía afirme que los ha esclarecido en un 60 % de los casos”.

En materia de desapariciones forzadas, hay una víctima cada cuatro días, denuncia el documento. Asimismo, “comunidades indígenas y afrodescendientes en el Chocó permanecen en confinamiento desde hace varios meses sin que la Fuerza Pública haga nada por evitarlo, y el Comité Internacional de la Cruz Roja denuncia en su último informe que ante la grave crisis humanitaria y la expansión de cinco nuevos tipos de conflicto armado en Colombia, en el último año, bajo este Gobierno, el desplazamiento forzado ha aumentado en un 90 % y cada vez en más regiones la gente ha vuelto a sentir miedo”.

Entretanto, la acción de la Fuerza Pública en control territorial se ha concentrado en la seguridad inversionista y contra objetivos de alto valor, así como en la destinación de recursos y mandos en “detenciones y bajas a los llamados Grupos Armados Organizados, sin que se incluya indicadores de seguridad humana y articulación a programas sociales de real impacto”, sostiene el documento.

El litigio de la memoria

Apartados particulares tiene en el informe el litigio por la memoria que resurgió en el país durante el primer año de mandato del presidente Duque. Parte fundamental de esa discusión fue la designación de Darío Acevedo como director del Centro Nacional de Memoria Histórica, un académico abiertamente negacionista del conflicto armado en el país: “Lo que resulta un contrasentido es que alguien que niega la existencia del conflicto armado dirija una institución creada para la implementación de la Ley de Víctimas que tiene justamente ese núcleo”.

Según uno de los capítulos del informe, lo que está en juego realmente son los derechos de las víctimas a la memoria y la verdad. Para no ponerlas en riesgo, tendrían que cumplirse al menos cuatro condiciones: el reconocimiento del conflicto armado, el compromiso con el carácter diverso de la memoria, la obligación del Gobierno de cumplir con el deber de memoria del Estado y la prohibición de promover una memoria oficial. Condiciones que no se estarían cumpliendo en el actual Gobierno.

De igual forma, el documento cita las declaraciones que se han emitido desde el CICR y que dejan sin piso la tesis negacionista del conflicto armado. Según esa institución, en Colombia se cumplen todos los requisitos para hablar de un conflicto armado no internacional o, incluso, de varios de ellos.

A partir de este miércoles, voceros de las organizaciones sociales que elaboraron el informe iniciarán un proceso de incidencia tanto a nivel nacional como internacional en distintos escenarios, para llamar la atención sobre la crisis humanitaria del país que no tendría una respuesta efectiva por parte del Gobierno.