“El capítulo étnico está en el papel, pero no salió de él: líder indígena

El capítulo étnico presente en el Acuerdo reconoce que los pueblos indígenas y afrocolombianos “han contribuido a la construcción de una paz sostenible y duradera” y que “han sufrido condiciones históricas de injusticia”, incluyendo la esclavización, la exclusión y la desposesión de sus territorios. El texto también considera que dichos grupos han sido afectados “gravemente” por el conflicto y que se deben generar “las máximas garantías para el ejercicio pleno de sus derechos humanos y colectivos en el marco de sus propias aspiraciones, intereses y cosmovisiones.”

(Lea: Dos décadas de la paz entre los nasa wes’x y las Farc en el sur del Tolima)

En el nororiente del Cauca, las garantías aún no se ven. “El capítulo étnico está en el papel, pero no salió de él. Hay que traer inversiones para los PDET (Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial) y para el PNIS (Plan Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos). La salida son los cultivos, la inversión social, atacar el problema del narcotráfico. Pero siempre el Gobierno dice que no hay recursos”, dice el thu thena Libardo Fernández, uno de los siete delegados de Plan de Vida en la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (Acin).

Mientras esperan el apoyo institucional, líderes indígenas han conquistado espacios de diálogo. Durante el año 2016, el mayor Eliseo Ipia caminó de vereda en vereda, tocó de puerta en puerta, explicando el Acuerdo de Paz en el resguardo de Jambaló, en el municipio del mismo nombre. Su trabajo por la construcción de paz incluye la articulación, la incidencia política y la participación de organizaciones, líderes y defensores de derechos humanos. Una de las acciones centrales fue la creación del Consejo Municipal de Paz.

Las reuniones del Consejo empezaron en 2017 y unieron 11 diferentes sectores del resguardo, incluyendo víctimas, excombatientes, autoridades tradicionales y la entonces alcaldesa, Flor Ilva Trochez, que lo presidió hasta 2019. En el espacio, se ha buscado el diálogo junto al Gobierno para adelantar procesos de reparación individual y colectiva, y para acompañar la implementación del Acuerdo en el territorio.

“La comunidad es el eje central. El Consejo está para ayudar a fortalecer los procesos. Los antecedentes fueron asesinatos, masacres, desplazamientos, afectaciones morales y físicas… pero hay rutas de coordinación para generar respeto y confianza, con decisiones tanto jurídicas como espirituales”, afirma el mayor.

La participación “plena y efectiva” de los representantes de las autoridades indígenas en la implementación del Acuerdo, está prevista en el capítulo étnico. Sin embargo, ha tenido dificultades políticas para materializarse: una de las medidas para garantizar esa inclusión era la presencia de candidatos indígenas en la lista de las Circunscripciones Especiales de Paz, que permitía a las regiones más afectadas por el conflicto tener 16 curules en la Cámara de Representantes hasta 2026. Sin embargo, la iniciativa fracasó en el Congreso y no fue aprobada en votación.

El Consejo Municipal de Paz es una forma de buscar la participación local desde la organización comunitaria. De las 7.800 víctimas de Jambaló, 2.000 han sido indemnizadas, en 25 líneas de reparación individual, según el mayor Eliseo. El resguardo busca también la reparación colectiva, como pueblo y territorio afectados por el conflicto. “Es lento, sabemos que el Estado es lento, pero seguimos trabajando.”

Además de la participación política, el tema jurídico es otro punto de divergencias. El capítulo étnico se prevé que, en el sistema de la justicia transicional, “se respetará el ejercicio de las funciones jurisdiccionales de las autoridades tradicionales dentro de su ámbito territorial” y que “se crearán mecanismos para la articulación y coordinación con la Jurisdicción Especial Indígena (JEI)”. En la práctica, hay choques: después de la firma del acuerdo, los crímenes relacionados al conflicto armado pasaron a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), con la posibilidad de rebajas de penas a cambio de verdad. Detenidos de las Farc que habían sido juzgados por la justicia ordinaria y estaban presos por acciones relacionadas al conflicto, por eso, fueron liberados. En la JEI, sin embargo, los tribunales propios pueden tomar sus decisiones en sentido contrario.

