¿En qué va el punto sobre drogas ilícitas del Acuerdo de Paz?

El cuarto punto del Acuerdo de Paz con la guerrilla de las Farc —la “Solución al problema de las drogas ilícitas”— propone un nuevo enfoque que cambió radicalmente la forma de abordar este tema en el país: a los cultivadores de coca, en lugar de fumigarlos, les prometió acuerdos de sustitución voluntaria; a los consumidores de estupefacientes, en lugar de represión, les prometió un abordaje desde la salud pública, y a los traficantes les prometió más garrote por medio de cooperación entre las instituciones judiciales, entre otras estrategias. A dos años y medio de la firma del Acuerdo, estos son los avances que se observan en la implementación de la que sería la nueva política de drogas de Colombia.

Los tropiezos de la sustitución

Según lo pactado, las familias que viven del cultivo de hoja de coca podían firmar acuerdos de sustitución voluntaria, los cuales, entre otras cosas, suspendían cualquier acción judicial en su contra, los eximía de que llegara la Fuerza Pública a arrancarles las matas y les prometían subsidios de alimentación. Este programa recibió el nombre de Plan Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) y su implementación quedó en manos de la Alta Consejería para el Posconflicto. A la fecha hay 99.097 familias vinculadas al programa y se han erradicado 29.043 hectáreas de coca de manera voluntaria, según cifras de la Organización de Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (Unodc).

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Esta cifra es importante, según explicó el investigador del Observatorio de Cultivos Declarados Ilícitos (OCCDI), Salomón Majbub, pues está demostrado, también por la Unodc, que cuando se erradica de manera voluntaria, se vuelve a sembrar coca en el 0,6 % de los casos, mientras que cuando se erradica forzadamente a los tres meses se han resembrado del 30 al 35 % de los cultivos. Camilo González Posso, presidente del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), asegura que la Alta Consejería les ha cumplido a las familias que firmaron estos acuerdos de sustitución.

Sin embargo, González Posso, quien también es miembro de la Comisión Nacional de Garantías, que monitorea la implementación del Acuerdo, resume los tropiezos que ha atravesado el PNIS en tres problemas: primero, que el Gobierno le ha dado mayor énfasis a la erradicación forzada, “que es poco efectiva y socialmente muy costosa”. En segundo lugar, dice que no llegan los recursos para los proyectos productivos: “Han parado proyectos que deberían estar funcionando hace un año”. Y, por último, que no se incluye en el programa a cerca de 400.000 familias que subsisten de cultivar coca y están esperando los planes de desarrollo territorial y los planes rurales de reformas.

Ejemplo de esto es la situación en Putumayo, donde las comunidades han denunciado por meses que el Gobierno no les cumple en materia de sustitución de cultivos, lo que ha generado enfrentamientos con la Fuerza Pública. El pasado 6 de junio, tras una misión de verificación del panorama de derechos humanos en la zona, la Asociación Minga y otras organizaciones reiteraron que la erradicación forzada no ha cesado y que varias familias “resaltan el alto índice de incumplimiento a lo acordado en el PNIS, especialmente en lo relacionado con los proyectos productivos, razón por la cual actualmente no cuentan con garantías reales para iniciar el proceso de sustitución”.

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Según la Alta Consejería, en su visita a la región encontraron que el PNIS no tenía “una planeación real, cumplible y estaba desfinanciado, lo que llevó a retrasos”. No obstante, la entidad sostiene que “avanzó en la consecución de recursos para cumplir con las obligaciones pactadas con las familias vinculadas” y hoy tienen un cronograma claro para brindarles garantías a las familias. Majbub dice que la Alta Consejería siempre da las mismas “disculpas” y que han recibido denuncias similares a las de Putumayo de lugares como Catatumbo, Caquetá y hasta Briceño (Antioquia), donde se instaló el piloto del PNIS. “Este Gobierno ha dicho muchas veces que está comprometido con la paz, pero la verdad es que en el territorio eso no se ve”, asegura el investigador.

