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Atendiendo a la necesidad de definir el universo de víctimas de desaparición forzada en la Comuna 13 de Medellín, que podrían estar enterradas en el Cementerio Universal de la ciudad, la Jurisdicción Especial para la Paz le pidió a la Alcaldía de la ciudad que avance en la consolidación de la "base de datos de víctimas" y, a renglón seguido, identifique y contacte a los familiares de las víctimas".
Esto, explica el auto 018 de 2020, "se debe traducir en acciones precisas precisas y concretas que promuevan y faciliten los procesos de búsqueda, identificación y entrega digna". Estas acciones, sugiere la JEP, deberán ser convocando a los familiares a participar y tomando "muestras biológicas de ser necesario".
Aunque suene increíble, luego de más de 20 años, aún las entidades no tienen consolidadas el número de víctimas de este crimen en Medellín, durante los años más duros del conflicto armado. En el auto, la Sección de Ausencia de Reconocimiento de la JEP se mostró sorprendida de esta omisión, que dijo ha dificultado que se ofrezca la debida respuesta y atención estatal a las víctimas, como también ha ocultado la verdadera dimensión de este crimen, invisibilizando el dolor y la necesidad de cientos de familias.
De hecho, en este auto la Sección dio traslado a la Alcaldía de Medellín, a la Fiscalía General de la Nación, al MOVICE, al Instituto Colombiano de Medicina Legal, a la Personería de Medellín y a la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, de una base de datos de víctimas de desaparición forzada de la Comuna 13, con 417 registros, construida por esta Sección y en actual proceso de consolidación.
Además, la Alcaldía de Medellín deberá remitir a la JEP, en un plazo de cinco días hábiles, toda la información que tenga sobre los cuerpos hallados e identificados en la Comuna 13 de la ciudad.
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Esta decisión se tomó en el marco de la solicitud del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) de proteger 17 lugares donde podría haber desaparecidos. Algunos de estos están en Antioquia, como La Escombrera, en la Comuna 13 de Medellín, Hidroituango y el cementerio de Dabeiba.
En el desarrollo del los casos específicos de Comuna 13 e Hidroituango, la JEP ha encontrado que algunos cuerpos podrían haber sido sepultados en el Cementerio Universal, por esta razón ordenó también a Medicina Legal "allegar todos los soportes documentales, las necropsias, muestras, cartas dentales y perfiles genéticos relacionados con este material".
Sobre los desaparecidos que desaparecieron
En el auto de seguimiento a la audiencia que realizó en Medellín en julio de 2019, la Sección también ordenó al Instituto Colombiano de Medicina Legal que, ante el grave extravío del material forense recaudado de siete cadáveres de personas no identificadas que fueron exhumadas por la Fiscalía en agosto de 2003, indique en detalle: de qué manera se debió guardar la cadena de custodia de las muestras óseas extraviadas; quiénes fueron los funcionarios responsables de la toma de tales muestras, así como de su administración y cuidado; cuál es el estado actual de las averiguaciones que se han adelantado para intentar ubicarlas; y cuáles son y en qué etapa procesal se encuentran las investigaciones disciplinarias que se han promovido para determinar los responsables de lo sucedido.
Durante la audiencia se conoció que la Fiscalía no sabía dónde estaban tres de los cinco cuerpos exhumados en inmediaciones a la Comuna 13, en 2003, que pese a ser recuperados seguían sin identificar después de 17 años. También que se habían perdido las muestras de tejidos que el médico legista les hizo en su momento, como le confirmó Medicina Legal a la Fiscalía. Los cuerpos se extraviaron en el Cementerio Universal de Medellín.
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