“Había un descontento, la JEP es importante, pero la JEI tiene un proceso más antiguo. Ahora nos sentamos con la comunidad a dialogar, dar salidas y claridades”, afirma José Domingo Tombe, excombatiente, indígena y estudiante del diplomado de “Coordinación Interjurisdiccional entre la JEP y la JEI: Abriendo caminos para la armonía y el equilibrio en la reconciliación territorial de Jambaló”. El curso fue diseñado en articulación entre el Plan de Vida del resguardo, la Fundación Pax en Colombia, la Universidad Autónoma Indígena Intercultural y la JEP.

“Hay un diálogo de saberes interculturales, con la JEP y la JEI. Nos reunimos con las organizaciones, con los magistrados, para construir en conjunto”, agrega el mayor Eliseo Ipia. El diplomado aporta a la implementación del Acuerdo y del sistema de justicia transicional desde su enfoque étnico y territorial, respondiendo a las orientaciones de las comunidades y de las autoridades ancestrales.

La intención es generar la reflexión desde el “pluralismo jurídico”, es decir, del reconocimiento de la posible convivencia y coordinación entre diferentes normas jurídicas. Su creación se ha apoyado tanto en el capítulo étnico como en la apertura del caso número 005 en la JEP, que investiga graves infracciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario en diferentes municipios del norte del Cauca.

El documento de presentación del diplomado, sin embargo, reconoce las dificultades de la actual coyuntura de seguridad en la región: “La construcción de la paz con enfoque territorial no es fácil. Después de la firma final de los Acuerdos, se han intensificado las violaciones a los derechos humanos, los asesinatos y amenazas contra dirigentes sociales, defensores de derechos humanos y excombatientes de las Farc”.

La expectativa de las autoridades tradicionales por la implementación del capítulo étnico, está vinculada a esa coyuntura de violencia. Las garantías de seguridad y el fortalecimiento de la guardia indígena, previstas en el punto 3.4 del capítulo, aún no se materializaron. Entre enero y septiembre de 2019, 73 indígenas fueron asesinados en el departamento del Cauca, según números de Medicina Legal. Los nasa han sido la etnia más golpeada por muertes violentas en el país en el mismo período, con 61 casos.

“Las autoridades se están llenando de miedo. Con la chonta y el chumbe (bastón de mando y faja que lo acompaña), se vuelven un blanco”, afirma la autoridad tradicional neehwe’sx Delcaris Rivera Ulcué, del resguardo de Huellas, en el municipio de Caloto. Para enfrentar las amenazas, las autoridades y guardias han adoptado medidas de autoprotección, como disminuir el tiempo de trabajo externo y la duración de las asambleas. También reciben el apoyo espiritual de los mayores y médicos tradicionales, que realizan sus prácticas y rituales para la armonización.

(Lea: Acciones entre la Guardia indígena nasa y el Ejército: un imposible ético)

“A pesar de los panfletos, de los audios, dije que me voy a quedar, con mi casa, con mi familia. Tenemos nuestras creencias, y yo les dije que no me voy a ir, me voy a quedar. No sabe uno hasta cuando la madre tierra nos va a cuidar. Ya dije a mi familia que no sé hasta cuándo. Pero sigo defendiendo el territorio. Va a quedar vacío si nos vamos”, señala Héctor Fabio Casamachín, 42 años, coordinador de la guardia indígena en Huellas, Caloto. El grupo de guardias indígenas del resguardo ha sufrido, en 2019, 12 amenazas y 2 atentados.

Para combatir a la inseguridad, los comuneros defienden la salida de los grupos armados de su territorio, la sustitución de los cultivos de uso ilícito y la implementación de las garantías previstas en el capítulo étnico. También han mencionado la importancia del seguimiento de diferentes instituciones a su trabajo, es decir, que los ojos del país estén más presentes en el nororiente del Cauca, no solamente cuando un atentado ocupa los titulares de los periódicos.

*Este reportaje se ha realizado con el apoyo de la Fundación Pax Colombia y es parte del especial multimedia “Espiral de guerra y paz en el Cauca”, sobre el panorama en el nororiente del departamento tras tres años de la firma del Acuerdo de Paz. Es publicado por La Paz en el Terreno, la plataforma de análisis de datos e investigación en la que participan Colombia 2020 y Rutas del Conflicto. Esta publicación es posible gracias al apoyo de la fundación alemana Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) en Colombia.