Ver el consumo desde la salud pública

El Acuerdo también dispuso la creación del Programa Nacional de Intervención Integral frente al Consumo de Drogas Ilícitas. El compromiso de poner en marcha una política “encaminada a la prevención y superación del consumo, así como a la mitigación de riesgos y daños”, como reza el Acuerdo, se retomó hasta el pasado 17 de mayo, cuando la Alta Consejería anunció la puesta en marcha de la Política Integral para la Prevención y Atención del Consumo de Sustancias Psicoactivas, que, dijo la entidad, es una prioridad para el Gobierno del presidente Iván Duque, por lo cual la política también involucra a los ministerios de Salud y Justicia, según confirmó esta última cartera.

(Este es el balance del programa de sustitución de cultívos en el Gobierno Duque)

De hecho, uno de los mayores avances de Gloria Borrero antes de salir del Ministerio de Justicia fue dejar listo el documento Ruta Futuro, la política que asumiría el Gobierno de Iván Duque frente a las drogas y que ya fue aprobada por el Consejo Nacional de Estupefacientes. El primer pilar de esta política busca reducir el consumo de drogas a partir, por un lado, del desarrollo de programas que disminuyan el contacto temprano con los psicoactivos y, por otro, mejorar el acceso a tratamientos para personas con adicciones.

La cartera de Justicia le dijo a este diario que “todos los planes, programas, proyectos y estrategias definidos para la implementación de Ruta Futuro deberán tener en cuenta enfoques de derechos humanos, salud pública, seguridad ciudadana, desarrollo territorial, desarrollo humano y ordenamiento ambiental”. Sin embargo, Julián Quintero, director e investigador de la corporación Acción Técnica Social (ATS) dice que “el Gobierno no puede decir que esa política es producto o desarrollo del Acuerdo porque no hay ninguna articulación ahí”. Además, puntualiza que “el sistema nacional de atención al consumo no se conoce, tampoco los espacios donde han llamado a participar a los consumidores”, como dispone el Acuerdo.

“Las respuestas del Gobierno están enfocadas a decir que tienen un documento escrito y que van a ponerlo en marcha, pero no se conoce ningún proyecto que materialice eso que dice la política. Las pocas cosas que hay vienen del gobierno anterior”, añadió Quintero. Esto es problemático, asegura, puesto que el Ministerio tiene la ventaja de que invierte recursos a su discreción, condición que es más compleja en el caso de la Alta Consejería, que depende económicamente del Fondo para la Paz, en el que se debe concertar cada inversión con los financiadores —entre los que hay fuentes del sector privado y de cooperación internacional—.

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Judicializar a los grandes narcotraficantes

La última arista para solucionar el “problema de las drogas” que se pactó en el Acuerdo es la “Solución al fenómeno de producción y comercialización de narcóticos”. En esta materia, gran parte de las responsabilidades recaen en el Ministerio de Justicia y, según explicó la cartera, su implementación se traduce en la política Ruta Futuro, pues tres de sus pilares están orientados a reducir la disponibilidad de drogas, desarticular estructuras criminales y afectar las economías y rentas criminales. Por ahora, añadió el Ministerio, siguen en la concertación con las diferentes entidades del sector judicial para ver qué responsabilidades le corresponden a cada uno.

Además, el Ministerio se refirió a los avances en cooperación judicial internacional, recurso que el Acuerdo pone en el centro para lograr desarticular las redes criminales que controlan el tráfico de drogas. Allí, la prioridad es “la negociación de nuevos tratados de extradición. Hay varios que ya están en curso y en proceso de validación por el Consejo de Política Criminal para posteriormente iniciar el trámite legislativo y la Corte Constitucional”, dijo la entidad.

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Por último, el punto cuatro sostiene que Colombia organizará una conferencia internacional y abrirá espacios de diálogos para hablar de reformas a la política de drogas. “La conferencia internacional no se ha hecho, no la han convocado, y los espacios de diálogo internacional que tenía el gobierno anterior, que eran bastante dinámicos —en la OEA y en las Naciones Unidas—, fueron eliminados por este Gobierno”, aseguró Quintero. Según el Ministerio de Justicia, esto es competencia de la Cancillería, por lo que no quisieron ahondar en una respuesta.

El cuarto punto del Acuerdo de Paz con la guerrilla de las Farc —la “Solución al problema de las drogas ilícitas”— propone un nuevo enfoque que cambió radicalmente la forma de abordar este tema en el país: a los cultivadores de coca, en lugar de fumigarlos, les prometió acuerdos de sustitución voluntaria; a los consumidores de estupefacientes, en lugar de represión, les prometió un abordaje desde la salud pública, y a los traficantes les prometió más garrote por medio de cooperación entre las instituciones judiciales, entre otras estrategias. A dos años y medio de la firma del Acuerdo, estos son los avances que se observan en la implementación de la que sería la nueva política de drogas de Colombia.

Los tropiezos de la sustitución

Según lo pactado, las familias que viven del cultivo de hoja de coca podían firmar acuerdos de sustitución voluntaria, los cuales, entre otras cosas, suspendían cualquier acción judicial en su contra, los eximía de que llegara la Fuerza Pública a arrancarles las matas y les prometían subsidios de alimentación. Este programa recibió el nombre de Plan Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) y su implementación quedó en manos de la Alta Consejería para el Posconflicto. A la fecha hay 99.097 familias vinculadas al programa y se han erradicado 29.043 hectáreas de coca de manera voluntaria, según cifras de la Organización de Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (Unodc).

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Esta cifra es importante, según explicó el investigador del Observatorio de Cultivos Declarados Ilícitos (OCCDI), Salomón Majbub, pues está demostrado, también por la Unodc, que cuando se erradica de manera voluntaria, se vuelve a sembrar coca en el 0,6 % de los casos, mientras que cuando se erradica forzadamente a los tres meses se han resembrado del 30 al 35 % de los cultivos. Camilo González Posso, presidente del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), asegura que la Alta Consejería les ha cumplido a las familias que firmaron estos acuerdos de sustitución.

Sin embargo, González Posso, quien también es miembro de la Comisión Nacional de Garantías, que monitorea la implementación del Acuerdo, resume los tropiezos que ha atravesado el PNIS en tres problemas: primero, que el Gobierno le ha dado mayor énfasis a la erradicación forzada, “que es poco efectiva y socialmente muy costosa”. En segundo lugar, dice que no llegan los recursos para los proyectos productivos: “Han parado proyectos que deberían estar funcionando hace un año”. Y, por último, que no se incluye en el programa a cerca de 400.000 familias que subsisten de cultivar coca y están esperando los planes de desarrollo territorial y los planes rurales de reformas.

Ejemplo de esto es la situación en Putumayo, donde las comunidades han denunciado por meses que el Gobierno no les cumple en materia de sustitución de cultivos, lo que ha generado enfrentamientos con la Fuerza Pública. El pasado 6 de junio, tras una misión de verificación del panorama de derechos humanos en la zona, la Asociación Minga y otras organizaciones reiteraron que la erradicación forzada no ha cesado y que varias familias “resaltan el alto índice de incumplimiento a lo acordado en el PNIS, especialmente en lo relacionado con los proyectos productivos, razón por la cual actualmente no cuentan con garantías reales para iniciar el proceso de sustitución”.

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Según la Alta Consejería, en su visita a la región encontraron que el PNIS no tenía “una planeación real, cumplible y estaba desfinanciado, lo que llevó a retrasos”. No obstante, la entidad sostiene que “avanzó en la consecución de recursos para cumplir con las obligaciones pactadas con las familias vinculadas” y hoy tienen un cronograma claro para brindarles garantías a las familias. Majbub dice que la Alta Consejería siempre da las mismas “disculpas” y que han recibido denuncias similares a las de Putumayo de lugares como Catatumbo, Caquetá y hasta Briceño (Antioquia), donde se instaló el piloto del PNIS. “Este Gobierno ha dicho muchas veces que está comprometido con la paz, pero la verdad es que en el territorio eso no se ve”, asegura el investigador.