El capítulo étnico presente en el Acuerdo reconoce que los pueblos indígenas y afrocolombianos “han contribuido a la construcción de una paz sostenible y duradera” y que “han sufrido condiciones históricas de injusticia”, incluyendo la esclavización, la exclusión y la desposesión de sus territorios. El texto también considera que dichos grupos han sido afectados “gravemente” por el conflicto y que se deben generar “las máximas garantías para el ejercicio pleno de sus derechos humanos y colectivos en el marco de sus propias aspiraciones, intereses y cosmovisiones.”

(Lea: Dos décadas de la paz entre los nasa wes’x y las Farc en el sur del Tolima)

En el nororiente del Cauca, las garantías aún no se ven. “El capítulo étnico está en el papel, pero no salió de él. Hay que traer inversiones para los PDET (Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial) y para el PNIS (Plan Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos). La salida son los cultivos, la inversión social, atacar el problema del narcotráfico. Pero siempre el Gobierno dice que no hay recursos”, dice el thu thena Libardo Fernández, uno de los siete delegados de Plan de Vida en la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (Acin).

Mientras esperan el apoyo institucional, líderes indígenas han conquistado espacios de diálogo. Durante el año 2016, el mayor Eliseo Ipia caminó de vereda en vereda, tocó de puerta en puerta, explicando el Acuerdo de Paz en el resguardo de Jambaló, en el municipio del mismo nombre. Su trabajo por la construcción de paz incluye la articulación, la incidencia política y la participación de organizaciones, líderes y defensores de derechos humanos. Una de las acciones centrales fue la creación del Consejo Municipal de Paz.

Las reuniones del Consejo empezaron en 2017 y unieron 11 diferentes sectores del resguardo, incluyendo víctimas, excombatientes, autoridades tradicionales y la entonces alcaldesa, Flor Ilva Trochez, que lo presidió hasta 2019. En el espacio, se ha buscado el diálogo junto al Gobierno para adelantar procesos de reparación individual y colectiva, y para acompañar la implementación del Acuerdo en el territorio.

“La comunidad es el eje central. El Consejo está para ayudar a fortalecer los procesos. Los antecedentes fueron asesinatos, masacres, desplazamientos, afectaciones morales y físicas… pero hay rutas de coordinación para generar respeto y confianza, con decisiones tanto jurídicas como espirituales”, afirma el mayor.

La participación “plena y efectiva” de los representantes de las autoridades indígenas en la implementación del Acuerdo, está prevista en el capítulo étnico. Sin embargo, ha tenido dificultades políticas para materializarse: una de las medidas para garantizar esa inclusión era la presencia de candidatos indígenas en la lista de las Circunscripciones Especiales de Paz, que permitía a las regiones más afectadas por el conflicto tener 16 curules en la Cámara de Representantes hasta 2026. Sin embargo, la iniciativa fracasó en el Congreso y no fue aprobada en votación.

El Consejo Municipal de Paz es una forma de buscar la participación local desde la organización comunitaria. De las 7.800 víctimas de Jambaló, 2.000 han sido indemnizadas, en 25 líneas de reparación individual, según el mayor Eliseo. El resguardo busca también la reparación colectiva, como pueblo y territorio afectados por el conflicto. “Es lento, sabemos que el Estado es lento, pero seguimos trabajando.”

Además de la participación política, el tema jurídico es otro punto de divergencias. El capítulo étnico se prevé que, en el sistema de la justicia transicional, “se respetará el ejercicio de las funciones jurisdiccionales de las autoridades tradicionales dentro de su ámbito territorial” y que “se crearán mecanismos para la articulación y coordinación con la Jurisdicción Especial Indígena (JEI)”. En la práctica, hay choques: después de la firma del acuerdo, los crímenes relacionados al conflicto armado pasaron a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), con la posibilidad de rebajas de penas a cambio de verdad. Detenidos de las Farc que habían sido juzgados por la justicia ordinaria y estaban presos por acciones relacionadas al conflicto, por eso, fueron liberados. En la JEI, sin embargo, los tribunales propios pueden tomar sus decisiones en sentido contrario.