Ver el consumo desde la salud pública

El Acuerdo también dispuso la creación del Programa Nacional de Intervención Integral frente al Consumo de Drogas Ilícitas. El compromiso de poner en marcha una política “encaminada a la prevención y superación del consumo, así como a la mitigación de riesgos y daños”, como reza el Acuerdo, se retomó hasta el pasado 17 de mayo, cuando la Alta Consejería anunció la puesta en marcha de la Política Integral para la Prevención y Atención del Consumo de Sustancias Psicoactivas, que, dijo la entidad, es una prioridad para el Gobierno del presidente Iván Duque, por lo cual la política también involucra a los ministerios de Salud y Justicia, según confirmó esta última cartera.

(Este es el balance del programa de sustitución de cultívos en el Gobierno Duque)

De hecho, uno de los mayores avances de Gloria Borrero antes de salir del Ministerio de Justicia fue dejar listo el documento Ruta Futuro, la política que asumiría el Gobierno de Iván Duque frente a las drogas y que ya fue aprobada por el Consejo Nacional de Estupefacientes. El primer pilar de esta política busca reducir el consumo de drogas a partir, por un lado, del desarrollo de programas que disminuyan el contacto temprano con los psicoactivos y, por otro, mejorar el acceso a tratamientos para personas con adicciones.

La cartera de Justicia le dijo a este diario que “todos los planes, programas, proyectos y estrategias definidos para la implementación de Ruta Futuro deberán tener en cuenta enfoques de derechos humanos, salud pública, seguridad ciudadana, desarrollo territorial, desarrollo humano y ordenamiento ambiental”. Sin embargo, Julián Quintero, director e investigador de la corporación Acción Técnica Social (ATS) dice que “el Gobierno no puede decir que esa política es producto o desarrollo del Acuerdo porque no hay ninguna articulación ahí”. Además, puntualiza que “el sistema nacional de atención al consumo no se conoce, tampoco los espacios donde han llamado a participar a los consumidores”, como dispone el Acuerdo.

“Las respuestas del Gobierno están enfocadas a decir que tienen un documento escrito y que van a ponerlo en marcha, pero no se conoce ningún proyecto que materialice eso que dice la política. Las pocas cosas que hay vienen del gobierno anterior”, añadió Quintero. Esto es problemático, asegura, puesto que el Ministerio tiene la ventaja de que invierte recursos a su discreción, condición que es más compleja en el caso de la Alta Consejería, que depende económicamente del Fondo para la Paz, en el que se debe concertar cada inversión con los financiadores —entre los que hay fuentes del sector privado y de cooperación internacional—.

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Judicializar a los grandes narcotraficantes

La última arista para solucionar el “problema de las drogas” que se pactó en el Acuerdo es la “Solución al fenómeno de producción y comercialización de narcóticos”. En esta materia, gran parte de las responsabilidades recaen en el Ministerio de Justicia y, según explicó la cartera, su implementación se traduce en la política Ruta Futuro, pues tres de sus pilares están orientados a reducir la disponibilidad de drogas, desarticular estructuras criminales y afectar las economías y rentas criminales. Por ahora, añadió el Ministerio, siguen en la concertación con las diferentes entidades del sector judicial para ver qué responsabilidades le corresponden a cada uno.

Además, el Ministerio se refirió a los avances en cooperación judicial internacional, recurso que el Acuerdo pone en el centro para lograr desarticular las redes criminales que controlan el tráfico de drogas. Allí, la prioridad es “la negociación de nuevos tratados de extradición. Hay varios que ya están en curso y en proceso de validación por el Consejo de Política Criminal para posteriormente iniciar el trámite legislativo y la Corte Constitucional”, dijo la entidad.

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Por último, el punto cuatro sostiene que Colombia organizará una conferencia internacional y abrirá espacios de diálogos para hablar de reformas a la política de drogas. “La conferencia internacional no se ha hecho, no la han convocado, y los espacios de diálogo internacional que tenía el gobierno anterior, que eran bastante dinámicos —en la OEA y en las Naciones Unidas—, fueron eliminados por este Gobierno”, aseguró Quintero. Según el Ministerio de Justicia, esto es competencia de la Cancillería, por lo que no quisieron ahondar en una respuesta.