“Había un descontento, la JEP es importante, pero la JEI tiene un proceso más antiguo. Ahora nos sentamos con la comunidad a dialogar, dar salidas y claridades”, afirma José Domingo Tombe, excombatiente, indígena y estudiante del diplomado de “Coordinación Interjurisdiccional entre la JEP y la JEI: Abriendo caminos para la armonía y el equilibrio en la reconciliación territorial de Jambaló”. El curso fue diseñado en articulación entre el Plan de Vida del resguardo, la Fundación Pax en Colombia, la Universidad Autónoma Indígena Intercultural y la JEP.

“Hay un diálogo de saberes interculturales, con la JEP y la JEI. Nos reunimos con las organizaciones, con los magistrados, para construir en conjunto”, agrega el mayor Eliseo Ipia. El diplomado aporta a la implementación del Acuerdo y del sistema de justicia transicional desde su enfoque étnico y territorial, respondiendo a las orientaciones de las comunidades y de las autoridades ancestrales.

La intención es generar la reflexión desde el “pluralismo jurídico”, es decir, del reconocimiento de la posible convivencia y coordinación entre diferentes normas jurídicas. Su creación se ha apoyado tanto en el capítulo étnico como en la apertura del caso número 005 en la JEP, que investiga graves infracciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario en diferentes municipios del norte del Cauca.

El documento de presentación del diplomado, sin embargo, reconoce las dificultades de la actual coyuntura de seguridad en la región: “La construcción de la paz con enfoque territorial no es fácil. Después de la firma final de los Acuerdos, se han intensificado las violaciones a los derechos humanos, los asesinatos y amenazas contra dirigentes sociales, defensores de derechos humanos y excombatientes de las Farc”.

La expectativa de las autoridades tradicionales por la implementación del capítulo étnico, está vinculada a esa coyuntura de violencia. Las garantías de seguridad y el fortalecimiento de la guardia indígena, previstas en el punto 3.4 del capítulo, aún no se materializaron. Entre enero y septiembre de 2019, 73 indígenas fueron asesinados en el departamento del Cauca, según números de Medicina Legal. Los nasa han sido la etnia más golpeada por muertes violentas en el país en el mismo período, con 61 casos.

“Las autoridades se están llenando de miedo. Con la chonta y el chumbe (bastón de mando y faja que lo acompaña), se vuelven un blanco”, afirma la autoridad tradicional neehwe’sx Delcaris Rivera Ulcué, del resguardo de Huellas, en el municipio de Caloto. Para enfrentar las amenazas, las autoridades y guardias han adoptado medidas de autoprotección, como disminuir el tiempo de trabajo externo y la duración de las asambleas. También reciben el apoyo espiritual de los mayores y médicos tradicionales, que realizan sus prácticas y rituales para la armonización.

(Lea: Acciones entre la Guardia indígena nasa y el Ejército: un imposible ético)

“A pesar de los panfletos, de los audios, dije que me voy a quedar, con mi casa, con mi familia. Tenemos nuestras creencias, y yo les dije que no me voy a ir, me voy a quedar. No sabe uno hasta cuando la madre tierra nos va a cuidar. Ya dije a mi familia que no sé hasta cuándo. Pero sigo defendiendo el territorio. Va a quedar vacío si nos vamos”, señala Héctor Fabio Casamachín, 42 años, coordinador de la guardia indígena en Huellas, Caloto. El grupo de guardias indígenas del resguardo ha sufrido, en 2019, 12 amenazas y 2 atentados.

Para combatir a la inseguridad, los comuneros defienden la salida de los grupos armados de su territorio, la sustitución de los cultivos de uso ilícito y la implementación de las garantías previstas en el capítulo étnico. También han mencionado la importancia del seguimiento de diferentes instituciones a su trabajo, es decir, que los ojos del país estén más presentes en el nororiente del Cauca, no solamente cuando un atentado ocupa los titulares de los periódicos.

*Este reportaje se ha realizado con el apoyo de la Fundación Pax Colombia y es parte del especial multimedia “Espiral de guerra y paz en el Cauca”, sobre el panorama en el nororiente del departamento tras tres años de la firma del Acuerdo de Paz. Es publicado por La Paz en el Terreno, la plataforma de análisis de datos e investigación en la que participan Colombia 2020 y Rutas del Conflicto. Esta publicación es posible gracias al apoyo de la fundación alemana Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) en Colombia.